Triathlon S.A.C — Res. 35-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (sub materia: entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (sub materia: depósito de CTS), Remuneraciones (sub materia: gratificaciones), Bonificación no remunerativa (Incluye todas). 20555195444 soft

del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de vacaciones truncas del 12 de febrero al 01 de abril de 2020, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndose una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 25 de marzo de 2021, referente al cumplimiento de la normativa sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndose una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Respecto al descuento efectuado por su representada a los beneficios sociales a su ex trabajadora Diana Stephany Aguayo Alvarez, por el pago efectuado de su remuneración correspondiente a los días 16 de marzo del 2020 al 01 de abril de 2020, por Concepto de Licencia con Goce de Haber Compensable (en adelante, LGHC), la recurrida no ha tenido en consideración lo resuelto por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral (en adelante, el TFL), a través de las Resolución N° 052-2021-SUNAFIL/TFL y la Resolución N° 069-2021-SUNAFIL/TFL que señala lo siguiente: “Como se puede apreciar, el TFL ha resuelto en abundante y uniformes pronunciamientos que al existir imposibilidad por parte del trabajador de compensar las remuneraciones abonadas por los días de LGHC por término del vínculo laboral, es que se configura ello como un adelanto de remuneraciones, y como tal, el empleador se encuentra autorizado para descontar unilateralmente sus beneficios sociales.

ii. En cuanto a las entregas de las boletas de pagos de remuneraciones, correspondientes a los periodos febrero, marzo y abril 2020, el MTPE, publicó en su página Web un comunicado de fecha 02 de abril de 2020, donde señala que no era necesario que trabajador manifieste su conformidad de entrega, siempre que el medio utilizado garantice la constancia de la emisión de las boletas de pago entregadas a la ex trabajadora mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, para lo cual su representada, acredito de manera fehaciente e indubitable que le hizo la entrega de las boletas de pago de remuneraciones de dichos meses, mediante correo electrónico cursado por su representada al correo electrónico de la ex trabajadora, el mismo que fue declarado por dicha ex

trabajadora y registrado en el T- Registro, acreditando de esta manera la entrega de dichas boletas.

i. Debe traerse a colación los pronunciamientos emitidos por el TFL, los cuales hace mención la inspeccionada, en su apelación, con los cuales la Intendencia Regional de Cajamarca, coincide, teniendo en cuenta que la ex trabajadora culminó su vínculo laboral el 01 de abril de 2020, no existiendo posibilidad alguna de que pueda compensar la licencia con goce de haber correspondiente al periodo marzo de 2020, por lo que el empleador se encontraba facultado a realizar el descuento del monto correspondiente en la liquidación de beneficios sociales de dicha trabajadora (S/ 325.09), por lo que debe revocarse la sanción impuesta en este extremo.

ii. Respecto a la entrega de las boletas de pago, la Intendencia Regional de Cajamarca ha podido verificar que a folios 46 al 70 del expediente inspectivo, obran correos con el asunto “Entrega de Liquidación de Beneficios Sociales y Certificado de Trabajo – Boletas de Pago de Febrero y Marzo de 2020”, enviados al correo stephanyaguayo95@gmail.com, sin embargo no se ha podido verificar que la trabajadora haya recepcionado los documentos en cuestión, a fin de que tome conocimiento de los mismos, por lo que debe confirmarse la sanción referida a esta materia.

iii. Se tiene que de la revisión del expediente inspectivo se ha podido verificar que el inspector comisionado notificó la medida de requerimiento de fecha 25 de marzo de 2021, sin embargo la Intendencia Regional de Cajamarca ha podido verificar que la inspeccionada ha cumplido de forma parcial con lo requerido por el inspector comisionado, ya que no se verifica con el cumplimiento de lo solicitado en el quinto punto de la mencionada medida inspectiva de requerimiento, por lo que dicha infracción subsiste a la fecha, además de tener carácter insubsanable, siendo que la inspeccionada no cumplió con lo solicitado en el plazo de 3 día hábiles, por lo que debe confirmarse la sanción impuesta en este extremo. 1.6 Con fecha 06 de octubre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 155-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ.

2 Notificada a la inspeccionada el 04 de octubre de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR y siguiente.

encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TRIATHLON S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 155-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, en consideración a los siguientes argumentos:

i. La resolución de intendencia N° 155-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, resuelve de manera muy somera, en su considerando 5 lo siguiente: De la entrega de boletas de pago a la trabajadora afectada, este despacho ha podido verificar que a folios 46 al 70 del expediente inspectivo, obran correos con el asunto “Entrega de Liquidación de Beneficios Sociales y Certificado de Trabajo – Boletas de pago de Febrero y Marzo de 2020”, enviados al correo stephanyaguayo95@gmail.com, sin embargo no se ha podido verificar que la trabajadora haya recepcionado los documentos en cuestión, a fin de que tome conocimiento de los mismos, no pronunciándose respecto a los argumentos esgrimidos por su representada.

ii. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento de fecha 25 marzo de 2021, no debió haberse emitido, al haberse acreditado de manera fehaciente e indubitable la entrega oportuna de las boletas de pago y al haberse acreditado el cumplimiento de todas las materias señaladas en la Orden de Inspección N° 291-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, como bien lo ha señalado en abundantes y uniformes pronunciamientos por parte del TFL, por lo que se debe tener en cuenta que al tener el requerimiento un carácter unitario, es que su representada no puede elegir cumplir solo alguna o algunas de las órdenes impartidas, sino la totalidad de las mismas, siendo así su representada no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento del 25 de marzo de 2021, porque no respetaba el principio de legalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

9 Iniciándose el plazo el 05 de octubre de 2021.

estando a los actuados, se evidencia que la resolución impugnada comprende infracciones LEVES, GRAVES, e infracciones MUY GRAVES, siendo materia de análisis sólo estas últimas. Por lo tanto, los argumentos tendientes a cuestionar la imposición de las sanciones leves, graves, son argumentos respecto de los cuales esta Sala no tiene competencia para pronunciarse.

Sobre el descuento de las vacaciones de la liquidación de beneficios sociales

10 Art. 26.2 a) 11 Art. 26.2 b).

12 Constitución Política del Perú, “Artículo 24.- Derechos del trabajador. - El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual”. 13 Pacheco Zerga, L. "Los elementos esenciales del contrato de trabajo." Revista de Derecho, N° 13 (2012):29-54. 14 Cfr. Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), art. 6. 15 Cfr. Decreto Legislativo 713. 16 Cfr. Ley 27735. 17 Cfr. TUO del Dec. Leg. 650.

los servicios prestados y a la remuneración recibida. También constituye una remuneración diferida la participación en las utilidades para aquellas empresas que están obligadas a distribuirlas entre sus trabajadores18, que deben calcularse por día laborado y pagarse dentro de los 30 días naturales (calendario) siguientes al vencimiento del plazo legal para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta19.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

18 Cfr. Dec. Leg. 892. 19 Cfr. Dec. Leg. 892. Art. 6. 20 Artículo 40.- La compensación por el tiempo de servicios devengada al 31 de diciembre de 1990, así como los depósitos de la compensación por tiempo de servicios y sus intereses sólo pueden garantizar sumas adeudadas por los trabajadores a sus empleadores por concepto de préstamos, adelantos de remuneración, venta o suministro de mercadería producida por su empleador, siempre que no excedan en conjunto del 50% del beneficio. 21 TUO Dec. Leg. 650, art. 47. 22 Cfr. D.U. 029-2020, art. 26.2 b).

adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

23 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 24 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54. 25 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas

(…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 26 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 27 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 28 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

comprobación de datos realizada el 31 de marzo de 2021, el inspector comisionado verifica que la impugnante exhibe la siguiente documentación: a) Carta de fecha 30 de marzo de 2021, b) Hoja de liquidación de beneficios sociales y c) Captura de pantalla de correos electrónicos. Sin embargo, a criterio del inspector comisionado, la impugnante ha incurrido en las infracciones imputadas, emitiendo el Acta de Infracción correspondiente.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE: PRIMERO.- Declarar por mayoría FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TRIATHLON S.A.C., en contra la Resolución de Intendencia N° 155-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 01 de octubre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 255-2021-SUNAFIL/IRE- CAJ/SIAI.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 155-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, en los extremos referentes a las infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto las multas impuestas por dichas infracciones.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a TRIATHLON S.A.C. y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cajamarca.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, y pese a ser el vocal que expone el caso, discrepo de la posición mayoritaria, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar los incumplimientos por falta de pago de gratificaciones truncas, bonificación extraordinaria de las gratificaciones truncas, compensación por tiempo de servicio trunca y la entrega de las boletas de pago, sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida de requerimiento, de fecha 25 de marzo de 2021.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Sobre la infracción a la labor inspectiva por incumplimiento de la medida de requerimiento en lo que refiere a materias distintas a lo que es calificado por el reglamentador como “muy grave” (para estos propósitos: la remuneración vacacional)

Sobre el particular, el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para conocer recursos de revisión que, tramitados al amparo de medidas de requerimiento, implican el análisis de asuntos que no se encuentran dentro de la competencia de esta instancia de revisión. Sintetizo el sustento de mi posición —que implica un cambio de criterio, basado en el análisis crítico de las resoluciones de esta Sala— en las siguientes consideraciones:

1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981 ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, el literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos”.29

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.30 Existen casos en donde la competencia del Tribunal de

29 GORDILLO, A (2011). Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. 10ma edición. Tomo 3. El acto administrativo. Buenos Aires: F.D.A., p. VIII-38. 30 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…)

Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracciones leves.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos sólidos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave – labor inspectiva), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 25 de marzo de 2021.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Sobre la infracción muy grave a la relación laboral por incumplimiento en el pago de las vacaciones truncas

12. El caso sometido a análisis de la Sala consiste en la retención de la totalidad de la liquidación de beneficios sociales de una trabajadora, adoptado bajo la forma de una compensación inopinada y sin información previa a ella, quien había sido beneficiada por una licencia con goce de haberes ordenada por la legislación emitida durante la emergencia sanitaria para casos de actividades no esenciales donde no pudo aplicarse el trabajo remoto. Conforme con los actuados, la orden de inspección se genera a raíz de la denuncia presentada por la señora Diana Stephany Aguayo Alvarez.

13. Ahora, si bien el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 refirió a que dicho adelanto de remuneración tenía carácter “compensable”, se emitieron reglas en función de la naturaleza del tipo de empleador, cuestión ampliamente criticable.

14. Por un lado, para el empleador privado se restringió la posibilidad de la compensación a lo que establezcan las partes por acuerdo privado, pudiendo efectuarse compensaciones unilaterales luego de concluida la emergencia sanitaria. Empero, no se emitieron reglas específicas para el supuesto de terminación de la relación laboral durante la pandemia, remitiéndose la normativa especial a las previsiones generales de la legislación laboral.

15. En cambio, para el empleador público, una serie de normas han permitido la compensación unilateral, privilegiando el interés presupuestario de la recuperación de los créditos originados por el otorgamiento de licencias con goce de haber por encima de la protección de la remuneración; en todos los casos anteponiendo a una interesante carga: el deber de prever mecanismos internos tendentes a procurar que los servidores civiles devuelvan los montos en dinero entregados. Al defecto de dicha carga, opera la facultad de afectar unilateralmente las liquidaciones de beneficios truncos correspondientes.

16. En el caso que nos ocupa (proveniente del sector privado), la posición jurídica del acreedor de los conceptos adeudados tras el pago de la licencia con goce de haberes es, ciertamente, tutelable. Esta tutela se despliega conforme con el marco de las normas laborales, entre ellas, la protección de la remuneración (que goza de reconocimiento constitucional en el artículo 24), cuya extensión material se extiende a los beneficios sociales y cuya extensión temporal alcanza también al término de la relación laboral, momento en el que no pierde los atributos a los que se refiere la norma constitucional citada. Por ello, esta protección constitucional debe predicarse también respecto del pago de los correspondientes beneficios acumulativos o truncos, pagaderos por la misma eficacia de la protección constitucional del salario.

17. En ese sentido, la única regla autoritativa para proceder unilateralmente contra el pago de los beneficios de salida de una trabajadora está reconocida en el artículo 40 del TUO del Decreto Legislativo Nº 650, conforme aparece citado en la resolución aprobada en mayoría. Se ha previsto esa regla de afectación de la remuneración, por la que el empleador puede proceder unilateralmente, respecto de un límite concreto, establecido por el legislador. Sin embargo, es parte de los hechos determinados en el expediente sometido a esta Sala el que la compensación ha excedido tal límite material. De esta forma, se ha producido un efecto confiscatorio sobre la remuneración, que no aparece autorizado por norma alguna ni que sea permisible bajo una interpretación atendible de algún precepto legal, cuestión determinante para

justificar un razonamiento contrario a este bloque de legalidad en el que el artículo 24 de la Constitución constituye un mandato imperativo, máxime durante la emergencia sanitaria.

18. En el marco de una relación laboral, la posición de un acreedor y un deudor que se ven en una relación especial de crédito por la imposición de una fórmula normativa (licencia con goce de haberes) ofrece dificultades atendibles por las que debe prevenirse la existencia de resultados desproporcionados en la afectación de los intereses tutelables de ambas partes del contrato de trabajo. Sin embargo, el suscrito considera que tales situaciones deben tener solución, bien de forma autónoma (por la vía del acuerdo de partes o por la acción unilateral en la porción que autoriza el artículo 40 del TUO del Decreto Legislativo Nº 650), bien en forma heterónoma (en donde la función jurisdiccional es la llamada a resolver un conflicto intersubjetivo originado por una relación de crédito, no siendo ello competencia de la autoridad de trabajo ni por órgano alguno del Sistema de Inspección del Trabajo en particular).

19. El proceder unilateral del acreedor empleador, respecto de la deuda originada por el adelanto de remuneraciones, tuvo un efecto inopinado y sin que se sujete a un proceder proporcional. Por tanto, ha dejado de lado cualquier consideración sobre la situación económica de la parte trabajadora, quien (como resulta evidente) también sufre los efectos adversos en materia socioeconómica de la pandemia. Por ello, no debe resultar amparable el comportamiento unilateral que prescinde de la capacidad de endeudamiento (o de pago) de la parte trabajadora.

20. En el caso examinado, además, se observa que la causal de finalización de la relación de trabajo ha sido a causa de la decisión de la empleadora. De esta forma, sea que el contrato temporal haya sido causalizado o no, podemos asumir que el vencimiento del plazo ha generado la pérdida del empleo, resultando por ello necesario manifestar la mayor urgencia en la invocación de la norma constitucional tutelar sobre la remuneración y los beneficios sociales.

Por estos fundamentos, mi voto es porque se declare INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto, bajo los términos expuestos en el presente voto en discordia.

Presidente