G4S Perú S.A.C — Res. 570-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (sub materia: pago de remuneración: sueldos y salarios), Licencia con goce de haber. 20555195444 soft 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 13 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Solicitud de nulidad del informe final de instrucción. ii. Se desconocen pronunciamientos de la propia SUNAFIL, pues no existe un incumplimiento de obligaciones laborales, en la medida que no se puede acreditar el pago de remuneración de un personal que se encontraba en suspensión perfecta, ni tampoco SUNAFIL tiene la facultad ni potestad de ejecutar una resolución del MTPE. Además, también existe una afectación por avocamiento indebido de parte de SUNAFIL pues es una materia que ha sido judicializada. iii. Vulneración del principio de legalidad, objetividad y primacía de la realidad frente a la medida de requerimiento. iv. La resolución impugnada ha repetido los fundamentos contenidos en el acta de infracción e imputación de cargos, porque cuando se exige sustento de la tipificación y calificación de las faltas, se aprecia que no existe una respuesta adecuada coherente y motivada.

i. Se dejó sin efecto el informe final de instrucción N° 012-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, debido a que el órgano instructor no había valorado los descargos del impugnante y a fin que no se vea vulnerado el derecho de defensa del mismo. Al respecto, el órgano sancionador devolvió el expediente solicitando se emita nuevo informe final de

2 Véase folio 111 del expediente sancionador.

instrucción para que valoren sus descargos, emitiéndose el informe final de instrucción N° 49-2021-SUNAFIL/IRE-TUM/SIAI-IF. Además, al haberle notificado ambos, no se advirtie vulneración alguna al derecho de defensa.

ii. Nos encontramos frente a dos procesos diferentes, uno administrativo donde se está verificando el cumplimiento de las normas sociolaborales y la respectiva sanción en caso de incumplimiento y otro en el cual se está ventilando una presunta vulneración a los derechos de la impugnante. Por lo tanto, en el presente caso no existe un avocamiento indebido.

iii. Tanto el órgano sancionador, el instructor y los inspectores comisionados, han calificado correctamente los hechos en los que se ha subsumido el tipo sancionador. Meritándose la conducta de la impugnante, han fundamentado su decisión tanto fáctica como jurídicamente, pues se aprecia que se han detallado también las normas vulneradas, y se ha graduado la sanción de acuerdo a lo estipulado en la LGIT, no advirtiéndose vulneración de los principios alegados por la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE G4S PERÚ S.A.C

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN Con fecha 08 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 013-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, señalando lo siguiente:

8 Iniciándose el plazo el 20 de agosto de 2021.

Sobre la evidencia de vicio y nulidad en la interpretación errónea del numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT frente a pago de remuneraciones en suspensión perfecta cuestionado en vía judicial y que fue la base de la medida de requerimiento que realizo el inspector y que motivó la multa muy grave

i. La infracción muy grave se debe a que se señaló que no se puede demostrar el pago íntegro requerido, pues el trabajador se encontraba en suspensión perfecta de labores, misma situación que se encuentra cuestionada en vía judicial y que no tiene una decisión final y firme. Por tanto, no se puede realizar la ejecución de la Resolución Directoral.

ii. La motivación expresada en la resolución antes citada es contraria al debido proceso, legalidad y tipicidad que exige aplicar la Ley General de Inspección de Trabajo, y que contiene el Art. 4° del Texto Único y Ordenado de Ley Orgánica del Poder Judicial.

iii. La Intendencia no ha considerado que no existe obligación ni algún requisito que señale que debe ser admitida la demanda contenciosa administrativa para que surta efectos, pues se consideraría que durante el tiempo que proceda a calificarse la demanda por el Poder Judicial, este sea considerado como periodo habilitado para ejecutar e imponer sanciones por la SUNAFIL, ya que sería una situación fuera de todo razonamiento lógico y un acto arbitrario. Por otro, la SUNAFIL no aplicó la excepción relativa a que por la sola interposición de la demanda contenciosa administrativa se deben dejar sin efecto las resoluciones administrativas cuestionadas que no hayan quedado firmes, de conformidad con el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

iv. La cuestión litigiosa ante el Poder Judicial sobre los mismos hechos y posible sujeto afectado por la decisión de la suspensión perfecta de labores es la misma materia parte de la fiscalización realizada por el inspector de SUNAFIL.

Sobre la inaplicación del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT por evidente vulneración al principio de legalidad, principio de objetividad y principio de primacía de la realidad frente a la medida de requerimiento.

v. La exigencia en el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral fue la de acreditar el pago de las remuneraciones en el periodo de suspensión perfecta de labores, aún debatida ante el poder judicial, lo que resulta desproporcional a los hechos materia de investigación, pues el hecho verificado, real y cierto es que existe una demanda contenciosa administrativa cuyo debate son las remuneraciones por efecto de la Suspensión perfecta de labores del mismo trabajador que investiga la SUNAFIL.

vi. La Autoridad Sancionadora, el 19 de marzo de 2021, emitió una resolución declarando la nulidad del informe final de instrucción. A fin de que se emita un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, existe una nulidad, pues la misma no ha sido notificada, vulnerando su derecho de defensa y el debido procedimiento, ya que deja en completa ignorancia sobre la motivación de dicha resolución.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN 6.1 Respecto al recurso de revisión planteado, es oportuno señalar que esta Sala es competente para evaluar las infracciones sancionadas como MUY GRAVES, por lo que estando a los

actuados, se evidencia que la resolución impugnada comprende una infracción GRAVE y una MUY GRAVE, siendo materia de análisis sólo esta última. Por lo tanto, los argumentos tendientes a cuestionar la imposición de la sanción grave son argumentos respecto de los cuales esta Sala no tiene competencia para pronunciarse.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (énfasis añadido)

9 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 10 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad

vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable11, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector12.

económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54. 11 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 12 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 13 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 14 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 15 Véase folios 67 a 72 del expediente inspectivo.

03 del Acta de Infracción y de los periodos que se detalla en dicho cuadro, incluidos los intereses legales que correspondan, para cuya acreditación —se exigió en aquel momento— “deberá presentar constancia de depósito u otro documento que acredite fehacientemente dicho pago”. Para dicho efecto, se otorgó el plazo máximo de tres (03) días hábiles para su cumplimiento, bajo apercibimiento de infracción a la labor inspectiva por incumplimiento de la medida de requerimiento.

- Con fecha 20 de abril de 2020, la impugnante presento solicitud para acogerse a la suspensión perfecta de labores. La misma que con Proveído N° 1729-2020-MTPE/2/14, notificada el 22 de junio de 2020, emitido por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se resolvió, señalando lo siguiente:

“(…) se tiene que, mediante correo electrónico de visto, la Empresa contestó al requerimiento realizado el día 22 de mayo de 2020. En ese sentido, se advierte de la comunicación cursada por la Empresa, ha sido presentada excediéndose el plazo otorgado de dos (2) días hábiles de notificado el precitado requerimiento, por lo que resulta extemporáneo su presentación, debiéndose hacer efectivo el apercibimiento. EN CONSECUENCIA: Téngase por no presentada la

comunicación de suspensión perfecta de labores de la empresa G4S PERÚ S.A.C., archivándose los de la materia, dejando a salvo su derecho para que lo ejerza conforme a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020.”

- Con fecha 25 de junio de 2020, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra el Proveído N° 1729-2020-MTPE/2/14, el mismo que fue resuelto con la Resolución Directoral General N° 1636-2020-MTPE/2/14, de fecha 05 de noviembre de 2020, declarando inadmisible la solicitud de suspensión perfecta de labores.

- Con fecha 24 de noviembre de 2020, la impugnante interpuso Demanda Contencioso Administrativo, solicitando la nulidad de resolución administrativa (Proveído N° 1729- 2020-MTPE/2/14 y la Resolución Directoral General N° 1636-2020-MTPE/2/14), la misma que corre en el expediente N° 13247-2020-0-1801-JR-LA-7716. Además, cabe señalar que, a la fecha, se verifica que la demanda fue admitida a trámite mediante Resolución N° 02 de fecha 30 de abril de 2021, contestándose la misma el 29 de setiembre de 2021. Asimismo, con fecha 11 de octubre de 2021, se adjuntó el expediente administrativo, no verificándose actuaciones adicionales a la fecha.

16 Información verificada del sistema de Consulta de Expedientes Judiciales, www.cej.pj.gob.pe.

del acto administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo que dispone: “La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración al derecho de defensa

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por G4S PERÚ S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 013-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 13 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Tumbes dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 001-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 013-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a G4S PERÚ S.A.C. y a la Intendencia Regional de Tumbes, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Tumbes.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga

Desirée Bianca Orsini Wisotzki

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar el pago íntegro de la remuneración del trabajador, sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida de requerimiento, con fecha de notificación el 13 de noviembre de 2020. Sintetizo el sustento de mi posición —que implica un cambio de criterio, basado en el análisis crítico de las resoluciones de esta Sala— en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el

artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos”.17

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves. 8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

GORDILLO, A (2011). Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. 10ma edición. Tomo 3. El acto administrativo. Buenos Aires: F.D.A., p. VIII-38.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos sólidos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, notificada con fecha 13 de noviembre de 2020, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos en el presente voto singular.

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas Presidente