El caso
SUNAFIL sancionó a RACIEMSA con una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por el administrado no cumplió con las disposiciones relacionadas con la contratación de los trabajadores a plazo determinado; habiéndose desnaturalizado los contratos celebrados con los extrabajadores A.E.N.P., A.C.A.E., J.O.G.R., N.O.J.L., P.Q.A. y P.G.J.G., tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT.
La sanción se confirmó en las instancias previas y la empresa la cuestionó mediante recurso de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral.
Lo que alegó la empresa
En su recurso de revisión, la empresa planteó, entre otros argumentos:
• Respecto a la infracción imputada, referida a la supuesta desnaturalización de contratos a plazo determinado, parte de una interpretación errónea de la normativa laboral.
• Existe una vulneración del derecho a la prueba, en tanto la autoridad no realizó una valoración adecuada, razonada y completa de los medios probatorios admitidos y actuados en el procedimiento.
• Adicionalmente, cuestiona la tipificación de la infracción, indicando que la autoridad ha creado restricciones no previstas en la ley al sostener que no es posible contratar a plazo fijo para actividades permanentes del giro del negocio.
Qué decidió el Tribunal
En la resolución N° 0175-2026, el Tribunal declaró la prescripción de la facultad sancionadora por el transcurso del plazo legal.
La lección para tu empresa
- Los contratos a plazo fijo solo valen con causa objetiva real y dentro de los plazos: un mal uso los convierte en indefinidos.
- Audita periódicamente tus contratos modales y controla las renovaciones.
- La desnaturalización es infracción muy grave y, además, genera estabilidad laboral.
- Conserva la trazabilidad de fechas: es clave para defender el caso o invocar la prescripción.
Lee la resolución completa
Texto íntegro del Tribunal de Fiscalización Laboral, con ficha, fallo y términos resaltados.
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Análisis informativo basado en una resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. No constituye asesoría legal sobre un caso concreto. Los datos de los trabajadores aparecen anonimizados por la autoridad.