LATAM Airlines Perú

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Otros planes y programas de seguridad y salud en el trabajo); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materias: Condiciones seguridad; y, Avisos y señales de seguridad); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materias: Cobertura en salud; y, Cobertura en invalidez – sepelio); y, Prevención y protección contra incendios (Sub materia: Procedimiento contra incendios y explosiones).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber realizado la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para los puestos de trabajo de sus trabajadores, en el centro de trabajo objeto de inspección, conforme a ley, al no haber realizado el IPER respecto de todos los puestos de trabajo existentes en el centro de trabajo fiscalizado afectando a 425 trabajadores, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la entrega de las Recomendaciones de SST al inicio de la relación laboral, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT.

- Una (01) infracción LEVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT.

- Una (01) infracción LEVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo no fue aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificada en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento notificada en fecha 28 de diciembre de 2022, habiéndosele otorgado tres (03) días hábiles, plazo que venció el 04 de enero de 2023, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL.

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LATAM AIRLINES PERU S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de enero de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 287-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que la medida inspectiva de requerimiento es ilegal, por inaplicación del numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en tanto que, el inspector ordenó, entre otros, cumplir con acreditar la entrega de las Recomendaciones en SST a un total de 493 trabajadores, no obstante, el dispositivo que obliga a ello, recién entro en vigor en agosto de 2011; por tanto, esta obligación no era exigible respecto a este universo de trabajadores.

ii. Agregan que, respecto a los 276 trabajadores, la SUNAFIL solo estaba facultada para fiscalizar si entregaron o no las recomendaciones en materia de SST, a favor de 9 trabajadores, en tanto que, ya había operado el plazo de prescripción de algunos años.

iii. Cuestionan que, se les exigió adjuntar los cargos de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de un universo de trabajadores sobre los cuales no tenían obligación de presentar, por haber operado el plazo de prescripción.

iv. Alegan que, tomando en cuenta que la medida inspectiva de requerimiento tiene carácter unitario, lo que correspondía era que se deje sin efecto la multa en este extremo, pues, al contener mandatos ilegales, es evidente que tenían el derecho a no cumplirla.

v. Sostienen que, se ha inaplicado el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en tanto que, la medida inspectiva de requerimiento se limitó a solicitar la presentación de documentación y no a revertir alguna presunta conducta irregular; asimismo, otorgó un plazo irrazonable para cumplir con el mandato.

vi. Al respecto, invocan la Resolución N° 911-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en la cual se resuelve que, no se puede emitir una medida inspectiva de requerimiento cuya finalidad es recopilar documentación.

vii. Reiteran que, el plazo otorgado por el equipo inspector para cumplir con la medida inspectiva de requerimiento resultaba irrazonablemente corto. Al respecto, señalan que, debe tenerse en consideración que lo requerido implicaba que gestionaran una nueva evaluación para elaborar el IPERC, buscar el contrato de 424 trabajadores, remitir las recomendaciones de todos ellos y exhibir los cargos de entrega del RISST de 416 trabajadores, lo cual resultaba imposible efectuarlo en 03 días hábiles.

viii. Invocan la Resolución N° 377-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, referida al plazo de la medida inspectiva de requerimiento.

ix. Por otro lado, aducen que se han inaplicado los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV y el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, se vulneraron los principios de presunción de licitud, verdad material y el debido procedimiento al momento de emitir la medida inspectiva de requerimiento.

x. Al respecto, agregan que, les llama la atención la posición parcializada que demuestra la Intendencia al determinar sin prueba alguna que la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de la empresa no se encuentra conforme a ley, en tanto que, no se habría realizado el IPER respecto a todos los puestos de trabajo del área DE Hangar LATAM, y además que se trataría de una matriz elaborada en el año 2017.

xi. Argumentan que no entienden por qué la Intendencia concluye que la matriz IPER presentada es del año 2017, cuando han sido claros en señalar que corresponde al año 2022, ya que, la fecha que aparece en el parte superior del documento corresponde únicamente a la fecha en la que se elaboró el formato utilizado.

xii. Refieren que, de la revisión de los tres documentos exhibidos, se puede apreciar que los puestos de trabajo mencionados en el Acta de infracción, si estaban comprendidos en la Matriz IPERC.

xiii. Resaltan que, conforme al artículo 57 de la LSST y el artículo 77 del RLSST, no se establece la obligación de consignar los riesgos de forma específica. Asimismo, tampoco se prohíbe que las medidas de control se determinen de forma conjunta, ya que no existe ninguna exigencia de hacerlo de forma individual.

xiv. Por otro lado, evidencian que no se ha analizado de forma debida la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Pues se ha determinado que no han acreditado la entrega del RISST, a un grupo de 5 trabajadores, cuando en el expediente inspectivo y sancionador obran estos cargos.

xv. Sostienen que han cumplido con exhibir las cartas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las que se aprobaron los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

xvi. Por otro lado, alegan que se ha inaplicado el numeral 248.11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, se ha vulnerado el principio non bis in ídem, en tanto que, se

les imputa el haber incumplido con las disposiciones relacionadas a: (i) La entrega de las Recomendaciones sobre SST al inicio de la relación laboral; (ii) La entrega del Reglamento Interno de SST; (iii) La identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) conforme a ley; (iv) Contar con un Plan Anual de SST debidamente aprobado por el Comité de SST; y, (v) La infracción por obstrucción a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento. xvii. Por último, sostienen que se ha inaplicado el numeral 248.6 del artículo 248 del TUO de la LPAG, ya que se ha vulnerado el principio de concurso de infracciones, debido a que, se pretende aplicar una sanción por incumplir la medida de requerimiento, la misma que versa sobre aspectos que son sancionados ya con las cuatro infracciones sobre SST. En ese sentido, se está sancionado dos veces a partir de un mismo hecho, cuando lo que correspondía era que se deje sin efecto las infracciones calificadas como graves y leves. xviii. Solicitan informa oral.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su

comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han

adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.10 Sin embargo, existen supuestos específicos —como el caso materia de autos— en el cual la naturaleza de los incumplimientos y la reincidencia en el incumplimiento de las conductas obligan a efectuar un análisis que comprenda tanto al plazo otorgado por los inspectores comisionados (evaluando si el mismo era suficiente para el cumplimiento de lo conminado), como al lapso transcurrido durante en el que el sujeto inspeccionado pudo adoptar acciones tendientes a cumplir con conductas que le eran conocidas de antemano, al haber sido objeto de sanción previamente o al haber tomado conocimiento de los acontecimientos constituyentes de incumplimiento durante las actuaciones inspectivas. 6.14 Un análisis circunscrito únicamente al plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento conllevaría a concluir, apriorísticamente, el quiebre del principio de razonabilidad (arguyéndose a la “razonabilidad” del tiempo otorgado al sujeto inspeccionado como fundamento). Sin embargo, tal conclusión constituye un resultado que es contradictorio al contenido de dicho principio, como manifestación de una adecuada proporción entre los medios y fines dispuestos ante un caso concreto. Por ello, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento debe analizarse de acuerdo con el contexto en el que dicha facultad de la inspección del trabajo es ejercida, lo que incluye a los hechos derivados del propio expediente, así como a situaciones directamente acreditadas en otros expedientes que puedan ser un antecedente concretamente invocable. 6.16 En ese sentido, al expedirse la medida inspectiva de requerimiento no solo se debe de contemplar el plazo a otorgar al sujeto inspeccionado frente al plazo restante de las actuaciones inspectivas, sino también las particularidades del caso concreto, lo cual implica la gravedad de la infracción o las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral debidamente comprobadas (por el impacto que causen hacia el trabajador o los trabajadores afectados) y el comportamiento previo del sujeto inspeccionado (si conocía de antemano la infracción, o si había sido sancionado previamente bajo la misma causa); y otros supuestos derivados del contexto en el que se desarrolló el procedimiento inspectivo, que justifiquen la adopción de dicha medida.” (énfasis añadido).

“6.26. La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”8, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al escribirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. d) Así las cosas, un análisis circunscrito únicamente a la determinación del quantum a cancelar por los incumplimientos en materia de relaciones laborales de significado económico, como supuesto de quiebre del principio de legalidad (arguyéndose la “necesidad” de una identificación específica del monto a cancelar por parte del sujeto inspeccionado por los incumplimientos laborales de naturaleza económica), resulta erróneo; toda vez que el bloque de legalidad invocable (conforme con lo dispuesto por los artículos 5 y 14 de la LGIT y los artículos 13 y 17 del RLGIT) no establece como requisito sine qua non que la medida inspectiva de requerimiento deba identificar el monto dinerario que adeuda el sujeto inspeccionado. (…).” (énfasis añadido).

8 Numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT. 9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Sobre el principio del non bis in ídem

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos.

b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos.

c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

10 Fund. Jur. N°. 3.3. 11 Fund. Jur. N°. 19. 12 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima:

Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

13 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de

la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO El concurso de infracciones será aplicable en caso que una Tema N° 1: El concurso de misma acción u omisión configure más de una infracción, infracciones normativas. en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

Sobre la solicitud de informe oral

14 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438.

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten15 (énfasis añadido).

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007- HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

15 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación

No acreditar haber realizado la

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para los

puestos de trabajo de sus

trabajadores, en el centro de trabajo Numeral 27.3 del

Seguridad y objeto de inspección, conforme a ley, artículo 27 del RLGIT

1 Salud en el al no haber realizado el IPER respecto

Trabajo de todos los puestos de trabajo GRAVE

existentes en el centro de trabajo

fiscalizado afectando a 425

trabajadores.

2 Seguridad y No acreditar la entrega de las Numeral 27.8 del Salud en el Recomendaciones de SST al inicio de artículo 27 del RLGIT

Trabajo la relación laboral. GRAVE

No acreditar la entrega del Numeral 26.5 del

3 Seguridad y Reglamento Interno de Seguridad y artículo 26 del RLGIT Salud en el Salud en el Trabajo a los trabajadores

Trabajo afectados. LEVE

El Plan Anual de Seguridad y Salud en Numeral 26.5 del

4 Seguridad y el Trabajo no fue aprobado por su artículo 26 del RLGIT Salud en el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo Trabajo. LEVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por LATAM AIRLINES PERU S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 287-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 003-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 1146-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 19 de octubre de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 287-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a LATAM AIRLINES PERU S.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20260107MCR - HR 7614-2024