Industrias Electro Químicas S.A — Res. 161-2021

Mediante Orden de Inspección N° 3750-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 003-2021-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), del 25 de enero de 2021, mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones muy graves a la normativa de de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo en perjuicio del trabajador Mauricio Jiménez Ricardo Alfredo

Mediante Imputación de Cargos N° 041-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC, del 24 e febrero de 2021, notificada el 26 de febrero de 2021, la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal

De conformidad con lo señalado en el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, el órgano instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 132-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF, de fecha 10 de marzo de 2021, a través del cual concluyó que se determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora.

Recibidos los descargos, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 240-2021-SUNAFIL/IRE- CAL/SIRE, con fecha 29 de marzo de 2021, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, multó a la impugnante por la suma de S/ S/ 34,716.00 (Treinta y Cuatro Mil Setecientos Dieciséis con 00/100 soles) por haber incurrido, en:

Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 240-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, con fecha 29 de marzo de 2021, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 093-2021-SUNAFIL /IRE-CAL, de fecha 25 de mayo de 20212, la Intendencia Regional del Callao, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 240-2021-SUNAFIL/IRE- CAL/SIRE, por considerar que:

Mediante escrito del 16 de junio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 093-2021-SUNAFIL /IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 515-2021-SUNAFIL/ILM, recibido el 22 de junio de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007- 2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 093-2021-SUNAFIL /IRE- CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, en la cual se confirmó la Resolución de Sub Intendencia N° 240-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE que impone sanción de S/ 37,716.00 por la comisión de (3) infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el artículo 28.10 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 27 de mayo de 2021, fecha en que fue notificada la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS S.A.

Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 093-2021-SUNAFIL /IRE-CAL que confirma la resolución apelada (Resolución de Sub Intendencia N° 240-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE), solicitando su nulidad, por los siguientes fundamentos:

Tal como se acredita en el Acta de Infracción, en el numeral 4.15 de los Hechos Constatados, sobre las circunstancias del accidente, el inspector actuante llegó a determinar lo siguiente:

Para la empresa, los hechos verificados por el inspector actuante resultan suficientes para determinar que cumplió con la identificación del riesgo que motivó el accidente en el presente caso. Dicha previsión fue desarrollada en el acta de infracción:

Sin embargo, este Tribunal concuerda con lo señalado por el mismo inspector actuante, en el sentido que de la documentación aportada por la recurrente, se observa que la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles, si bien se ha identificado la tarea de desmolde y el peligro Superficies, material a elevadas temperaturas, sin embargo, no se ha identificado el riesgo de salpicadura o proyección de material a elevada temperatura (TI), ni el uso de herramienta (martillo) para el desmoldado de lingotes de Master de Titanio. Por tanto, en la misma no se ha evaluado el riesgo indicado para aplicar la Medida de Control correspondiente, según el orden de prioridad. De ello, se puede concluir válidamente que la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos no se encuentra conforme a ley. De esta manera, el empleador no garantizó la seguridad y salud en el trabajo de Mauricio Jiménez Ricardo Alfredo, quien el día del accidente se encontraba sacando el lingote de metal cuando le salpico el líquido caliente (TI) en el rostro. De igual forma, se puede concluir que no se observó que el empleador haya realizado una evaluación del riesgo adecuada, considerando el puesto de trabajo según las condiciones de trabajo existentes en el puesto de Operador de fundición de productos especiales.

Respecto a las alegaciones efectuadas por la empresa, se debe considerar que, tomando en cuenta que en el presente caso la ocurrencia del accidente no se encuentra en cuestionamiento, ni tampoco los efectos dañosos que, para la salud del trabajador, tuvo su acaecimiento, la evaluación efectuada por el inspector y confirmada por las instancias anteriores, resultan

Al respecto, se tiene que considerar, que por la actividad económica “Fundición de metales no ferrosos”, que desarrolla la misma empresa, la posibilidad que el material no solidificado y a altas temperaturas salpique y cause quemaduras en la piel de algún trabajador, resulta evidente y no se constituye en un imprevisible en la labor de desmoldado de lingotes de Master de Titanio, que no pudiera ser prevista y que requiriera una atención previsible respecto de la actividad en cuyo desarrollo sucedió el accidente. Por ello, incluso del análisis de las medidas de control como letreros y señalética en el área de trabajo resultaban insuficientes y no eran óptimas para garantizar que se produzca el accidente por la manipulación de material que no se encuentra durante el proceso en estado sólido, a fin evitar el daño a la salud del trabajador. Por ello, la manipulación en el desarrollo de la tarea, conforme se ha detallado en las circunstancias del accidente, constituye una causa eficiente del accidente, sobre todo si se pondera que la misma no se encontraba prevista de manera suficiente en los instrumentos de gestión y, por tanto, no era un riesgo cognoscible al trabajador, de tal forma que la persona accidentada no tenía herramientas conceptuales o pragmáticas para calcular los peligros inherentes a la actividad. Por tanto, se puede determinar fehacientemente el nexo causal entre la infracción detectada y la ocurrencia del accidente, debiendo confirmar la misma en todos sus extremos.

Sobre dicha materia, el inspector actuante ha indicado, en el punto 4.11 de los Hechos Verificados, que en el “Registro de Inducción de Personal para el pesto de trabajo, Registro de Capacitación, Entrenamiento”, la formación e información brindada no se desarrollan en función de los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador en el puesto de trabajo o funciones que desempeña, es decir, una “Capacitación de Peligros y Riesgos de la Actividad Desmoldar Lingotes de Master de Titanio y del uso del Titanio”.

En la resolución venida en grado, la intendencia regional ha efectuado un análisis de las capacitaciones en función a la documentación presentada, la misma que el sujeto inspeccionado ha reiterado en su escrito de revisión. De dicho análisis se determina lo siguiente:

De dicha evaluación, este Tribunal concuerda con lo expresado por los inspectores y confirmado en las anteriores instancias, respecto a que el empleador no acreditó haber otorgado Formación, Capacitación de Seguridad y Salud respecto de los Peligros y Riesgos de sus actividades conforme a ley, antes de la ocurrencia del accidente de trabajo. Al no encontrarse las capacitaciones exhibidas en relación con los riesgos a los que se encontraba expuesto el trabajador, sobre peligros y riesgos de la actividad realzada — desmoldar lingotes de master de titanio y el uso de titanio— no puede sio concluirse que no se garantizó la seguridad y salud del trabajador al realizar sus labores en el centro de trabajo, lo que contribuyó en la ocurrencia del mismo.

Para este punto, conforme al razonamiento seguido en el caso de la infracción relacionada a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, por la actividad económica de la empresa, “Fundición de metales no ferrosos”, resulta consecuente que el estándar de capacitación requerida, sobre todo tratándose de las labores del personal afectado, deba ser el necesario que cubra y evita la puesta en peligro del mismo. Por ello, también resulta atendible que las instancias precedentes hayan desestimado que dicha capacitación se pueda alcanzar a través de una la inducción general referida por la inspeccionada. En el Glosario de Términos del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR la “inducción general” se encuentra definida como: “Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto”. Por otro lado, respecto a la definición de “capacitación” descrita en ese mismo glosario, la define como: “Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud”.

Por tanto, se puede concluir que ambas no son excluyentes, y debieron impartirse al trabajador afectado para el puesto de trabajo a desarrollar (desmoldar lingotes de master de titanio y el uso de titanio), sus peligros y riesgos existentes. Por lo tanto, queda acreditado que al trabajador no se le brindo capacitación en seguridad y salud en el trabajo de manera oportuna, constituyéndose en causa del accidente y confirmando con ella la responsabilidad, debiendo confirmarse en todos sus extremos.

El artículo 74° del RLSST, precisa que los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: a) Objetivos y alcances. b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera. d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. f) Preparación y respuesta a emergencias.

Sin embargo, como lo ha indicado el inspector actuante en el punto 4.12 de los Hechos Verificados, si bien el sujeto inspeccionado exhibe un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo con fecha de validación 17/06/2016 por el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y cargo de entrega al trabajador 08/03/2017, vigente a la fecha del accidente del Sr. Mauricio Jiménez Ricardo Alfredo, el mismo no se encuentra conforme a Ley al no contener los estándares de seguridad y salud en las operaciones de “Desmoldado de lingotes de Titanio en el Proceso Fundición de Productos Especiales (Horno Morgan 3 colada de Master de Titanio)”, actividad que realizaba el trabajador afectado el día del accidente, por lo que el empleador no garantizó la seguridad y salud del trabajador Sr. Mauricio Jiménez Ricardo Alfredo cuando realizaba la labor de Desmoldado de lingotes de Titanio lo que afectó su salud.

Sobre la existencia alegada por el sujeto inspeccionado, del instructivo PE-IT-023 documento donde se desarrollan los estándares para la fundición de lingotes de titanio, como parte integrante del RISST, este Tribunal considera correcto que se sancione al recurrente en función a que no acreditó su entrega al trabajador afectado en fecha oportuna, considerando la materia de la que versaba y su injerencia en la protección de la salud del trabajador y el evitar el accidente cuya incidencia dio inicio al presente procedimiento. De la revisión efectuada al expediente inspectivo, no se aprecia que la inspeccionada haya puesto a disposición del trabajador dicha información perteneciente al RISS, aun cuando existen mecanismos no solamente físicos sino también digitales a través del cual el sancionado pueda dar cumplimiento a dicha obligación. Por ello, coincidimos con la resolución venida en grado, en tanto no resulta, dada su relevancia, un exceso que se acredite la entrega al trabajador de dicho documento integrante del RISST, no solo por la ocurrencia del accidente del cual es causa, sino porque ya en esta etapa sancionadora, corresponde al administrado aportar las pruebas suficientes que permitan rebatir la presunción de veracidad de los hechos constatados y expuestos en el acta de infracción. Por tanto, corresponde confirmar la sanción impuesta y desestimar los argumentos de la recurrente en este extremo.

En ese sentido, en el presente caso, la investigación efectuada por la inspección del trabajo ha acreditado la culpabilidad de la impugnante. Conforme con la perspectiva teórica mencionada en el párrafo precedente, la responsabilidad subjetiva de la persona jurídica implica determinar las acciones exigibles y las respuestas desplegadas en cumplimiento del deber de prevención. Así, ha quedado establecido que la impugnante no tomó las medidas necesarias para que el trabajador, lleve a delante un correcto desarrollo de sus actividades, no solo por acreditarse toda vez que se verificó la comisión de las conductas omisivas que resultaron en causas del accidente. De esta manera, se incumplió el deber de prevención, considerando los riesgos que implica la labor realizada, por lo que la impugnante incurrió en las infracciones administrativas tipificada con el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Por las consideraciones antedichas, y no estableciéndose vulneración alguna a los principios del procedimiento sancionador, no cabe acoger el recurso de revisión.