Orelia Group South American Security - Orelia Group SAS S.A.C — Res. 1192-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación solicitada mediante requerimiento de información, notificado el 03 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación solicitada mediante requerimiento de información, notificado el 11 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Sostiene que, no existió una negativa deliberada a presentar la documentación solicitada, pues la inspeccionada no tuvo conocimiento oportuno de las notificaciones realizadas mediante casilla electrónica. En consecuencia, la entrega de la información se efectuó fuera del plazo establecido, sin configurarse intencionalidad de obstaculizar la labor inspectiva. ii. Asimismo, cuestiona la imposición de dos sanciones por infracciones a la labor inspectiva en una misma orden de inspección, ambas derivadas del incumplimiento de requerimientos de información notificados por casilla electrónica. Ello configuraría un exceso en el ejercicio de la potestad sancionadora, al aplicarse una doble punición por la misma conducta iii. Conforme a lo establecido en la Resolución N° 738-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, cuando un primer requerimiento no es atendido, corresponde al inspector adoptar medidas adicionales o complementarias —como las previstas en el segundo párrafo del Decreto Supremo N° 003-2020-TR— para garantizar la eficacia de la fiscalización. En ese sentido, al sancionar dos veces la misma omisión, se vulnera el Principio de Non Bis In Ídem, al concurrir la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento.

2 Con fecha 18 de noviembre de 2022, incorpora el escrito con sumilla “Subsano Omisión”.

i. Corresponde indicar que, las actuaciones inspectivas constituyen diligencias que la Inspección del Trabajo desarrolla de oficio, antes del inicio del procedimiento sancionador, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y adoptar las medidas que resulten pertinentes. En tal sentido, el literal c) y el literal e) del artículo 9° de la LGIT establecen que los empleadores están obligados a colaborar con los inspectores, facilitando información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, obligación que constituye presupuesto esencial de la labor inspectiva. ii. Ahora bien, la inspeccionada alega no haber tenido conocimiento oportuno de las notificaciones remitidas a la casilla electrónica; sin embargo, este argumento carece de sustento. En efecto, el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, permite la obligatoriedad de la notificación electrónica mediante decreto supremo sectorial. En aplicación de ello, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR se dispuso el uso obligatorio de la casilla electrónica para SUNAFIL, norma publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de enero de 2020, que otorgó plena publicidad y vigencia a esta modalidad de notificación. iii. Siendo así, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR establece que la casilla electrónica constituye domicilio digital obligatorio para el administrado, mientras que el numeral 11.1 del artículo 11° de la misma norma dispone que la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en dicha casilla. Además, el artículo 8° de la citada norma impone al usuario la obligación de revisar periódicamente su casilla para tomar conocimiento de los documentos notificados. En consecuencia, la falta de diligencia en el cumplimiento de este deber no puede trasladarse a la Administración como un eximente de responsabilidad. iv. Más aún, a través de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL se aprobó el cronograma de implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica, modificado por la Resolución de Superintendencia N° 114-2020- SUNAFIL, estableciéndose que, desde el 31 de diciembre de 2020, resulta obligatorio el uso de la casilla electrónica para los requerimientos de información en actuaciones inspectivas. En el presente caso, los requerimientos de información de fechas 03 de febrero de 2021 y 11 de febrero de 2021 fueron debidamente notificados mediante dicho sistema, resultando válidas las comunicaciones efectuadas. v. Por otra parte, sobre el alegato de exceso de punición por haberse emitido dos requerimientos en la misma orden de inspección, corresponde precisar que cada requerimiento constituye una actuación inspectiva independiente, cuyo incumplimiento configura una infracción autónoma. La obligación de atenderlos deriva directamente del artículo 9° de la LGIT, razón por la cual no existe vulneración de la razonabilidad ni exceso sancionador. El criterio expuesto en la Resolución N° 738-2022-SUNAFIL/TFL, invocada por la inspeccionada, no resulta aplicable al

presente caso por no constituir precedente vinculante conforme al literal a) del artículo 15° de la Ley N° 29981 y el artículo 22° de su Reglamento. vi. En cuanto al Principio de Non Bis In Ídem, recogido en el numeral 11 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, este exige la concurrencia de la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si bien el sujeto sancionado es el mismo, los hechos no son idénticos, puesto que se trata de dos omisiones distintas y consumadas en momentos diferentes: la primera por no atender el requerimiento notificado el 03 de febrero de 2021 y la segunda por no atender el requerimiento notificado el 11 de febrero de 2021. En ese sentido, cada incumplimiento constituye un hecho autónomo que da lugar a una infracción independiente e insubsanable. vii. Por tanto, se concluye que la inspeccionada incumplió con atender dos requerimientos válidamente notificados a través de la casilla electrónica, configurándose infracciones autónomas a la labor inspectiva. No se verifica exceso de punición ni vulneración del Principio de Non Bis In Ídem, por lo que los argumentos planteados en la apelación no desvirtúan la responsabilidad administrativa determinada por la Autoridad de primera instancia, correspondiendo confirmar la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ORELIA GROUP SOUTH AMERICAN SECURITY - ORELIA GROUP SAS S.A.C

8 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de marzo de 2023, ORELIA GROUP SOUTH AMERICAN SECURITY - ORELIA GROUP SAS S.A.C., fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 231- 2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que la Autoridad ha incurrido en inaplicación del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, pues la documentación fue remitida una vez que se tomó conocimiento de las notificaciones. En consecuencia, no puede calificarse como negativa de entrega de información, ya que el administrado no fue alertado ni informado oportunamente por correo electrónico u otro medio alternativo respecto del depósito de los documentos en la casilla electrónica. ii. Asimismo, se indica que existen pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral que desarrollan los alcances del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, los cuales debieron ser expresamente considerados por la Autoridad. En tal sentido, la operatividad de las notificaciones electrónicas y la necesidad de garantizar el conocimiento efectivo por parte de los administrados. iii. Bajo esta línea, se alega que SUNAFIL debió comunicar de manera complementaria al usuario, cada vez que se le notificara un documento en la casilla electrónica, mediante el envío de un aviso a su correo electrónico registrado o a través de otro servicio de mensajería. La omisión de estas alertas adicionales habría limitado la posibilidad real de ejercer el derecho de defensa. iv. En esa misma dirección, se señala que no puede imputarse a la inspeccionada una negativa a cumplir con sus obligaciones contenidas en el artículo 15° del RLGIT, toda vez que no recibió las notificaciones de los documentos remitidos a la casilla electrónica a través del sistema de alertas del SINEL, lo que constituye un defecto atribuible a la Administración. v. Se afirma además que los hechos descritos configuran una vulneración al Principio de Buena Fe Procedimental, en tanto la actuación de la Autoridad no ponderó adecuadamente las circunstancias del caso ni motivó de manera suficiente la sanción impuesta, generando un perjuicio desproporcionado al administrado. vi. Finalmente, se precisa que, si bien podría configurarse responsabilidad en aquellos casos en que el administrado cuenta con acceso previo y pleno conocimiento de las notificaciones efectuadas mediante casilla electrónica, ello no corresponde en el presente caso, dado que no se verificó la efectiva comunicación mediante los mecanismos complementarios que SUNAFIL estaba en la obligación de garantizar.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

Sobre el uso de la casilla electrónica

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1°). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (primer párrafo del artículo 6°). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (segundo párrafo del artículo 6°). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8°). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9°). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11°)

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte

9 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de YouTube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s

en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”10.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

10 Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado: El caso de los decretos supremos no publicados. Themis: Revista de Derecho, (6), 18.

ni al debido procedimiento, ni tampoco causal de nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 10° del TUO de la LPAG.

Sobre los requerimientos de información

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”. Esta disposición reafirma el deber de colaboración activa por parte de los sujetos inspeccionados, como condición necesaria para el correcto desempeño de la función inspectiva.

• Obra en el expediente inspectivo, los documentos denominados “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fechas 03 de febrero de 202114 y 11 de febrero de 202115, ambos notificados en las mismas fechas a la casilla electrónica de la parte impugnante. Mediante dichos requerimientos, se otorgó el plazo máximo de cuatro (04) y tres (03) días hábiles respectivamente para la presentación de la siguiente documentación e información, bajo apercibimiento de imposición de sanción en caso de incumplimiento.

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 13 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica. 14 Obrante en fojas 5 del expediente inspectivo. 15 Obrante en fojas 9 del expediente inspectivo.

FIGURA N° 01 Requerimiento de información de fecha 03 de febrero de 2021

FIGURA N° 02 Requerimiento de información de fecha 11 de febrero de 2021

FIGURA N° 03 Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 03 de febrero de 202116

FIGURA N° 04 Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 11 de febrero de 202117

• Conforme se verifica en los numerales 4.4 al 4.9 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia de que la parte impugnante no cumplió con remitir la documentación e información solicitada, a pesar de haber sido notificada conforme a ley. Estas omisiones fueron corroboradas mediante las verificaciones realizadas en el Sistema Informático de Inspecciones del Trabajo (SIIT) los días 10 de febrero de 2021 y 17 de febrero de 2021, en relación con los requerimientos de información notificados el 03 de febrero de 2021 y 11 de febrero de 2021, respectivamente. Como consecuencia de dichos incumplimientos, resultó imposible verificar el cumplimiento de las materias objeto de inspección.

16 Obrante en fojas 7 del expediente inspectivo. 17 Obrante en fojas 11 del expediente inspectivo.

FIGURA N° 05 Acceso a la casilla electrónica

18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

FIGURA N° 06 Datos de contacto

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica). 14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR”. (Énfasis añadido).

La omisión de registrar oportunamente sus datos de contacto y de revisar periódicamente la casilla electrónica constituye un incumplimiento del deber de diligencia y de colaboración exigible a todo administrado.

19 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR

Para que una resolución adquiera dicha calidad, debe ser expresamente declarada como precedente vinculante y publicada en el diario oficial El Peruano, así como en el portal institucional de la SUNAFIL, lo que no ocurre en el presente caso.

Información Adicional

Artículo 22.- Precedentes de observancia obligatoria Los pronunciamientos de la Sala Plena que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia constituye precedentes de observancia obligatoria para las entidades del Sistema cuando así se precise expresamente, siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario. Cuando el Tribunal resuelva apartándose de un precedente anterior, modificándolo o revocándolo, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la resolución y las razones del apartamiento. Para dichos efectos se deberá contar con mayoría calificada. Artículo 23.- Publicación de resoluciones y de los precedentes de observancia obligatoria Sin perjuicio de su notificación al impugnante, el texto íntegro de las resoluciones y de los precedentes de observancia obligatoria que emita el Tribunal se publica obligatoriamente en el portal institucional de la SUNAFIL. Los precedentes de observancia obligatoria además se publican en el Diario Oficial El Peruano, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida. La publicación en el Diario Oficial El Peruano de los precedentes de observancia obligatoria se hace dentro de los quince (15) días hábiles de expedidos, bajo responsabilidad del Titular de la SUNAFIL.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No facilitar la información y/o documentación solicitada mediante requerimiento de información, notificado el 03 de febrero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No facilitar la información y/o documentación solicitada mediante requerimiento de información, notificado el 11 de febrero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ORELIA GROUP SOUTH AMERICAN SECURITY - ORELIA GROUP SAS S.A.C, en contra de la Resolución de Intendencia N° 231-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2082-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 231-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a ORELIA GROUP SOUTH AMERICAN SECURITY - ORELIA GROUP SAS S.A.C, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250910MABJ – HR: 239324-2020