Tiendas por Departamento Ripley S.A.C.

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y actos de hostilidad (Subgrupo materia: otros hostigamientos) y Relaciones colectivas (Subgrupo materia: Convenios colectivos).

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de las comisiones conforme al convenio colectivo cláusula segunda Anexo 1 suscrito el 09 de setiembre de 2011; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el deber de colaboración de facilitar la documentación en el plazo otorgado, solicitada mediante requerimiento de información de fecha 12 de febrero de 2021; tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por realizar actos de hostilidad laboral en perjuicio del trabajador; tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar

misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE Tiendas por Departamento Ripley S.A.C.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de junio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 621-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes argumentos:

i. Sobre la inaplicación del artículo 16 de la LGIT y del punto 8.2.6 de la Directiva N° 001- 2020-SUNAFIL/INI, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inpsectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL: Mediante la Directiva N° 001- 2020-SUNAFIL/INI, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inpsectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL se determinó que el Acta de Infracción no puede contener hechos, fundamentos ni conclusiones distintas a los consignados en la medida inspectiva de requerimiento. Sin embargo, el personal inspectivo vulneró dicha norma, toda vez que extendió un Acta de Infracción que contiene infracciones que no habían sido advertidas en la medida inspectiva de requerimiento, modificando así los fundamentos jurídicos.

ii. En efecto, el personal inspectivo no precisó, en ningún extremo de la medida inspectiva de requerimiento, las infracciones tipificadas en el RLGIT en las que la empresa estaría incurriendo. En ese sentido, el personal inspectivo buscó subsanar ilegalmente esta omisión en el Acta de Infracción cuando ello ya no era posible.

iii. Entonces, queda claro que la modificación de los fundamentos jurídicos contenidos en la medida inspectiva de requerimiento al momento de emitir el Acta de Infracción vulneró su derecho a un debido procedimiento, así como el principio de legalidad, ya que el personal inspectivo no actuó en los términos en que el ordenamiento jurídico se lo permite. Por tanto, solicitan se declare la nulidad del Acta de Infracción, así como de los actos posteriores por ser emitida conforme a ley.

iv. Sobre la aplicación indebida del literal c) del artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR: No se cumplen con los requisitos preestablecidos para imputar un acto de hostilidad. La resolución de segunda instancia señaló que la norma aparentemente vulnerada fue el literal c) del artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. De una interpretación literal de la citada norma, para que la conducta del empleador ingrese al supuesto de hecho de la norma se debe haber trasladado al trabajador a un centro de trabajo distinto de aquel en que realiza sus labores habitualmente con la intención de ocasionarle un perjuicio.

v. Sobre el particular, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha determinado en reiteradas resoluciones que, a fin de identificar si una situación concreta puede calificar como un acto de hostilidad o no, resulta importante identificar: a) la falta de razonabilidad, esto es, la arbitrariedad de la decisión del empleador, b) la finalidad ilícita y/o ilegítima de dicha decisión y c) la intención o propósito del empleador de humillar o degradar al trabajador.

vi. Sin embargo, en el presente caso, la segunda instancia se limitó a señalar que el solo traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en el que habitualmente prestaba sus servicios configuró un acto de hostilidad. Precisa que, sin perjuicio de que la intención de la empresa no fue la de perjudicar al trabajador y su decisión fue razonable a todas luces, advierte que la Intendencia dejó de lado dos (02) de los criterios ampliamente desarrollados por el Tribunal de Fiscalización Laboral a fin de verificar la existencia de un acto de hostilidad equiparable al despido: a) la finalidad ilícita o ilegítima de la decisión del empleador y b) la intención de humillar o degradar al trabajador.

vii. Reitera que, la Intendencia únicamente indicó que la empresa acreditó que su decisión se basó en un motivo razonable, ya que el traslado del trabajador a la tienda ubicada de San Isidro le ocasionó un perjuicio al disminuir sus ingresos mensuales, conforme del punto 3.12, 3.13, 3.14 y 3.16 de la resolución impugnada.

viii. En este escenario, resulta indispensable determinar si la conducta de la empresa ingresa al supuesto de hecho de la norma del literal c) del artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, así como que se debe corroborar que la conducta cumpla con los criterios desarrollados por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

ix. Refiere que, la decisión del traslado no tuvo la intención de humillar al trabajador, tampoco la de perjudicarlo, ya que el monto de las comisiones que la empresa le otorgó aumentó después del traslado en varias ocasiones, conforme las boletas insertas.

x. De otra parte, indica que la decisión de trasladar al trabajador a la tienda de San Isidro fue lícita, ya que el empleador se encuentra facultado para modificar la jornada y el horario de trabajo, así como la forma y la modalidad de la prestación de las labores y las condiciones de trabajo, en general, en ejercicio de su poder de dirección, siempre y cuando, dicho ejercicio resulte razonable en función de las necesidades del centro de trabajo, ya que así lo establece el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

xi. En el presente caso, este traslado se debió a una necesidad comercial, en tanto el puesto de vendedor integral del área de Electro fue eliminado.

xii. Sobre la inaplicación del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG y el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG: Se ha sancionado a la empresa aún cuando no se quebró la presunción de licitud, ya que no acreditó que el traslado a la tienda ubicada en San Isidro le haya ocasionado un perjuicio al trabajador.

xiii. La Intendencia concluyó que las boletas de pago, remitidas por la empresa, no permiten corroborar la ausencia de una afectación económica al trabajador. Es decir, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL concluyó que la documentación remitida no era capaz de revelar la verdad de los hechos, pese a que el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG establece que la autoridad administrativa presume lo contrario, esto es, la veracidad de dicha información.

xiv. En ese contexto, la Intendencia presumió la existencia de una infracción al ordenamiento sociolaboral por parte de la empresa cuando la autoridad debió presumir la licitud de la conducta del empleador. Sin embargo, la Intendencia invirtió la carga de la prueba. Invocó la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

xv. Sobre inaplicación del numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG: Existe una falta de antijuricidad en la conducta imputada. En el presente caso, no hubo un déficit de organización por parte de la empresa, ya que tomó las medidas suficientes, con el fin de evitar cometer una infracción al ordenamiento sociolaboral en materia de actos de hostilidad. Cuando se eliminó el puesto de trabajo de vendedor integral del área Electro, por mejoras del proceso productivo, la empresa le alcanzó dos (02) propuestas al trabajador, es decir, podía desempeñar un nuevo cargo o podía aceptar una oferta de salida con incentivos económicos, lo que le fue extendido para garantizar y proteger sus intereses.

xvi. Manifiesta que, el trabajador fue trasladado a una sede cercana inmediata (San Isidro). Distinto sería, por ejemplo, que su traslado se realice a una tienda ubicada en un distrito alejado o, inclusive, en otra provincia.

xvii. Por tanto, solicita se sirvan rectificar el sentido de la resolución impugnada y excluir la multa impuesta por incurrir aparentemente en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, específicamente el artículo 49 la siguiente redacción:

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a

presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada por la impugnante, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. (…)

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

8 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

9 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

persona”, y en el ámbito laboral, el artículo 23 de la mencionada norma suprema establece que: "ninguna relación puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajarla dignidad del trabajador”

“a) El poder de dirección, el cual contiene las facultades de organización (que versan sobre las órdenes e instrucciones generales o particulares, mediante las cuales se instrumenta la implementación de los recursos empresariales en orden ala consecución de sus objetivos) y de control de los trabajadores (que supone el empleo de los medios necesarios para comprobar que el trabajador ha cumplido sus obligaciones); b) El poder disciplinario (que se refiere a la facultad de sancionar,en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, la cual se constituye como una especie de corolario de las facultades de organización y control); y, c) El poderde variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo”.10

10 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273. 11 PLA, Américo. Curso de derecho laboral. Ed. Acali, Montevideo, 1978, t. II vol. I, p. 176 12 ERMIDA, Oscar. Modificación de condiciones de trabajo por el empleador. Ed. Hammurabi SRL, Buenos Aires, 1989, p. 69-80. 13 Los elementos esenciales del contrato de trabajo son aquellos aspectos fundamentales de la relación laboral, son los objetos principales de esta relación: la prestación del trabajo y el pago de la remuneración, por lo que se podrá considerarelementos esenciales – a modo enunciativo - la categoría del trabajador, la remuneración; sin embargo, en la línea de Ermida Uriarte, la prestación de trabajo se vincula con distintos aspectos de la relación laboral tales como el lugar de la prestación, el horario, etc. respecto de los cuales no hay consenso sobre si son elementos esenciales del contrato de trabajo o no; no obstante, si la ejecución del ius variandi generase perjuicio al trabajador, no podría ser amparada.

“c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio; (…) (énfasis añadido).

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha” (énfasis añadido).

"Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho

14 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE.

15 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

“6.11. Así, cuando la determinación de una conducta hostil por parte del empleador contra uno o varios trabajadores (as), la inspección del trabajo debe cumplir con determinar, con las actuaciones investigadoras necesarias y la valoración de las piezas probatorias disponibles, la existencia del daño (o del comportamiento tendente a producir ese resultado antijurídico) y la conexión entre este comportamiento (acción u omisión) y el empleador. Estos extremos son suficientes para determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de un acto de hostilidad. 6.12. Por tanto, y siguiendo la línea resolutiva de la Sala en las Resoluciones Nros. 068, 106, 188, 233 y 257-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, así como las Resoluciones Nros. 626, 747, 762, 928, 989, 1054, 1060, 1105, 1141-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y la Resolución Nº 139-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, entre otras; no resultará suficiente que la inspección de trabajo y/o el órgano administrativo sancionador solo haga mención o descripción de un cierto comportamiento del sujeto inspeccionado para concluir la existencia de un comportamiento hostil. Además, deberá acreditarse con medios de prueba directos o indirectos la responsabilidad administrativa por la comisión de actos de hostilidad laboral. Es decir, se debe evidenciar cuáles son los motivos por los cuales se haya afectado la dignidad de uno o más trabajadores o el ejercicio de sus derechos constitucionales, practicándose de esa forma la subsunción correcta dentro del numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. (…)”

“4.27 El sujeto inspeccionado no ha exhibido, acreditado ni demostrado con documentación, de manera fehaciente e indubitable, la justificación razonable que la información evaluada tenida en consideración, se base en datos e información de fuente idónea, a la fecha de tomada la decisión, de trasladar al trabajador (…) a la tienda Ripley en el distrito de San Isidro, con un CLUSTER B de una dimensión y nivel de ventas inferior, y no a otra de CLUSTER A, como la del Jockey Plaza, disminuyendo sus ingresos

indirectamente, ocasionándole un perjuicio económico en la disminución de la percepción de sus ingresos mensuales en favor de él y su familia, ello conforme el artículo 9 del TUO del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de haber procedido con el traslado de la recurrente bajo criterios y límites de razonabilidad y proporcionalidad, demostrables. 4.28 Por lo antes expuesto, se califica como un acto de hostilización laboral el traslado o cambio de centro de trabajo al trabajador (…) a la tienda Ripley en el distrito de San Isidro, con un CLUSTER B con una dimensión y nivel de ventas inferior y no a otra de CLUSTER A como la del Jockey Plaza.” (énfasis añadido)

“Por otro, lado en cuanto a los actos de hostilización cometidos contra el señor (…), si bien el administrado refiere que el traslado del trabajador a otra sede obedeció a una necesidad comercial debido a que el puesto de vendedor integral del área de Electro fue eliminado, lo cierto es que el administrado no ha logrado acreditar que en efecto su decisión esta basada en una justificación razonable, toda vez que el traslado del trabajador a la tienda de Ripley San Isidro implicó una dimensión y nivel de ventas inferior, ocasionándole perjuicio al disminuir su percepción de ingresos mensuales, aunado a ello conviene precisar que dicho puesto de trabajo no fue eliminado, pues del análisis del MOF de la empresa se advierte, que el puesto existe en la actualidad dentro de la organización de la empresa, asimismo en cuanto al nuevo esquema aplicado al trabajador afectado, el administrado no ha aportado documentación que acredite fehacientemente que, efectivamente el trabajador ha sido beneficiado con la percepción de comisiones mas favorables, pues lo alegado solo constituye una manifestación de parte sin mayor relevancia probatoria.” (énfasis añadido)

carece de razonabilidad porque el traslado a la tienda de San Isidro implicó una dimensión y nivel de ventas inferior, sin efectuar un análisis ni desarrollo probatorio que sustente dicha afirmación.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

16 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 17 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 18 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

19 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

No acreditar el pago íntegro y oportuno de Numeral 24.4 del

1 Relaciones las comisiones conforme al convenio artículo 24 del

Laborales colectivo cláusula segunda Anexo 1 RLGIT

suscrito el 09 de setiembre de 2011. GRAVE

2 No cumplir con el deber de colaboración Numeral 45.2 del

Labor de facilitar la documentación en el plazo artículo 45 del

Inspectiva otorgado, solicitada mediante RLGIT

requerimiento de información de fecha 12 GRAVE

de febrero de 2021.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por Tiendas por Departamento Ripley S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 621-2023- SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2958-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0487-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 01 de febrero de 2023, y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador N° 2958-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0487- 2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 01 de febrero de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.47 de la presente resolución.

QUINTO. – Notificar la presente resolución a Tiendas por Departamento Ripley S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20260107SPDC- HR: 283189-2020