Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - Satt — Res. 793-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones; y, No goce de vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 22 de agosto de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 26 de agosto de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Refieren que la Sub Intendencia de Sanción no ha realizado un análisis exhaustivo de los hechos constatados, descargos ni las actuaciones, y considera que faltaron a su deber de colaboración al no subsanar las infracciones advertidas en la medida de requerimiento sin realizar un análisis; con el marco normativo 5.1 al 5.27 la Autoridad se limita a realizar una copia y pega del acta de infracción, solamente agregando normativa a fin de aparentar una motivación suficiente. ii. Alegan que nunca negaron la entrega de la información a los inspectores y mucho menos tuvieron la intención de incumplir los requerimientos de información. Dicha omisión se debe a que no fueron informados y/o alertados mediante correo electrónico u otro medio tecnológico, sobre las notificaciones remitidas a la Casilla Electrónica y, por ende, no remitieron la documentación solicitada. Además, que, Sunafil no ha cumplido con remitir un correo o mensaje de texto informando la notificación del requerimiento de información, siendo que recién con fecha 07 de febrero de 2023 se ha generado acceso a la Casilla Electrónica y se ha reactivado el correo en mención (ogth.satt@gmail.com) en la cual, de la revisión de dicho sistema se ha podido detectar documentos en estado no leídos. iii. Consideran que la propuesta de dos multas por una sola conducta constituye un abuso de autoridad; pues la inspectora no puede proponer el aplicar multas por cada periodo; pues ese criterio no tiene sustento legal ni reglamentario; y, además, significaría el estar aplicando dos sanciones por un mismo hecho o conducta.

iv. Por último, sostienen que, el inspector indica haber solicitado la información de fecha 22 de agosto de 2022, sin embargo, de la revisión de todas las actuaciones inspectivas, no indica el documento de fecha indicado, solamente muestra el requerimiento de fecha 26 de agosto de 2022. Por lo que, no existe sustento para la aplicación de una doble sanción por un supuesto de doble negativa de entrega de información.

i. Que, el presente procedimiento administrativo sancionador, no sanciona debido a un incumplimiento de la medida de requerimiento, sino a la negativa a los requerimientos de información, siendo conceptos distintos. En el presente procedimiento se está sancionando la conducta tipificada en el numeral 46.3 del RLGIT, y que la Subintendencia de Sanción cumplió analizando todas las actuaciones inspectivas y los descargos presentados por la impugnante para determinar su resolución, además no se le está imputando alguna falta hacía la normativa sociolaboral ya que estas no se pudieron comprobar en las actuaciones inspectivas debido a la falta de colaboración de la administrada, no correspondiendo entonces, hablar del incumplimiento de la medida de requerimiento, sino del incumplimiento de requerimiento de información. ii. Durante las diligencias de las actuaciones inspectivas se ha cumplido con la notificación de las alertas correspondientes al correo de la impugnante, sobre los requerimientos de información, por lo que, lo expresado por la administrada carece de fundamento al comprobarse que las actuaciones inspectivas se desarrollaron correctamente y bajo las facultades del inspector comisionado. iii. Que, se puede comprobar en el Sistema de Notificaciones y Alertas, que la administrada registro su correo ogth.satt@gmail.com en fecha 05 de marzo de 2021, siendo esta una fecha anterior a los requerimientos de información solicitados y que además el mencionado correo sigue activo. Por lo que, queda demostrado que, la diligencia de notificación de los requerimientos de información remitidos por el personal inspectivo comisionado, cumplió con alertar a la administrada debidamente al correo registrado, cumpliéndose con lo señalado en la norma legal correspondiente. iv. De la revisión de las conductas y en relación al principio de non bis in ídem, se evidencia que las conductas se encuentran calificadas como muy graves, asimismo existe identidad subjetiva de persona, es decir, de la impugnante, pero los hechos son distintos, comprobándose que las conductas o hechos atribuidos corresponden a acciones ocurridas en dos fechas distintas, siendo el primer requerimiento de

2 Notificada a la impugnante el 19 de junio de 2023 y al Procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo el 23 de junio de 2023. Véase folios 80 y 82 del expediente sancionador.

información de fecha 22 de agosto de 2022 y el segundo requerimiento de fecha 26 de agosto de 2022; por tanto, no se ha vulnerado el citado principio. v. Que, el inspector comisionado, al no encontrar respuesta al requerimiento de información solicitado el 22 de agosto de 2022, procedió a notificar un segundo requerimiento solicitado el 26 de agosto de 2022, con la finalidad de que la inspeccionada cumpla con colaborar en la investigación inspectiva, al no haber respondido en primer momento, tal y como se comprueba en el print de pantalla.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 203-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que la Resolución de Sub Intendencia N° 287-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, evidencia que recién con fecha 07 de febrero de 2023 se generó el acceso a la Casilla Electrónica SUNAFIL y pese a que se había registrado el correo con fecha 05 de marzo de 2021. ii. Con lo antes precisado, señalan que, no podrían haber tomado conocimiento de los requerimientos realizados, pese a que el mismo ente fiscalizador constató y corroboro que no habían accedido a los requerimientos realizados; sin activar mecanismos alternativos para que pueda comunicar sus requerimientos, mecanismos que la misma base legal lo regula, pese a ello, únicamente se sometió a dar por cumplido el mecanismo meramente formal -remitir el correo- pese a que tuvo el acceso a la información de que dicho correo electrónico más de seis meses no había sido abierto; en tal sentido, dicha omisión de impulso por parte de la entidad fiscalizadora de

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

implementar otros mecanismos de comunicación, no pueden ser el sustento para que se les imponga una sanción por supuesta faltas muy graves. iii. Consideran que se ha transgredido el orden Constitucional, referido al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Esta última garantía, a su vez contiene, un elemento esencial vinculado al llamado de la parte -al administrado en un procedimiento administrativo sancionador- al proceso, y con él, los requisitos de comunicación y, en consecuencia, a la posibilidad legítima de declaración incumplimiento sin el debido procedimiento. iv. En tal sentido, como se postula que los actos de comunicación por parte de la Entidad Fiscalizadora, de los requerimientos -citaciones y emplazamientos- en la medida que hacen posible la comparecencia del destinatario y la defensa contradictoria de las pretensiones, representa un instrumento ineludible para la observancia de las garantías constitucionales del proceso, pero como ya lo han precisado, recién generaron el acceso de información, con fecha 07 de febrero de 2023 a la Casilla Electrónica SUNAFIL, por lo que resulta materialmente imposible que se pueda dar cumplimiento a los requerimientos. v. Por otro lado, sostienen que se ha transgredido lo regulado por el artículo 12 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR; si bien señala la obligatoriedad del uso de las casillas electrónicas, asimismo, señala también el uso de otros medios de comunicación de manera excepcional, lo cual aplica para el presente caso, en tanto la misma Resolución de Sub Intendencia N° 287-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, nos precisa que recién se genero el acceso el 07 de febrero de 2023, esto es seis meses después que la misma entidad sancionadora pueda tener certeza que no habían tenido acceso al correo remitido, y debió activar los otros mecanismos de comunicación a fin de que la notificación cumpla su cometido que es de que el administrado tenga conocimiento pleno de las disposiciones del ente fiscalizador, acción que ni fue debidamente implementada por Sunafil, por ende, esta conducta pasiva y formal no puede ser sustento para que se les imponga una multa grave. vi. Precisan que existe jurisprudencia del Tribunal donde desarrollan los alcances del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación al artículo 11 de la misma norma. En consecuencia, al no haber una constancia de envío de las alertas por servicio de mensajería, deberá dejarse sin efecto la sanción propuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de los requerimientos remitidos a través del Sistema de Casilla Electrónica. vii. Asimismo, argumentan que se ha vulnerado el principio de debido procedimiento, el principio non bis in ídem en el acta de infracción, como en la imputación de cargos, por vicio en la notificación por casilla electrónica, en tanto que, en el acta de infracción que sirve de sustento a la imputación de cargos, sin ninguna razón ni explicación, la conducta identificada en la medida de requerimiento es desdoblada, y la inspectora ahora considera que son dos conductas infractoras, por lo que propone la aplicación de dos multas; una por cada requerimiento de información supuestamente

