Michell y CIA S.A — Res. 933-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo materia: Jornada y horario de trabajo; y, horas extras) y; Registro de control de asistencia (Subgrupo materia: Incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro por trabajo en sobretiempo (horas extras), así como por impedir el registro real del tiempo de trabajo de los trabajadores, respectivamente.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber efectuado el pago íntegro por trabajo en sobretiempo (horas extras), en perjuicio de 114 trabajadores; tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/62,392.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el impedimento del registro real del tiempo de trabajo, en perjuicio de 63 trabajadores; tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/50,864.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 31 de agosto de 2021; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/62,392.00.

i. Respecto a la inexistencia de adeudo por concepto de sobretiempo, lo valorado vulnera la Constitución Política del Perú que consagra que la jornada es de ocho (08) horas efectivas de trabajo, por lo que, pretender un retiro previo, lo que hace es reducir la jornada de trabajo. El sobretiempo no pagado alegado por la autoridad administrativa se refiere, únicamente, a los minutos previos en que ingresan los trabajadores al inicio del horario o los minutos posteriores luego de la otra salida,

2 Mediante Memorandum-001273-2022-SUNAFIL/IRE-AQP de fecha 14 de noviembre de 2022 se realiza la designación de Autoridad Instructora a la servidora Anaís Cáceres, para conocer el procedimiento administrativo sancionador del expediente; toda vez que, a través del INFORME-000297-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, el servidor Carlos Manrique, quién ocupa el cargo de Sub Intendente de Fiscalización e Instrucción de la Intendencia Regional de Arequipa, comunica al superior jerárquico sobre la abstención para emitir pronunciamiento sobre el expediente, por haber actuado como supervisor en la investigación; por lo que, el superior jerárquico acepta la abstención.

lo cual contraviene lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR y pone un panorama irreal, teniendo en cuenta el flujo de personal y el distanciamiento social que se debe mantener, además que las horas extras no es el tiempo de permanencia en las instalaciones sino que implica una prestación efectiva del trabajador. ii. Mediante el informe sobre el proceso de desplazamiento de los trabajadores obreros de las tres (03) plantas de la empresa, se aprecia que, los trabajadores pueden dejar sus pertenencias en un casillero antes de ingresar a su puesto de trabajo y antes de retirarse las pueden sacar, para luego marcar su salida, ello implica un flujo de tránsito de algunos minutos, pero esto de ninguna forma es prestación de servicios efectiva ni puede considerarse sobretiempo. Existen tres (03) turnos consecutivos y cada máquina solo puede ser operada por un (01) trabajador, no puede existir superposición o duplicidad de operarios. iii. Que, respecto a la invalidez de la medida inspectiva de requerimiento, se tiene que este exigía el pago de horas extras a favor de 114 trabajadores; sin embargo, tal adeudo es inexistente y la medida carece de los elementos básicos y, por ende, de validez legal. La medida inspectiva de requerimiento contiene incongruencias lógicas y numéricas alarmantes, como tomar la información únicamente de la hora de salida y no de la entrada para determinar el supuesto sobretiempo, cuando existen tardanzas y cuando el horario de salida no se cumple, no se precisa nada al respecto, sosteniéndose una metodología mal explicada. iv. En cuanto a la inexistencia de impedimento alguno en el registro real de tiempo de trabajo en la planta lavado/peinado, se desconoce el artículo 31 del RLGIT que establece que “el trabajador registra su hora de ingreso y salida (…) debidamente uniformado con su ropa de trabajo o uniforme”, siendo aprobada dicha disposición mediante Decreto Sub Directoral N° 1756-2017-GRA-GRTPE-SDRG y no ha sido materia de impugnación judicial; sin embargo, el personal inspectivo pretende eliminar el poder de dirección del empleador en base a un criterio subjetivo, sin sustento normativo o legal y realizando referencia a una Casación de un caso diferente al sancionado. v. Sobre las irregularidades cometidos por el personal inspectivo en contravención con el debido procedimiento, se tiene que, la inspectora auxiliar inicio la Orden de Inspección N° 1643-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, siendo incompetente por rango ya que la empresa cuenta con más de cien (100) trabajadores, lo cual era de su conocimiento; por lo que, el procedimiento se encontraba viciado. Además, la comparecencia virtual del 03 de agoto de 2021 fue dirigida por el inspector Velásquez, informándoles que lo habían incorporado, notificando un (01) día después con la resolución donde se incorpora al inspector, indicando que se había tomado conocimiento que tenían más de cien (100) trabajadores, pese a que, un (01) mes y cuatro (04) días atrás ya tenía dicha información por revisar su PLAME

virtual y hacer la consulta en Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT; por lo que, corresponde declarar la nulidad de todo el procedimiento.

i. Si bien la impugnante indica que la inspectora auxiliar tomó conocimiento desde el inicio del número de trabajadores de la empresa; también es cierto que el procedimiento inspectivo se inició por la denuncia presentada por una representante sindical; por lo que, el personal inspectivo procedió con las actuaciones que consideró pertinentes para determinar el número de trabajadores que efectivamente involucraría la investigación; por lo que, al momento que determinó dicha data es que solicitó la incorporación del inspector de trabajo. ii. En cuanto a la notificación de la resolución que dispone la incorporación solicitada, se advierte que el documento fue emitido el 27 de julio de 2021; por lo que, el día de la realización de la diligencia virtual de fecha 03 de agosto de 2021, en la que participó el inspector de trabajo, este se encontraba habilitado para su actuar. iii. Respecto a la notificación efectuada a la impugnante, en el numeral 7.6.2 de la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva a la que hace mención la impugnante, no se observa la disposición de notificar al sujeto inspeccionado de la decisión de incorporación, siendo una decisión inimpugnable; por lo que, se evidencia que no estipula un plazo de notificación, cuyo incumplimiento podría acarrear la nulidad y más aún por la inimpugnabilidad de la incorporación, que denota la imposibilidad de acción por parte de la impugnante contra la decisión adoptada. iv. En consecuencia, queda desvirtuada la nulidad formulada, habiéndose desarrollado la investigación inspectiva y procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observado las garantías correspondientes, como son los principios administrativos, no existiendo causal alguna de invalidez. v. Sobre el pago de horas extras, precisa el sustento del Acta de Infracción, ya que, desde el momento del marcado, los trabajadores se encuentran subordinados al poder del empleador; por lo que, los traslados dentro del centro de trabajo, para la operación de maquinaria, uso de casilleros o marcación de asistencia forman parte del horario de trabajo, siendo responsabilidad de la impugnante la gestión interna de la empresa. vi. Con relación a que no existe prestación de servicios efectiva en los minutos considerados como sobretiempo, hace referencia a la Casación Laboral N° 1196- 2016-Lima, mediante la cual al Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Superior de Justicia de la República considera que “sobre la base de la normativa antes señalada, es claro que el trabajo en sobretiempo se puede realizar con la autorización expresa o tácita del empleador. Sin embargo, si la autorización es tácita, el solo hecho de que el trabajador acredite haberse quedado a laborar más allá de la hora de salida del centro de labores, genera la presunción de que ha realizado trabajo sobretiempo con autorización del empleador, correspondiendo a este último la carga probatoria de demostrar que el trabajador permaneció en las instalaciones de la empresa por cualquier otra razón distinta a la de ejecutar trabajo adicional”. En ese sentido, la impugnante es quien tendría que detallar, en el caso de cada uno de los trabajadores afectados, la

3 Notificada a la impugnante el 26 de junio de 2023.

actividad ejecutada por ellos en el sobretiempo verificado y que no corresponde a actividades propias del trabajo prestado, acreditando que no tienen la obligación de pagar por dicho tiempo. Por tanto, infracción atribuida subsiste. vii. Respecto al impedimento de la marcación de la asistencia, observa que, acorde a los hechos constatado del Acta de Infracción, se verificó que la impugnante impidió la marcación en tiempo real del ingreso y salida de los trabajadores de las plantas de lavado y peinado, pues no se considera dentro de la jornada el tiempo que se toman en ponerse y quitarse la ropa de trabajo en los vestidores del centro de trabajo, resultando afectados sesenta y tres (63) trabajadores y configurándose como una transgresión insubsanables por los efectos irreversibles. También, hace referencia a la Casación Laboral N° 9387-2014-Lima Norte. viii. En cuanto al poder de dirección invocado por la impugnante, aprecia que, efectivamente, este poder encuentra sustento constitucional en el derecho a la libertad de empresa, reconocido en el artículo 59 de la Constitución Política del Perú; sin embargo, igualmente, en el articulo 25 de la Constitución Política del Perú se contempla: “la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo”; por lo que, es pertinente recordar que el poder de dirección tiene como límite externo a los derechos fundamentales de los trabajadores, como el de tener una jornada legal, la misma que se evidencia con el registro de control de asistencia. ix. Por consiguiente, al haberse constatado que la impugnante impidió la marcación en tiempo real de los trabajadores afectados, sin un sustento legal válido, es que el incumplimiento evidenciado amerita ser sancionado, correspondiendo ser ratificada la sanción impuesta. x. Sobre la medida inspectiva de requerimiento, refiere que, sí se configuró debidamente la comisión de la infracción por el no pago del trabajo en sobretiempo, la misma que no ha sido subsanada. Asimismo, con relación a las observaciones efectuadas por la impugnante, corresponde resaltar lo precisado por el personal inspectivo en el Acta de Infracción, siendo lo siguiente: “(…) dicha figura de compensación no es de aplicación facultativa del inspector, siendo facultad del empleador y del trabajador si así lo convienen acordar, conforme se encuentra regulado en el artículo 26 del Decreto Supremo N° 008-2002-TR”; por lo que, se refiere justamente a los minutos de posibles tardanzas que la inspeccionada espera sean computados al término de la jornada, lo cual deviene en inconsistente e ilegal, al no ser factible aplicar dicha cálculo por parte de los inspectores. Ahora, respecto a los minutos faltantes al final de la jornada, en el caso de posibles permisos o licencias, es la impugnante quien debe contar con la información correspondiente, para posibles compensaciones o descuentos, conforme el caso concreto; en consecuencia, los argumentos presentados resultan infundados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MICHELL Y CIA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 162-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Respecto a los vicios procesales que acarrean la nulidad del procedimiento administrativo sancionador: La Orden de Inspección N° 1643-2021-SUNAFIL/IRE- AQP es iniciada única y exclusivamente por una inspectora auxiliar; por lo que, dicha inspectora comisionada no era competente por rango, ya que la impugnante cuenta con más de 1,000 trabajadores, lo que era de conocimiento de dicha funcionaria. Sin embargo, optó por iniciar un procedimiento catalogado como complejo desde el inicio, omitiendo la regla que los inspectores auxiliares sólo pueden iniciar investigaciones simples, situación que no era el presente caso; por tanto, sin duda alguna el procedimiento administrativo se encuentra viciado desde el inicio. De conformidad con el artículo 6 de la LGIT, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1499, no se establece que los inspectores auxiliares pueden realizar, de forma autónoma, labores de comprobación como ahora sostiene la autoridad instructora. ii. Con fecha 03 de agosto de 2021, se le citó a comparecencia virtual, la misma que fue dirigida por el inspector del trabajo, Sr. Luis Velásquez, quien no se encontraba asignado a este caso; por lo que, al solicitarle las explicaciones del caso, ambos inspectores se limitaron a decir que recién lo habían incorporado, es decir, se actuó

una diligencia sin haberles notificado de dicha decisión. Recién el 04 de agosto de 2021 se les notificó con la resolución de fecha 27 de julio de 2021, donde se incorpora al inspector mencionado, es decir, un (01) después de la comparecencia virtual. Esta resolución indica que la incorporación es a causa de que el entonces sujeto inspeccionado tiene más de 1,000 trabajadores. Sostiene que, las fechas en referencia no tienen coherencia y esto los lleva a sospechar, fundadamente, que dicho documento ha sido elaborado con posterioridad, al no haberles notificado oportunamente; por lo que, resulta irrazonable que recién el 27 de julio de 2021 se indique que han tomado conocimiento que cuentan con más de 1,000 trabajadores, pese a que el 23 de junio de 2021, la inspectora auxiliar ya tenía conocimiento al revisar su PLAME virtual y hacer la consulta en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT; además, recién el 04 de agosto de 2021 se les notifica de dicha decisión, esto es, posterior de la emisión y de la comparecencia virtual, donde advirtieron esta irregularidad. iii. Los supuestos del punto 7.6.1 y 7.6.2 de la Resolución de Superintendencia N° 216- 2021-SUNAFIL no se han configurado en el caso de autos; toda vez que, la inspección fue iniciado por la inspectora auxiliar y, la incorporación del inspector de trabajo se informó el 04 de agosto de 2021, pese a que con fecha 23 de junio de 2021, la inspectora auxiliar tomó conocimiento que la empresa contaba con más de 1,000 trabajadores, lo que impedía seguir con las actuaciones inspectivas. Además, dicha incorporación le fue comunicada con posterioridad a la realización de la comparecencia virtual, así también, sobrepasando el plazo otorgado por las propias normas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la inspectora auxiliar con fecha 27 de julio de 2021 es que comunica a su superior sobre el impedimento de continuar con las actuaciones inspectivas, de lo que ya conocía desde el 23 de junio de 2021. iv. En conclusión, los hechos antes referidos acreditan que se han configurado vicios procesales porque la inspectora auxiliar incumplió lo dispuesto en el punto 7.6.1 y 7.6.2 de la Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL. v. Sobre las horas extras: El supuesto sobretiempo no pagado, alegado por la autoridad administrativa, se refiere únicamente a los minutos previos en que ingresan los trabajadores al inicio del horario o los minutos posteriores luego de la hora de salida. Es decir, bajo el criterio del personal inspectivo, primera y segunda instancia, todo minuto fuera del horario de trabajo configura horas extras. Por ejemplo, en el caso de su trabajadora Cecilia Vilca, se les dice que le deben tres (03) minutos de sobretiempo ya que su hora de salida era a las 13:00 horas, habiéndose retirado a las 13:03 horas. Siendo así, se pregunta en qué tiempo la trabajadora se moviliza a retirar sus pertenencias y se dirige a la puerta de salida; además, sólo se entendería la postura de la autoridad administrativa de trabajo si dicha trabajadora estuviera en su máquina, realizando labor efectiva hasta las 13:03 horas y que por

un acto mágico de teletransportación pudiese marcar su salida en la puerta, sin ningún traslado correspondiente. vi. Se debe realizar un análisis no solo mecánico e irreal, somo lo hace el personal inspectivo, sino que es indispensable que sopesen las particularidades de cada caso y que consideren factores que se presentan en la realidad, lo que la doctrina denomina parámetro de razonabilidad, que debe ser considerado para la validez de la decisión y que ha sido omitido por la autoridad instructora, conforme lo señalado en el Informe Final y es avalado por la resolución impugnada. vii. Precisa que, no todos los trabajadores necesariamente llegan al centro de trabajo de manera puntual, sino pueden presentarse minutos antes, como el caso de la trabajadora Cecilia Vilca, quien el 07 de junio de 2021 llegó nueve (09) minutos antes; sin embargo, ello no configura sobretiempo; toda vez que, es un tiempo prudencial para que los trabajadores ingresen antes del inicio del horario, con el fin que el flujo de tránsito de personal sea fluido, pero no significa que la trabajadora haya realizado labor efectiva de los nueve (09) minutos como sobretiempo previo a la jornada, ya que la trabajadora se encontraba pasando los protocolos de bioseguridad o guardando sus pertenencias en su casillero, como se indicó en el informe. viii. Ahora, terminada la jornada, los trabajadores pueden retirarse del centro de trabajo algunos minutos después, ya que deben caminar hasta la puerta de salida, previamente retiran su pertenencia y, como sucede en la mayoría de los lugares, algunos se toman su tiempo mientras conversan o por el mismo ritmo del paso que utilicen. Es decir, se debe considerar el flujo de desplazamiento que no implica una prestación efectiva de trabajo, más aún si ninguno de sus operarios cuenta con el don de la transportación que le permita trasladarse de su puesto de trabajo a la puerta de salida de forma inmediata. ix. Sostiene que, artículo 18 del Decreto Supremo N° 008-2002-TR indica lo siguiente: “El trabajo en sobretiempo supone la prestación efectiva de servicio en beneficio del empleador (…)”. Por su parte el artículo 24 de su Reglamento Interno de Trabajo -RIT señala que: “Se considera trabajo en sobretiempo a las horas reales y efectivamente laboradas previa autorización de la jefatura correspondiente que exceda la jornada diaria de La Empresa”. Por consiguiente, de la lectura del texto normativa y del RIT ha quedado claro que el sobretiempo o las horas extras no es el tiempo de permanencia en las instalaciones del empleador, sino que implica necesariamente que el trabajador este realizando una prestación efectiva, que se encuentre laborando realmente. x. Si bien el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002- TR indica que el sobretiempo puede incurrir antes de la hora de ingreso o salida; sin embargo, es indispensable hacer un análisis conjunto de la normativa, ya que esta norma no desconoce las características del sobretiempo, es decir, que se labore efectivamente como lo precisa el artículo 18 del Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-TR. Por lo tanto, las horas extras se configuran cuando se labora efectivamente antes o después de la jornada de trabajo y no es simplemente el tiempo -o minutos como el supuesto del presente caso- en la que los trabajadores permanecen dentro de la empresa. xi. En el presente caso, se pretende fijar nuevos parámetros para el pago de las horas extras, que se aparta por completo de la ley, que consiste en lo siguiente: Cualquier minuto que el trabajador se encuentre en el centro de trabajo fuera de su horario, debido a que se encuentra subordinado; sin embargo, no encuentra sustento legal alguno. Muy por el contrario, el criterio de que las horas reales y efectivamente

trabajadas se consideran como sobretiempo, conforme el artículo 18 del Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-TR. xii. Un hecho que se olvida es el contexto social, dado que el periodo materia de investigación fue en plena pandemia de COVID-19, lo que añadía obligaciones al empleador como toma de temperatura, lavado de manos obligatorio, revisión de Equipos de protección personal (EPP), entre otros; por lo que, si bien puede catalogarse subordinación, pero de ninguna forma puede entenderse como trabajo en sobretiempo. xiii. Se pretende aplicar la presunción establecida en el artículo 07 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR de manera forzada, ya que omite revisar el artículo 10-A del Decreto Supremo N° 007-2002-TR que establece que “la deficiencia en el sistema de registro no impide el pago del trabajo realizado en sobretiempo si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva realización”. xiv. La resolución de Sub Intendencia N° 292-2023-SUNAFIL/IRE-SISA.SQP señala lo siguiente: “En este entender, la Empresa ha dejado sentado que los trabajadores se encuentran bajo subordinación desde el marcado de asistencia hasta que finaliza con el marcado de salida, por lo que se entiende que realizaron prestación efectiva de servicios toda vez que se encontraban bajo subordinación”. No obstante, la Sala Civil de Piura (Expediente N° 01794-2010-0-2001-JR-LA-01) contempla lo siguiente: “Las resoluciones administrativas objeto de impugnación se encuentran viciadas por afectación al debido procedimiento administrativo en sus manifestaciones del derecho a la valoración de las pruebas, como expresión del derecho de defensa de la inspeccionada, y de la debida motivación, y por lo tanto nulas y sin efectos legal”. En el caso bajo estudio, a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, se ha impuesto una multa basada en presunciones y no ha valorado toda la documentación que obra en el expediente. Por lo que, la resolución de primera instancia deviene en nula. xv. Respecto al impedimento de la marcación de asistencia: El artículo 31 de su Reglamento Interno de Trabajo establece que el trabajador registra su hora de ingreso y salida debidamente uniformados con su ropa de trabajo o uniforme, disposición que fue aprobada mediante Decreto Sub Directoral N° 1756-2017-GRA- GRTPE-SDRG y no había sido materia de impugnación judicial alguna; por lo que, su validez no puede ser cuestionada en sede judicial. Ésta se da en atribución al poder de dirección que tiene el empleador y le faculta a reglamentar los aspectos de la prestación del servicio, tal como se indica en el artículo 09 del Texto Unico Ordenado del D. Leg. Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sin embargo, la intendencia mantiene la postura aplicada del personal inspectivo, relacionado con que el uso de ropa de trabajo es una condición de trabajo para efectuar labores, por lo que, el tiempo empleado debe ser razonable y proporcional en el estado de emergencia

sanitaria, debiendo formar parte del tiempo de trabajo de los trabajadores. Dicho argumento es inexplicable, ya que elimina por completo el poder de dirección del empleador en base a un simple criterio subjetivo, sin sustento normativo o legal. xvi. Precisa que, el uso de mascarilla es obligatoria e indispensable previo, durante y al terminar su permanencia en la planta, esto es, en referencia a la planta de producción, lugar donde los trabajadores realizan sus labores. Además, indica que, ha habilitado a los operarios de vestidores para que puedan hacer uso de ellos voluntariamente fuera de su jornada de trabajo y, en este caso no están bajo subordinación alguna, conforme el protocolo de seguridad y salud en el trabajo. xvii. Con respecto a la Casación Laboral N° 9387-2014-LIMA NORTE, refiere que es empleada fuera de contexto por tratarse de casos completamente distintos; por lo que, no resulta válido que se emplee jurisprudencia. xviii. En ese sentido, dice que no existe una motivación adecuada que sustente dicha imputación y, sobre todo, no existe sustento alguno respecto a la falta, dado que el ingreso a trabajar es uniformado, tal como se indica en el Reglamento Interno de Trabajo. xix. Sobre la medida inspectiva de requerimiento: Refiere que la medida inspectiva exigía el pago de las horas extras a favor de ciento catorce (114) trabajadores, pero además carecía de los elementos básicos argumentativos que se exige a todo acto administrativo; por lo que, era un documento carente de validez legal. Por tanto, no es admisible que se les pretenda multar por el incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento inválida por la forma y el fondo al no existir incumplimiento alguno de su parte. También, dicha medida se encuentra viciada por la falta de razonamiento interno ya que no solo se ha determinado sobretiempos sin haberse determinado si se ha cumplido o no con la jornada de ocho (08) horas, sino que además se utiliza una metodología para unos casos y para otros no, lo cual hace incoherente la estructura narrativa-argumentativa. xx. Asimismo, evidencia una serie de incongruencias lógicas y numéricas alarmantes, lo que se aprecia en todo su esplendor; toda vez que, se determina el pago de sobretiempos a pesar de que el trabajador ni siquiera ha cumplido con la jornada legal establecida legalmente, además aplica alternadamente la metodología propuesta. Es decir, el total de minutos en sobretiempos se encuentra basado en la columna de salida, pero se hace caso omiso a la columna de ingreso, para contrastar si efectivamente la trabajadora realizó sus ocho (08) horas diarias. También, indica que se debió considerar las tardanzas de la trabajadora y compensarla con el tiempo que permaneció de más en la empresa. xxi. Por tanto, advierte que la medida inspectiva de requerimiento se sostiene en una metodología mal aplicada con errores e inconsistencias lógicas y numéricas sumamente graves, lo cual vicia por completo el acto administrativo, demuestra un procedimiento defectuoso de la argumentación y la sustentación, así como invalida cualquier alegación de la comisión de una infracción sociolaboral al existir errores de motivación interna; por lo que, no es legal que se les multe por este incumplimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los vicios procesales que acarrean la nulidad del procedimiento administrativo sancionador 6.1 Si bien la impugnante sostiene que la inspectora auxiliar tuvo conocimiento desde el inicio del número total de trabajadores de la empresa, también lo es que el procedimiento inspectivo se originó a partir de una denuncia formulada por una

representante sindical. En ese contexto, el personal inspectivo desplegó las actuaciones que consideró necesarias para determinar con precisión cuántos trabajadores se encontraban comprendidos en los hechos materia de verificación. Solo una vez determinada dicha información, se procedió a solicitar la incorporación del inspector de trabajo, conforme a las necesidades del caso. Tal es así que, mediante el documento de fecha 27 de julio de 2021 se dispone incorporar al inspector del trabajo, Luis Velásquez, con el objeto de continuar con las actuaciones inspectivas, toda vez que, el número de trabajadores involucrados en la investigación era superior a cien (100) trabajadores.

advierte la nulidad invocada por la impugnante, por no haberse producido afectación a los derechos de defensa o al debido procedimiento, ya que no se configura una situación de indefensión ni se limita la capacidad de reacción de la parte inspeccionada.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar el pago de las horas extras

en el régimen laboral de la actividad privada, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2006-TR, resulta relevante por contener lo siguiente:

“Si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y/o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario, objetiva y razonable. Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido el horario de trabajo. Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 9 del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007- 2002-TR, en caso el trabajador, a pesar de su negativa, se le imponga la realización de trabajo en sobretiempo, se configurará una situación de trabajo impuesto sancionado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto por dicha norma.” (énfasis añadido)

- Carta de respuesta de fecha 17 de agosto de 2021: “(…) No es cierto que los trabajadores se encuentran a disposición de la empresa desde que ingresan al centro de trabajo, nuestros trabajadores se encuentran bajo subordinación una vez que realizan el marcado de asistencia y se dirigen a sus puestos de trabajo (…) la permanencia de los trabajadores después de la finalización de la jornada de trabajo obedece a que este tiempo (post marcación de salida) es de cargo de los

mismos, ya que como lo referimos en puntos anteriores, la subordinación del trabajador se lleva a cabo desde la marcación de ingreso, desempeño de funciones en el puesto de trabajo, hasta que finaliza la jornada con la marcación de salida.(…)” énfasis añadido

- Diligencia de fecha 03 de agosto de 2021: “a) Planta acabados y tintorería (…) el registro de control de asistencia se realiza con la lectora de código de barras de los DNI de los trabajadores en la puerta de ingreso (…) b) Planta hilandería –(…) El ingreso al centro de trabajo es con uniforme, cada trabajador cuenta con su casillero. Asimismo, señala que, en la puerta de vigilancia se encuentra la garita donde les registran la hora de ingreso con la lectora de código de barras los DNI de cada trabajador (…) precisa que luego del marcado de ingreso se sigue con los pasos de seguridad (toma de temperatura, lavador de manos y el uso de casilleros para guardar sus pertenencias) (…) c) Planta lavado y peinado (…) El marcado de asistencia es por lectura de código de barras de los DNI de los trabajadores. Se les permite el ingreso al centro de trabajo desde 20 minutos antes del horario establecido para que procedan al cambio de uniforme (…) una vez con el uniforme puesto proceden a apersonarse a la garita (terminales de control dispuestos por la empresa) para lectura de códigos de barras. Una vez culminadas sus actividades se dirigen a marcar su hora de salida a la garita (terminales de control dispuestos por la empresa) para la lectura del código de barras, luego de ello, proceden al vestuario y duchas”

Artículo 14°. - Son obligaciones de los trabajadores de La Empresa las siguientes: (…) 10) Presentarse en su lugar de trabajo correctamente uniformados y guardar la debida compostura durante la jornada de trabajo, velando en todo momento por la imagen de La Empresa.

Artículo 31°. - El trabajador registrará su hora de ingreso y de salida en los medios o terminales de control que disponga la empresa, debidamente uniformado con su ropa de trabajo o uniforme, salvo disposición expresa al respecto dispuesta por La Empresa.

Artículo 36°. - Los trabajadores no podrán abandonar su Centro de Trabajo antes de la jornada establecida, es decir, permanecerán trabajando con su ropa de trabajo hasta cumplir con la Jornada legal señalada y deberán entregar al cambio de turno, las máquinas a su cargo funcionando. El trabajador que labore en turnos, tiene la obligación de relevarse con el trabajador del siguiente turno con su máquina y/o área de trabajo limpia y ordenada, reportando los desperfectos, si los hubiera, así como el reporte de producción en proceso. El trabajador ingresante tiene la obligación de recibir el relevo indicado e informar a su jefe inmediato las irregularidades que encuentre. (énfasis añadido)

trabajador que labore en turnos tiene la obligación de relevarse con el trabajador del siguiente turno, así como que los trabajadores deberán entregar al cambio de turno, las máquinas a su cargo funcionando. En consecuencia, esto significa que el turno del trabajador a ser relevado va a estar realizando labores efectivas o, al menos, estando a disposición de la parte empleadora, hasta que llegue su relevo. De otra parte, se tiene lo vertido en la carta presentada de fecha 17 de agosto de 2021- cuyo contenido ha sido detallado previamente- que reconoce que la prestación subordinada de servicios se extiende desde el momento en que los trabajadores registran su ingreso hasta que realiza la marcación de su salida.

Sobre la infracción al numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, por el impedimento del registro real del tiempo de trabajo

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar

del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

“(…) los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Obreros textiles de Michell y Cia S.A. de las referidas plantas, al constituirse a los referidos centros de trabajo con ropa diferente a la de trabajo, en el ingreso se les toma la temperatura, se constituyen hasta los vestuarios, se cambian (colocan) la ropa de trabajo, guardan cosas en casilleros, regresan hasta la garita de ingreso (que se ubica en el ingreso al centro de trabajo), en que una persona del área de seguridad les realiza el marcado de asistencia (con una pistola láser de lectora de código de barras a los documentos de identificación), luego pasan el lavado de manos (ubicado a un costado de la garita de ingreso), y seguidamente se constituyen a su puesto o lugar de trabajo (…) por la naturaleza de sus actividades en el proceso que intervienen (se habilitan los vestidores y duchas), es necesario el aseo personal, y el cambio de la ropa de trabajo a ropa particular (al salir del centro de trabajo), pero antes deben registrar su salida en la lectora laser del código de barras (en la garita de vigilancia por la que hicieron su ingreso). En conclusión, los trabajadores siguientes trabajadores no marcan, ni se les marca el tiempo real en que ingresan y se retiran de los centros de trabajo (…) El sujeto inspeccionado argumenta que esta diposición de marcado de la asistencia de los trabajadores lleva en observancia al numeral 10 del artículo 14 del Reglamento Interno del Trabajo (…) ha ocasionado que el tiempo de trabajo de los trabajadores referidos (…) no se haya registrado en su totalidad incurriendo el sujeto inspeccionado en una infracción muy grave (…), ya que los efectos de la infracción no pueden revertirse, ante la imposibilidad que los trabajadores (…) en la fecha, pueda marcarse las horas, minutos en que los trabajadores ingresaron y salieron”

10 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR.

“51. En el caso de autos se tiene que los trabajadores detallados en el cuadro N° 4 del Acta de Infracción, ingresan a las instalaciones de la Empresa se cambian de ropa y proceden a realizar el registro de ingreso, asimismo el marcado de salida de los referidos trabajadores es antes de que se aseen y cambien de ropa (…), hecho que ha ocasionado que el tiempo de trabajo de los trabajadores detallados en el Cuadro N° 04 del Acta de Infracción no se haya registrado en su totalidad, toda vez que, no ha considerado el tiempo que le toma al trabajador para cambiarse de ropa, por lo que corresponde acoger la multa propuesta. (…) 54. Por tanto, ante lo evaluado, esta Sub Intendencia colige que la Empresa impidió el registro real del tiempo de trabajo de los trabajadores detallados en el cuadro N° 4 del Acta de Infracción, incurriendo con ello en una (1) infracción muy grave en materia de relaciones labores, en perjuicio de sesenta y tres (63) trabajadores, de acuerdo con el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.”

“6.24 En vista del razonamiento expuesto, esta Sala considera que el tiempo utilizado para el cambio de uniforme de trabajo y/o ponerse los elementos de seguridad, en general, requeridos para el cumplimiento de sus funciones y que realizan en el centro laboral, formarían parte de la jornada de trabajo cuando constituyan una obligación para el trabajador, en virtud de alguna o algunas de las siguientes causas: a) Que el uso de tales implementos obedezca a una obligación consignada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, política escrita o a través de una orden verbalmente impartida. b) Que el uso del uniforme de trabajo sea exigido por el empleador por razones de imagen corporativa, atención al público, requerimiento de clientes, etc.

c) Que se puedan desplegar medidas disciplinarias con relación al comportamiento consistente en registrar el tiempo de trabajo ya portando el uniforme de trabajo. 6.25 En este caso, se evidencia que los trabajadores afectados requerían forzosamente el uso del uniforme para el desempeño de sus funciones, asimismo, que dicha obligación se encontraba contenida en el RIT de la impugnante. Por tanto, el tiempo invertido por los trabajadores para el cambio de la vestimenta de trabajo, tanto para registrar su ingreso y salida del centro laboral debía ser considerado como parte de su jornada de trabajo. Aunado a ello, la necesidad de ponerse la indumentaria de trabajo deriva de la propia naturaleza de las funciones desarrolladas por los trabajadores. Adicionalmente, esta actividad de ponerse el uniforme de trabajo —como quitárselo— es una obligación íntimamente ligada a la organización del personal en el desarrollo del proceso productivo de la empresa y a la respectiva prestación de servicios. 6.26 Por consiguiente, tal actividad constituye una acción preparatoria o final que permiten dar inicio o concluir el respectivo proceso productivo y la prestación de servicios del trabajador. En ese sentido, el cambio de vestuario y/o el uso de elementos de seguridad, son actividades inherentes a la función específica desempeñada por los trabajadores, formando parte integrante de ésta, hecho que permite sostener que durante el desarrollo de tales acciones existe una efectiva prestación de servicios por parte de los trabajadores afectados. Por ello, se puede concluir que el ponerse la vestimenta de trabajo es una actividad necesaria para la ejecución de la prestación efectiva de servicios, según requerimiento del empleador, lo cual permite inferir que, respecto al tiempo utilizado por el trabajador para ello, éste ya se encontraría prestando servicios efectivos y, por ende, que dicho lapso forma parte integrante de su jornada de trabajo.” (énfasis añadido) 6.33 Cabe observar, además, que la Resolución de Sala Plena N° 016-2023-SUNAFIL/TFL ha precisado lo siguiente:

“6.31 De otro lado, se determina que, respecto al tiempo de trabajo, esta norma privada termina teniendo efectos contrarios a la Ley de Jornada de Trabajo, su Reglamento, y la normativa sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, deduciéndose que efectivamente se está produciendo una afectación a las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, tipificada en el numeral 25.6 del RLGIT.”

11 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las

ya que la falta de una adecuada subsunción impide establecer con claridad que la conducta se encuentre comprendida en el tipo legal sancionador.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador 6.37 Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Sub Intendencia N° 292- 2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP) no ha efectuado una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada para la asignación de responsabilidades hacia la Inspeccionada.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas

en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

12 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 13 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549.

afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente valido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

Sobre la vulneración al Principio del Debido Procedimiento 6.48 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar

14 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el

15 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

16 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.56 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

17 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Intendencia N° 292-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, y de los actos o actuaciones vinculados al extremo declarado nulo, conforme a los fundamentos expuestos en los numerales 6.24 al 6.59 de la presente resolución. Además, de remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el sujeto inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Figura N° 01

corresponde dejar sin efecto la multa impuesta por la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar haber efectuado el pago íntegro por trabajo en sobretiempo (horas extras). Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MICHELL Y CIA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 162-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 21 de junio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 177-2022-SUNAFIL/IRE- AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 292-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 24 de marzo de 2023 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 177-

2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 292-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 24 de marzo de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 162-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. QUINTO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 292-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP de fecha 24 de marzo de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 162-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y, a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

SÉPTIMO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.60 de la presente resolución.

OCTAVO. - Notificar la presente resolución a MICHELL Y CIA S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. NOVENO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730SPDC - HR: 79792-2021