Supervan S.A.C — Res. 438-2021

Antecedentes

1 Se verificaría el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones, Jornada, Horarios de trabajo, Descansos remunerados, Compensación por tiempo de servicio y Certificado de trabajo. Erwin FAU 20555195444 soft 19:45:03-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT). No obstante, la impugnante no presente descargos.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con asistir a la diligencia de comparecencia programada el día 03 de marzo de 2020, conforme al numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

- La Resolución de sanción adolece de una motivación y vulnera el derecho al debido procedimiento. - El Sr. Jorge Morante (apoderado de la SUPERVAN SOCIEDAD ANONIMA) laboró en la empresa hasta el 31 de marzo de 2021, siendo que no informó respecto al requerimiento y comparecencia programada, ello generando de manera involuntaria la inacción del derecho de defensa. - No se contó con antecedentes hasta la emisión del Informe Final de Instrucción, por lo que no se realizó descargo. - De parte de SUPERVAN SOCIEDAD ANONIMA, no existe voluntad obstructiva, en merito a ello, presenta los documentos que acreditan los beneficios sociales de los trabajadores involucrados, ENGELS ANAYA GUEVARA y RULY SIMEON ALIAGA.

- Los defectos mencionados por la impugnante, constituye errores de carácter material, por lo que debe corregirse y conservarse los demás extremos de la referida resolución. - La impugnante no puede alegar, que no contaba con mayores antecedentes hasta la emisión del Informe Final de Instrucción, toda vez que, de la revisión del expediente de investigación, se evidencia que el Acta de Infracción N° 113-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, contiene la propuesta de sanción por una labor inspectiva e imputación de Cargos N° 265-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC.

2 Notificada el 02 de agosto de 2021.

- Al haberse emitido la Orden de Inspección N° 410-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, se dispuso el requerimiento de comparecencia programada para el día 03 de marzo de 2020 a las 9.30 am, por medio del cual se solicitó a la impugnante la exhibición y presentación de documentos a fin de evaluar la denuncia realizada por extrabajadores. - Dicho requerimiento cumplió con el acto administrativo conforme al art. 21° y 70° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, dicha notificación realizada al Sr. Jorge Alberto Morante Pineda, en su calidad de apoderado de la impugnada, precisándole que la inasistencia constituiría obstrucción a la labor inspectiva sancionable con multa, según lo dispuesto por los artículos 36° y 39° de la ley N° 28806 y su artículo 46° numeral 46.10 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR. - Correspondió, por parte de la impugnante adoptar acciones respectivas para asistir a la diligencia, medidas o acciones internas dentro de su organización, tal como orientar e instruir a sus trabajadores a efectos de tener conocimiento de cómo proceder ante hechos de ser notificados e informar correspondientes a los representantes legales. Sin embargo, no lo hizo, incurriendo en una infracción a la labor inspectiva, conforme anteriormente citada. - Lo sustentado por la impugnante, respecto que no se puede probar que su apoderado Sr. Jorge Alberto Morante Pineda no habría sido informado del requerimiento y concurrencia, no tiene sustento legal, puesto el sujeto inspeccionado fue notificado válidamente, conforme el art. 21 del Texto Único Ordenado, antes la antes referida Ley. - Los argumentos respecto al incumplimiento de los beneficios sociales, a favor de los denunciantes, siendo uno de ellos judicializado, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento, puesto no guarda relación con la infracción materia de análisis.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SUPERVAN S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de agosto de 2021, la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 145-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, argumentando lo siguiente:

- A la fecha de la comparecencia, a la cual la impugnante no acudió, no existía incumplimiento de las normas socio laborales, con el excolaborador ENGELS ANAYA GUEVARA, dicho medios probatorios fueron presentados en el recurso de apelación. - La inasistencia a la comparecencia no puede acarrear la imposición de una multa tan gravosa. - Resulta aplicable en el presente caso, el beneficio de reducción de la multa al 90%, el cual está establecido en el numeral 17.3 del artículo 17° del RGIT (Resolución 134-2019- SUNAFIL), al haberse acreditado que el sujeto inspeccionado subsano las infracciones antes de la emisión de acta de infracción. - Respecto al ex colaborar RULY SIMEON ALIAGA, al no encontrarse de acuerdo con la liquidación de beneficios sociales, interpuso una demanda judicial (Exp. 0075-2020-0- 070-JP-LA-02) tramitado en el Sala laboral del Callao. A la fecha de comparecencia, 03 de marzo de 2020, el caso del Sr. Simeón, no se había podido acreditar el pago de su liquidación de beneficios sociales. Debido a que el mismo trabajador decidió no asistir a cobrar su liquidación y solicitarlo en la vía judicial.

Análisis Del Recurso De Revisión

SOBRE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.1. Respecto al procedimiento sancionador, se observa que ha operado la caducidad, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 19 de agosto de 2020 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 265-2020-SUNAFIL-IRE-CAL/SIAI-IC8.

- El 02 de junio de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 447-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, siendo notificada el 04 de junio de 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

8 Véase folio 08 del expediente sancionador. 9 Véase folio 29 del expediente sancionador.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

encontramos ante la caducidad-perención, en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.9. Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 364-2021/SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 07 de mayo de 2021, se resuelve ampliar excepcionalmente, por 03 meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

Debe señalarse que, además de esto, la Resolución deberá ser emitida por el órgano competente y, sobre el particular, ni la LGIT, el RLGIT, el Reglamento del Tribunal ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente para emitir dicha prórroga. No obstante, el TUO de la LPAG sí establece algunas consideraciones que permiten a esta Sala identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- qué autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.

La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.

Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su

acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”(énfasis añadido).

De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que:

“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad

Resultado Del Análisis Realizado

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

POR TANTO: Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULO la Resolución de Sub Intendencia N° 364-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 07 de mayo de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra SUPERVAN S.A.C. recaído en el expediente sancionador N° 147-2020-SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao, disponiendo su archivamiento.

TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.5 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SUPERVAN SOCIEDAD ANONIMA y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga