Gobierno Regional Ayacucho — Res. 579-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000000063-2024-SUNAFIL/IRE-AYA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 0000000074-2024-SUNAFIL/IRE-AYA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 097-2024-SUNAFIL/IRE-AYACUCHO-SIFN-AIPS, de fecha 10 de abril de 2024, se inició la etapa instructiva remitiéndose el Acta de

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 115-2024-SUNAFIL/IRE-AYACUCHO, de fecha 30 de abril de 2024 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por ello, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ayacucho, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 410-2024-SUNAFIL/IRE-AYA/SISA, de fecha 24 de julio de 2024, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 26 de agosto de 2024, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 410-2024-SUNAFIL/IRE-AYA/SISA.

Mediante Informe 000012-2024-SUNAFIL/IRE-AYA, de fecha 26 de setiembre de 2024, dirigida al Gerente General, se comunica causal de abstención para resolver en segunda instancia respecto del procedimiento administrativo sancionador.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 237-2024-SUNAFIL-GG, de fecha 14 de octubre de 2024, se resuelve aceptar la abstención formulada por el Intendente Regional de Ayacucho, para ejercer la facultad de resolver en segunda instancia y designar como autoridad encargada de emitir pronunciamiento en segunda instancia administrativa a la Intendencia regional de San Martin.

Mediante Resolución de Intendencia Regional N° 096-2025-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 10 de octubre de 2025, la Intendencia Regional de San Martín declaró infundado el recurso de apelación interpuesto y dio por agotada la vía administrativa.

Con fecha 06 de noviembre de 2025, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de San Martin el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 096-2025-SUNAFIL/IRE-SMA.

La Intendencia Regional de San Martin admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000090-2026- SUNAFIL/IRE-SMA, recibido el 03 de febrero de 2026 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 096-2025- SUNAFIL/IRE-SMA, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción grave en seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, 21 de octubre de 2025.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el impugnante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16° del citado instrumento.

Al respecto, es de precisar que, en cuanto a las causales de improcedencia del recurso de revisión, el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, en su artículo 14, dispone lo siguiente:

En tal sentido, conforme a la norma antes mencionada, el recurso de revisión solo procede contra las resoluciones que sancionan infracciones calificadas como muy graves. En el presente caso, la resolución impugnada confirma una sanción impuesta por la comisión de una infracción calificada como grave; por tanto, el recurso no se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Pues bien, de la revisión de los actuados se advierte que la Resolución de Intendencia Regional N° 096-2025-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 10 de octubre de 2025, precisa que la vía administrativa se encuentra agotada, conforme se desprende del siguiente extracto de la parte resolutiva:

Cabe destacar que la impugnante ha interpuesto un recurso extraordinario con la finalidad de reabrir una controversia respecto de la cual la vía administrativa ya había sido formalmente declarada agotada. Por ello, tal actuación se aparta del principio de buena fe procedimental, consagrado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual impone a la autoridad administrativa, a los administrados, a sus representantes o abogados, el deber de realizar los actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.

En ese contexto, el jurista Morón Urbina9 sostiene que determinadas actuaciones pueden constituir una transgresión al principio de buena fe procedimental, señalando al respecto lo siguiente:

Asimismo, el mencionado autor advierte que la autoridad administrativa también tiene el deber de identificar y sancionar dichas conductas:

En el caso concreto, esta Sala advierte que la actuación de la impugnante vulnera el principio de buena fe procedimental, al haber interpuesto un recurso extraordinario respecto de materias ajenas a la competencia de este Tribunal, pese a que la vía administrativa ya había sido formalmente declarada agotada. Por ende, tal conducta revela un uso indebido del procedimiento administrativo con fines dilatorios, en contravención del principio de buena fe procedimental.

En virtud de lo expuesto, esta Sala deja constancia de dicha actuación, exhortando a la impugnante a que en sus futuros actos procedimentales se enmarquen dentro del principio de buena fe procedimental. Además, se advierte que, en caso de reincidencia, este Tribunal evaluará la adopción de las medidas que correspondan dentro de los márgenes establecidos por el ordenamiento jurídico aplicable.

A propósito, conforme al literal a) del artículo 1611 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, corresponde declarar la improcedencia del recurso de revisión, al carecer este Tribunal de competencia para resolverlo, considerando que fue interpuesto respecto de una resolución que sanciona una infracción grave, materia distinta a las previstas en el artículo 14 del referido cuerpo normativo.

En ese marco, y considerando que la resolución impugnada se encuentra firme y consentida, no resulta jurídicamente posible emitir pronunciamiento sobre los argumentos planteados por la impugnante, en tanto estos pretenden cuestionar un acto que agotó la vía administrativa.