RM & L Logistics SAC — Res. 767-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Depósito de CTS); Certificado de trabajo; Bonificación no remunerativa; Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Gratificaciones). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago del 50% de la gratificación legal de Fiestas Patrias 2019 y Navidad 2019 trunca (del 01 de julio de 2019 al 10 de octubre de 2019) a favor de la ex trabajadora, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de Fiestas Patrias 2019 y Navidad 2019 trunco (del 01 de julio de 2019 al 10 de octubre de 2019) a favor de la ex trabajadora,

2 En aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 259º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS se establece que, en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción.

tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la CTS de los semestres devengados en mayo y noviembre 2018, mayo 2019 y noviembre 2019 trunco (del 01 de mayo de 2019 al 10 de octubre de 2019) a favor de la ex trabajadora, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del certificado de trabajo correspondiente al periodo laborado del 02 de noviembre de 2017 al 10 de octubre de 2019 a favor de la ex trabajadora, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 966.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.73 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

i. Sobre la primera y segunda infracción, indica que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. Si bien se reconoce la existencia del vínculo laboral con la ex trabajadora, debe precisarse que la imputación relacionada con la supuesta omisión de pago de beneficios sociales carece de sustento fáctico y legal. En efecto, las vacaciones correspondientes al año 2018 fueron efectivamente gozadas, y los demás períodos fueron oportunamente compensados. Por otra parte, respecto a las gratificaciones y CTS, la denunciante no contempló que se realizó un adelanto de beneficios sociales por un monto total de S/. 21,951.10 y que fueron depositados conforme detalle adjunto en 19 pagos, desde el 18 de diciembre de 2017 al 13 de agosto de 2019. En ese sentido, los pagos anticipados efectuados, así como la respectiva liquidación de beneficios sociales,

3 Mediante Resolución de Intendencia Nº 1563-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de setiembre de 2022, se rectificó un error material en aplicación del numeral 212.1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. La citada rectificación tuvo por finalidad enmendar lo consignado en el considerando 6.2 de la Resolución de Sub Intendencia Nº 711-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, en el que, por error, se mencionó el “numeral 46.10 del artículo 46º del RLGIT”, cuando lo correcto era el “numeral 46.7 del artículo 46º del RLGIT”, conforme se precisa en el considerando 5.6 de la citada resolución.

aunque no firmada por la ex trabajadora, acreditan fehacientemente la inexistencia de deuda pendiente por CTS, gratificaciones, vacaciones ni bonificación extraordinaria. Por el contrario, es la ex trabajadora quien mantiene una deuda superior a S/ 15,000.00, producto del adelanto de dichos conceptos. ii. Existe una falta de motivación del acto administrativo. iii. Se ha vulnerado el derecho de defensa en el debido procedimiento administrativo.

i. Corresponde precisar que, la ex trabajadora prestó servicios para la impugnante en dos períodos distintos: del 02 de enero de 2004 al 03 de octubre de 2017, y del 02 de noviembre de 2017 al 10 de octubre de 2019. Las actuaciones inspectivas se centraron exclusivamente en este último periodo. ii. En atención a ello, el sujeto inspeccionado presentó como medios probatorios cheques y depósitos realizados entre el 18 de diciembre de 2017 y el 13 de agosto de 2019, los cuales fueron firmados por la ex trabajadora. Sin embargo, del expediente de inspección se advierte que los recibos correspondientes indican expresamente que dichos pagos fueron realizados "a cuenta de beneficios sociales", sin que se precise que correspondan al segundo período de servicios. Por el contrario, dichos pagos fueron referidos como cancelaciones vinculadas al primer período laboral, comprendido entre el año 2004 al 2017. iii. Debe tenerse presente que, conforme al principio de carga de la prueba, corresponde al sujeto inspeccionado acreditar que los pagos efectuados guardan relación con el periodo materia de inspección. No basta con invocar un determinado concepto; debe acreditarse fehacientemente el vínculo entre el pago y la obligación que se pretende extinguir. En este caso, no se ha demostrado que los montos depositados correspondan a beneficios sociales derivados del vínculo laboral vigente entre el periodo comprendido del año 2017 al 2019. Más aún, a la fecha de tales pagos, la trabajadora aún se encontraba laborando para el inspeccionado, lo cual refuerza la incertidumbre sobre su verdadera naturaleza. iv. En esa línea, tampoco se advierte que los pagos hubieran sido efectuados como “adelantos” de beneficios sociales del segundo periodo, ni que estos guarden correspondencia con la liquidación de beneficios presentada, la cual incluso contiene una fecha de cese errada (10 de septiembre de 2019, en lugar del 10 de octubre de 2019). Recién en dicha liquidación se establece un monto concreto, por lo que no puede considerarse acreditado que los pagos previos correspondan a obligaciones laborales del periodo inspeccionado. Además, conforme consta en el acápite segundo del requerimiento de información de fecha 18 de octubre de 2019, el inspector comisionado dejó constancia de que los pagos efectuados se relacionaban con beneficios sociales del primer periodo laboral. En consecuencia, la documentación presentada no desvirtúa la comisión de la infracción imputada. v. Bajo tales consideraciones, contrariamente a lo sostenido por la inspeccionada, la resolución apelada no acogió la imputación referida a vacaciones anuales, razón por la cual su cuestionamiento sobre este extremo resulta irrelevante para el análisis del presente caso. vi. Por otra parte, si bien la impugnante sostiene de manera genérica la existencia de una supuesta falta de motivación en la resolución apelada y la vulneración de su derecho de defensa. No obstante, no desarrolla argumentos específicos ni identifica hechos concretos que sustenten dichas afirmaciones, limitándose a invocar criterios

doctrinarios sin correlación directa con los hechos del caso. A mayor abundamiento, se ha verificado que en los considerandos 4.3 al 4.12 de la resolución apelada, la autoridad de primera instancia efectuó una valoración expresa y razonada de los medios probatorios actuados en el procedimiento, cumpliendo con la debida motivación exigida por el ordenamiento jurídico. vii. En tal sentido, los cuestionamientos formulados no resultan idóneos para enervar la validez de la resolución apelada ni desvirtúan la responsabilidad administrativa atribuida a la inspeccionada. Por el contrario, se constata que las infracciones imputadas han sido determinadas conforme a los hechos acreditados y al marco normativo aplicable. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución emitida en primera instancia por los fundamentos expuestos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 6 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 7 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

9 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR. 10 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL RM & L LOGISTICS SAC

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de octubre de 2022, RM & L LOGISTICS SAC fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1563-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostienen la inobservancia de la nulidad del Acta de Infracción, lo que ha vulnerado los principios del procedimiento y el numeral 2 del artículo 10° de TUO de la LPAG, así como el numeral 1 del artículo 11° y el artículo 54° del RLGIT. Esto debido a que el Acta de Infracción tiene alcances sobre la Resolución de Sub intendencia N° 711- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA2 y la Resolución de Intendencia N° 1563-2022- SUNAFIL/ILM. ii. Por otra parte, indican que la denuncia interpuesta por la cual se originó las actuaciones inspectivas tuvieron por efecto sorprender al despacho, y que los beneficios sociales se han realizado y que están a disposición de la demandante, por lo que, no tienen deuda alguna respecto al pago de beneficios sociales por concepto de CTS, vacaciones y/o gratificaciones. Por el contrario, la denunciante adeuda a la fecha, S/. 15,621.05, la misma que se hará valer en los órganos jurisdiccionales correspondientes, cumpliendo así, con sus obligaciones sociolaborales. iii. Se ha vulnerado el debido proceso al no considerarse el escrito de descargos y apelación, contraviniendo el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, así como los literales a) y b) del artículo 44° de la LGIT, esto al generarse la Resolución de Sub Intendencia N° 711-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2 y la Resolución de Intendencia N° 1563-2022- SUNAFIL/ILM. iv. Por otra parte, manifiestan que en dichas resoluciones se incurre en una falta de motivación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

interposición debe estar expresamente facultada por ley o decreto legislativo. En ese marco, la LGIT, como norma especial aplicable, contempla dicha facultad en su artículo 49°:

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente

en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

11 Obrante en fojas 168 del expediente inspectivo. 12 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento:

Figura N° 01

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditó el pago del 50% de la gratificación legal de Fiestas Patrias 2019 y Navidad 2019 trunca (del 01 de julio de 2019 al 10 de octubre de 2019) a favor de la ex trabajadora. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditó el pago de la bonificación extraordinaria de Fiestas Patrias 2019 y Navidad 2019 trunco (del 01 de julio de 2019 al 10 de octubre de 2019) a favor de la ex trabajadora. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditó el pago de la CTS de los semestres devengados en mayo y noviembre 2018, mayo 2019 y noviembre 2019 trunco (01 de mayo de 2019 al 10 de octubre de 2019) a favor de la ex trabajadora. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditó la entrega del certificado de trabajo correspondiente al período laborado del de noviembre de 2017 al 10 de octubre de 2019 a favor de la ex trabajadora. Numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT LEVE Labor Inspectiva No cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de octubre de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por RM & L LOGISTICS SAC, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1563-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 081-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1563-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de setiembre de 2022, en el extremo referente a la infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a RM & L LOGISTICS SAC, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702MABJ – HR: 112643-2019