El caso
SUNAFIL sancionó a Savar Agentes de Aduana con una infracción muy grave en materia de labor inspectiva, por no haber atendido al REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN notificado por casilla electrónica con fecha 19 de setiembre de 2022, otorgándose un plazo de 04 días hábiles y cuyo plazo de verificación se cumplió el día 23 de setiembre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.
El expediente comprendió 2 conductas imputadas. La sanción fue confirmada en las instancias previas y llegó al Tribunal vía recurso de revisión.
Lo que alegó la empresa
En su recurso de revisión, la empresa planteó, entre otros argumentos:
• Con fecha 19 de diciembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 284-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos: - Existe una aplicación errónea del numeral 46.
• RLGIT toda vez que SUNAFIL no ha cumplido con acreditar que ha difundido el uso obligatorio de la casilla electrónica.
• Sistema informático a los correos electrónicos y servicio de Mensajería (SMS) a los celulares de contacto declarados, siendo que no se han remitido las alertas a todos los correos y celulares declarados, vulnerando lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6 del D.
Qué decidió el Tribunal
En la resolución N° 0165-2026, el Tribunal declaró infundado el recurso y confirmó la sanción impuesta a la empresa.
La lección para tu empresa
- Atiende cada requerimiento del inspector dentro del plazo: no hacerlo se sanciona como infracción muy grave y se suma a las multas de fondo.
- Registra y deriva el requerimiento el mismo día que llega a tu casilla electrónica.
- Documenta la subsanación con cargos y anexos: lo que no está acreditado, a efectos de la inspección, no existe.
- Revisa siempre si el requerimiento fue debidamente notificado: una notificación defectuosa puede anular la sanción.
Lee la resolución completa
Texto íntegro del Tribunal de Fiscalización Laboral, con ficha, fallo y términos resaltados.
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Análisis informativo basado en una resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. No constituye asesoría legal sobre un caso concreto. Los datos de los trabajadores aparecen anonimizados por la autoridad.