incumplidos, lo que constituye un abuso de autoridad, pues la inspectora no puede proponer el aplicar multas por cada periodo, pues ese criterio no tiene sustento legal ni reglamentario, y además significaría el estar aplicando dos sanciones por un mismo hecho o conducta. viii. Consideran que los requerimientos de información efectuados con anterioridad en el expediente inspectivo, evidencian asimismo sobresaturación de requerimientos inmediatos por vía virtual, pretendiéndose indebidamente la imposición de una doble sanción por un mismo hecho, siendo el caso de autos donde envía el mismo requerimiento de información de manera duplicada. Al respecto se precisa el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, referido al principio non bis in ídem. ix. Evidencian que, el no cumplir el pedido de información de fecha 22 de agosto de 2022 y el requerimiento de información del 26 de agosto de 2022, posee una identidad objetiva similar, puesto que obedece a la misma conducta referente al mismo procedimiento inspectivo, considerando que el segundo requerimiento no versa sobre información complementaria, sino sobre la misma información solicitada en el primer requerimiento de fecha 22 de agosto de 2022. x. Por último, aducen que, el inspector indica haber solicitado la información de fecha 22 de agosto de 2022; sin embargo, de la revisión de todas las actuaciones inspectivas, no precisa el documento de fecha 22 de agosto de 2022, solamente muestra el requerimiento de fecha 26 de agosto de 2022. Por lo que, no existe sustento para la aplicación de una doble sanción por una supuesta doble negativa de entrega de información.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación de los requerimientos de información 6.1. Cabe precisar que el artículo 1 de la LGIT define a las actuaciones inspectivas como:

“(…) las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”.

“el procedimiento administrativo especial que se inicia siempre de oficio con la notificación del documento de imputación de cargos, que comprende los actos y diligencias conducentes a la determinación de la existencia o no de la responsabilidad administrativa en la comisión de infracciones en materia socio laboral y a la labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo advertidas mediante las actas de infracción derivadas de actuaciones de investigación o comprobatorias de la inspección del trabajo”.

Sobre la notificación por casilla electrónica 6.4. Al respecto, el numeral 20.1.2 del inciso 20.1 del artículo 20 del TUO de la LPAG9, reconoce como modalidades válidas de notificación a las realizadas a través del telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

9 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: (…) 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.” 10 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. (…) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. 11 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 1. 12 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 2.

“Primera. - Emisión de normativa de desarrollo y cronograma para la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, emite el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica y la normativa de desarrollo necesaria para su funcionamiento.

Segunda. - Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional Mediante resolución de superintendencia, y en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), da inicio a la implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional en atención al cronograma referido en la Primera Disposición Complementaria Final de esta norma.

La fecha de inicio establecida en el cronograma determina el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).”

Figura N° 01

“Artículo 1.- Objeto La presente resolución tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, que aprueba el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL).”

Figura N° 02

Figura N° 03

Figura N° 04

Figuras N° 05

Figuras N° 06

“(…) 13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en

la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR.”

Sobre los requerimientos de información

13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando cree n obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

14 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

tipicidad15. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”16.

i. A folio 11, el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 22 de agosto de 2022, notificado válidamente por casilla electrónica, conforme se ha señalado previamente; otorgando el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

Figura N° 07

15 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 16 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 17 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

ii. De igual manera, a folio 28, se advierte el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 26 de agosto de 2022, notificado válidamente por casilla electrónica, conforme se ha señalado previamente; otorgando el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la misma información y/o documentación solicitada en el primer requerimiento de fecha 10 de mayo de 2022.

iii. Sin embargo, conforme se verifica de los numerales 4.7 y 4.9 de los hechos constatados en el acta de infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en dichos requerimientos. Verificándose que las actuaciones inspectivas no pudieron proseguir, emitiéndose el acta de infracción correspondiente.

Figura N° 08

Sobre la vulneración al Principio de Non bis in ídem 6.33. Al respecto, es importante mencionar que el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, señala que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida por el siguiente principio:

“Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.”

a) Identidad subjetiva: para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b) Identidad objetiva: que los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c) Identidad causal o de fundamento: Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

Sobre el debido procedimiento administrativo 6.39 Al respecto, la impugnante alega que, se ha transgredido el orden Constitucional, referido al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva Negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 22 de agosto de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva Negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 26 de agosto de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT, en contra de la Resolución de Intendencia N° 203-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 15 de junio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 925-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 203-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO.- Notificar la presente resolución al SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702MCR - HR 118048-2022