Transportes y Servicios del Norte S.A.C — Res. 473-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Condiciones Seguridad: En lugares de trabajo, Instalaciones Civiles y Maquinaria; Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Prevención de riesgos); Formación e Información en Seguridad y Salud en el trabajo. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 20555195444 soft

2) del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo, relativa en no brindar las condiciones de seguridad mínima, necesarias, suficientes y eficientes para evitar accidentes laborales; conforme al numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00. - Una infracción MUY GRAVE por incumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, vinculada a no brindar formación sobre seguridad y salud en el trabajo, inducción, capacitación, entrenamiento de manera adecuada y efectiva; conforme al numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00. - Una infracción MUY GRAVE por incumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, vinculada a no realizar en la matriz IPERC la identificación de peligros, evaluación de riesgos asociados y la determinación de las medidas preventivas y de control adecuadas, efectivas y necesarias para evitar un accidente; conforme al numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00.

- Que, la empresa en los descargos presentados, hizo referencia de las medidas implementadas que tienen como finalidad disminuir o atacar los agentes o factores que pueden generar riesgo a la salud e integridad de los trabajadores, por lo que elaboró un IPERC para identificar los peligros y riesgos, además de las medidas preventivas en cuidado de los trabajadores; asimismo, las capacitaciones, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, son medidas (no solo documentos) establecidas por la normativa laboral vigente, con la finalidad de atenuar los riesgos en cada puesto del centro de trabajo.

- Que, se presentó ante la autoridad inspectiva dos (02) IPERC, uno de fecha 05.01.17 y otro de fecha 25.10.17; donde ambos cuentan con el mismo contenido respecto a los peligros y riesgos derivados del puesto y funciones del conductor, por lo que se solicita declarar fundado y desestimar las multas impuestas en el presente recurso.

- Que, sí se brindaron capacitaciones de seguridad preventiva respecto a las funciones que desarrollaba el trabajador, lo cual se acredita con la documentación presentada a lo largo del procedimiento inspectivo y sancionador, y lo establecido en la propia RSI, se

brindó capacitaciones sobre manejo seguro, siendo el puesto del trabajador el de conductor, por lo que queda desacreditado que no hay cumplido con ello.

- Que, existe un concurso real de infracciones, por lo que se solicita aplicar analógicamente a favor del administrado el artículo 50 del código procesal penal, tal como lo vienen aplicando otras instancias administrativas en diferentes procedimientos sancionadores que, si bien no son delitos que tienen como sanción pena privativa de libertad, son infracciones que tienen como sanción multas.

- Que, el plazo máximo para resolver es de 09 meses contados a partir de la fecha de notificación de la imputación de cargos, plazo que ya venció en exceso, ya que la empresa fue notificada con la imputación de cargos el 16 de julio de 2020; y al 16 de julio de 2021, ya se computan 12 meses desde dicho acto y aún no se ha resuelto el PAS. Si bien es cierto se puede de manera excepcional, solicitar la ampliación de dicho plazo, por 3 meses; a la fecha no se ha emitido ninguna resolución que sustente una justificación para dicha ampliación, por lo que se solicita la conclusión y archivo del procedimiento sancionador.

- En el literal B) numeral 4.8 hechos constatados del acta de infracción, se señaló que el sujeto inspeccionado no había identificado en la Matriz IPER, vigente a la fecha del accidente, el peligro de uso de escaleras de unidades móviles ni evaluó el riesgo de aplicar las medidas de control según el orden de prioridad, por lo que la impugnante no cumplió con la acción preventiva para controlar o eliminar el peligro y así evitar la materialización del riesgo, con el fin de no generar daños al trabajador.

- Por otro lado, de los 02 IPERC presentados uno de fecha de revisión 05/01/2017, que sí bien se presentó antes de ocurrido el accidente, no se visualiza en PUESTOS DE TRABAJO INVOLUCRADOS- Conductores, en la columna de PELIGROS, el uso de escaleras de unidad, lo cual coincide con las medidas correctivas adoptadas por el inspeccionado al señalar: “Registrar en la Matriz IPER el accidente y los controles aprobados y difundir a todo el personal”, mientras que en el de fecha de revisión 25/10/2017, sí se aprecia el uso de escaleras de unidad- RIESGO-Caída a desnivel, golpes, fracturas, contusiones- CONTROL-Lista de chequeo mecánico, ATS. Charlas de 5 minutos, IPER, esté fue

2 Notificada el 09 de agosto de 2021.

elaborado después de ocurrido el accidente de trabajo (07/08/2017), siendo que el argumento planteado no lo exime de responsabilidad.

- Respecto, a que el trabajador fue capacitado previamente, respecto a la actividad en el puesto de conductor, efectivamente el 07/08/2017 recibió capacitaciones, sin embargo, no estaban relacionadas a la actividad que este desempeñaba.

- En cuanto, a la invocación de caducidad del procedimiento sancionador, se tiene la Imputación de Cargos, notificada el 16/07/2017, la Resolución de Sub Intendencia N° 267-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 12 de abril de 2021, que amplio excepcionalmente por 03 meses el plazo para resolver el PAS, notificado el 14/04/2021 y la Resolución de Sub Intendencia N° 508-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, que impuso sanción, notificada 25/06/2021, en consecuencia no ha operado la caducidad, ya que se dio dentro del plazo legal.

- Finalmente, con respecto al concurso de infracciones alegado, se tiene que las infracciones en materia de seguridad y salud en le trabajo, si bien encuadran en el tipo legal contenido en el numeral 10) del artículo 28 del RLGIT, estos corresponden a obligaciones independientes, por tanto no son aplicables al precitado consurso de infracciones.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN Con fecha 27 de agosto la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 153-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, argumentando lo siguiente:

- Alega que contrario a lo resuelto en la resolución impugnada, la norma que establece la obligación del empleador de garantizar las condiciones mínimas de seguridad, justamente tiene como objetivo ello: CONDICIONES MÍNIMAS, por lo que es irrazonable que se pretenda realizar una interpretación de esta obligación en el sentido de que el empleador, como es el caso de la empresa, que a pesar de haber implementado un IPERC con la finalidad de identificar los peligros y riesgos, el cual contiene además medidas preventivas en cuidado de los trabajadores, otorgo diversas capacitaciones, implemento su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, se haya considerado como una institución que no haya implementado las condiciones mínimas de seguridad. - Sobre los dos (02) IPERC, presentados ante la Autoridad Inspectiva uno de fecha 05.01.17 y otro de fecha 25.10.17, ambos documentos cuentas con el mismo contenido respecto a los peligros y riesgos derivados del puesto y funciones del conductor, es decir ambos habían identificado la falta de peldaño como un peligro/riesgo; por lo que carece de sustento y motivación la confirmación de la multa en ese sentido. - Alega que brindó capacitaciones de seguridad preventivas, respecto a las funciones que desarrollaba el trabajador, tal como se puede acreditar con la documentación presentada a lo largo del procedimiento inspectivo y sancionador y lo establecido en la propia RSI párrafos después, en donde se establece que la empresa brindó capacitaciones sobre Manejo Seguro. En ese sentido, siendo el puesto del trabajador el de CONDUCTOR, queda desacreditado que no se haya cumplido con ello. - Asimismo, se solicita conclusión y archivo del procedimiento sancionador, ya que el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de 09 meses contados a partir de la fecha de notificación de la Imputación de cargos, plazo que ha vencido en exceso en el presente caso, debido a que la empresa fue notificada con la Imputación de Cargos N°096- 2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI el día 16 de julio de 2020; que si bien es cierto, la Autoridad Inspectiva emitió resolución mediante el cual s ele otorgo prórroga del plazo por 3 meses, el 16 de julio se computaron 12 meses ( teniendo en cuenta los 3 meses de prórroga solicitados) desde dicho acto y siendo que a la fecha no se ha resuelto el presente procedimiento administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

SOBRE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.1. La impugnante señala que en el procedimiento sancionador ha operado la caducidad, pues desde el 16 de julio de 2020, fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento,

transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 16 de julio de 2020 inició el procedimiento administrativo sancionador con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 196-2020-SUNAFIL/IRE- CAL/SIAI-IC8.

- El 23 de junio de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 508-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, siendo notificada el 25 de junio de 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

8 Véase folio 13 9 Véase folio 89 10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

el TUO de la LPAG es respecto del procedimiento; por lo que la Intendencia de Lima Metropolitana solo podía haber determinado la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad.

notificación de la resolución de primera instancia, ha transcurrido más de nueve (09) meses. Por lo que, esta sala analizará si en dicho periodo ha operado alguna circunstancia que haya afectado el computo del plazo de caducidad.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.9. Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 267-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 12 de abril de 2021, se resuelve ampliar excepcionalmente, por tres (03) meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y

segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.

Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”(énfasis añadido).

De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que:

“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

Resultado Del Análisis Realizado

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que puedan o no resultar necesarios ser actuados nuevamente.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULO la Resolución de Sub Intendencia Nº 267-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 12 de abril de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C, recaído en el expediente sancionador N° 76-2020- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao, disponiendo su archivamiento.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser

el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.5 de la presente resolución. CUARTO.- Notificar la presente resolución a TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga