Pradimport Company S.A.C — Res. 790-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios)) y Compensación por Tiempo de Servicios (Subgrupo: Depósito de CTS). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y/o documentación debidamente requerida por la Inspectora comisionada a través del requerimiento de información de fecha 22 de enero de 2021, cuya notificación se efectuó mediante el sistema de casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 1,012.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y/o documentación debidamente requerida por la Inspectora comisionada a través del requerimiento de información de fecha 01 de febrero de 2021, cuya notificación se efectuó mediante el sistema de casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 1,012.00.

i. Sostiene que en ningún momento se negó a facilitar la información solicitada por la autoridad inspectiva, dado que la falta de respuesta oportuna se debió a un reajuste presupuestal que implicó la reducción de locales y personal, quedando solo un establecimiento operativo en San Miguel. Por lo que, fue la falta de personal administrativo lo que le impidió revisar las notificaciones en la casilla electrónica. ii. Argumenta que, en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante el D.S. N° 008-2021-PCM, la empresa suspendió temporalmente sus operaciones. En respaldo, se adjuntaron comunicaciones emitidas por la administración del centro comercial sobre restricciones operativas, así como comprobantes de pago que acreditan la paralización de actividades entre enero y febrero de 2021, reanudándose recién en marzo del mismo año. iii. Así, afirma que, una vez levantadas las restricciones propias del estado de emergencia, se cumplió con presentar la documentación requerida por la inspección. Por tanto, solicita que se reconsidere la sanción impuesta mediante la

Resolución de Sub Intendencia N° 545-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, al no haberse configurado una infracción deliberada ni imputable. iv. Asimismo, se denuncia un error material en la Resolución de Sub Intendencia N° 337-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, al imputar una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo sin que dicha materia haya sido objeto de fiscalización o imputación alguna, lo que evidencia una incongruencia que debe ser corregida. v. En conclusión, la inspeccionada solicita la nulidad de los actos sancionadores al considerar que la falta de atención a los requerimientos no fue voluntaria, sino consecuencia directa de la pandemia, la falta de personal y la imposibilidad material de operar con normalidad durante el periodo cuestionado.

i. En principio, se realiza una corrección de los errores materiales detectados, los cuales no alteran el contenido sustancial de la resolución impugnada. ii. Por otro lado, la autoridad de segunda instancia señala que los argumentos esgrimidos por la inspeccionada ya fueron valorados y desestimados por la autoridad de primera instancia en el recurso de reconsideración. A pesar de ello, se constata que la inspeccionada fue debidamente notificada mediante casilla electrónica, en dos oportunidades, los días 22 de enero y 1 de febrero de 2021, a fin de remitir información relacionada al trabajador afectado; sin embargo, no cumplió con dicha obligación. iii. Se precisa que las actuaciones inspectivas se desarrollaron dentro del marco legal establecido para la emergencia sanitaria, utilizando medios virtuales y electrónicos conforme a la LGIT, las directivas y protocolos emitidos por SUNAFIL. Estas normas facultan expresamente la notificación y requerimiento de información mediante casilla electrónica, la cual tiene pleno valor legal y obliga al sujeto inspeccionado a colaborar con la labor inspectiva. iv. En ese sentido, la reducción de locales, la falta de personal administrativo, las comunicaciones del centro comercial y los comprobantes de pago presentados por la inspeccionada no desvirtúan la infracción verificada. La omisión en remitir la información solicitada impidió al personal inspectivo verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales, configurándose así dos infracciones a la labor inspectiva conforme a los artículos 9 de la LGIT y 15.1 del RLGIT. v. Por último, se señala que ni la LGIT ni el RLGIT contemplan eximentes de responsabilidad por presentar la información requerida en actuaciones posteriores, cuando ya se ha incumplido el deber de colaboración en su oportunidad, más aún cuando esta omisión frustró la fiscalización, razón por la cual se sugirió la emisión de una nueva orden de inspección en el acta correspondiente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 2017-TR

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PRADIMPORT COMPANY S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 25 de octubre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1600-2022-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

i. Alega que, por motivos de fuerza mayor dado el contexto de la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, es que no pudo remitir la información solicitada. Ello, en tanto su local se encontraba cerrado y no pudo tomar conocimiento de los requerimientos de información remitidos. ii. Sostiene que no resulta aplicable el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dado que no existió una negativa a presentar la información requerida.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la obligatoriedad en el uso de la casilla electrónica

administrado”, agregando que, con la opinión favorable de la PCM y del MINJUS, “puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta última alternativa fue adoptada válidamente por el Decreto Supremo N.° 003-2020-TR, cumpliendo los requisitos habilitantes previstos en TUO de la LPAG.

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1º). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6º, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6º, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8. 1º). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11. 1º).

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya

Al respecto, véase el siguiente enlace el cual se encuentra en la cuenta institucional de YouTube de SUNAFIL denominado: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, de fecha 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s

que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”9.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no publicados). THEMIS Revista de Derecho, (6), 18. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.

seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.11

TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

trabajo, o bien porque el empleador cuenta con los medios para presentar dicha información, conforme con el deber de colaboración.

- El inspector comisionado emitió el “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 22 de enero de 2021, otorgando un plazo de tres (03) días hábiles para que se remita la información solicita. Dicho requerimiento fue notificado el mismo día a través de la casilla electrónica institucional, conforme se acredita en la respectiva “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, según se detalla a continuación:

Figura N° 01

- Por otro lado, también se aprecia que el inspector comisionado emitió el “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 01 de febrero de 2021, otorgando un plazo de tres (03) días hábiles para que se remita la información solicita. Dicho requerimiento fue notificado el mismo día a través de la casilla electrónica institucional, conforme se acredita en la respectiva “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, según se detalla a continuación:

Figura N° 02

Figura N° 03

Figura N° 04

Artículo IV del TUO de la LPAG 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. Véase en: https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.consultaNotificacion/accesosEmpresaas

“(…) 13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.” (resaltado agregado)

Sobre la tipificación de la conducta infractora

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento.”

Información Adicional

En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva Negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y/o documentación debidamente requerida por la Inspectora comisionada a través del requerimiento de información de fecha 22 de enero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva Negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y/o documentación debidamente requerida por la Inspectora comisionada a través del requerimiento de información de fecha 01 de febrero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PRADIMPORT COMPANY S.A.C. en contra de la Resolución de Intendencia N° 1600-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de julio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 965-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1600-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a PRADIMPORT COMPANY S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702VLFR HR: 122230-2023