Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C en Liquidación… — Res. 1043-2025

Antecedentes

1 Antes EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C, según consta en la Partida Electrónica N° 70592076 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Callao, la nueva denominación de la empresa es “EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C EN LIQUIDACION ENVICSAC”; por tanto, para fines didácticos se utilizará esta nueva denominación en la presente resolución. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materias: Gratificaciones; Pago de bonificaciones; y, Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); y, Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS).

graves a la labor inspectiva, por la negativa a cumplir con los requerimientos de información; en atención a las solicitudes de actuación inspectiva presentadas por los señores Richart Herrera e Yvan Álvarez, para que se investigue el otorgamiento de vacaciones del periodo 2021-2022 y periodo trunco, así como el pago de beneficios sociales, respectivamente.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, las mismas que fueron requeridas en fechas 23 y 30 de setiembre del 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. Refieren que la resolución indica que no representaron nueva prueba que releve de la infracción a la labor inspectiva, sin considerar su voluntad a presentar información, desestimando los documentos adjuntados. Asimismo, precisan que, a fines del 2022 no solo hubo un cambio de gestión y consecuentemente en los diferentes niveles de gestión, además, hubo una mudanza que acarreó múltiples dificultades para conseguir depurar y entregar información sobre los trabajadores.

3 Notificada al impugnante el 22 de mayo de 2023.

ii. Por otro lado, sostienen que, parte de la demora en la entrega de información se debe además a múltiples inspecciones que subsisten, ya que en la actualidad atienden diariamente más de 20 asuntos entre requerimientos de información; por lo que, les resulta muy difícil entregar información en los plazos requeridos. iii. Alegan que están enfrentando un ajuste financiero de consideración, por ello el pago de la multa impuesta afecta directamente el pago de obligaciones laborales. iv. Indican que, a pesar de haber informado de la delicada situación financiera al ejecutor coactivo de la SUNAFIL, una retención de cuentas por más de un millón de soles, originada en acciones de cobranza de SUNAFIL impidió la satisfacción de obligaciones laborales urgentes, frente a la situación económica que atraviesan actualmente la multa no resulta razonable, ello así ha sido expresado en las Resoluciones N° 067-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 561-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. v. Solicitan la realización de una audiencia especial para exponer información.

i. Que, el inspector dio cuenta de que, a consecuencia de la falta de remisión de información, no fue posible la verificación del cumplimiento de las materias objeto de inspección, lo mismo que los hace recaer en la insubsanabilidad de las conductas infractoras sancionadas, toda vez que, una vez imputados los cargos como muestra del inicio del procedimiento sancionador, así el recurrente presente la documentación requerida en fase inspectiva, con posterioridad a la emisión del acta de infracción, la información presentada no podrá ser valorada, toda vez que la omisión en el envío de la documentación ya causó efectos, imposibilitando la labor inspectiva sobre las conductas materia de inspección. ii. Por otro lado, el recurrente debe considerar que, se le ha sancionado por no haber cumplido con la remisión de la información requerida en las fechas previstas para el 23 y 30 de setiembre de 2022, independiente de los directivos que hubiesen estado a dicha fecha en calidad de representantes, además, de la documentación presentada el 08 de mayo de 2023, en la que el apelante interpone recurso de reconsideración a la notificación de la resolución de sanción, se verifica que los cambios de personal directivo al anterior de la empresa no se dieron durante las fechas de desarrollo de la etapa inspectiva, que comprende desde el 20 de setiembre de 2022 al 10 de octubre de 2022, por lo que, dichos medios probatorios, resultan insuficientes para ser considerados como justificante para los incumplimientos advertidos, ni mucho menos constituyen eximente de responsabilidad para rebatir la sanción impuesta.

4 Notificada a l impugnante el 10 de julio de 2023.

iii. Ahora bien, las razones de orden económico, denominadas como ajuste financiero, por las que atraviesa la empresa, no constituyen causal de eximente de responsabilidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444. Por otro lado, las resoluciones emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral, no constituyen precedentes de observancia obligatoria si textualmente no lo indican, ello acorde a lo establecido en el último párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR. iv. Sobre la solicitud de audiencia especial, precisar que, los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, por ello la norma ha indicado, “cuando corresponda”, sin que ello implique una denegatoria arbitraria, sino que se analice cuáles son los posibles efectos de la aplicación de la oralidad en el mismo, esto es si pueden agilizar el procedimiento o facilitar el entendimiento del caso debido a su complejidad. v. Por tanto, se puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya la vulneración de derechos del administrado, debido a que éste ha podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que le haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos; bajo ese escenario, ésta instancia considera que cuenta con elementos de juicio suficientes para poder resolver el presente recurso, por lo que, no considera pertinente llevar a cabo el informe oral solicitado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C EN LIQUIDACION ENVICSAC

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos:

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. Refieren que, en la Resolución N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO, se alega del principio de razonabilidad y evita pronunciarse sobre el monto de la multa y excesiva onerosidad, en las circunstancias actuales. Precisan que, como es de verse en los actuados, dada la situación financiera, la multa afectaría el pago mensual de varios trabajadores, lo cual se deriva en una confiscación de haberes. Al respecto, señalan que, sus estados financieros muestran la gravedad de la situación y el arrastre de pérdidas desde el 2021 (adjuntan estados financieros). ii. Invocan el numeral 47.3 del artículo 47 del RLGIT, referido a que la determinación de la sanción debe estar acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG. iii. Alegan que la resolución no se preocupa por el cumplimiento de la obligación laboral sino por el mero pago de una multa, que finalmente resulta lesiva al interés de los trabajadores. Asimismo, agregan que, están enfrentando un ajuste financiero de consideración, por ello, el pago de la multa impuesta afecta directamente el pago de las obligaciones laborales. iv. Sostienen que, SUNAFIL, a través del Banco de la Nación intervino las cuentas de la empresa, cuando se proponían a satisfacer obligaciones laborales pendientes, perjudicando significativamente el cumplimiento de las mismas. Asimismo, señalan que, los pagos de las obligaciones laborales se han visto afectados por continuas retenciones en las cuentas, algunas dispuestas por SUNAFIL; estás retenciones afectan a los trabajadores, sean operativos o administrativos. Agregan que, en la actualidad sus cuentas se encuentran bloqueadas impidiendo el cumplimiento de obligaciones laborales urgentes. Asimismo, alegan que, recientemente, los pagos de obligaciones laborales también quedaron interrumpidos por una retención de fondos dispuestas por SUNAT. v. Aducen que la resolución no toma en cuenta lo perjudicial de la multa; los procesos de cobranza coactiva para la ejecución de las multas de SUNAFIL están teniendo lugar a costa del pago de obligaciones laborales. Al respecto, precisan que, en abril del presente año, retenciones en las cuentas, a favor de la SUNAFIL, por más de un millón de soles impidió la satisfacción de obligaciones laborales urgentes. vi. Consideran que la multa incrementa y agudiza una situación delicada, resultando desproporcionada y confiscatoria, afectando la capacidad de la empresa de atender obligaciones laborales. Actualmente, las retenciones ordenadas por SUNAFIL, aunadas a otras retenciones impiden satisfacer obligaciones inmediatas, originando el bloqueo de las cuentas. vii. Invocan las Resoluciones N° 067-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 561-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral. viii. Por último, señalan que, la multa impuesta es excesiva y atenta contra el principio de razonabilidad por cuanto representa un monto mucho mayor a las remuneraciones de los trabajadores y afectan a su vez, la posibilidad de cumplir con obligaciones laborales urgentes. Y en las circunstancias actuales, la multa no estimula el cumplimiento de obligaciones laborales, por el contrario, las pone en riesgo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación de los requerimientos de información 6.1. Cabe precisar que el artículo 1 de la LGIT define a las actuaciones inspectivas como:

“(…) las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”.

“el procedimiento administrativo especial que se inicia siempre de oficio con la notificación del documento de imputación de cargos, que comprende los actos y diligencias conducentes a la determinación de la existencia o no de la responsabilidad administrativa en la comisión de infracciones en materia socio laboral y a la labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo advertidas mediante las actas de infracción derivadas de actuaciones de investigación o comprobatorias de la inspección del trabajo”.

Sobre la notificación por casilla electrónica 6.4. Al respecto, el numeral 20.1.2 del inciso 20.1 del artículo 20 del TUO de la LPAG11, reconoce como modalidades válidas de notificación a las realizadas a través del telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

11 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: (…) 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.” 12 TUO de la LPAG, “Artículo 20. Modalidades de notificación 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. (…) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

“Primera. - Emisión de normativa de desarrollo y cronograma para la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, emite el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica y la normativa de desarrollo necesaria para su funcionamiento.

Segunda. - Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional Mediante resolución de superintendencia, y en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, la Superintendencia

13 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 1. 14 Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Artículo 2.

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), da inicio a la implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional en atención al cronograma referido en la Primera Disposición Complementaria Final de esta norma.

La fecha de inicio establecida en el cronograma determina el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).”

“Artículo 1.- Objeto La presente resolución tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, que aprueba el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL).”

FIGURA N° 02:

Sobre los requerimientos de información

orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.15Asimismo, conforme al numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 del RLGIT, que precisa que, en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores de trabajo iniciaran las actuaciones de investigación, entre otras modalidades, mediante el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica (énfasis añadido).

15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando cree n obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 16 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva

perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 17 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 18 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia.19

i. El documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 23 de setiembre de 2022, notificado válidamente por casilla electrónica, conforme se ha señalado previamente; otorgando el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

FIGURA N° 03

ii. De igual manera, el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 30 de setiembre de 2022, notificado válidamente por casilla electrónica, conforme se ha señalado previamente; otorgando el plazo máximo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la misma información y/o documentación solicitada en el primer requerimiento de fecha 23 de setiembre de 2022. iii. Sin embargo, conforme se verifica de los numerales 4.5. y 4.10. de los hechos constatados en el acta de infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en dichos requerimientos. Verificándose que las actuaciones inspectivas no pudieron proseguir, emitiéndose el acta de infracción correspondiente.

19 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

actuación inspectiva, la impugnante se encontraba en la obligación legal de proporcionar a la Inspección del Trabajo los datos, antecedentes o información con relevancia en las actuaciones inspectivas en la oportunidad y en cumplimiento pleno de lo requerido.

b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

20 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

Labor Inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, las mismas que fueron requeridas en fechas 23 y 30 de setiembre del 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C EN LIQUIDACION ENVICSAC, en contra de la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 07 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 576-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C EN LIQUIDACION ENVICSAC, y a la Intendencia Regional del Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250813MCR - HR 131481-2022