Csalud S.A — Res. 9-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Remuneraciones (Sub materia: Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional – Sueldos y Salarios, Gratificaciones, Pago de Bonificaciones), Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (Sub materia: Vacaciones), Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS) y Certificado de Trabajo. 20555195444 soft

Infracción y otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber otorgado el descanso, pago de la remuneración vacacional e indemnización, según corresponda, en relación de trece (13) ex trabajadores. Realizó una subsanación parcial, empero subsiste el incumplimiento en relación de once (11) trabajadores, conforme lo descrito en el numeral V del considerando 17 de la presente resolución, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 40,500.00.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de horas extras a favor de una ex trabajadora, conforme lo descrito en el numeral VII del considerando 14 y numeral VI del considerando 17 de la presente resolución, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 20,250.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 09 de enero de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 40,500.00.

- La Nulidad de la resolución de sub intendencia por carecer de una debida motivación y vulnerar los principios de legalidad, debido procedimiento y razonabilidad, dado que la autoridad de trabajo no puede sin ninguna justificación considerar a todos los trabajadores, como afectados, únicamente porque se acreditó una subsanación parcial, en consecuencia, se gradué la sanción a imponer por los trabajadores con los cuales se mantenía la conducta infractora.

- La autoridad de trabajo de manera injustificada sostiene que serán considerados como afectados los 13 trabajadores, omitiendo que se ha subsanado la mayoría de las conductas infractoras, dado que ha sido subsanada de manera voluntaria antes de la notificación del acta de infracción.

- Respecto a los ex trabajadores Felipe David Luna Berrocal y Marleny Tamaylla Sayritupac, se encuentran en trámite por la vía judicial por pago de beneficios sociales por tal motivo y al amparo del inciso 2 del art. 139 de la Constitución no se puede determinar sanción respecto a dichos trabajadores.

- Respecto al pago de horas extras de la ex trabajadora Beatriz Yesenia Alvarado Montoya, se debe tener en consideración el Reglamento Interno de Trabajo de la institución, en este escenario para poder acreditar sobretiempo en su horario de

trabajo se debe estar autorizado por el superior jerárquico el cual con la jefatura de Recursos Humanos, autorizan las horas extras, autorización que no se ha demostrado como lo indica la norma interna, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto la sanción.

- La inspeccionada admite haber incumplido las infracciones atribuidas en materia de: boletas de pago, pago de remuneraciones, pago de gratificaciones legales, pago de bonificación extraordinaria, pago de la remuneración vacacional, para lo cual, mediante escrito de descargos al Acta de Infracción, ha remitido documentación que acredita el cumplimiento de diferentes infracciones.

- Se advierte en el considerando 15 de la resolución apelada que, la autoridad ha tomado en cuenta y valorado la documentación anexada al escrito de descargos; no obstante, en el considerando 16 de la resolución apelada ha señalado: “Ahora bien, de lo expuesto se advierte que el sujeto inspeccionado efectuó la Subsanación Parcial, esto es, por cada incumplimiento subsanó únicamente de una parte de trabajadores y periodos, subsistiendo por ende afectados por cada uno de ello. En consecuencia, no realizó la subsanación respecto a cada uno de los incumplimientos a favor de todos los trabajadores afectados y periodos; Por lo que, debido a que no subsano todas las infracciones o inclusive una infracción respecto de la totalidad de afectados y periodos; no es aplicable la eximente de sanción voluntaria (…). En consecuencia, se impone sanción considerando como afectados a los trece (13) extrabajadores del Sujeto inspeccionado”.

- De la revisión de los documentos remitidos por la inspeccionada, conforme al principio de verdad material, la Intendencia advirtió que la inspeccionada ha subsanado el cumplimiento de determinadas obligaciones conforme a un cuadro detallado en el numeral 3.4 del III Considerando de la Resolución de Intendencia, antes de la fecha de notificación del Acta de Infracción efectuado el 22 de febrero de 2018. - Con fecha 31 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 007-2017-TR, Decreto Supremo que modifica el RLGIT, que entre otros artículos, modifica específicamente el numeral 17.3 del artículo 17, estableciendo el nuevo texto normativo lo siguiente: “Cuando el sujeto inspeccionado subsane las infracciones en el plazo otorgado por el inspector del trabajo en la medida de

2 Notificada a la inspeccionada el 19 de julio de 2021.

requerimiento, se emite el informe correspondiente dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones fiscalizadas, sin perjuicio de la emisión de las recomendaciones o advertencias que correspondan, dando fin a la etapa de fiscalización. Cuando la subsanación se produzca después del vencimiento del plazo de la medida de requerimiento y antes de la notificación de imputación de cargos, aquélla será calificada por la autoridad instructora del procedimiento sancionador.”

- El numeral 1, literal f) del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto supremo N° 004- 2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que: “Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones, la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255”

- Siendo así, teniendo en cuenta que la inspeccionada ha subsanado su obligación laboral respecto de los periodos señalados en el cuadro inmerso en el considerando 3.4 de la Resolución de Intendencia, antes de la notificación de la imputación de cargos, la Intendencia revoca los periodos de los trabajadores comprendidos en dicha subsanación; sin embargo, ello no afecta el monto de la sanción impuesta, pues subsisten infracciones respecto a determinados periodos, los cuales no acreditan el cumplimiento de la totalidad de trabajadores, ni de todas las infracciones y periodos, habiéndose precisado el motivo por el cual dichos documentos presentados no acreditan el pago total de la liquidación de beneficios, debido a que no cuentan con la firma de los trabajadores afectados y no se adjunta comprobante de depósito, toda vez que se verifica que en efecto, la inspeccionada no acreditó fehacientemente el cumplimiento de los trabajadores, materias y periodos que se detallan en el cuadro inserto en el numeral 3.8 de la resolución de intendencia.

- Cabe hacer la precisión, que la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia fue graduada atendiendo a la gravedad de la falta cometida y al número de trabajadores afectados, de acuerdo al art. 38 de la LGIT y al art. 48 del RLGIT, que contienen valores fijos predeterminados por el legislador, que establece montos fijos de multa por parámetros de 1 a 10 trabajadores o de 11 a 20 trabajadores respectivamente, por lo que en el caso de autos los montos no se ven reducidos a pesar que la inspeccionada haya subsanado determinadas infracciones y disminuido el número de trabajadores afectados de 13 a 11 en la mayoría de ellos, toda vez que dicho número de trabajadores afectados se mantiene dentro de los parámetros establecidos en la ley.

- La Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, Reglas Generales para el Ejercicio de la Función Inspectiva, vigente a la fecha de las actuaciones inspectivas, señala lo siguiente: “7.1.5. El inicio de las acciones judiciales durante el trámite de las actuaciones inspectivas, no es causal de inhibición por parte de los servidores que ejercen función inspectiva, salvo que exista mandato judicial expreso que así lo disponga”, lo cual se encuentra en armonía con lo establecido en el numeral 74.2 del artículo 74 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, del TUO de la LPAG, que establece de manera expresa: “Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia”; en tal sentido, la autoridad administrativa de trabajo no puede abstenerse de ejercer su actividad fiscalizadora y la competencia sancionadora en el caso de autos, salvo por mandato judicial expreso, situación que no ha sucedido en el presente caso.

- Se advierte en la parte final del cuarto hecho verificado del acta de Infracción, los Inspectores comisionados dejaron constancia que la extrabajadora Beatriz Yesenia Alvarado Montoya ha realizado labores en sobretiempo en el año 2016, precisado la cantidad de horas extras laboradas durante al año 2016, así en enero laboró 01:10 horas, en marzo 01:40 horas, en abril 35 minutos, en mayo 01:20 horas, en junio 01:11 horas; en julio 02:33 horas, en agosto 02:44 horas, en setiembre 02:38 horas, y en octubre 03:41 horas; en tal sentido el artículo 15 invocado del “Reglamento Interno de Trabajo” de la inspeccionada, remitido en el procedimiento recursivo, no exime a la inspeccionada de la obligación de pagar a la extrabajadora por las labores realizadas para la inspeccionada en sobretiempo, toda vez que conforme lo establece el artículo 7 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR que establece: “Si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y/o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario, objetiva y razonable.”, en el presente caso no se ha acreditado dicho extremo, en tanto, dicha disposición es una presunción del efectivo cumplimiento del trabajo que recae sobre el deber del empleador, quien en todo caso debe evitar que el trabajador se mantenga dentro del centro de labores, tal como lo señala el siguiente párrafo del mismo dispositivo legal que señal: “Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido el horario de trabajo.”

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CSALUD S.A.

8 Iniciándose el plazo el 20 de julio de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- De acuerdo a lo dispuesto en el considerando 6.24 y 6.25 de Resolución N° 067-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión atentaría contra el Principio de Razonabilidad. Dado que ante la Sala se acreditó el estado financiero y la poca capacidad de pago del sujeto inspeccionado correspondería aplicar el mismo criterio de interpretación a efectos de que se garantice el cumplimiento de los principios rectores del procedimiento administrativo.

- Conforme a lo expuesto en la sentencia recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, la sanción debe guardar una relación razonable de acuerdo con el fin que se procura alcanzar, la sanción no solo debe motivar la probanza de la falta, sino también de que manera ha ponderado la conducta y los demás criterios atinentes para imputar la sanción a imponer.

- Su representada si cumplió con acreditar la subsanación de las conductas calificadas como infractoras, conforme se puede apreciar del escrito de apelación y los escritos de descargos que obran en autos, y de los medios probatorios que se acompañaron al mismo.

- La multa impuesta por el incumplimiento de la medida de requerimiento resulta siendo irracional y desproporcionada, ya que mediante escrito de descargos se expuso los motivos por los cuales su representada se vio imposibilitada de realizar el pago de los beneficios sociales de los trabajadores, al estar atravesando por una grave crisis, la cual fue efectivamente comprobada de acuerdo a lo resuelto en el considerando 6.25 y siguientes de la Resolución N° 067-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, quedando demostrado el estado financiero de su representada, lo cual motivo diversas actuaciones inspectivas por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

- De acuerdo al considerando 6.27 de lo resuelto en la Resolución N° 067-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, y en aplicación del principio de Razonabilidad se considera que no era razonable emitir una medida inspectiva de requerimiento de pago si el inspector ya tenía conocimiento de los incumplimientos generados por la impugnante ante la falta de pago de las obligaciones laborales frente a sus trabajadores a causa de un contexto económico debidamente acreditado.

- Se evidencia una vulneración al principio de razonabilidad, puesto que, al haberse impuesto la medida de requerimiento, habiéndose acreditado la crisis económica que su representada atravesaba desde el 2016 resulta irracional y desproporcionada en la medida que su representada se vía imposibilitada de cumplir con todas sus obligaciones laborales. Es por ello, que se debe tener en consideración lo resuelto en la Resolución N° 067-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala y desestimar la multa propuesta por el incumplimiento de la medida de requerimiento en estricta aplicación al principio de razonabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto al recurso de revisión planteado, es oportuno señalar que esta Sala es competente para evaluar las infracciones sancionadas como MUY GRAVES; por lo que estando a los actuados, se evidencia que la resolución impugnada comprende una infracción LEVE, cuatro infracciones GRAVES y tres infracciones MUY GRAVES, siendo materia de análisis solo estas tres infracciones muy graves. Por lo tanto, los argumentos tendientes a cuestionar la imposición de sanción leve y sanciones graves, son argumentos respecto de los cuales esta Sala no tiene competencia para pronunciarse.

Sobre el pago de la remuneración vacacional

“El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Dicho derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se señala a continuación: 1. Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días en dicho período. 2. Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de cinco días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez días en dicho período.

En caso de extinción del vínculo laboral. Los días de descanso otorgados por adelantado al trabajador son compensados con los días de vacaciones truncas adquiridos a la fecha de cese. Los días de descanso otorgados por adelantado que no puedan compensarse con los días de vacaciones truncas adquiridos, no generan obligación de compensación a cargo del trabajador” (énfasis añadido).

“Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente”.

documentación anexada a su escrito de descargos, y por el principio de verdad material, ha advertido que la impugnante ha acreditado el cumplimiento de determinadas obligaciones como lo detalla en el considerando 3.4 de los cuadros adjuntos en dicha resolución, antes de la notificación del Acta de Infracción, efectuada el 22 de febrero de 2018, por lo que revoco los periodos y los trabajadores comprendidos en dicha subsanación; sin embargo ello no afectó el monto de la sanción impuesta, en tanto que dicho monto fue graduado en base a lo señalado en el art. 38 de la LGIT y numeral 48.1 del art. 48 del RLGIT, los mismos que establecen valores montos fijos de multa por parámetros de 1 a 10 trabajadores o de 11 a 20 trabajadores, en donde pese a que la impugnante ha subsanado determinadas infracciones y disminuido el número de trabajadores de 13 a 11 trabajadores en la mayoría de ellos, sin embargo el número de trabajadores afectados se mantienen dentro de los parámetros establecidos por ley.

De la infracción relativa por el incumplimiento del pago de horas extras

entenderse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, los precedentes vinculantes que sobre el particular emita el Tribunal Constitucional y la norma especial sobre la materia.

9 Obrante a folios 13 del expediente sancionador.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

10 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 11 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

de un plazo razonable12, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector13.

12 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 14 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 15 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

16 Véase folio 40 al 43 del expediente sancionador. 17 Véase folio 57 al 60 del expediente sancionador. 18 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 10. Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.” 19 TUO de la LPAG,” Artículo 218. Recursos administrativos (…) 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. 20 TUO de la LPAG, “Artículo 151.- Efectos del vencimiento del plazo 151.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. 151.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión. 151.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. 151.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario”.

vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. Así, la actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. En consecuencia, la extemporaneidad del pronunciamiento, no está afecta de nulidad, al no existir norma alguna que expresamente así lo establezca; sin embargo, si conlleva la eventual responsabilidad por dicho incumplimiento21.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CSALUD S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1169-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 15 de julio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2136-2017-SUNAFIL/ILM/SIRE4, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1169-2021-SUNAFIL/ILM, en los extremos referentes a las sanciones impuestas por no haber otorgado el descanso, pago de la remuneración vacacional e indemnización, según corresponda, en relación de once (11) ex trabajadores, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y por no cumplir con el pago de horas extras, a favor de una (01) ex trabajadora tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1169-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 09 de enero de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción.

21 TUO de la LPAG, “Artículo 154.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos 154.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.”

CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. QUINTO.- Notificar la presente resolución a CSALUD S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEPTIMO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente