Grupo Lives S.A — Res. 131-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Verificación de hechos (Sub materia: Verificación del despido arbitrario). 15:49:08-0500 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitado con fecha 08 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. Que, mediante Orden de Inspección Nº 993-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, se dispuso el inicio de las actuaciones inspectivas, y se requirió que en el plazo de 2 días hábiles se adjunte la información laboral, lo que se notificó a través del sistema electrónico de la SUNAFIL, según refieren, con el depósito en la casilla electrónica en fecha 08 de abril de 2021; sin embargo, se deja mención que se tomó conocimiento de estos documentos y requerimientos el día miércoles 04 de agosto de 2021, al recibir la alerta de notificación, vía correo electrónico, de la existencia de notificaciones en casilla electrónica; siendo que, antes a ello, no se había alertado de ninguna notificación o depósito electrónico referente a los hechos materia de imputación.

ii. En tal sentido, señalan que les fue imposible el cumplimiento de los requerimientos en los plazos concedidos; sin embargo, una vez informados de los pedidos, se procedió a presentar la información requerida; por lo tanto, no se puede calificar el accionar como una negativa a facilitar la información a los inspectores.

iii. Por otra parte, conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, es importante diferenciar entre la validez de la notificación electrónica y los presupuestos que deben cumplirse para realizar notificaciones electrónicas. En ese sentido, si bien es indiscutible que la notificación sea válida con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, también es legalmente indiscutible que constituye un presupuesto para su uso la asignación debida de la casilla electrónica y su consentimiento conforme lo expresado en el numeral 20.4 del artículo 20 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv. Adicionalmente, la administración infringe la ley cuando utiliza de modo indebido el procedimiento de las notificaciones electrónicas utilizadas por SUNAFIL, ya que no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 6 del D.S. Nº 003-2020-TR, respecto a las notificaciones de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. En ese sentido, devienen en nulas las actuaciones realizadas por los inspectores, a causa de no haber alertado de la existencia de los requerimientos de información al administrado, debiendo por ello calificar debidamente la impugnación, declarando la nulidad de las infracciones impugnadas.

i. Según lo consignado en los numerales 4.5 a 4.6 de la parte de "Hechos Constatados" del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia que, en fecha de 08 de abril de 2021, se notificó a la inspeccionada, el requerimiento de información pertinente mediante uso de la Casilla Electrónica, el mismo que contaba con fecha máxima de respuesta el día 12 de abril de 2021 y que, además, tenía la finalidad que cumpla con exhibir la documentación solicitada; sin embargo, de la revisión del sistema, el comisionado advierte que la inspeccionada incumplió con remitir la información solicitada en el plazo establecido a pesar de encontrarse válidamente notificada; por lo cual, se obstruyó su labor para verificar el cumplimiento de la normativa laboral objeto de inspección.

ii. En ese sentido, el personal comisionado determinó la configuración de una infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, tipificada y calificada como infracción muy grave a la labor inspectiva, la conducta del sujeto inspeccionado referida a la negativa de brindar información y documentación necesarias para el desarrollo de la función inspectiva.

iii. Respecto a las notificaciones de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, la Intendencia Regional, expone ciertas consideraciones respecto a la norma legal que regula las notificaciones efectuadas en el presente caso. Es así que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, publicado el 14 de enero de 2020 se aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL; asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, se aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informativo de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, la cual estableció la notificación por casilla electrónica, entre otros documentos, del requerimiento de información, desde el 01 de junio de 2020; no

2 Notificada a la impugnante el 04 de abril de 2022, véase folio 60 del expediente sancionador.

obstante, dicho cronograma fue modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 164 -2021-SUNAFIL, que modificó la fecha de inicio, de la notificación por casilla electrónica, -entre otros documentos, del requerimiento de información, al 31 de diciembre de 2020; fecha que indefectiblemente, se inició con la notificación de los requerimientos de información, por casilla electrónica.

iv. Se señala que, la alerta consignada en el artículo 6, del D.S. Nº 003-2020-TR, implica una carga a la Administración Pública pero no se observa fundamentos que permitan determinar que se trate de una condición de validez para las notificaciones practicadas vía casilla electrónica, más aún cuando es la misma norma quien señala la obligación del administrado de revisar periódicamente la casilla electrónica a fin de obtener el correcto conocimientos de los documentos notificados y cumplir con su deber al ejercicio de la labor inspectiva.

v. En el presente caso, a la fecha de la realización de las actuaciones materia de autos, iniciada con la Orden de Inspección N° 993-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, la normativa referente a la implementación de la Casilla Electrónica de SUNAFIL ya se encontraba en plena vigencia; por tanto, en base a ello y a las consideraciones antes señaladas, se determina que el personal comisionado ha efectuado las notificaciones de requerimiento de información válidamente, tal y como se acredita con las Notificaciones Electrónica obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas, quedando en la obligación del administrado, de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada con la finalidad de evitar posibles eventualidades e infracciones al ejercicio de la labor inspectiva.

vi. En cuanto a la multa impuesta, al haberse verificado la constatación de las faltas administrativas por parte del sujeto inspeccionado en el mes de abril de 2021, corresponde como bien se determinó en primera instancia, aplicar la tabla establecida por Decreto Supremo N° 008-2020-TR.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL GRUPO LIVES S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

confirmó la sanción impuesta de S/ 11,572.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 05 de abril de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 074-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que tomaron conocimiento de los documentos y requerimientos emitidos por SUNAFIL, el día miércoles 04 de agosto de 2021, al recibir la alerta de notificación, vía correo electrónico, siendo que, antes de ello, no se les ha alertado de ninguna notificación o depósito electrónico referente a los hechos materia de imputación. A pesar de esto, la Administración ha resuelto sancionarlos con la emisión de la Resolución de Subintendencia Nº 736-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 08 de noviembre de 2021, la que viene siendo confirmada hasta la actualidad, sin aplicar adecuadamente las normas sociolaborales.

ii. Alega el uso inadecuado que está realizando la SUNAFIL, respecto de la asignación de la casilla electrónica, de ahí que en la actualidad son muchas personas las que afrontan sanciones pecuniarias millonarias, a causa de estos procedimientos indebidos, que no garantizan el derecho de defensa de los administrados, pues se basan en presunciones de notificación, para aplicar sanciones, cuando nunca se enteraron de sus actuaciones; lo que, afirma, a todas luces denota la nulidad de los actos; los mismos que deben ser revisados.

iii. Respecto de la asignación de la casilla electrónica al recurrente, señala que la Administración incumple con lo dispuesto por el D.S. 003-2020-TR, entre otras, cuando utiliza de modo indebido el procedimiento de las notificaciones electrónicas utilizadas por SUNAFIL, ya que no han cumplido con lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto, que en su segundo párrafo establece: “La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería.”

iv. En ese sentido, considera que la emisión o comunicación de alertas, es una obligación imperativa para SUNAFIL, ya que ello determina el cumplimiento del principio del debido procedimiento administrativo, que comprende a su vez, el derecho a ser notificado, cuya finalidad es poner en conocimiento de los administrados, el contenido de las resoluciones o requerimientos, y no presumir su conocimiento para que surtan eficacia, tornándose ello en garantía del debido procedimiento; con mayor razón si la implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, es de fecha reciente, y muchos administrados desconocen su funcionamiento. Asimismo, precisa que devienen igualmente en nulas las actuaciones realizadas por los inspectores, a causa de no haber alertado de la existencia de los requerimientos de información, al administrado; debiendo por ello calificar debidamente su impugnación, declarando la nulidad de las impugnadas.

v. Reitera que es improcedente, pretender sancionar multa, por las alegadas infracciones, cuando en la realidad ha ocurrido, que la empresa desconocía los requerimientos realizados, ya que SUNAFIL sólo envió alertas el día miércoles 04 de agosto de 2021, a través del correo electrónico de la contabilidad de la empresa, con lo cual recién tomaron conocimiento de sus actuaciones; por lo que de ninguna manera han faltado a sus requerimientos, a razón que, al no tener conocimiento de los hechos, no se puede afirmar que han sido reacios a sus disposiciones; es decir, afirman que no ha existido intencionalidad o culpabilidad de su parte, presupuesto que es indispensable para la aplicación de la potestad sancionadora de la Entidad, conforme lo dispone el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

vi. Finalmente, precisan que no se ha configurado el supuesto referido a la negativa que contempla el RLGIT en el numeral 46.3 de su artículo 46; por cuanto, la labor inspectiva no se frustró con la no presentación de documentos exigidos con los requerimientos de información, como consecuencia de una negativa por acción u omisión de la impugnante; conforme se aprecia de los actuados en el procedimiento administrativo, debido a que la inspeccionada no pudo conocer de los mismos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 11 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

12 Cfr. GUASTINI, R. (1999). "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, (29), 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435. 13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.15. 14 Citada por el fundamento jurídico 9 de la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC. 15 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3.

ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna”16.

16 Ibíd. fundamento jurídico 4. 17 Loc. Cit. 18 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 19 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 20 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

periódicamente la casilla electrónica (artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR), se encuentra estrictamente ligado a la recepción de las alertas que el Sistema Informático de la SUNAFIL va a emitir.

Figura 01:

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

21 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento.-Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 22 Cfr. artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 23 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el GRUPO LIVES S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Subintendencia N° 736-2021- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 8 de noviembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 366-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 736-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución al GRUPO LIVES S.A., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.31 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución N° 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022), y en el voto dirimente en la Resolución N° 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20230208RAN