Derrama Magisterial — Resolución 0063-2026

Mediante Orden de Inspección N° 264-2021-SUNAFIL/IRE-UCA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 134-2021-SUNAFIL/IRE-UCA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo denominado “OPERATIVO DE FISCALIZACION EN POLITICAS SALARIALES IRE UCAYALI”

Que, mediante Imputación de Cargos N° 440-2021-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 25 de agosto de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción, y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 524-2021-SUNAFIL/IRE-UCA-SIAI, de fecha 27 de octubre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SIRE, de fecha 22 de abril de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 16 de mayo de 2022, la administrada interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SIRE.

Mediante Resolución de Intendencia N° 040-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 22 de julio de 2022, la Intendencia Regional de Ucayali declaró infundado el recurso de apelación.

Con fecha 17 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 040-2022- SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-001074-2023- SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 01 de diciembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la DERRAMA MAGISTERIAL, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 040-2022- SUNAFIL/IRE-UCA, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.23 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 26 de julio de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la DERRAMA MAGISTERIAL.

En principio, cabe recordar que el Convenio N.º 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano, reconoce el principio de igualdad de remuneración entre trabajadores y trabajadoras por un trabajo de igual valor, lo que exige que los sistemas salariales se estructuren en base a criterios objetivos, verificables y no discriminatorios. Asimismo, el Convenio N.º 111 de la OIT, también ratificado por el Perú, establece la obligación de los Estados de eliminar toda forma de discriminación en el acceso y condiciones de empleo, incluidas las condiciones

La Ley N.º 30709 – Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres – y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2018-TR, establecen un marco normativo orientado a garantizar la igualdad salarial en el acceso y desarrollo del empleo, prohibiendo toda forma de discriminación directa o indirecta por razón de sexo en la determinación de las condiciones remunerativas.

En ese sentido, el artículo 5 del Reglamento precisa que todo empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas, fijar los requisitos para la percepción de la remuneración o beneficios, y determinar sus montos, siempre que ello no implique discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. Dicha política salarial debe estar compuesta por un conjunto de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de las remuneraciones, debiendo observar principios de objetividad y transparencia.

Asimismo, conforme al artículo 6 del mismo cuerpo normativo, se admite la posibilidad de diferencias remunerativas entre trabajadores que pertenecen a una misma categoría o puesto, siempre que tales diferencias se encuentren justificadas en criterios objetivos, tales como la antigüedad, el desempeño, la experiencia laboral, la escasez de mano de obra calificada, el perfil académico, entre otros. De ello se colige que no toda diferencia salarial configura un acto discriminatorio, sino únicamente aquella que no responde a razones objetivas y razonables.

Adicionalmente, el artículo 9 del Reglamento permite al empleador estructurar sus políticas remunerativas mediante bandas salariales u otros esquemas, siempre que se adecuen a los fines de la empresa y respeten los principios establecidos en la ley.

En esa línea argumentativa, citando a Francisco J. Eguiguren Praeli, en su análisis titulado Principio de igualdad y derecho a la no discriminación, se advierte con claridad el desarrollo de las dimensiones del principio de igualdad en el marco constitucional comparado, señala lo siguiente:

Este enfoque permite comprender que el mandato de igualdad no se agota en la neutralidad normativa, sino que impone a los poderes públicos un deber activo de remoción de obstáculos estructurales, y la adopción de medidas afirmativas, a fin de garantizar condiciones reales de equidad y participación efectiva para todos los ciudadanos.

En esa misma línea, el referido autor advierte que una visión exclusivamente formal del principio de igualdad resulta insuficiente para corregir desigualdades estructurales que persisten en la realidad, aun bajo normas aparentemente neutras. Así, plantea que la igualdad debe ser entendida también como un derecho relacional, que opera en función del goce efectivo de otros derechos como el trabajo, la educación o la salud,

En el presente caso, conforme se verifica en el Acta de Infracción (numeral 4.9.1), si bien se identifica la preexistencia del documento Política Salarial presentado dentro de la fase de actuaciones por la inspeccionada bajo la denominación “Estructura de Remuneraciones”, lo que advierte es que el requerimiento efectuado por el inspector consistía en acreditar que éste hubiese sido informado a los trabajadores comprendidos en la investigación, pues ello no había sido efectuado8, y no que el documento no cumpliera con los contenidos mínimos exigidos por el Reglamento de la Ley N.º 30709, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2018-TR (en adelante, el Reglamento), o que se cuestionara su existencia, como ha pretendido cuestionar la administrada desde la fase instructiva, así como en todo el Procedimiento Administrativo Sancionador.

De esta forma, resulta inoficioso que la administrada en esta instancia sostenga que: sí se cuenta con la Política salarial a la que se le denominó “Estructura de remuneraciones”, habiéndose cumplido con su implementación en la institución, la que ha sido debidamente entregada a la autoridad laboral, lo que se ha reconocido, pero no ha sido debidamente merituado, puesto que como se advierte de los actuados, tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SIRE, en su fundamento trece, así como la Resolución de Intendencia N° 040-2022-SUNAFIL/IRE- UCA, a través de su fundamento veintisiete y siguientes, han establecido las razones por las que se ha determinado su incumplimiento, basadas en la falta de acreditación de que la política salarial haya sido informada de su contenido a sus trabajadores, y si bien la recurrente ahora alega su debida implementación dentro de la institución, ello no ha sido probado dentro del procedimiento inspectivo, siendo que incluso se le dio un plazo mediante la emisión de la Medida de Requerimiento de fecha 09 de abril de 2021, y esta lejos de cumplir dicho mandato alego que el documento había sido ya exhibido.

Finalmente, cabe resaltar que, conforme a lo establecido en el numeral 25.23 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), constituye infracción muy grave en materia de relaciones laborales el incumplimiento de las disposiciones referidas a la obligación de cumplir con informar a los trabajadores acerca de la política salarial de la empresa, conforme a lo previsto por la Ley N.º 26772 y su Reglamento, mientras que, por su parte, la infracción tipificada en el numeral

del artículo 25 de mismo cuerpo legal hace alusión a la obligación de contar con una política salarial conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 30709 y su Reglamento. Siendo que en el presente caso se le imputa la conducta tipificada en el numeral 25.23 del artículo 25 del RLGIT, lo que se sanciona no es la inexistencia del documento, sino su falta de puesta a conocimiento a los trabajadores afectados, lo cual justifica la infracción atribuida.

Por tanto, la conducta infractora ha sido correctamente tipificada, no en razón de la inexistencia de una política salarial, sino por el incumplimiento de su difusión a los trabajadores, según lo previsto en la Ley N.º 30709 y su reglamento. El acto administrativo sancionador, en consecuencia, contiene una correcta subsunción, toda vez que se acreditó que la política exhibida por la inspeccionada no fue informada, de conformidad con lo establecido en el numeral 25.23. Por tanto, se desestima este extremo del recurso de revisión al subsistir la vulneración imputada en su contra.

Por otro lado, en razón a lo verificado en el proceso administrativo sancionador, esta Sala procede a realizar el análisis respectivo desde la aplicación del Principio del Debido Procedimiento, y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco de la presente causa.

Sobre el particular, el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG establece que:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

En el presente caso, se verifica, respecto a la Medida de Requerimiento de fecha 09 de abril de 2021, la falta de claridad en la exposición por parte del inspector, sobre el tipo infractor propuesto, siendo que se consigna, como propuesta de sanción, la

Que, dicho extremo, lejos de ser aclarado mediante Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SIRE, de fecha 22 de abril de 2022, la autoridad de sanción absolvió los descargos de la administrando respecto al presente extremo, advirtiendo del contenido de sus fundamentos 37 y 40, que no se realiza un adecuado esclarecimiento sobre la conducta tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por el contrario, se sostiene la aplicación del tipo infractor delimitado en la Medida de Requerimiento (46.3 del RLGIT); mezclándose además argumentos sobre la falta de asistencia a la diligencia programada por parte del apoderado, sin advertirse tampoco el desarrollo normativo del numeral 46.7 de del RLGIT, que correspondía ser debidamente evaluado.

Finalmente, y conforme se advierte del contenido de la Resolución de Sub Intendencia, en el cuadro de su fundamento 44, se dispone la tipificación del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, sin establecer mayor detalle, por lo que esta Sala, advirtiendo la inadecuada fundamentación e incongruencias del análisis de la infracción en dicha Resolución, lo que tampoco ha podido ser evaluado mediante Resolución de Intendencia de fecha 22 de julio 2022, pues, mediante su fundamento 3.6., se ha limitado a indicar la validez del dictamen de la medida de requerimiento, confirmando la Resolución emitida por Sub Intendencia, se considera que se debe declarar la nulidad del presente extremo.

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora. En esa línea de razonamiento, esta Sala considera que se ha vulnerado el debido procedimiento, a través de su manifestación de la debida motivación, conforme al análisis que, a continuación, se sigue.

En esa línea de fundamentación, esta Sala concluye que lo resuelto por la Sub Intendencia mediante Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022-SUNAFIL/IR- UCA/SIRE respecto a dicho extremo, atenta contra el deber de la debida motivación, una de las garantías sustanciales del Principio del Debido Procedimiento, razón por la cual se declara la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia, respecto a lo resuelto en el caso de la infracción tipificada bajo el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Resulta imperativo enfatizar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto por los principios del procedimiento administrativo -entre los cuales se encuentran los principios de Debido Procedimiento y Verdad Material9-, y que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente y sustancialmente incongruente (en su esfera activa), la cual se configura, pues la Sub Intendencia, si bien da la apariencia de motivar, en tanto existen citas normativas y reitera los hechos constatados por el personal inspectivo, no analiza los fundamentos establecidos en la medida de requerimiento respecto al tipo infractor propuesto, y se limita a indicar la infracción imputada referida al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT a la impugnante, indicando, además, mediante sus fundamentos, que ello es consecuencia del incumplimiento detectado, pues el apoderado tenía la obligación de asistir a la diligencia programada, lo que se corresponden con actuaciones que se generan en el marco de una medida de comparecencia, deviniendo en una decisión que carece de sustento jurídico y análisis fáctico alguno.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, en tanto el vicio resulta trascendente, y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo, por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente y manifiestamente incongruente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida de la resolución emitida por la Sub Intendencia de Resolución, quien debió de evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador. La actuación de la Sub Intendencia, a diferencia de lo requerido normativamente, considera la infracción imputada al tenor del tipo legal contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por lo menos ello se advierte de su desarrollo, cuando lo que se atribuye a la impugnante es el no cumplir con la medida de requerimiento notificada con fecha 09 de abril de 2021, es decir, la conducta tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, análisis que tuvo que haber realizado.

Lo anterior generó la vulneración del derecho de defensa de la administrada10 y al debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica en el imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SIRE, incurre en vicio de nulidad en el extremo del análisis del tipo infractor imputado, y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente y sustancialmente incongruente, al haberse advertido ello del análisis del procedimiento administrativo sancionador.

En consecuencia, la contravención de uno de los principios ordenadores del procedimiento administrativo11 en la Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022- SUNAFIL/IR-UCA/SIRE, genera su nulidad de acuerdo con el primer inciso, del artículo 10, del TUO de la LPAG12.

Cabe mencionar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial que motiva la nulidad parcial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en el extremo referido a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, acorde a los argumentos contenidos en la presente Resolución.

En cuanto a los demás argumentos integrados en el recurso de revisión, al verificarse que se encuentran orientados a cuestionar aspectos asociados a lo resuelto en la presente resolución, en cuanto a la materia de la medida de requerimiento, y a fin de no generar una adelanto de opinión, sobre la base de los vicios identificados en infracciones de la misma, la cual sostiene parte de la imputación contra la administrada, carece de objeto emitir pronunciamiento al haber declarado la nulidad parcial del procedimiento administrativo en dicho extremo.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento de la impugnante, al momento de motivar la sanción de la infracción muy grave, tipificada bajo el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 208-2022- SUNAFIL/IR-UCA/SIRE, de fecha 22 de abril de 2022, ha sido emitido vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, tal resolución carece de efecto y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, se remite la presente Resolución a la Intendencia Regional de Ucayali y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.