El caso
SUNAFIL sancionó a Southern Perú Copper con una infracción muy grave en materia de sunafil/ilm, por no cumplir con identificar los peligros y evaluar los riesgos en su totalidad, ni adoptar las medidas de control adecuadas, a la fecha del accidente de trabajo mortal ocurrido el 08.02.2019, siendo ello una causal del mismo, falleciendo el Sr. J. M., tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.
El expediente comprendió 2 conductas imputadas. La sanción fue confirmada en las instancias previas y llegó al Tribunal vía recurso de revisión.
Lo que alegó la empresa
En su recurso de revisión, la empresa planteó, entre otros argumentos:
• Sostiene que existe una aplicación errónea del artículo 252 del TUO de la LPAG, siendo que la facultad administrativa para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribió a los cuatro años.
• Que, las infracciones imputadas son de configuración instantánea, en tanto se originaron al momento del accidente, por lo tanto, efectuando el cálculo, ésta habría prescrito el 08.
• La resolución cuestionada realiza una aplicación incorrecta de la norma, no solo porque considera plazos de suspensión que no corresponden, al determinar la situación de la pandemia como causa de suspensión de plazos (gráfico 3.
Qué decidió el Tribunal
En la resolución N° 0079-2026, el Tribunal declaró la nulidad parcial de la sanción y dispuso rehacer o dejar sin efecto el extremo viciado del procedimiento.
La lección para tu empresa
- Tras un accidente, SUNAFIL debe probar el nexo causal entre tu omisión y el daño: si no lo acredita, la multa es atacable.
- Documenta capacitaciones, entrega de EPP, IPERC e investigación de incidentes: esa evidencia sostiene tu defensa.
- Separa la causa del accidente de su registro: son imputaciones distintas.
- El deber de prevención de la Ley 29783 es amplio; la prevención cuesta menos que la sanción.
Lee la resolución completa
Texto íntegro del Tribunal de Fiscalización Laboral, con ficha, fallo y términos resaltados.
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Análisis informativo basado en una resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. No constituye asesoría legal sobre un caso concreto. Los datos de los trabajadores aparecen anonimizados por la autoridad.