| Resolución N° | 0574-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala |
|---|---|
| Expediente sancionador | 78-2020-SUNAFIL/IRE-CAL |
| Procedencia | INTENDENCIA REGIONAL DEL CALLAO |
| Impugnante | Panificadora Bimbo del Perú S.A |
| Acto impugnado | RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 171-2021- |
| Materia | LABOR INSPECTIVA |
| Región | Callao |
| Fecha | 25 de noviembre de 2021 |
El fallo
SE RESUELVE:
PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 16 de abril de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Regional del Callao, por los fundamentos expuestos de la presente Resolución. SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra PLANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A., recaído en el expediente sancionador N° 78-2020- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao, disponiéndose su ARCHIVO.
TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 6.27 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.
QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)
Documento firmado digitalmente
Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas
Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente
Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga
Texto de la resolución
Antecedentes
Mediante Orden de Inspección N° 2083-2019-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del normativa de seguridad y salud en el trabajo1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 490-2019-SUNAFIL/IRE-CALLAO (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de tres (03) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.
1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas), Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas), Identificación de peligros y Evaluación de riegos IPER (Sub materia: Prevención de Riesgos). Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materias: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Registro de accidente de trabajo e incidentes), Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad). 20555195444 soft 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft
Que, mediante Imputación de Cargos N° 198-2020-SUNAFIL/IRE-CAL-SIAI-IC de fecha 10 de julio de 2020, y notificado el 24 de julio de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).
De conformidad con literal g) el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 029-2021-SUNAFIL/IRE-CAL-SIAI-IF (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución. Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 291-2021-SUNAFIL-IRE-CAL/SIRE, de fecha 16 de abril de 20212, se dispuso a ampliar, excepcionalmente, por 03 meses el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador. Posteriormente, la Sub Intendencia de Resolución mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 552-2021-SUNAFIL/IRE- CAL/SIRE, de fecha 09 de julio de 2021, notificada el 12 de julio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 43,470.00 por haber incurrido, entre otras, en:
- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar las condiciones de seguridad destinada a evitar el peligro de operación de una maquina selladora, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00. - Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud, por no implementar la medida de control establecida en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00. - Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud, por no cumplir con elaborar los estándares de seguridad y salud para las operaciones donde se incluya la actividad de sellado de bolsas de panetones en el Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 5,670.00. - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de noviembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00.
2 Véase folio 10 del expediente sancionador.
Con fecha 03 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 552-2021- SUNAFIL/IRE/CAL/SIRE, argumentando lo siguiente:
- Se ha incurrido en vicios de motivación, vulnerando el principio de legalidad y tipicidad. Asimismo, la autoridad inspectiva se ha negado a valorar argumentos presentados sobre la afectación del debido procedimiento. - En el numeral 4.12) del acta de infracción se señala que la empresa si acreditó haber otorgado capacitación de materia de seguridad en el trabajo a la señora Gamarra antes del accidente lo que además fue corroborado por la misma señora Gamarra. - No es cierto que no se haya cumplido con la medida de control, puesto el sensor de seguridad que es la medida de control establecida en el IPER y que si estuvo desde un inicio implementado en la máquina selladora que se encuentra en el lugar que muestra la foto, pues la función del censor es evitar atrapamientos en la zona superior, zona en la que se deben realizar las labores y no con las manos por debajo de la máquina. - BIMBO si cumplió con su obligación como empleador de contar con un RISST, además con relación al contenido si contiene los estándares de seguridad aplicables a la actividad de sellado de bolsas de panetones. - Sobre la medida de requerimiento la empresa cumplió con presentar el registro de accidente de la señora Gamarra de fecha 27 de agosto de 2019, por lo que no existe razón para determinar que la empresa no cumplió con el requerimiento establecido.
Mediante Resolución de Intendencia N° 171-2021-SUNAFIL/IRE-CAL3, de fecha 10 de septiembre de 2021, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 552-2021-SUNAFIL/IRE- CAL/SIRE por los siguientes argumentos:
- El inspeccionado no ha desvirtuado con medios probatorios fehacientes, las infracciones determinadas por la autoridad de primera instancia, en tanto las infracciones atribuidas al inspeccionado están basadas en los hechos constatados mediante las actuaciones inspectivas de investigación desarrolladas. Dichos hechos fueron identificados y descritos en el Acta de Infracción. - Se observa que se vuelven a presentar los mismos argumentos que fueron planteados durante la fase instructora y fase sancionadora de primera instancia, los cuales fueron correctamente desvirtuados en cada fase. - La presentación del medio probatorio, imagen que según indica, confirmaría el argumento de la inspeccionada que precisa tener como medida de control un sensor de seguridad implementado desde antes del accidente acaecido, el 27 de agosto de 2019,
3 Notificada el 13 de septiembre de 2021.
no obstante, dicho argumento no genera convicción clara para desvirtuar la infracción incurrida. - Cabe señalar que de la revisión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ofrecido por la inspeccionada no se tiene establecido los estándares de seguridad para el área de embolsado de panetones; el art. 30 precisa el administrado corresponde a las funciones y responsabilidad de los trabajadores, de igual manera, los art 90 y 93 forman parte de los estándares de seguridad y salud en las operaciones, pero de seguridad en procesos de manufactura y no de sellado de bolsa de panetones y el artículo 220 se desprende el resguardo de máquinas. - El Registro de Accidentes solicitado por el inspector comisionado mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de noviembre de 2019, precisándose que dicho registro contenga las causas de la contingencia ocurrida a la trabajadora Gamarra y adjuntando la declaración jurada sobre el hecho por la accidentada, así como el cumplimiento de la medida correctiva señalada en el registro de accidente de trabajo alcanzado; sin embargo, este fue ofrecido sin contar con el total de la requisitos mínimos obligatorios que debe contener.
Con fecha 30 de septiembre de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 171-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 10 de septiembre de 2021.
La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 971-2021- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 05 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.
De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral
Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.
4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”
Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.
Del Recurso De Revisión
El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,
5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.
Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.
En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.
Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.
IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A.
De la revisión de los actuados, se ha identificado que BIMBO DEL PERÚ S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 171-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 43,470.00 por la comisión, entre otras, de tres infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en
el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT y una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución, es decir, el 14 de septiembre de 2021.
Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A.
Fundamentos Del Recurso De Revisión
Con fecha 30 de septiembre de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 171-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, argumentando lo siguiente:
- La resolución de intendencia no fue emitida conforme a derecho, pues carece de una debida motivación. - La empresa elaboró y exhibió su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo tal como consta en el numeral 4.9 de los “Hechos Constatados” del Acta de Infracción. - Se pretende aplicar la misma sanción 4 veces por supuestos incumplimientos a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, que se habría generado al momento del accidente de la señora Gamarra. - La Resolución de Intendencia no se pronunció sobre el concurso de infracciones, a pesar que el argumento que fue presentado en el escrito de apelación. - El inspector de trabajo incurre en tres (3) errores: i) concluye que el accidente se ocasionó debido a que la guarda estuvo un poco floja; ii) que la guarda floja, refleja el incumplimiento de la medida de control establecida en el IPER, esto es “Sensor de Seguridad”; y iii) que Bimbo no cuenta con un RISST o que no está debidamente elaborado.
Análisis Del Recurso De Revisión
Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador 6.1. En el procedimiento sancionador ha operado la caducidad, pues desde el 24 de julio de 2020, fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:
- El 24 de julio de 2020 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 198-2020-SUNAFIL/IRE-CAL-SIAI-IC9.
9 Véase folio 9 del expediente sancionador.
- El 09 de julio de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 552-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, siendo notificada el 12 de julio de 202110.
Sobre el particular, el artículo 259 del TUO de la LPAG dispone lo siguiente:
“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador
1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).
Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina11, señala que “la caducidad puede ser definida como aquella figura que origina la anormal y anticipada terminación de un pronunciamiento,
10 Véase folio 114 del expediente sancionador. 11 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.
debido a la inactividad de la autoridad competente, prolongada en su trámite, la cual ocasiona que el plazo establecido para su culminación se venza, adelantando el término del procedimiento por mandato de ley”. Debe entenderse, pues, que la caducidad prevista en el TUO de la LPAG es respecto del procedimiento; por lo que la Intendencia Regional del Callao solo podía sancionar a la impugnante por la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad.
Cabe señalar que Morón Urbina también señala que existen tres manifestaciones de la caducidad en el Derecho Administrativo, entre las que encontramos: i) Caducidad-carga: Referida al tipo de caducidad que opera en los supuestos en los que el particular tiene un plazo corto para el ejercicio de un derecho en beneficio propio; ii) Caducidad-sanción: Este tipo de caducidad opera para poner fin a los efectos de un título habilitante por incumplimiento de las obligaciones que asumió el administrado con la obtención del mismo; y iii) Caducidad-perención: Este tipo de caducidad supone la terminación anormal (extinción) de un procedimiento administrativo por ausencia de actividad del interesado (en caso de procedimientos iniciados a iniciativa de parte) o de la Administración Pública (en caso de procedimientos iniciados de oficio). Para efectos del presente caso nos encontramos ante la caducidad-perención, en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio.
En tal sentido, para que opere la caducidad-perención del procedimiento sancionador, basta la superación del plazo establecido para concluir el mismo. Por tanto, como señala el artículo 259 del TUO de la LPAG, una vez transcurridos nueve (9) meses desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo.
Por su parte, el ítem 7.1.1.6 del punto 7.1 del numeral 7 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII17, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017- SUNAFIL, señala que la caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte, siendo que en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito la autoridad competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.
Por otro lado, el artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Complementando lo antedicho, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.
En el caso en particular, se evidencia que, desde la apertura del procedimiento administrativo sancionador, con la notificación de la imputación de cargos, hasta la
notificación de la resolución de primera instancia, ha transcurrido más de nueve (09) meses. Por lo que, esta Sala analizará si en dicho periodo ha operado alguna circunstancia que haya afectado el computo del plazo de caducidad.
Sobre la ampliación del plazo del procedimiento administrativo sancionador 6.9 Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 16 de abril de 2021, se resuelve ampliar excepcionalmente, por 03 meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.
Cabe precisar que, la posibilidad de ampliar un procedimiento sancionador se encuentra regulada en el artículo 259 del TUO de la LPAG y establece, entre otras cuestiones, que el administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.
Es importante destacar que, dado el marco normativo analizado, el incumplimiento de alguno de los elementos contenidos en el artículo 259° del TUO de la LPAG podría configurar un supuesto de vulneración al debido procedimiento y, por tanto, acarrear una nulidad.
Por consiguiente, corresponde analizar si la Resolución antes referida, ha sido: (i) notificada de manera previa al vencimiento del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador, y (ii) emitido por el órgano competente.
Sobre la primera condición, del análisis del expediente sancionador, se evidencia que la Resolución de Sub Intendencia Nº 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, ha sido emitido el 16 de abril de 2021 y notificado a la impugnante el 19 de abril de 2021. Por lo tanto, al haberse contemplado como plazo de vencimiento para resolver el procedimiento sancionador el 24 de abril de 2021, la resolución se notificó de manera previa a dicho vencimiento.
Respecto a la segunda condición señalada, debe precisarse que la decisión de ampliación de plazo deberá materializarse en un tipo jurídico específico: Resolución. La norma no ha dejado a libre configuración del operador jurídico (autoridad administrativa) la determinación de la forma, sino que ha establecido que sea una específica. El objetivo de la norma ha sido, precisamente y dada la interpretación constitucional, que se preserve la excepcionalidad de la medida, imponiendo determinadas cargas a la Administración a fin de evitar que pueda prorrogar con facilidad el plazo previsto sin mediar justificación adecuada ni un tipo jurídico específico. Debe señalarse que, además de esto, la Res0olución deberá ser emitida por el órgano competente y, sobre el particular, ni la LGIT, el RLGIT, el Reglamento del Tribunal ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente
para emitir dicha prórroga. No obstante, el TUO de la LPAG sí establece algunas consideraciones que permiten a esta Sala identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- qué autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.
La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.
Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.
La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:
“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”(énfasis añadido).
De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que:
“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).
Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.
Al respecto, se evidencia que, si la Sub Intendencia de Resolución (unidad orgánica distinta a un órgano) tuviera la competencia de prorrogar el propio plazo que ostenta para evitar la caducidad, tendría todos los incentivos para prorrogar las actuaciones a su cargo por el máximo plazo posible. Esta situación genera un perjuicio evidente a los administrados e interpreta extensivamente la norma del TUO de la LPAG respecto de la competencia para emitir la Resolución de ampliación del plazo de culminación del procedimiento administrativo sancionador dado que la Sub Intendencia no tiene la cualidad jurídica de “órgano” sino de “unidad orgánica”.
Es importante acotar, además, que en el presente caso la Resolución de Sub Intendencia Nº 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, no ha cumplido con la carga establecida por el TUO de la LPAG con la emisión del acto por un órgano competente.
Conforme a ello, esta Sala ha revisado la totalidad de las actuaciones que componen el expediente administrativo y ha evidenciado la omisión de requerimientos de validez por la Resolución de Sub Intendencia Nº 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 16 de abril de 2021. Por tanto, corresponde declarar su nulidad, en aplicación a lo prescrito en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG12, no resultando procedente la ampliación de plazo contenida en la misma.
Tomando en cuenta que, según lo estipulado en el artículo 259 del TUO de la LPAG, la caducidad administrativa puede ser solicitada por el administrado en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio y dado que no se cumplieron con los requisitos
12 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”
establecidos en dicho artículo, al no emitirse la ampliación conforme a las condiciones establecidas por dicho artículo, la misma carece de efectos y, por tanto, no amplía el plazo de caducidad administrativa.
Debido a lo expuesto, considerando i) que el procedimiento administrativo sancionador se inició el 24 de julio de 2020, fecha en la que se notificó la Imputación de Cargos, ii) que la ampliación del plazo de caducidad es improcedente, por ser nula la Resolución de Sub Intendencia Nº 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 16 de abril de 2021, y iii) que el plazo para resolver el mismo venció el 24 de abril de 2021, concluyéndose que la Resolución de Sub Intendencia N° 552-2021-SUNAFIL/IRE/CAL/SIRE, de fecha 09 de julio de 2021, notificada a la impugnante el 12 de julio de 2021, ha superado el plazo resolver el procedimiento, operando de manera automática la caducidad del mismo. Por tanto, corresponde declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador recaído en el presente expediente sancionador, disponiendo su archivo; careciendo de objeto pronunciarse sobre los de más argumentos esgrimidos por la impugnante en su recurso de revisión.
Es importante aclarar que la declaración de caducidad que efectúa esta Sala no supone la nulidad de toda la actuación realizada por las instancias precedentes, sino que, en virtud al texto expreso de los numerales 4 y 5 del artículo 259 ° del TUO de la LPAG, determinadas actuaciones resultan subsistentes. De esta forma, la declaración de caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que puedan o no resultar necesarios ser actuados nuevamente.
Así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador. Además, la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.
Finalmente, evidenciándose la nulidad, corresponde remitir los actuados al superior jerárquico del acto declarado nulo, a fin de que, de estimarlo conveniente, disponga hacer efectiva la responsabilidad del emisor de conformidad con el TUO de la LPAG.
POR TANTO:
Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;
SE RESUELVE:
PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 16 de abril de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Regional del Callao, por los fundamentos expuestos de la presente Resolución. SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra PLANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A., recaído en el expediente sancionador N° 78-2020- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao, disponiéndose su ARCHIVO.
TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 6.27 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.
QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)
Documento firmado digitalmente
Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas
Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente
Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga
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