El caso
SUNAFIL sancionó a Chimú Agropecuaria con una infracción grave en materia de labor inspectiva, por no acreditar haber cumplido con el pago de la bonificación especial por trabajo agrario (BETA), respecto al periodo comprendido desde enero hasta diciembre 2021 y enero hasta junio 2022, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.
El expediente comprendió 2 conductas imputadas. La sanción fue confirmada en las instancias previas y llegó al Tribunal vía recurso de revisión.
Lo que alegó la empresa
En su recurso de revisión, la empresa planteó, entre otros argumentos:
• Alegan que erróneamente se ha establecido como trabajadores afectados a quienes no se encuentran dentro de los alcances de la Ley N° 31110, por lo tanto, no correspondía el pago de la bonificación especial por trabajo agrario –BETA.
• Manifiestan que se han realizado actuaciones inspectivas excediendo el plazo previsto en la orden de inspección, por lo que, se ha inaplicado la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva.
• Refieren que se ha inaplicado el Principio de legalidad en la medida inspectiva de requerimiento, siendo que no se ha acreditó fehacientemente la existencia de la presunta infracción imputada; además, no contiene un mandato claro, ni el detalle de las infracciones a subsanar.
Qué decidió el Tribunal
En la resolución N° 0389-2026, el Tribunal declaró la nulidad parcial de la sanción y dispuso rehacer o dejar sin efecto el extremo viciado del procedimiento.
La lección para tu empresa
- Paga íntegra y oportunamente CTS, gratificaciones, vacaciones y utilidades: el cruce con la planilla es inmediato.
- Un error de proceso golpea a toda la planilla a la vez y multiplica la multa.
- Conserva las constancias de depósito y pago ordenadas por periodo.
- Ante un requerimiento, subsana y documenta de inmediato.
Lee la resolución completa
Texto íntegro del Tribunal de Fiscalización Laboral, con ficha, fallo y términos resaltados.
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Análisis informativo basado en una resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. No constituye asesoría legal sobre un caso concreto. Los datos de los trabajadores aparecen anonimizados por la autoridad.