El caso
SUNAFIL sancionó a Sinohydro Corporation con una infracción muy grave en materia de labor inspectiva, por no cumplir con su deber de colaboración a los inspectores, ante la negativa de facilitar la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, la misma que fue requerida el 27 de enero de 2023, y cuyo incumplimiento se dio el 01 de febrero de 2023, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.
El expediente comprendió 2 conductas imputadas. La sanción fue confirmada en las instancias previas y llegó al Tribunal vía recurso de revisión.
Lo que alegó la empresa
En su recurso de revisión, la empresa planteó, entre otros argumentos:
• Con fecha 07 de diciembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 252-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos: i.
• RLGIT, prevé la negativa expresa, inequívoca y deliberada a facilitar la información y documentos para el desarrollo de las funciones inspectivas.
• Sin embargo, no se ha evidenciado en el procedimiento que haya existido una negativa a otorgar información.
Qué decidió el Tribunal
En la resolución N° 0109-2026, el Tribunal declaró infundado el recurso y confirmó la sanción impuesta a la empresa.
La lección para tu empresa
- Atiende cada requerimiento del inspector dentro del plazo: no hacerlo se sanciona como infracción muy grave y se suma a las multas de fondo.
- Registra y deriva el requerimiento el mismo día que llega a tu casilla electrónica.
- Documenta la subsanación con cargos y anexos: lo que no está acreditado, a efectos de la inspección, no existe.
- Revisa siempre si el requerimiento fue debidamente notificado: una notificación defectuosa puede anular la sanción.
Lee la resolución completa
Texto íntegro del Tribunal de Fiscalización Laboral, con ficha, fallo y términos resaltados.
¿Tu empresa enfrenta un caso parecido?
Analizamos tu expediente y construimos la defensa hasta el Tribunal. Diagnóstico inicial sin costo.
Análisis informativo basado en una resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. No constituye asesoría legal sobre un caso concreto. Los datos de los trabajadores aparecen anonimizados por la autoridad.