EBS Outsourcing S.A.C — Res. 908-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Horas extras); Registro de control de asistencia. PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia correspondiente a la ex trabajadora, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Solicita que se declare la nulidad de la Resolución de Subintendencia N° 1064- 2022SUNAFIL/ILM/SISA4, en tanto se proporcionó información relativa a la ex trabajadora, incluyendo constancias de alta y de baja, contratos de trabajo y una carta explicativa sobre la situación de la trabajadora, los cuales fueron presentados oportunamente durante el procedimiento. ii. Por otra parte, no se ha desconocido la inexistencia de un registro de control de asistencia respecto a la ex trabajadora. Sin embargo, ello se encuentra justificado en función de las condiciones pactadas en el contrato de trabajo, el cual establecía su jornada laboral, y la naturaleza de las funciones desempeñadas, que no requerían la implementación de un sistema de marcación. La empresa, dedicada a servicios de outsourcing contable, opera bajo contratos de tercerización, por lo que su personal es desplazado a las oficinas de los clientes. En ese contexto, se argumenta que no resulta exigible el control de asistencia respecto de trabajadores que, por su modalidad de trabajo, se encuentran en constante desplazamiento, lo que imposibilita una fiscalización inmediata. Además, se invoca la excepción contemplada para trabajadores de dirección, aquellos no sujetos a fiscalización inmediata y quienes prestan servicios intermitentes a lo largo del día.

i. Corresponde precisar que, la autoridad de primera instancia sancionó a la empresa inspeccionada por no contar con el registro de control de asistencia de una ex trabajadora durante el período del 07 de noviembre de 2017 al 03 de octubre de 2018, configurándose una infracción muy grave tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT. Si bien, el administrado argumentó que, por la naturaleza del servicio de tercerización que presta, sus trabajadores se encuentran desplazados en las oficinas de los clientes y, por tanto, no sería exigible llevar un registro de

asistencia. Sin embargo, dicha justificación ya fue evaluada en la resolución apelada, donde se determinó que existía una jornada laboral claramente definida en los contratos de trabajo y que las funciones desempeñadas no eximían del cumplimiento de la obligación legal de registrar la asistencia. ii. Al respecto, la resolución impugnada señala que el Decreto Supremo N° 004-2006- TR, modificado por el Decreto Supremo N° 010-2008-TR, establece la obligación para todos los empleadores del régimen privado de contar con un registro permanente de control de asistencia, incluso respecto del personal desplazado a centros de trabajo de clientes en el marco de servicios de intermediación o tercerización. Asimismo, se precisa que la normativa no contempla excepción alguna para los trabajadores destacados, por lo que la omisión de dicho registro constituye una infracción en materia de relaciones laborales, desvirtuando los argumentos expuestos por la inspeccionada. iii. Por otra parte, en relación con el pedido de nulidad formulado por la inspeccionada, se evaluó lo previsto en los artículos 10° y 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que regulan las causales de nulidad de los actos administrativos. Si bien la empresa alegó que se vulneraron derechos al haberse incorporado información de una ex trabajadora (constancias de alta y baja, contratos y una carta explicativa) en la resolución apelada. Sin embargo, dicho argumento fue desestimado al no evidenciarse la configuración de ninguno de los vicios de nulidad establecidos por la norma, tales como la afectación al debido procedimiento, la falta de competencia o la omisión de motivación. iv. Asimismo, la autoridad concluyó que el acto impugnado fue emitido conforme al marco legal y sobre la base de hechos comprobados, como la ausencia del registro de asistencia de la ex trabajadora, lo que justifica plenamente la sanción impuesta. En consecuencia, se determinó que los argumentos expuestos por la inspeccionada no desvirtúan la infracción ni acreditan la existencia de un defecto sustancial que invalide el procedimiento. Por tanto, se declaró infundado el pedido de nulidad, así como el recurso de apelación interpuesto, confirmando en todos sus extremos la resolución sancionadora de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

7 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EBS OUTSOURCING S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de noviembre de 2022, EBS OUTSOURCING S.A.C. fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1766-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Tal como se expresó en los descargos y en el recurso de apelación, no se ha negado la falta de control de asistencia, si bien el contrato establece una jornada de trabajo, claramente delimitada, por la naturaleza de sus funciones no requería ningún sistema de marcación. ii. No se analizó la naturaleza de la actividad prestada de la ex trabajadora, por ende, la motivación insuficiente. iii. El Decreto Supremo N° 004-2006-TR indica que no existe la obligación de llevar un registro de control de asistencia para trabajadores que no se encuentran sujetas a fiscalización inmediata. iv. Nuestra empresa, como persona jurídica dedicada a la prestación de servicios de outsourcing contable, desplaza a su personal a las oficinas de los clientes. Esta modalidad implica que no se ejerce una fiscalización directa sobre el cumplimiento horario, salvo un control sobre el cumplimiento de metas y entregables.

8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

v. En atención al artículo 10° del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, resulta claro que el personal desplazado como consecuencia de un contrato de tercerización de servicios califica como personal no sujeto a fiscalización inmediata, ya que sus labores se realizaban en ámbito geográfico distinto, el desarrollo de las actividades se llevaba a cabo en función de los requerimientos de servicios, sin superar el tipo de las cuarenta y ocho horas semanales, no existe medios probatorio que demuestre haber realizado descuento por tardanza o memorando. vi. El horario señalado en el contrato tiene un fin referencial. vii. La finalidad de inspección no es imponer sanciones económicas, sino brindar orientación y asistencia técnica.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

9 Conforme a los actuados en el procedimiento inspectivo originado en mérito a la Orden de Inspección N° 31237- 2021-SUNAFIL/ILM.

vulneración al debido procedimiento, corresponde analizar seguidamente el presunto incumplimiento de las obligaciones sociolaborales vinculadas al registro de control de asistencia.

Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de la empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas. (…)”. (Énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo”10.

10 De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, que Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada. 11 Correspondiente al sujeto inspeccionado.

“6.10 La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación de registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia12 en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realice las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad, pues constituye un deber de la inspeccionada en su implementación, el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro del control de asistencia. 6.11 En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación. 6.12 Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo”. (Énfasis añadido)

12 Véase la sentencia recaída en el expediente N° 02111-2010-PA/TC- LIMA, en el fundamento jurídico 42, tercer párrafo: “En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).”

asistencia, no resultan suficientes para desvirtuar la infracción, en tanto los hechos que la sustentan han sido razonablemente acreditados por las autoridades de primera y segunda instancia. En tal sentido, al haber sido determinada su responsabilidad, la carga de la prueba se trasladó a la impugnante, quien contaba con la oportunidad de presentar medios probatorios idóneos que contradijeran las constataciones realizadas por las autoridades administrativas, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No contar con un registro de control de asistencia correspondiente a la ex trabajadora. Numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EBS OUTSOURCING S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1766-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2341-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1766-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de octubre de 2022, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a EBS OUTSOURCING S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730MABJ – HR: 130686-2021