Fiorella Representaciones S.A.C — Res. 441-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, Equipos de protección personal, Formación e información sobre SST, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Gestión de Seguridad y Salud en las empresas. Erwin FAU 20555195444 soft 19:50:03-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2) del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a formación e información, conforme al numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00. - Una infracción MUY GRAVE a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a gestión en la empresa, conforme al numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00. - Una infracción MUY GRAVE a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a identificación de peligros y evaluación de riesgos, conforme al numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00.

- La obligación del sujeto inspeccionado de brindar a sus trabajadores la formación y la información sore STT, solo se hace una referencia de una serie de artículos de la LSST y no ha analizado y resuelto debidamente los descargos formulados, la Sub Intendencia no ha motivado debidamente la resolución, sin explicar el motivo por el cual considera que se ha configurado la falta, sin pronunciamiento de la entrega a SUNAFIL, en la comparecencia de fecha 28/02/209 y 13/03/201. - El supuesto de incumplimiento de gestión de seguridad y salud en la empresa, SUNAFIL se limita a una mera aplicación mecánica de la LSST, así como no tomar en consideración los descargos presentados. - Se presento una MATRIZ HIPER y otros documentos, del área del almacén dentro de la comparecencia de los días 28/02/209 y 13/03/201, pero no fue materia de pronunciamiento en la resolución materia de impugnación. - La denuncia se basó en la manifestación verbal de un trabajador afectado y no se realizó por parte de la inspectora auxiliar, una investigación del accidente de trabajo que le permitieran determinar las causas del accidente. - Se hace la invocación de la caducidad. - No se apodera el criterio de gradualidad de sanción, por cuanto se ha impuesto multas, sin considerar y valorar el principio de proporcionalidad y razonabilidad.

- Respecto a la caducidad, señala que mediante Resolución N° 033-2021-SUNAFIL/IRE- CAL/SIRE, se amplió el procedimiento administrativo iniciado con imputación de cargos N° 469-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC, asimismo han operado suspensiones de plazo para procedimientos administrativos por el estado de emergencia sufrido en el país. - Contrario a lo que sostiene la impugnante, la inspectora realizó una inspección del accidente de trabajo, materia de denuncia y actúo conforme sus facultades del art. 6 de la ley General de Inspección de Trabajo. Aunado a ello trabajo con el Inspector de Trabajo Raül Duelas Ramos, quienes en conjunto suscribieron y analizaron correspondientemente los hechos insubsanables advertidos que obran a fojas 121-123 de expediente de actuaciones inspectivas. - Una forma de motivar una resolución puede darse sobre las bases del contenido del Acta de Infracción e Informe Final de Instrucción, en ese sentido, se ha efectuado un análisis tanto de los actuados por los inspectores comisionados durante la etapa investigatoria, así como de los fundamentos de la resolución apelada a preciándose a detalle los hechos en los que ha incurrido la inspeccionada y que son objetos de sanción.

2 Notificada el 06 de mayo de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de julio de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 078-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, argumentando lo siguiente:

- Actuaciones de investigación: durante la etapa de actuaciones inspectivas en el acta de infracciones N° 315-2019-SUNAFIL/IRE-CAL, fue realizada única y exclusivamente por la INSPECTORA AUXILIAR DE TRABAJO, por lo que se advierte que la asignación del inspector de trabajo en el presente procedimiento administrativo sancionador fue mera formalidad. Dicha inspectora, en todo el procedimiento inspectivo no ha acreditó el nexo causal entre supuestos incumplimientos y el accidente de trabajo, pues solo se basó en la denuncia y manifestación verbal del extrabajador. Siendo que la auxiliar asignada al caso no tendría las facultades para realizar visitas inspectivas en un centro de trabajo no MYPE, por accidente de trabajo por su naturaleza compleja, razón por la cual sus actuaciones serian nulas. - Sobre la supuesta infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo: se señala que la empresa a cumplido con sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que se le requiera, tal como se acreditó en las oficinas de la Intendencia Regional del Callao, con la documentación requerida, y del análisis realizado por la auxiliar inspectora de trabajo se advierte mucha subjetividad en calificar el MOF y otros documentos. - Errores que invalidan el procedimiento: la inspectora estaría actuando con una función recaudadora, desnaturalizando la función inspectiva. Asimismo, es un error de apreciación imputar extemporáneamente infracciones y propuestas de multa en un contexto que entre el Acta de Infracción y la imputación de cargos trascurrieron 09 meses y 9 días y después de 14 meses y 26 días se dicta la Resolución de Sub-Intendencia y pretenden luego de ese tiempo se aplique una multa. - Acta de infracción y la medida de requerimiento contraviene el principio de legalidad: en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad que rige la actuación del poder público, porque el inspector auxiliar actuante y el inspector del trabajo, han evaluado subjetivamente y han llegado a la conclusión y como hecho comprobado solamente la denuncia y la manifestación verbal del ex trabajador sin ninguna investigación sobre el accidente de trabajo que le hubiera permitido determinar las causas por el cual se produjo el accidente. - Falta de motivación de las decisiones: la motivación de los pronunciamientos o decisiones por parte del inspector es de vital importancia, dado que su omisión o desarrollo deficiente, es suficiente para solicitar la nulidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

SOBRE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.1. En el procedimiento sancionador ha operado la caducidad, pues desde el inicio del procedimiento, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 08 de enero de 2020 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 469-2019-SUNAFIL/IRE/CAL/SIAI-IC8.

- El 26 de marzo de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 237-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, siendo notificada el 29 de marzo de 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas,

8 Véase folio 7 del expediente sancionador. 9 Véase folio 40 del expediente sancionador.

correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.9. Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 19 de enero de 2021, se resuelve ampliar excepcionalmente, por tres (03) meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

excepcionalidad de la medida, imponiendo determinadas cargas a la Administración a fin de evitar que pueda prorrogar con facilidad el plazo previsto sin mediar justificación adecuada ni un tipo jurídico específico.

Debe señalarse que, además de esto, la Resolución deberá ser emitida por el órgano competente y, sobre el particular, ni la LGIT, el RLGIT, el Reglamento del Tribunal ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente para emitir dicha prórroga. No obstante, el TUO de la LPAG sí establece algunas consideraciones que permiten a esta Sala identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- qué autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.

La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.

Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”(énfasis añadido).

De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que:

“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que

las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia”. (el énfasis es añadido).

Resultado Del Análisis Realizado

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULO la Resolución de Sub Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-CAL-SIRE, de fecha 19 de enero de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C. recaído en el expediente sancionador N° 389-2019- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia de Regional del Callao, disponiendo su archivamiento.

TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.6 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a FIORELLA REPRESENTACIONES S.A.C. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga