Artimoda S.A — Res. 1244-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo materia: Gratificaciones y Pago de la remuneración (sueldos y salarios)), Jornada, horario de trabajo y descanso remunerados (Subgrupo materia: Vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo materia: Depósito de CTS), Bonificación no remunerativa (Subgrupo materia: Incluye todas), Certificado de trabajo (Subgrupo materia: Incluye todas), y Seguridad social (Subgrupo materia: Declaración y pago de la seguridad social). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

solicitada mediante requerimiento de información de fecha 13 de julio de 2021, así como por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar la documentación necesaria para el desarrollo de la función inspectiva, solicitada mediante requerimiento de información de fecha 26 de julio de 2021.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, solicitada de fecha 13 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 3,388.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar la información y documentación al personal inspectivo, solicitada de fecha 26 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 3,388.00.

i. Se vulnera el principio de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que, se aplica una multa por, supuestamente, incumplir con remitir información solicitada mediante requerimientos de información, tomando como base el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, y aplicando una multa ascendente a S/6,776.00 soles, sin reparar en el hecho de que tal cuantía constituye el tope máximo a aplicarse como multa. Precisa que, para la imposición de la multa requería desarrollar los criterios que llevaron a su aplicación y no un monto menos gravoso. ii. La autoridad deposita, de manera sucesiva, los dos (02) requerimientos de información, pese a no tener respuesta del primer requerimiento, evidenciándose que no se despliegan los mecanismos con los que cuenta la entidad –para poder comunicarse e informar respecto de la existencia de una notificación en la casilla electrónica– para proceder con remitir la información solicitada, criterio desarrollado por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 906-2022-SUNAFIL/TFL, lo que evidencia un actuar contrario al principio de razonabilidad.

iii. El artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR establece que la autoridad debe cumplir con notificar al administrado, vía correo electrónico o a través del servicio de mensajería, cada vez que se suba un requerimiento a la casilla electrónica. En el presente caso, no se ha cumplido este extremo, debido a que la autoridad no ha precisado si la existencia del requerimiento de información fue debidamente notificada por correo electrónico o servicio de mensajería. iv. Sostiene que las Resoluciones N° 547-2021, N° 548-2021 y N° 552-2021, emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral, supeditaron los efectos de la notificación a la casilla electrónica al envío de las alertas al correo electrónico consignado en la plataforma. v. La negativa se configura cuando existe un accionar deliberado por parte del sujeto en no entregar algo, siendo el conocimiento del pedido un factor indispensable, para la configuración de la negativa, situación que no se da en este caso, dado que al no tener conocimiento de la inspección ni del requerimiento, no se puede hablar de negativa de entregar información.

i. Manifiesta que, los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad de primera y segunda instancia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto; por lo que, desprende que la resolución apelada cumplió con lo dispuesto en el artículo 38 de la LGIT y el artículo 47 del RLGIT. ii. Sostiene que la impugnante tiene la obligación de dar atención a cada uno de los requerimientos que realice la autoridad inspectiva. Siendo así, cada requerimiento de información constituye una de las modalidades de actuación de investigación a las que se encuentra facultado el personal inspectivo. El incumplimiento de cada requerimiento constituye un acto independiente; por lo que, no se observa un exceso de punición, más aún si la cuantía de multa se realizó según lo establecido en el artículo 48 del RLGIT. iii. Con relación a la Resolución N° 906-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, advierte que dicha resolución no vincula al momento de determinar la responsabilidad de la impugnante respecto del incumplimiento de su obligación a la labor inspectiva, toda vez que, no constituye precedente de observancia obligatoria, sino solo argumentos desarrollados para cada caso en concreto.

2 Notificada al impugnante el 05 de abril de 2023, véase folio 41 del expediente sancionador.

iv. De conformidad con el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual constituye un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que, la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, conforme lo dispuesto en el numeral 11.1. del artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. v. Asimismo, a través de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL se aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, siendo que la fecha de inicio establecida en dicho cronograma determina el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, conforme la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia N° 114- 2002-SUNAFIL se modificó el cronograma antes establecido como consecuencia de la emergencia sanitaria, siendo que, para el caso de las notificaciones de los requerimientos de información emitidos en el procedimiento inspectivo, la fecha de implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica inició el 31 de diciembre de 2020. vi. En ese sentido, vista la legalidad de la creación de la casilla electrónica, así como acreditada la existencia de la constancia de notificación del requerimiento de información, no se encuentran las razones para establecer que no se siguió con el procedimiento regulado en la norma legal. Recuerda que, las alertas no resultan necesarias para la eficacia de las notificaciones; por lo que, resalta que las alertas no revisten de validez a la notificación, pues constituye obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen, conforme lo establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. vii. Siendo así, quedan descartados los argumentos en los que la impugnante cuestiona las notificaciones efectuadas, sosteniendo la inobservancia del procedimiento, por cuanto quedó evidenciado que fue debidamente notificado vía casilla electrónica; por lo que, carece de asidero lo alegado por la impugnante. viii. Con respecto a las diversas resoluciones señaladas por la impugnante, referidas a las alertas por correo electrónico y/o sistema de mensajería, precisa que tales resoluciones no lo vinculan al momento de determinar responsabilidad de la impugnante sobre el incumplimiento de sus obligaciones a la labor inspectiva, debido a que no constituyen precedente de observancia obligatoria, sino solo argumentos desarrollados para cada caso concreto.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión-. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, Artículo 14 y Decreto Supremo N°004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, Artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ARTIMODA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 265-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sobre la afectación al principio de razonabilidad y proporcionalidad: Se aplica una multa por supuesto incumplimiento con remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 13 de julio de 2021 y de fecha 26 de julio de 2021. Precisa que, se ha tomado como base el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, aplicándose la multa total de S/6,776.00 soles. Sin embargo, la administración no ha reparado el hecho de que tal cuantía constituye el tope máximo a aplicarse como multa; por lo que, la imposición de la multa requería desarrollar los criterios que llevaron a su aplicación, tanto más cuando no se han analizado las causas de la supuesta no remisión de la información. ii. Sostiene que, de la resolución impugnada advierte un examen mecánico y abstracto no solo de los hechos sino de la norma aplicable a la falta cometida; toda vez que, solo se limitan a describir la infracción y la disposición legal que regula la falta, así como la cuantía en su tope máximo. Asimismo, no analiza los criterios para la imposición de la sanción, esto es, que no se hace el examen del hecho en directa relación con el administrado, menos se han analizado las condiciones para la graduación de la multa impuesta, conforme lo exige el numeral 3 del artículo 248

del TUO de la LPAG; por tanto, no se ha tomado en cuenta el verdadero contenido del principio de proporcionalidad. iii. Refiere que, de manera sucesiva, se le depositaron los dos (02) requerimientos de información, pese a no tener respuesta del primer requerimiento, evidenciándose además que no se despliega los mecanismos con los que cuenta la entidad para poder comunicarse e informar sobre la existencia de una notificación en la casilla electrónica, para que puedan proceder con remitir la información solicitada. iv. Sobre el segundo requerimiento de información: De la revisión de los actuados advierte que se realizaron dos (02) requerimientos de información de fecha 13 de julio de 2021 y de fecha 26 de julio de 2021; sin embargo, en ninguno de los casos, obtuvo respuesta alguna debido a que a la fecha de los requerimientos de información su representada no tenía habilitada su casilla electrónica. Por tanto, evidencia un proceder mecánico al remitir un segundo requerimiento de información, pese a que el primero no fue atendido. En consecuencia, resulta un proceder contrario al principio de razonabilidad, colocando a la entidad como un mero recaudador de multas. También, hace referencia a la Resolución N° 906-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la que señala que no resulta razonable emitir un segundo requerimiento de información cuando en un primer caso no se generó respuesta alguna, debiéndose optar por buscar formas alternativas de notificación en beneficio de la fiscalización. v. Sobre la naturaleza de la norma infringida y conducta sancionada: En el presente caso, se sanciona la negativa y no el desconocimiento de la orden de inspección; sin embargo, no analiza el motivo por el cual la empresa tendría la necesidad de negarse a proporcionar información que acredite el cumplimiento de los solicitado por la autoridad. vi. Manifiesta que, para que se configure la negativa como tal debe existir un accionar deliberado por parte del sujeto en no entregar algo, pese al conocimiento de lo requerido; no obstante, esta situación no se ha dado en el presente caso, debido a que al no tener conocimiento de la inspección ni del requerimiento, no se puede hablar de negativa en entregar información; por lo que, ello debió ser analizado, ya que, de manera mecánica, el personal inspectivo se limita a señalar que habrían incumplido con el requerimiento de información, lo que atenta contra la finalidad orientadora que debe seguir la SUNAFIL y lo convierte en un mero recaudador de fondos de multas. vii. Sobre el uso de la casilla electrónica: En el punto 3.15 de la resolución impugnada se hace mención del punto 4.4 y 4.5 de los hechos constatados del Acta de Infracción. Así, de los referidos hechos constatados advierte que, con meridiana claridad, evidencia: a) No se valida si se cumplió con notificar a su representada, vía correo electrónico o a través del servicio de mensajería, cada requerimiento de información remitido a la casilla electrónica y, b) Se envía un correo electrónico informando el requerimiento de información depositado en la casilla electrónica a la dirección electrónica del denunciante. viii. Precisa que, en el transcurso del procedimiento, se han limitado a señalar que su representada no habría cumplido con responder el requerimiento de información, sin puntualizar si esta habría cumplido o no con su deber de notificación al administrado (vía correo electrónico o mensajería) con respecto a la existencia del requerimiento en la casilla. ix. Refiere que, se debe tener en cuenta las Resoluciones N° 547-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, N° 548-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 552-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, aquellas que supeditaron los efectos de la notificación a la casilla electrónica al envío de las alertas al correo electrónico consignado en la plataforma, lo que no ha sido cumplido por la autoridad al momento de subir el requerimiento

de información en la casilla electrónica. Además, sobre las resoluciones antes descritas debe considerarse lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, ya que marcan un criterio de interpretación que debe ser aplicado por parte de las instancias inferiores, conforme al supuesto de uniformidad de criterios que le otorga su normativa de creación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 10 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

Electrónica, comunicará al usuario o administrado, cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, mediante una alerta al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. Se concluye entonces que los administrados tienen una expectativa justificada de que tendrán conocimiento de cualquier notificación depositada en la casilla electrónica por medio de la mencionada alerta.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida.”

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a una notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

11 Cfr. GUASTINI, R. (1999). "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, (29), 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.15.

13 Citada por el fundamento jurídico 9 de la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC. 14 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 15 Ibid. fundamento jurídico 4. 16 Loc. Cit. 17 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14.

consideración” 18. Es por esta razón que no es posible negar eficacia a una conducta que la propia Administración ha previsto como parte de su comportamiento, durante el trámite de notificación: la emisión de las alertas. Negar esta obligación sería contrario también al Principio de Buena Fe Procedimental, que exige tanto a la Administración como al administrado realizar “sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”19 (énfasis añadido).

18 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 19 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido).

FIGURA N° 01:

FIGURA N° 02:

FIGURA N° 03:

Figura N° 04:

notificaciones efectuadas por medio de la casilla electrónica, así como la actuación de la Administración optando por una de las alternativas sin motivar adecuadamente su decisión, constituye una vulneración al principio de buena fe procedimental dado que la autoridad administrativa ha realizado actuaciones interpretando la regulación contraria al administrado; sin motivar explicando la ponderación o razonabilidad de la medida en perjuicio de éste. Por tanto, se debe tomar en cuenta el análisis efectuado por la posición mayoritaria de esta Sala en los fundamentos 6.6 a 6.22.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

20 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 21 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG. 22 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

derecho de defensa y la autoridad administrativa de evaluar y aplicar, según el caso, los mandatos normativos propios de este procedimiento sancionador, se declara la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 1230-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 18 de octubre de 2022, que sanciona al administrado con dos infracciones muy graves, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de legalidad, informalismo, debido procedimiento y derecho de defensa del administrado.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ARTIMODA S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 1230-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 18 octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador, recaído en el expediente sancionador N° 3406-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1230-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 18 octubre de 2022, a fin de que la instancia competente emita nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana y la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.33 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ARTIMODA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, la Resolución N° 573- 2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 19 de junio de 2023), Resolución N° 818-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 24 de agosto de 2023), Resolución N° 954-2023-SUNAFIL/TFL- Primera Sala (del 05 de octubre de 2023), Resolución N° 1212-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 22 de diciembre de 2023), Resolución N° 060-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 19 de enero de 2024), Resolución N° 251-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 08 de marzo de 2024), 2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 14 de octubre de 2024), Resolución N° 222-225- SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 07 de marzo de 2025), Resolución N° 268-2025-SUNAFIL/TFL- Primera Sala (del 21 de marzo de 2025), Resolución N° 608-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 06 de junio de 2025) y, Resolución N° 612-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 06 de junio de

2025), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener mi voto en este caso en concreto bajo las siguientes consideraciones:

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

1. Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad23.

2. Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

3. Sobre el particular, del expediente inspectivo se verifica:

23 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

▪ A folios 31 el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 13 de julio de 2021, y, a folio 31 la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante en la misma fecha, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

FIGURA N° 01:

▪ Así también, a folios 33 el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 26 de julio de 2021; y, a folio 34 la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante en la misma fecha, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

FIGURA N° 02:

4. En ese entendido, estando a las notificaciones efectuadas y a la obligatoriedad de la casilla electrónica, no podemos dejar de lado que el proceder de los inspectores de trabajo debe estar sujeto al cumplimiento del Principio de Razonabilidad. Así, se observan casos en los que se deposita sucesivamente no una sino dos o hasta más requerimientos de información a una casilla electrónica sin que se tenga respuesta al primero de los depositados y sin procederse a generar la alerta que el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, ha previsto. 5. En tales casos, no cabría amparar a la segunda sanción, por configurar un exceso de punición, ya que los inspectores de trabajo pueden acudir a una serie de medios amplios para asegurar el conocimiento del investigado que pudiera no haber habilitado su casilla

electrónica (situación determinable a partir del análisis de la propia SUNAFIL, a través de su órgano competente).

6. Asimismo, debemos señalar que, de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia24. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

7. En ese sentido, no puede dejar de observarse que el examen sobre la validez del procedimiento sancionador emprendido contra la impugnante no ha arrojado una irregularidad suficiente que permita desplegar un efecto de nulidad.

8. Consecuentemente, con todo lo expuesto, en el caso materia de autos, se puede apreciar que se sanciona a la impugnante por dos infracciones a la labor inspectiva: una es por el incumplimiento de entrega de información solicitada mediante un primer requerimiento de información notificado a la impugnante vía casilla electrónica y la otra por el incumplimiento de entrega de información solicitada mediante un segundo requerimiento de información notificado a la impugnante vía casilla electrónica (tal como se ha mencionado en la presente resolución). Ambos requerimientos de información se efectuaron en el marco de las actuaciones inspectivas desplegadas por el inspector comisionado en virtud de la misma Orden de Inspección.

9. Por tanto, al haber advertido el inspector actuante que no hubo respuesta del primer requerimiento de información, debió desplegar más atribuciones que solamente el depositar requerimientos sucesivos en la casilla electrónica cuando no existió respuesta alguna del entonces sujeto inspeccionado. Es pertinente precisar que lo esbozado no implica que se haya configurado algún supuesto que vicie la notificación —vía casilla electrónica, respecto del segundo requerimiento de información — siendo que tal práctica fue válida, conforme a lo desarrollado líneas arriba. No obstante, no se puede soslayar que el personal inspectivo tiene más medios para poder procurar el conocimiento al administrado.

10. En efecto, el proceder con un segundo depósito del acto de comunicación ante la casilla electrónica por un mismo hecho investigado, cuando ya existió un primero, sin que haya existido respuesta alguna del entonces inspeccionado, no parece ser una práctica

24 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, 44.

subsumible dentro de la aplicación de la razonabilidad como límite subyacente de las actuaciones del poder público. Conforme con la doctrina especializada, cuando se aplica una sanción más allá de los estándares de la razonabilidad se comete un exceso de punición, acto prohibido por resultar un “vicio de nulidad del acto administrativo”. Así, en el examen del depósito en la casilla electrónica del segundo requerimiento, cuando el primero no fue atendido, cabía que el inspector comisionado evaluase formas alternativas o adicionales (entre ellas, las previstas en el segundo párrafo del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR) con el fin de asegurar la eficacia de la fiscalización, reduciéndose así la discrecionalidad administrativa conforme a un desarrollo justificado en el Principio de Proporcionalidad en sentido estricto.

11. De esta forma, aun cuando la inobservancia del segundo requerimiento de información depositado en la casilla electrónica de la entonces inspeccionada resulta una omisión punible, no se observa en consulta con el expediente inspectivo, que se haya evaluado la conducta y criterios atingentes para considerar su idoneidad. En seguimiento con los lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional, puede verse que el Tribunal ha establecido lineamientos para calificar a una decisión sancionadora como razonable, cuando concurran tres requisitos:

“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación con los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso” (énfasis añadido)25.

12. Bajo estas consideraciones, debe confirmarse la sanción por la infracción por el primer requerimiento de información notificado a la inspeccionada, y revocarse la sanción por la infracción por el segundo requerimiento de información notificada a la inspeccionada, pues el segundo acto descrito no satisface un examen de proporcionalidad e idoneidad para el caso concreto.

Por las razones expresadas en estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare FUNDADO EN PARTE, CONFIRMANDO la sanción por la infracción por el primer requerimiento de información notificado a la inspeccionada el 13 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, y DEJANDO SIN EFECTO la sanción por la infracción por el segundo requerimiento de información notificado a la inspeccionada el 27 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

20250917SPDC- HR 237122-2020

25 Fundamento jurídico 20 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC.