Penalidad por mora en contratos con el Estado: cómo se calcula, cuándo no procede y cómo cuestionarla

La fórmula, con sus cuatro variables

El artículo 120 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009-2025-EF establece que, ante el retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, la entidad aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, calculada así: la penalidad diaria es igual a 0,10 multiplicado por el monto, dividido entre el producto de F por el plazo en días. "Monto" y "plazo" son los vigentes: si hubo adendas, ampliaciones o adicionales, se usan las cifras actualizadas, y si la prestación se retrasó solo en un ítem, componente o entregable cuantificable, se usan el monto y el plazo de esa parte, no del contrato completo. Cuando la prestación no tiene un monto cuantificable, la penalidad la fijan las bases.

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El tope del 10 % y por qué es una frontera, no solo un límite

El artículo 119 del Reglamento dice que el contrato establece la penalidad por mora y las otras penalidades aplicables al contratista, y que la suma de ambas no debe exceder el 10 % del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Las penalidades se descuentan de los pagos a cuenta, de los pagos parciales, de la liquidación final o, excepcionalmente, de la garantía de fiel cumplimiento. Hasta aquí es un problema de dinero. Pero el artículo 122 añade que cuando se alcanza el monto máximo de la penalidad, la entidad puede resolver el contrato sin requerimiento previo, y la Ley, en el literal j) de su artículo 87, tipifica como infracción "ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato" cuando esa resolución queda consentida o firme: la sanción es inhabilitación temporal de seis a veinticuatro meses (artículo 90.1.c). Por eso la pregunta correcta no es "¿cuánto me van a descontar?" sino "¿a cuántos días estoy del 10 %?".

Cuándo la penalidad no procede

El propio artículo 120 excluye la penalidad cuando existe una solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada o cuando el contratista demuestra objetivamente que el retraso no le es imputable. Esa es la primera y mejor defensa, y tiene un procedimiento con reloj propio: según el artículo 142 del Reglamento, la ampliación se solicita dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del hecho que la justifica (atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, o una prestación adicional que afecte el cronograma), con posibilidad de prorrogar la presentación hasta diez días hábiles más; la entidad tiene doce días hábiles para pronunciarse y, si no lo hace, la ampliación se tiene por aprobada. Una ampliación aprobada, expresa o por silencio, deja sin base la penalidad de ese tramo y además da derecho al pago de los costos y gastos generales acreditados.

La segunda defensa es aritmética: la entidad debe usar el monto y el plazo vigentes del ítem o entregable retrasado, no el monto total del contrato cuando se atrasó una parte, ni el plazo original cuando ya hubo una ampliación. Un cálculo sobre la base equivocada infla la penalidad y acerca artificialmente el tope. La tercera es de causalidad: si el retraso nació de una demora de la propia entidad (absolver consultas, entregar el terreno, aprobar un adicional, dar la conformidad de un entregable previo), la mora no es imputable al contratista y hay que documentarlo con las comunicaciones registradas en la Pladicop. La cuarta apunta a las "otras penalidades": solo proceden si están pactadas en el contrato con supuestos objetivos y un procedimiento claro; una penalidad genérica o aplicada sin el procedimiento pactado es cuestionable. Y la quinta es el doble cobro: la suma de todas las penalidades tiene un techo único del 10 %, y no cabe descontar por mora y por "otras penalidades" por el mismo hecho más allá de él.

Cómo cuestionarla, en orden

Base legal de esta guía

Esta guía se apoya en las siguientes normas, verificadas en su texto oficial:

• Reglamento (D. S. 009-2025-EF), artículo 120. Penalidad por mora: fórmula 0,10 × monto ÷ (F × plazo), valores de F por objeto y plazo, monto y plazo vigentes del contrato, ítem, componente o entregable; no procede con ampliación aprobada o retraso no imputable.
• Reglamento, artículo 119. El contrato fija la penalidad por mora y las otras penalidades; su suma no excede el 10 % del monto vigente; se descuentan de pagos, liquidación o, excepcionalmente, de la garantía.
• Reglamento, artículo 122. Alcanzado el monto máximo de la penalidad, la entidad puede resolver el contrato sin requerimiento previo.
• Reglamento, artículo 142. Ampliación de plazo en bienes y servicios: solicitud en 10 días hábiles (prorrogable 10), pronunciamiento de la entidad en 12 días hábiles, silencio aprobatorio, pago de costos y gastos generales acreditados.
• Ley 32069, artículos 87.1.j y 90.1.c. Ocasionar la resolución del contrato, consentida o firme, se sanciona con inhabilitación temporal de 6 a 24 meses.
• Ley 32069, artículos 81 y 84. Las controversias sobre obligaciones durante la ejecución son conciliables; el arbitraje se inicia dentro de los 30 días hábiles que fija el artículo 84.

Información referencial actualizada a septiembre de 2026 sobre la Ley 32069 y su Reglamento (D. S. 009-2025-EF). Cada caso es distinto; esta guía no reemplaza la evaluación de tu expediente ni garantiza resultado alguno.