El caso
SUNAFIL sancionó a LATAM Airlines Perú con una infracción grave en materia de sumilla: se declara fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por latam airlines Perú s.a., en contra de la resolución de intendencia n° 287-2023-sunafil/ire-cal, de fecha 06 de diciembre de 2023., por no acreditar la entrega de las Recomendaciones de SST al inicio de la relación laboral, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT.
El expediente comprendió 3 conductas imputadas. La sanción fue confirmada en las instancias previas y llegó al Tribunal vía recurso de revisión.
Lo que alegó la empresa
En su recurso de revisión, la empresa planteó, entre otros argumentos:
• Refieren que la medida inspectiva de requerimiento es ilegal, por inaplicación del numeral 1.
• Agregan que, respecto a los 276 trabajadores, la SUNAFIL solo estaba facultada para fiscalizar si entregaron o no las recomendaciones en materia de SST, a favor de 9 trabajadores, en tanto que, ya había operado el plazo de prescripción de algunos años.
• Cuestionan que, se les exigió adjuntar los cargos de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de un universo de trabajadores sobre los cuales no tenían obligación de presentar, por haber operado el plazo de prescripción.
Qué decidió el Tribunal
En la resolución N° 0008-2026, el Tribunal declaró la nulidad parcial de la sanción y dispuso rehacer o dejar sin efecto el extremo viciado del procedimiento.
La lección para tu empresa
- Tras un accidente, SUNAFIL debe probar el nexo causal entre tu omisión y el daño: si no lo acredita, la multa es atacable.
- Documenta capacitaciones, entrega de EPP, IPERC e investigación de incidentes: esa evidencia sostiene tu defensa.
- Separa la causa del accidente de su registro: son imputaciones distintas.
- El deber de prevención de la Ley 29783 es amplio; la prevención cuesta menos que la sanción.
Lee la resolución completa
Texto íntegro del Tribunal de Fiscalización Laboral, con ficha, fallo y términos resaltados.
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Análisis informativo basado en una resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. No constituye asesoría legal sobre un caso concreto. Los datos de los trabajadores aparecen anonimizados por la autoridad.