Bralco Contratistas Generales S.R.L — Res. 738-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Subgrupo: condiciones de seguridad), Equipos de protección personal (Subgrupo: incluye todas), Seguro complementario de trabajo de riesgo (Subgrupo: cobertura en salud), Estándares de higiene ocupaciones (Subgrupo: comedor – vestuario – servicios higiénicos). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

(02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por la negativa a cumplir con los requerimientos de información de fechas 04 y 12 de octubre de 2022.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores auxiliares la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones (respecto del requerimiento de información notificado vía casilla electrónica en fecha 04 de octubre de 2022), tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/ 7,544.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores auxiliares la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones (respecto del requerimiento de información notificado vía casilla electrónica en fecha 12 de octubre de 2022), tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/ 7,544.00.

i. Alega que nunca conoció de estas notificaciones, esto es que, no se tomó conocimiento de los requerimientos de información realizados por el inspector mediante casilla electrónica, por lo que no resultan válidos, violentando el debido procedimiento y principio de razonabilidad, como lo ha establecido el precedente administrativo vinculante emitido mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2023-SUNAFIL/TFL, además que se tomó la Resolución N° 487-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y la Resolución N° 738-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. ii. Señala que los trabajadores que se imputan como afectados nunca laboraron para su representada, sino para el CONSORCIO PERU, cuyo operador tributario estaba asignada a la empresa CONSTRUCTORA B&M INGENIERCOS SAC, quien había asumido en su planilla a los trabajadores que laboraban en la obra.

iii. Argumenta que se notificaron dos requerimientos de información mediante casilla electrónica, sin embargo, no se otorgó consentimiento expreso para ser notificados mediante casilla electrónica.

i. Se verifica que se ha venido respetando el debido procedimiento del apelante, tanto en la etapa de actuación inspectiva como en el procedimiento administrativo sancionador al habérsele notificado debidamente con la imputación de cargos, a fin que efectúe sus descargos dentro de los plazos legalmente establecidos, así como notificado debidamente todas las actuaciones correspondientes al presente caso, otorgándosele la oportunidad conforme a su derecho, de presentar sus argumentos de defensa, así como de adjuntar los medios probatorios que considere pertinentes para sustentar su teoría del caso y estrategia de defensa, obteniendo una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, como es el caso de la expedición de la resolución cuestionada, encontrándose acorde a la normativa expuesta, al haber desarrollado un análisis jurídico y fáctico de las normas vulneradas, según los hechos constatados. ii. En etapa de actuación inspectiva como en el procedimiento administrativo sancionador se ha procedido con legalidad, habiéndole imputado infracciones determinadas por ley. iii. La autoridad sancionadora ha tenido en cuenta para el cálculo del monto de la sanción impuesta, la Tabla de Cuantía y Aplicación de Sanciones regulada en el numeral 1) del artículo 48° del RLGIT, teniendo como parámetros establecidos la tabla denominada pequeña empresa, así como la gravedad de las infracciones detectadas y el número de trabajadores afectados. iv. Se evidencia que se cumplió con depositar en la casilla electrónica los dos requerimientos de información efectuados los días 04 y 12 de octubre de 2022 v. Asimismo, se verifica que se ha cumplido con remitir las respectivas alertas de notificación, además se pudo verificar como los datos del contacto coinciden a la dirección donde se enviaron las alertas, además que se pudo verificar los accesos a la casilla y la fecha de descarga. vi. Las Resoluciones N° 487-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 738-2022-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, citadas por el apelante, no constituyen precedentes administrativos vinculantes de observancia obligatoria; siendo que ambas tienen en común que, durante las actuaciones inspectivas de investigación, no se generaron las alertas de notificación correspondientes, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

2 Notificada a la impugnante el 29 de mayo de 2023, véase folio 78 del expediente sancionador.

vii. Solo se puede usar otra modalidad de notificación en el supuesto de que existe imposibilidad de efectuar la notificación por casilla electrónica, lo cual no sucedió en el presente caso. viii. Se verifica que el Inspector comisionado, con fecha 21 de setiembre del 2022, efectuó la comprobación de datos correspondiente, de la planilla electrónica del sujeto inspeccionado, encontrando a 27 trabajadores activos, además el contrato de consorcio no desvirtúa las infracciones imputadas.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de junio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 148-2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación de lo prescrito por el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General que regula el principio del debido procedimiento. ii. Inaplicación de lo prescrito por el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, principio de igualdad ante la ley, numerales 1.5 y 1.14 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. iii. Inaplicación de lo prescrito por el segundo párrafo del literal c) del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta. iv. Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

v. Inaplicación del numeral 9) del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. vi. Apartamiento inmotivado del criterio establecido por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral fijado en la Resolución N° 001-2022-SUNAFIL/TFL.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el principio del debido procedimiento 6.1 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un

espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

9 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

De la potestad sancionadora y la correcta determinación del número de trabajadores afectados

o a los sindicatos afectados, según los alcances del numeral 48.1-B; o bajo el criterio previsto el numeral 48.1-C, ambos regulados bajo el artículo 48 del RLGIT, denominado “Cuantía y Aplicación de las Sanciones”), la regla general es que se determine de manera fehaciente el número de trabajadores afectados.

un supuesto de indebida motivación de las infracciones impuestas o a imponer. ( Énfasis añadido).

Empresa : BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Dirección : CENTRO DE SALUD CAÑARIS (I-3)

Departamento : LAMBAYEQUE, Provincia: FERREÑAFE, Distrito: Cañaris

Intendencia : IRE LAMBAYEQUE

[1] Documentos de representación del sujeto inspeccionado: a. Vigencia de poder del representante legal y Copia del DNI del Representante Legal. b. Carta poder simple del apoderado, de ser el caso. (Deberá de acompañarse copia de la vigencia de poderes del poderdante donde se exprese que tiene facultad de delegar poderes de representación). c. Copia del D.N.I. del poderdante y del apoderado. [2] Declaración jurada donde informe números de celular designado por Ustedes, para los efectos de las comunicaciones relacionadas a la orden de inspección comisionada. [3] Reporte TR5: Datos Laborales del Trabajador (actualizado) del T-REGISTRO en formato txt. [4] Relación de todos los trabajadores que laboran para su representada a la fecha del presente requerimiento en el centro de trabajo descrito líneas arriba, incluyendo a aquellos trabajadores registrados durante la visita inspectiva del día 29.09.2022 en el marco de actuación de las órdenes de inspección N° 1615-2022; indicando los siguientes datos: apellidos y nombres, documento de identidad, fecha de ingreso y cargo, en formato Excel. [5] Registro de entrega de equipos de protección personal (EPP) de todos los trabajadores descritos en el numeral [4] del presente requerimiento. [6] Acredite la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente, con cobertura en salud Y pensiones, a favor de todos los trabajadores descritos en el numeral [4] del presente requerimiento. [7] Acredite el levantamiento de las siguientes observaciones realizadas durante la visita inspectiva del día 29.09.2022: a. Rampas de acceso al segundo nivel no cuentan con barandas completas. b. Trabajador Elmer Cueva no cuenta con zapatos de seguridad. c. Área central en segundo nivel se le retiraron las barandas porque se encontraban colocando fierros. d. No se cuenta con un área de vestuario (debe contarse con dicha área para que los trabajadores puedan guardar las cosas que llevan) e. No se cuenta con un área de comedor (se utiliza el área de triaje para que los trabajadores que llevan su comida puedan tomar sus alimentos)

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.28 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

emita una nueva decisión, acorde a los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 y los numerales 13.1 y 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 152-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de fecha 24 de marzo de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 016-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA. SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 152-2023- SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de fecha 24 de marzo de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. -Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.30 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente