Congelados y Frescos S.A.C — Res. 126-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Participación en las Utilidades (Sub materia: Pago y, Hoja de liquidación y sus formalidades). 15:55:08-0500 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante “Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica” –con fecha de notificación el 02 de agosto de 2021– en el plazo establecido en dicho requerimiento, pese a estar debidamente notificado a través de la casilla electrónica, habiendo tenido como último día para que proporcione dicha documentación, el 06 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante “Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica” –con fecha de notificación el 09 de agosto de 2021– en el plazo establecido en dicho requerimiento, pese a estar debidamente notificado a través de la casilla electrónica, habiendo tenido como último día para que proporcione dicha documentación, el 13 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Debido a una falta de sincronización entre los correos electrónicos corporativos de alerta y la casilla electrónica, no fue posible advertir, de manera oportuna, que la Intendencia Regional de la SUNAFIL de Tumbes había notificado en dos oportunidades un mismo requerimiento de información, hecho que de ninguna manera debe ser valorado en relación a una presunta conducta obstruccionista, toda vez que, con ocasión a la notificación del informe final de instrucción, se apersonaron al procedimiento administrativo, presentando en dicha oportunidad la información solicitada en ambos requerimientos de información. ii. Cabe advertir que conforme lo indica el acta de infracción, las actuaciones inspectivas se iniciaron el 02 de agosto de 2021, teniendo un plazo de 30 días hábiles para su culminación, debiendo finalizar el 13 de septiembre de 2021. Sin embargo, el inspector sin motivación alguna, no respetó este plazo y optó por finalizar el proceso

inspectivo el 24 de agosto de 2021, conforme lo establece el artículo 13.3 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR; no es posible evidenciar que el comportamiento de la empresa configure una negativa de facilitar al inspector la información o documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, contraviniendo con el principio del debido proceso. En el presente caso, el inspector podía seguir desplegando sus funciones ya que disponía de tiempo, más que suficiente, para desarrollar otras actuaciones inspectivas. iii. Además, el inspector no expone las razones suficientes al momento de sancionar la presunta conducta infractora, de por qué la presunta infracción es sancionada con el artículo 46.3 del RLGIT, pudiendo aplicar la infracción regulada en el artículo 45.2 del RLGIT, concordado con lo resuelto en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la cual señala que configuran infracciones graves, las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas. Ello en virtud que el inspector, durante el procedimiento de fiscalización, no realizó otras actuaciones inspectivas para determinar la verdadera naturaleza del comportamiento omisivo. iv. En relación a lo resuelto por la Sala Plena en la resolución antes mencionada, al referirse a la formulación de actas de infracción y su calificación posterior, la empresa al momento de formular descargos contra el informe final de instrucción, mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2021 presentó información solicitada en los requerimientos de fecha 02 y 09 de agosto de 2021, solicitando se tenga en cuenta dicha conducta a efectos de una graduación en la multa propuesta; sin embargo, la información aportada no ha sido tomada en cuenta por la Sub Intendencia de Resolución, al momento de la emisión de la resolución; por cuanto, en aplicación del artículo 46.3 del RLGIT, se concluyó de manera equivocada, que la empresa se negó a facilitar la información al inspector a cargo, sin tomar en cuenta el plazo para la finalización de las actuaciones inspectivas. Todo ello demuestra un defecto en la tipificación de la conducta infractora y un defecto en la motivación de dicha infracción. v. Asimismo, advierten que, la presente resolución de observancia obligatoria no señala en qué momento es que se tiene por perturbada/retrasada o frustrada la actuación inspectiva; sin embargo, señala el supuesto de hecho: al momento de emitir actas de infracción y a la calificación posterior de la actuación administrativa. En ese sentido, la Sub Intendencia de resolución, al momento de la emisión de la resolución de Sub Intendencia, no observó estos vicios de nulidad al momento de sancionar la presunta conducta infractora, lo que, a su vez, genera una falta de motivación y la consecuente nulidad de todo lo actuado, desde el origen del acta de infracción. Reiteran que, lo antes señalado, refleja un evidente vicio en la tipicidad de la presunta conducta

infractora, y ello a su vez, un vicio por motivación, lo que convierte en nula el Acta de Infracción, la Imputación de Cargos, el Informe Final de Instrucción y la Resolución de Sub Intendencia, objeto de la presente apelación. vi. En ese sentido, y habiéndose advertido una indebida tipificación de la conducta infractora, solicitan se tenga en cuenta, la información presentada en el escrito de fecha 15 de noviembre de 2021 y se desestime la sanción de multa por no corresponder al supuesto de hecho regulado en el RLGIT. vii. Solicitan la nulidad del Acta de Infracción y la Imputación de Cargos por falta de motivación. Se advierte un error en la tipificación de las presuntas infracciones toda vez que la Intendencia Regional, al emitir el acta de infracción imputó la conducta regulada en el 46.3 del RLGIT, pudiendo sancionarla como grave en función al 45.2 de la presente norma, desconociendo el fundamento 16 del precedente de observancia obligatoria. viii. En ese sentido, la autoridad de trabajo ha vulnerado los principios de tipicidad, debido procedimiento, proporcionalidad y razonabilidad. Esta grave y evidente afectación trae como consecuencia que el Acta de Infracción y el documento de Imputación de Cargos sean nulos de pleno derecho por nacer dentro de un procedimiento sancionador donde se violentó desde el inicio el deber de tipicidad y motivación. ix. El Acta de Infracción y la Imputación de Cargos son nulos por contravenir la Constitución. En relación a las causales de nulidad del Acta de Infracción, resultan aplicables al presente caso, las disposiciones contenidas en el capítulo II del Título I y Capítulo I del Título III de la LPAG. En este caso, es válidamente aplicable el pedido de nulidad amparado en la contravención a la Constitución, toda vez que, la propia autoridad de trabajo, al momento de la emisión del Acta de Infracción violó el principio constitucional de tipicidad al calificar de forma errada las presuntas conductas infractoras, hecho que sólo genera la nulidad de todas las actuaciones administrativas con posterioridad a su emisión, sino que, además advierte un defecto en la motivación, al sustentar la conducta infractora y la sanción propuesta en una inadecuada calificación de los hechos, siendo válidamente aplicable a su pretensión el artículo 10.2 de la LPAG. x. Debe considerarse que la esencia de la SUNAFIL, es la de velar por la vigilancia y correcto cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, más no tiene una finalidad recaudadora.

i. La resolución apelada, en atención a lo propuesto en el Informe Final de Instrucción, y del análisis íntegro del expediente de investigación y expediente sancionador, determinó que el impugnante había incurrido en dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva. Consistentes en no haber cumplido con proporcionar la información requerida por el inspector comisionado teniendo como fecha de notificación el 02 y 09 de agosto de 2021, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

2 Notificada a la impugnante el 21 de marzo de 2022, véase folio 213 del expediente sancionador.

ii. Resulta pertinente señalar que las actuaciones inspectivas son las diligencias que la inspección del trabajo sigue de oficio, previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, conforme a la definición establecida en el artículo 1 de la LGIT. iii. Respecto a la falta de sincronización entre los correos electrónicos corporativos de alerta del recurrente y la casilla electrónica, debemos indicar que, ese aspecto es responsabilidad directa del recurrente y ajeno a la administración pública. iv. Contrario a lo alegado por el recurrente, el plazo máximo para las actuaciones inspectivas no debe superar los 30 días hábiles. En el caso en concreto, el recurrente remite la información con carta de fecha 15 de noviembre de 2021, plazo en exceso, en el que se cerró la fase instructora. v. En cuanto a que, el inspector no expone las razones suficientes por las que sanciona por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; al respecto, es preciso indicar que, de la revisión del Acta de Infracción de fecha 24 de agosto de 2021, se verifica que esta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54 de la LGIT, así como el punto 7.1.2.2. de la Directiva que regula el procedimiento administrativo sancionador del sistema de inspección del trabajo; en consecuencia, lo alegado por el recurrente sobre las razones para proponer una infracción bajo el amparo del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, en el Acta de Infracción, queda desvirtuado, puesto que además de cumplir con la norma antes mencionada, también el inspector comisionado ha fundamentado la infracción en los puntos 4.1 al 5.2.4 del Acta de Infracción. vi. Ahora, respecto a que el inspector comisionado no realizó otras actuaciones inspectivas para determinar la verdadera naturaleza, debemos indicar que, el inspector puede practicar otras actuaciones cuando así lo considere pertinente, conforme lo establece el artículo 11 de la LGIT. Sin embargo, en el caso bajo análisis, el recurrente no habría proporcionado información alguna con la que el inspector comisionado pueda continuar con la labor inspectiva, por lo que, no ameritaba alguna otra actuación por parte del inspector de trabajo. vii. Sobre la aplicación de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, debemos precisar que, ese precedente efectúa una diferenciación entre la demora y la frustración de la labor inspectiva. La demora se da cuando, el sujeto inspeccionado dentro de la fase instructiva remite la documentación solicitada. La frustración en cambio, cuando el sujeto inspeccionado, agotada la fase instructora no remite la documentación o información solicitada o la remite en la fase sancionadora, frustrando la labor inspectiva.

viii. Sin embargo, el caso bajo estudio, se trata de la frustración a la labor inspectiva, puesto que, el recurrente remitió la información cuando ya se encontraba en la fase sancionadora, y como se aprecia de la mencionada resolución, la demora en la entrega de la información debe ser siempre dentro del expediente inspectivo, y no cuando éste ya se haya vencido; por tanto, corresponde lo establecido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONGELADOS Y FRESCOS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 012-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, señalando los siguientes alegatos:

i. Debido a una falta de sincronización entre los correos electrónicos corporativos de alerta y la casilla electrónica (es decir, la notificación de ambos requerimientos no fue alertado en los correos corporativos), no les fue posible advertir, de manera oportuna, que se había notificado en dos oportunidades un mismo requerimiento de información, hecho que de ninguna manera debe ser valorado en relación a una presunta conducta obstruccionista, toda vez que, con ocasión a la notificación del Informe Final de Instrucción, se apersonaron al procedimiento administrativo, presentando en dicha oportunidad la información solicitada en ambos requerimientos

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

de información, solicitando, asimismo, la valoración de la conducta al momento de resolver la posible sanción. ii. Esto quiere decir que, de haberse generado la alerta de la Casilla Electrónica en los correos corporativos, la información solicitada hubiera sido presentada. Lo que demuestra que, en la primera oportunidad que tuvieron (al momento de formular descargos contra el Informe Final de Instrucción), presentaron dicha información. No obstante, ello, en la resolución objeto del presente recurso, la Intendencia Regional, sin mayor fundamento señala que, ese aspecto es responsabilidad directa del recurrente y ajeno a la administración pública. iii. La Intendencia Regional al señalar que la información solicitada fue presentada en etapa sancionadora, reconoce que sí presentaron la información solicitada en los requerimientos de información del 02 y 09 de agosto de 2021; sin embargo, califica este hecho como un comportamiento obstruccionista, no analizando el contexto expuesto y el comportamiento adoptado al momento de formular descargos a la Imputación de Cargos, habiendo demostrado que la información sí existe, y que pudo haber sido presentada de manera oportuna, si, el sistema de Casilla Electrónica hubiera generado la alerta correspondiente en los correos corporativos. iv. No obstante, lo señalado por la Intendencia Regional; la Directiva N° 190-2021- SUNAFIL, señala que, vencido el plazo para la presentación de descargos contra el Informe Final de Instrucción, la Autoridad Sancionadora pudo haber ejecutado actuaciones complementarias que resulten indispensables para la resolución del procedimiento sancionador, tal como lo estipulan los literales d) y e) del numeral 7.1.3.4. de dicha directiva; sin embargo, pese a que en los descargos contra el Informe Final de Instrucción se aportó la información inicialmente requerida, y siendo ello relevante para la adecuada resolución del procedimiento, tal conducta no fue evaluada mediante una actuación complementaria que hubiera variado el sentido de la decisión. v. De igual manera, conforme lo indica el Acta de Infracción, las actuaciones inspectivas se iniciaron el 02 de agosto de 2021, teniendo un plazo de 30 días hábiles para su culminación, debiendo finalizar el 13 de septiembre de 2021. Sin embargo, el inspector sin motivación alguna, no respetó este plazo y optó por finalizar el proceso inspectivo el 24 de agosto de 2021, mediante la emisión del acta de infracción. vi. Objetivamente, esta decisión contraviene lo dispuesto por el artículo 13.3 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR. En ese sentido, el inspector tenía hasta el 14 de septiembre de 2021 para llevar a cabo todas las actuaciones inspectivas que creyera adecuadas para cumplir con sus funciones de fiscalización. No obstante, de manera muy apresurada y desproporcional, emite el Acta de Infracción con fecha 24 de agosto de 2021 (es decir, apenas a los 17 días de iniciado el procedimiento de actuaciones inspectivas). Tal como se observa, el inspector aún disponía de trece días hábiles para

continuar desarrollando sus funciones de fiscalización a través de otras actuaciones inspectivas, como una visita al centro de labores, a efectos de constatar los motivos de la no atención de los dos primeros requerimientos de información, lo que no ha sucedido, atentando contra el principio del debido proceso. vii. La Intendencia Regional ha señalado que la decisión de respetar el plazo de actuaciones inspectivas se encuentra regulado en el numeral 7.1.2.2. de la Directiva N° 190-2021-SUNAFIL. Sin embargo, dicha directiva regula el procedimiento sancionador antes que el procedimiento inspectivo. Asimismo, sin mayor alcance y sustento legal, justifica la decisión apresurada del inspector a cargo para la finalización de las actuaciones inspectivas antes del vencimiento del plazo otorgado, en el hecho de que se remitió la información a destiempo, mediante la carta de fecha 15 de noviembre de 2021, cuando en dicha fecha se formularon los descargos en contra del Informe Final de Instrucción y junto con ello se presentó información solicitada de manera inicial. viii. Por otro lado, la Intendencia Regional no expone las razones suficientes al momento de sancionar la presunta conducta infractora, de por qué la presunta infracción es sancionada con el artículo 46.3 del RLGIT; pudiendo aplicar, en el supuesto de una posible infracción, la infracción regulada en el artículo 45.2 del RLGIT, concordado con lo resuelto en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el cual señala que configuran infracciones graves, las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificadas como infracciones muy graves. ix. En relación a lo resuelto por la Sala Plena en la resolución antes mencionada, al referirse a la formulación de Actas de Infracción y su calificación posterior, refiere que, al momento de formular descargos contra el Informe Final de Instrucción, presentó la información solicitada en los requerimientos de fecha 02 y 09 de agosto de 2021, solicitando se tenga en cuenta dicha conducta a efectos de una graduación en la multa propuesta; sin embargo, la información aportada no ha sido tomada en cuenta por la Sub Intendencia de Resolución, al momento de la emisión de la presente resolución, por cuanto, en aplicación del artículo 46.3 del RLGIT, se concluyó, de manera equivocada, que mi representada se negó a facilitar la información al inspector a cargo, sin tomar en cuenta el plazo para la finalización de las actuaciones inspectivas, así como la presentación de la información requerida, mostrando una conducta a cooperar con el objeto de la investigación. Todo ello demuestra un defecto en la tipificación de la conducta infractora y un defecto en la motivación de dicha infracción. x. Asimismo, advierten que, la presente resolución de observancia obligatoria no señala en qué momento es que se tiene por perturbada/retrasada o frustrada la actuación inspectiva; sin embargo, señala el supuesto de hecho; “al momento de emitir actas de infracción y a la calificación posterior de la actuación administrativa”. En el presente caso, se ha dado en el momento de la notificación del Informe Final de Instrucción. xi. En ese sentido, en la Resolución de Sub Intendencia, no observaron estos vicios de nulidad al momento de sancionar la presunta conducta infractora, lo que, a su vez, genera una falta de motivación y la consecuente nulidad de todo lo actuado, desde el origen del Acta de Infracción. xii. Habiéndose advertido una indebida tipificación de la conducta infractora, solicitan, se tenga en cuenta la información presentada en el escrito de fecha 15 de noviembre de 2021 y se desestime la sanción de multa por no corresponder al supuesto de hecho regulado en el RLGIT.

xiii. Solicita también, la nulidad del Acta de Infracción, la Imputación de Cargos, el Informe Final de Instrucción, la Resolución de Sub Intendencia y la Resolución de Intendencia por falta de tipicidad y motivación. Se advierte un error en la tipificación de las presuntas infracciones, toda vez que, la Intendencia Regional, al emitir el Acta de Infracción imputó la conducta regulada en el 46.3 del RLGIT, pudiendo sancionarla como grave en función al 45.2 de la presente norma, desconociendo el fundamento 16 del precedente de observancia obligatoria, contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. xiv. En ese sentido, sostiene que la autoridad de trabajo ha vulnerado los principios de tipicidad, debido procedimiento, proporcionalidad y razonabilidad. Esta grave y evidente afectación trae como consecuencia que el Acta de Infracción y el documento de Imputación de Cargos sean nulos de pleno derecho por nacer dentro de un procedimiento sancionador donde se violentó desde el inicio el deber de tipicidad y motivación. xv. En relación a las causales de nulidad del Acta de Infracción, resultan aplicables al presente caso, las disposiciones contenidas en el capítulo II del Título I y Capítulo I del Título III de la LPAG, así como lo establecido en el artículo 54 del RLGIT. En este caso, es válidamente aplicable el pedido de nulidad amparado en la contravención a la Constitución, toda vez que, la propia autoridad de trabajo, al momento de la emisión del acta de infracción violó el principio constitucional de tipicidad al calificar de forma errada las presuntas conductas infractoras, hecho que solo genera la nulidad de todas las actuaciones administrativas con posterioridad a su emisión, sino que, además advierte un defecto en la motivación, al sustentar la conducta infractora y la sanción propuesta en una inadecuada calificación de los hechos, siendo válidamente aplicable a nuestra pretensión el artículo 10.2 del TUO de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6, primer párrafo).

(…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8.1). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11.1).

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.14

13 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de YouTube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 14 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Themis núm. 6, p. 18.

que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático- constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (f.j. 49).

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva y los requerimientos de información de fechas 02 y 09 de agosto de 2021

de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”15 (énfasis añadido).

15 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 16 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto hayan más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica) (énfasis añadido).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR (énfasis añadido).

Figura N° 01

17 Ver folio 05 del expediente inspectivo. 18 Ver folio 10 del expediente inspectivo.

agosto de 2021, se verifica que la impugnante tenía conocimiento de la existencia de la casilla electrónica, considerando que accedió a la misma desde el 10 de agosto de 2020 (primer acceso a casilla electrónica), conforme se demuestra a continuación, encontrándose debidamente notificada: Figura N° 03

mismos han calificado correctamente los hechos que han sido subsumidos en el tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Es de precisar que, en este caso, se han merituado las conductas reprochables, constitutivas de infracción que vulneran el precepto legal que regula “la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. En atención a ello, corresponde desestimar los argumentos de la impugnante vertidos en este extremo.

19 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 20 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 21Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”. 22 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor Inspectiva No haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante “Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica” –con fecha de notificación el 02 de agosto de 2021– en el plazo establecido en dicho requerimiento, pese a estar debidamente notificado a través de la casilla electrónica, habiendo tenido como último día para que proporcione dicha documentación, el 06 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No haber cumplido con proporcionar la información requerida mediante “Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica” –con fecha de notificación el 09 de agosto de 2021– en el plazo establecido en dicho requerimiento, pese a estar debidamente notificado a través de la casilla electrónica, habiendo tenido como último día para que proporcione dicha documentación, el 13 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONGELADOS Y FRESCOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 012-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, emitida por la Intendencia Regional de Tumbes, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 093-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 012-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONGELADOS Y FRESCOS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Tumbes, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230208MCR