Municipalidad Distrital de Olmos — Res. 439-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios Erwin FAU 20555195444 soft 19:47:43-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

literal a) del inciso 2) del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para la fecha 03 de mayo de 2019, conforme al numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para la fecha 30 de mayo de 2019, conforme al numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00

- La autoridad administrativa ha vulnerado el debido procedimiento incurriendo en motivación incongruente al no haber sido atendido en los descargos al Informe Final su petición de reducción de multa, luego de haber demostrado la cancelación total de pago de la compensación por el tiempo de servicios del trabajador Juan Manuel Mendoza Martini (mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 515-2019-MDO/GM, informe N° 0283-2019-MDO/JRH y el Oficio N° 43-2020-MDO/A), la misma que se realizó con anticipación a la notificación 4 de la Ley N° 43-2020-MDO/a), la misma que se realizó con anticipación a la notificación de la resolución de primera instancia, conforme con el numeral 7.2 del artículo 7 del D.S. N° 016-2017-TR establecen que las actuaciones inspectivas de investigación o comprobación tienen como finalidad lograr el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia socio laboral, y no debe limitarse a sancionar por las inasistencias del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia; en ese sentido la autoridad sancionadora no cumplió con la normativa antes descrita.

2 Notificada el 19 de julio de 2021.

- Ante la notificación de requerimiento de comparecencia, de parte del inspector, a fin que se hiciera efectivo la presentación de documentación especifica ante la oficina de la SUNAFIL, la cual se debía de presentar el 03 de mayo de 2019, asimismo dicha se citación también fue programa para el 30 de mayo de 2019, contando con notificaciones respectivas (12 de abril de 2019 y 15 de mayo de 2019 como obra en autos). La inconcurrencia generó 02 infracciones muy graves a la labor inspectiva, según lo tipificado en el numeral 46.10 del artículo del artículo 46° del RLGIT. en merito a ello corresponde indicar quien asume el liderazgo y las consecuencias del incumplimiento del deber de colaboración a la autoridad inspectiva dentro del centro de trabajo, recae en el empleador, pues el incumplimiento de esta obligación por el propio empleador, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sea o no trabajadores implicará la comisión de una infracción a la labor inspectiva, pasible de sanción para el empleador e infracción a la labor inspectiva, pasible de sanción para el empleador. - Se garantiza la valoración de lo actuado (medios probatorios) y se verifica que se ha venido respetando el debido procedimiento del apelante, tanto que en la etapa de actuación inspectiva como el procedimiento administrativo sancionador – fase instructora y sancionadora, al habérsele notificado debidamente con la imputación de cargos, a fin de que efectúe sus descargos dentro de los plazos legalmente establecidos, así como habiéndosele notificado debidamente todas las actuaciones correspondientes al presente caso, otorgándose la oportunidad conforme a su derecho, de presentar sus argumentos de defensa, así como de adjuntar los medios probatorios que considere necesario. En ese sentido la motivación constituye en garantía constitucional de la administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos debiendo sustentar las decisiones no solo en las normas aplicables al caso concreto, sino además exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. - Mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, se modifica el Cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informativo de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, siendo de aplicación a partir del día 31 de agosto de 2020 para las resoluciones de primera y segunda instancia que se expidan en el procedimiento administrativo sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Olmos

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de agosto del 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 120-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, argumentando lo siguiente:

- Cuando es de verse, de los considerandos de la Resolución cuestionada, se adopta una interpretación sesgada de los criterios aplicados para la procedencia de la SUBSANACION de las infracciones cometidas para ser beneficiados con la reducción de la multa impuesta en el procedimiento sancionador, poniendo en manifiesto una actitud radical negativa ante la posibilidad de poder subsanar las infracciones cometidas dándoles un carácter de inmutables una vez impuestas sin considerar eximentes ni atenuantes al respecto, criterio errado que obnubila la razón e impide apreciar la correcta interpretación del art. 49 RLGIT que en lo pertinente a la reducción de la multa. La misma debe ser interpretada en sentido lógico, jurídico y tomando en cuenta, además, la pretensión del trabajador - Con el pago de la CTS del Sr. JUAN MANUELMARINO MENDOZA, mediante deposito en cuenta, se logró concretar el objeto por el cual se inició la labor inspectiva y su etapa sancionadora. Por ende, corresponde la reducción de la multa por haber resultado subsanada. - La Municipalidad Regional de Olmos ha reconocido la comisiones de las infracciones conforme al artículo 257 inc. 2 del TUO de la LPAG, puesto que la Oficina de Recursos Humanos mediante Informe N° 0283-2019-MDO/JRHN reconoce no haber cumplido con depositar oportunamente el importe de la CTS del trabajador JUAN MANUEL MENDOZA MARTINO, y finalmente se diligencio el Oficio N° 43-2020-MDO/A del 06 de febrero de 2020, dando cuenta que se concretó e efectivo depósito de la CTS, por lo que se observa que la autoridad sancionadora no cumplió con la propia normativa especial, que rige su sector para disponer las actuaciones necesarias hasta agotar los medios de investigación disponibles en su obligación de cumplir cabalmente las actuaciones inspectivas destinadas a verificar las infracciones socio laborales en el centro de trabajo y en su caso verificar la subsanación de los infracciones cometidas revirtiéndolas toda irregularidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

SOBRE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.1. Se advierte que en el procedimiento sancionador ha operado la caducidad, pues desde el inicio del procedimiento sancionador, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 28 de noviembre de 2019 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 188-2019/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI8.

- El 03 de diciembre de 2020 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 499-2020- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, siendo notificada el 26 de febrero de 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte

8 Véase folio 50 del expediente sancionador. 9 Véase folio 116 del expediente sancionador.

necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.9. Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Proveído Nº 1213- 2019-SIAI/SUNAFIL-LAMBAYEQUE de fecha 03 de diciembre de 2019, se resuelve ampliar excepcionalmente, por treinta (30) días hábiles, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

la norma ha sido, precisamente y dada la interpretación constitucional, que se preserve la excepcionalidad de la medida, imponiendo determinadas cargas a la Administración a fin de evitar que pueda prorrogar con facilidad el plazo previsto sin mediar justificación adecuada ni un tipo jurídico específico.

Debe señalarse que, además de esto, la Resolución deberá ser emitida por el órgano competente y, sobre el particular, ni la LGIT, el RLGIT, el Reglamento del Tribunal ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente para emitir dicha prórroga. No obstante, el TUO de la LPAG sí establece algunas consideraciones que permiten a esta Sala identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- qué autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.

La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.

Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”(énfasis añadido).

De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que:

“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia”. (el énfasis es añadido).

Resultado Del Análisis Realizado

automática la caducidad del presente procedimiento, debiéndose proceder a su archivamiento.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULO el Proveído de Sub Intendencia N° 1213-2019- SIAI/SUNAFIL/LAMBAYEQUE, de fecha 03 de diciembre de 2019, emitida por la Sub Intendencia Actuación Inspectivas de la Intendencia de Regional de Lambayeque, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS recaído en el expediente sancionador N° 161-2019- SUNAFIL/IRE-LAM de la Intendencia de Regional de Lambayeque, disponiendo su archivamiento.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.6 de la presente resolución. CUARTO.- Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD REGIONAL DE OLMOS y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki

Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga