Francisco Carbajal Bernal S.A — Res. 946-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Subgrupo: Entrega de Boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Remuneraciones (Subgrupos: Pago de la remuneración (Sueldos y Salarios), Gratificaciones y Pago de Bonificaciones), Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo: Deposito de CTS), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: Vacaciones) y Participación en las utilidades (Subgrupo: Pago). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración al haber realizado descuentos no autorizados conforme a lo desarrollado en los numerales 4.4 al 4.14 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con emitir las boletas de pago del trabajador conforme a lo desarrollado en los numerales 4.18 al 4.23 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 23.4 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1,444.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones conforme a lo desarrollado en los numerales 4.28 al 4.30 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las bonificaciones extraordinarias conforme a lo desarrollado en los numerales 4.31 al 4.33 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional conforme a lo desarrollado en los numerales 4.24 al 4.27 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago ni depósito de la compensación por tiempo de servicio conforme a lo desarrollado en los numerales 4.34 al 4.36 del Acta de Infracción, tipificada en el

numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la participación de utilidades a favor del trabajador correspondiente a los años 2018 y 2019, conforme a lo desarrollado en los numerales 4.37 al 4.40 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 28 de septiembre de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 04 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 12 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 28 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 16 de noviembre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Sostiene que no fue debidamente emplazada con la imputación de cargos que se menciona en la resolución impugnada, por lo que considera que no se garantizó su derecho al debido procedimiento. En ese contexto, sostiene que los argumentos y documentos presentados deben ser valorados sin que se les impute una omisión previa, al no haber sido válidamente informados de los cargos que se les atribuían. ii. Respecto al presunto incumplimiento en el pago íntegro de la remuneración, la impugnante sostiene que el propio Reglamento Interno de Trabajo permite realizar descuentos en casos de negligencia o dolo, siendo este documento de obligatorio conocimiento y aceptación por parte de los trabajadores, quienes firman en señal de conformidad. Alega que no se ha vulnerado ningún derecho remunerativo, pues las medidas adoptadas se ajustaron a dicho reglamento. iii. En relación con la falta de emisión y entrega de boletas de pago, se afirma que el trabajador estuvo de vacaciones durante los meses de noviembre de 2019 y octubre de 2020, por lo cual no se generaron boletas en dichos periodos. Asimismo, señala que en marzo de 2020 el trabajador estuvo bajo suspensión perfecta de labores, por lo que no percibió remuneración ni se emitió boleta correspondiente. iv. Sobre la supuesta omisión del pago de vacaciones, gratificaciones y bonificaciones extraordinarias, la impugnante sostiene haber acreditado mediante boletas de pago firmadas por el trabajador que tales conceptos fueron debidamente abonados. Indica que dichas boletas evidencian el cumplimiento de sus obligaciones, pues reflejan la contraprestación económica por los servicios prestados. v. Finalmente, en cuanto a la participación en las utilidades de los años 2018 y 2019, se afirma que no se efectuó pago alguno debido a que en Junta General se acordó capitalizar dichas utilidades. Para sustentar ello, se adjuntaron las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta presentadas a la SUNAT, en las cuales no figura ninguna provisión ni deducción vinculada a la participación de utilidades, lo que demostraría la inexistencia de tal obligación.

i. En principio, señala que la impugnante está planteando los mismos argumentos que ya fueron debidamente valorados por la autoridad de primera instancia. ii. Sin perjuicio de ello, respecto a la notificación de imputación de cargos, se precisa que se ha verificado en la plataforma de Búsqueda de Notificaciones y Alertas de correo que se emitió la alerta y la consecuente notificación de dicho acto. Por lo que, no se evidencian deficiencias en el acto de notificación. iii. En cuanto al Reglamento Interno de Trabajo, se señala que, el marco normativo vigente —incluida la Constitución y el Decreto Supremo N° 001-98-TR—

Es preciso señalar que, mediante Visto de fecha 17 de abril de 2023, la Sub Intendencia de Sanción dispuso la adecuación del recurso de reclamo formulado por la impugnante, encausándolo como recurso de apelación conforme al artículo 156 del TUO de la LPAG.

establece que el pago íntegro de la remuneración constituye un derecho prioritario del trabajador, y que cualquier descuento debe contar con sustento legal o autorización expresa del trabajador, debiendo constar documentalmente. iv. En ese sentido, durante la fiscalización se comprobó que el empleador realizó retenciones en la remuneración del trabajador sin acreditar su origen legal ni la voluntad del afectado, configurando una infracción grave conforme al artículo 24.4 del RLGIT. Los descuentos alegados por viáticos, faltantes y suspensión perfecta de labores carecieron de documentación probatoria, resultandos improcedentes. Por tanto, el intento de justificar dichos descuentos únicamente con el reglamento interno carece de validez jurídica, confirmándose la infracción y la sanción impuesta. v. Respecto a las boletas, se precisa que, conforme al artículo 19 del Decreto Supremo N° 001-98-TR, corresponde al empleador emitir y entregar las boletas de pago, conservando evidencia de su remisión, sea física o digital. Durante la fiscalización, no se acreditó la entrega de las boletas de los meses indicados ni la correspondiente a febrero de 2021, la cual fue presentada sin firma de recepción. En consecuencia, no se desvirtúa la infracción imputada, debiendo ratificarse la sanción impuesta. vi. Por otro lado, en cuanto al pago de gratificaciones, bonificación extraordinaria y remuneración vacacional, el personal inspectivo verificó que dichos pagos fueron realizados aplicando descuentos no acreditados, generando montos pendientes por los tres conceptos. Asimismo, no se aportaron medios probatorios que demuestren la subsanación de tales omisiones, por lo que los argumentos defensivos resultan infundados y corresponde ratificar la sanción impuesta por las tres infracciones detectadas. vii. Respecto a las utilidades en los ejercicios 2018 y 2019, se señala que, la normativa vigente —incluida la Constitución y el Decreto Legislativo N° 892— establece el derecho incondicional de los trabajadores a participar en las utilidades generadas, sin supeditarse a decisiones empresariales de reinversión o ausencia de provisión contable. viii. Durante la fiscalización, se constató que la empresa no presentó la hoja de liquidación correspondiente ni documentación para los años 2018 y 2019, y el único certificado presentado contenía información inconsistente para el año 2020. Por tanto, al no desvirtuarse los hechos constatados, corresponde ratificar la sanción impuesta por incumplimiento de la obligación de distribuir utilidades. ix. Asimismo, se precisa que la inspeccionada no formuló descargos respecto a la infracción vinculada al pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS), constatándose en el Acta de Infracción que se realizaron descuentos indebidos a las remuneraciones del extrabajador, lo que motivó un recálculo que evidenció

un monto adeudado de S/ 3,412.84. Al no haberse acreditado la subsanación del incumplimiento, corresponde ratificar la sanción impuesta en este extremo. x. Respecto a las infracciones a la labor inspectiva, se constató que la inspeccionada incumplió con el deber de colaboración previsto en el artículo 9 de la LGIT y su reglamento, al no presentar la documentación requerida durante diversas actuaciones inspectivas, tales como informes de pagos, rendiciones de cuentas, autorizaciones de descuentos, liquidaciones de utilidades y comunicaciones sobre sanciones. Asimismo, omitió cumplir con la medida inspectiva de requerimiento emitida el 16 de noviembre de 2021, que le otorgaba un plazo de tres días hábiles para acreditar diversos pagos laborales en favor del extrabajador Sánchez. xi. Dentro de los incumplimientos verificados se encuentran la falta de acreditación del pago íntegro de remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, bonificaciones extraordinarias, CTS y participación en utilidades; así como la omisión de entrega de boletas de pago conforme a ley. La inspeccionada no presentó ningún argumento de defensa frente a los cinco cargos por infracción a la labor inspectiva, lo cual ratifica su falta de colaboración y justifica la confirmación de las sanciones impuestas en este extremo. xii. En conclusión, los incumplimientos imputados a la inspeccionada no han sido desvirtuados, siendo insuficientes sus alegaciones frente a los hechos verificados durante la fiscalización y correctamente valorados por la instancia administrativa. En tal sentido, se ratifica su responsabilidad por las siete (07) infracciones en materia de relaciones laborales y cinco (05) infracciones a la labor inspectiva, al no advertirse vicio alguno en la resolución apelada, la cual fue emitida conforme a ley y con debida motivación, por lo que corresponde desestimar el recurso en todos sus extremos y confirmar la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 05 de julio de 2023, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 158-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, sustentándolo en los siguientes argumentos:

i. Sostiene que no ha sido emplazado con la imputación de cargos. ii. Señala que se desconoce su permanente predisposición a facilitar y atender de manera forma y oportuna la orden de inspección cursada. En esa línea, señala que cumplió con presentar la información requerida a través de los requerimientos de información. iii. Respecto al pago de las remuneraciones, reitera que el propio Reglamento Interno de Trabajo, faculta al empleador a poder salvaguardar cualquier perjuicio ocasionador por negligencia dolo o fraude. En el caso concreto, se realizaron descuentos por viáticos, así como por faltantes en el producto transportado. iv. En cuanto a no cumplir con entregar las boletas, sostiene que, durante los meses de noviembre 2019 y octubre de 2020, el trabajador afectado estuvo de vacaciones, por lo que no existen boletas de dichas fechas; habiéndose presentado la liquidación de vacaciones y boleta de remuneraciones de junio 2019. v. Respecto a no acreditar el pago de la remuneración vacacional, gratificaciones y bonificaciones extraordinarias, se alega que se han presentado todas las boletas correspondientes, en las cuales consta la firma del trabajador. Por lo que, considera que ha cumplido con la obligación de pagar las remuneraciones anteriores al mes de julio de 2020. vi. En cuanto al pago de utilidades, reitera que durante los ejercicios 2018 y 2019 no se pagó dicho concepto en tanto se acordó en la Junta General capitalizar las mismas,

conforme consta en las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta, presentados a la SUNAT por dichos periodos. vii. Finalmente, alega se ha formalizado la investigación preparatoria en contra de los trabajadores afectados, por el delito de peligro común, al conducir en estado de ebriedad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a las infracciones competencia de este Tribunal

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.” (énfasis añadido)

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

recurrente en sus argumentos ii) al vii), destinados a cuestionar la configuración de las infracciones graves y leves detectadas, por estar fuera de la competencia conferida por la LGIT y su reglamento, así como el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

Figura N° 01: Extracto de la medida inspectiva de requerimiento

Figura N° 02: Extracto del Acta de Infracción

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

causado estado9 sobre dichos extremos, no correspondiendo que esta Sala emita pronunciamiento al respecto.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”10, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Danós Ordoñez, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, N° 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional,

está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento

administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurridos en el caso concreto

ha sido tipificado como infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, siendo los periodos adeudados 2018-2019, 2019-2020 y periodo trunco 2020-2021 a favor del extrabajador afectado.

de responsabilidades hacia la Inspeccionada. Por lo tanto, la Resolución de Sub Intendencia incurre en una falta de motivación y análisis de las actuaciones realizadas, vulnerando el debido procedimiento.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Sobre los argumentos restantes planteados por la impugnante

Información Adicional

Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración al haber realizado descuentos no autorizados conforme a lo desarrollado en los numerales 4.4 al 4.14 del Acta de Infracción Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con emitir las boletas de pago del trabajador conforme a lo desarrollado en los numerales 4.18 al 4.23 del Acta de Infracción Numeral 23.4 del artículo 23 del RLGIT LEVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las gratificaciones conforme a lo desarrollado en los numerales 4.28 al 4.30 del Acta de Infracción Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las bonificaciones extraordinarias conforme a lo desarrollado en los numerales 4.31 al 4.33 del Acta de Infracción Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago ni depósito de la compensación por tiempo de servicio conforme a lo desarrollado en los numerales 4.34 al 4.36 del Acta de Infracción Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la participación de utilidades a favor del trabajador correspondiente a los años 2018 y 2019, conforme a lo desarrollado en los numerales 4.37 al 4.40 del Acta de Infracción Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 28 de septiembre de 2021 Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE

Labor inspectiva No cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 04 de octubre de 2021 Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 12 de octubre de 2021 Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con presentar toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia de fecha 28 de octubre de 2021 Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 16 de noviembre de 2021 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 158-2023-SUNAFIL/IRE- AQP, de fecha 13 de junio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 425-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 266-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 20 de marzo de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 425- 2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 266-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 20 de marzo de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 158-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

QUINTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto al extremo referente de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.64 de la presente resolución.

SÉTIMO. - Notificar la presente resolución a FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730VLFR - HR 130055-2023