Opticas GMO Perú Sociedad Anónima Cerrada — Res. 1454-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la relación laboral (Subgrupo materia: Incluye todas) y; Contratos de trabajo (Subgrupo materia: Formalidades).

oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa de orden socio laboral.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no celebrar por escrito y en los plazos previstos los contratos de trabajo; tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no entregar un ejemplar del contrato de trabajo al trabajador; tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, notificada con fecha 07 de diciembre de 2022; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00.

i. El personal inspectivo señaló que el Sr. Terry ingresó el 01 de octubre de 2021, lo cual ha sido desvirtuado por la autoridad sancionadora (considerando 21). Lo anterior llevó a que, durante la inspección, se evaluaran de manera incorrecta

2 Mediante proveído de fecha 18 de abril de 2023, la autoridad de primera instancia advierte que en el Informe Final de Instrucción N° 085-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN-IF no se valoraron los descargos presentados por la impugnante. En ese sentido, la autoridad de primera instancia resolvió dejar sin efecto el proveído de fecha 20 de marzo de 2023, que disponía el inicio de la fase sancionadora del procedimiento administrativo sancionador, así como la notificación del Informe Final de Instrucción N° 085-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN-IF. Asimismo, resuelve devolver los actuados a la Subintendencia de Fiscalización e Instrucción para que cumpla con realizar lo correspondiente. Posteriormente, a través del MEMORANDUM-000058-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN de fecha 13 de junio de 2023, la Subintendencia de Fiscalización e Instrucción da cuenta que ha procedido a evaluar los descargos mediante el Informe Final de Instrucción N° 188-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SIFN.

los contratos exhibidos, pues se exigió la presentación de contratos que no habían sido celebrados. Se cuestiona la renovación del contrato del Sr. Terry por el periodo del 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023 bajo el argumento de que el documento contiene la firma escaneada del trabajador. Precisa que, el Sr. Terry recibió la copia de la renovación de su contrato el 12 de diciembre de 2022, pero consignó como el 2023, copiando lo que decía el formato impreso, lo que evidencia que el referido trabajador cometió un error que no puede ser imputado a la empresa. ii. En el caso de la Sra. Pamela Sandoval se cuestiona que los contratos de trabajo y sus cargos de entrega tengan firmas escaneadas, sin precisar a qué contratos hace referencia, pues de la revisión de los contratos exhibidos aprecia que solo uno tiene la firma escaneada, mientras que los otros tienen la firma ológrafa e incluso su huella digital. Sostiene que, para la firma de los contratos se envían a los trabajadores para que los impriman, los firmen y devuelvan el documento escaneado; por lo que, en el caso de la trabajadora, ella cumplió con firmar y enviar sus contratos, pero cuando envió el contrato del 09 de mayo de 2022 sólo insertó su firma escaneada, lo que no implica que no haya expresado su manifestación de voluntad, ni que no haya recibido el contrato. iii. La primera instancia no señaló la norma supuestamente vulnerada por la empresa, ya que reconoce que el contrato fue celebrado, pese a lo cual decide sancionar a la empresa. iv. Se vulnera el principio de concurso de infracciones al sancionar dos (02) veces a la empresa por una misma conducta, ello debido a que se sanciona por no contar con contratos debidamente firmados y por no entregar los contratos a los trabajadores afectados.

i. En atención al primer requerimiento de información, la impugnante presenta el escrito de fecha 08 de noviembre de 2022, mediante el cual precisa la relación de sus trabajadores, indicando como fecha de ingreso del Sr. Terry el 01 de octubre de 2021, conforme la imagen insertada en la resolución impugnada, bajo el entendido de que lo manifestado por la impugnante corresponde a la veracidad de los hechos. Asimismo, precisa que, en la misma fecha de presentación del escrito, la impugnante realizó la modificación en la constancia de alta, observándose que la fecha de inicio es el 01 de enero de 2022.En consecuencia, ante la incoherencia advertida sobre las fechas de inicio de

3 Notificada a la impugnante el 18 de setiembre de 2023.

labores, deja a salvo el derecho del trabajador de hacerlo valer en la vía correspondiente de considerarlo pertinente. ii. En el Acta de Infracción se ha considerado como fecha de inicio de labores el 01 de octubre de 2021, y esto se debe a que la propia impugnante así lo ha manifestado. Si bien el inferior en grado manifestó que el Sr. Terry ingresó a laborar el 01 de enero de 2022, según la constancia de alta obrante en autos. Sin embargo, considera que el personal inspectivo debió sustentar el motivo por el que, ante las incoherencias, prevaleció la fecha del 01 de octubre de 2021. Por tanto, no existiendo sustento alguno, en aras del Principio de Presunción de Veracidad acoge lo argumentado por el inferior en grado. Precisa que, según la constancia de modificación o actualización de datos del trabajador – Formulario 1604-2 se tiene como fecha de ingreso el 01 de enero de 2022; por lo que, en razón a dicho periodo hasta la fecha en que se requirió la acreditación de los contratos (07 de diciembre de 2022) procederá a realizar el análisis correspondiente, para determinar si la impugnante cumplió o no con celebrar contratos de trabajo y su entrega respectiva. iii. Considerando la fecha de ingreso del trabajador desde el 01 de enero de 2022, de los actuados se evidencian los siguientes contratos: a) Contrato de trabajo de fecha 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, que se encuentra debidamente firmado por el trabajador, así como su respectiva constancia de entrega del contrato; además, este contrato fue presentado en el descargo contra la imputación de cargos, más no fue presentado en la etapa de actuaciones inspectivas de investigación, b) Renovación de contrato de fecha 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, que se encuentra debidamente firmado por el trabajador, pero no se observa constancia de entrega del contrato; además, este documento fue presentado en la etapa de actuaciones inspectivas de investigación y, c) Constancia de entrega del contrato de fecha 12 de diciembre de 2023, que se encuentra debidamente firmado por el trabajador; además, el documento fue presentado en la etapa de actuaciones inspectivas de investigación. iv. Aclara que no se cuestiona la renovación del contrato del periodo del 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, sino que observaron la constancia de entrega del contrato de dicho periodo. Ello, conforme a lo argumentado por la primera instancia, la constancia en que la impugnante alega que corresponde a dicho periodo contiene la firma escaneada del trabajador; sin embargo, observa que el inferior en grado no ha evidenciado que dicho periodo no es materia de controversia en el procedimiento sancionador, toda vez que, el personal inspectivo requirió la acreditación de los contratos desde la fecha de inicio de labores hasta la actualidad (fecha en que se extiende la medida inspectiva de requerimiento que es el 07 de diciembre de 2022), conforme el punto 4.9 de los hechos constatados del Acta de Infracción. Por tanto, la impugnante cumplió con acreditar haber celebrado por escrito y en los plazos previstos los contratos de trabajo, así como su respectiva entrega de un ejemplar del contrato al Sr. Terry, cuya fecha de entrega fue el 01 de enero de 2022. v. En relación con la trabajadora Pamela Sandoval, la resolución apelada hace referencia al contrato del periodo del 09 de mayo de 2022 al 08 de noviembre de 2022 como el contrato que no genera convicción de su cumplimiento por contener firma escaneada. Sobre los demás contratos de trabajo verifica que estos cuentan con la firma correspondiente del trabajador, así como su respectiva entrega, conforme el siguiente detalle: a) Contrato de trabajo de fecha 09 de noviembre de 2020 al 08 de noviembre de 2021, b) Renovación de contrato de trabajo de fecha 09 de noviembre de 2021 al 08 de mayo de 2022,

c) Contrato de trabajo de fecha 09 de mayo de 2022 al 08 de noviembre de 2022, que contiene firma escaneada, lo mismo se observa en la constancia de entrega del contrato y, d) Renovación de contrato de trabajo de fecha 09 de noviembre de 2022 al 08 de mayo de 2023. vi. Sin embargo, el contrato de trabajo del periodo 09 de mayo de 2022 al 08 de noviembre de 2022 contiene firma escaneada; por lo que, este contrato no puede ser considerado como válido por cuanto no cumple con los parámetros establecidos por ley, siendo que valida lo ya argumentado por los inferiores en grado al señalar que el uso de la firma escaneada en la emisión de documentos laborales no tiene el mismo efecto legal que el uso de la firma manuscrita, conforme el criterio adoptado por la Directiva Normativa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que indica lo siguiente: “9. Por tanto, la exigencia de los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley N° 27269, y detallados en el párrafo 5 del presente informe, excluye el uso de la firma escaneada o digitalizada en la emisión de documentos laborales por parte del empleador, por cuanto no tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita”. En esa misma línea, la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que refiere lo siguiente: “(…) la digitalización de una firma (escaneado) es una representación gráfica (al mismo estilo de una foto) que no cumple con los estándares de seguridad establecido en la Ley N° 27269 y su Reglamento”. vii. Además, reitera que si bien el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310 solo se refiere de modo expreso a la sustitución de la firma ológrafa del empleador por su firma digital u otra modalidad de firma electrónica, dicha posibilidad es extensiva al trabajador en virtud del artículo 141-A del Código Civil. De esta manera, el artículo 1 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales - Ley N° 27269, establece que la firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita u otra análoga, que conlleve manifestación de voluntad, es decir, en un esquema donde el trabajador actúa como la contraparte laboral, la firma digital será válida en tanto su uso sea conforme al principio de razonabilidad, lo cual implica que el empleador haya puesto previamente a disposición del trabajador los medios y/o herramientas necesarias para su correcto uso; por consiguiente, la impugnante es responsable de no haber cumplido con acreditar la celebración y entrega de la totalidad del contrato de trabajo (falto acreditar el contrato de trabajo del periodo del 09 de mayo de 2022 al 08 de noviembre de 2022). viii. Por otro lado, determina que la impugnante ha cumplido con acreditar la celebración y entrega del contrato de trabajo respecto al Sr. Terry; no obstante, no se cumple con acreditar respecto a la trabajadora Pamela Sandoval; por consiguiente, ve por conveniente consignar como trabajador afectado a un trabajador para las infracciones por: No celebrar por escrito y en los plazos

previstos los contratos de trabajo y, No entregar un ejemplar del contrato de trabajo al trabajador. Además, deja en claro que el monto de la UIT sancionado no varía, pues conforme a la gravedad de la infracción cometida, tipo de empresa; por lo que, la multa impuesta se encuentra dentro del rango de trabajadores afectados en el cuadro de multas establecido en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT. ix. Considerando el incumplimiento con respecto a la trabajadora Pamela Sandoval, indica que el inferior en grado ha precisado cuales son las normas vulneradas por parte de la impugnante, conforme los considerandos 19, 13 y 56 de la resolución apelada. x. De otra parte, para el caso de las infracciones sancionadas por no celebrar por escrito y en los plazos previstos los contratos de trabajo y por no entregar un ejemplar del contrato de trabajo al trabajador, corresponde aplicar el numeral 6 del artículo 248 del TUO de la LPAG. Siendo que ambas conductas se encuentran tipificadas como muy graves en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT se aplicará y sancionará solo por la infracción por no celebrar por escrito y en los plazos previstos los contratos de trabajo, pues dicha infracción sería la principal y su accesorio es la segunda infracción, es decir, el accesorio depende del principal; en consecuencia, deja sin efecto la infracción accesoria, esto es, por no entregar un ejemplar del contrato de trabajo al trabajador, debiendo prevalecer la infracción principal. xi. Agrega que, si bien es cierto ha quedado determinado que la impugnante no ha cumplido con celebrar y entregar el contrato de trabajo respecto a la trabajadora Pamela Sandoval (contrato del periodo del 09 de mayo de 2022 al 08 de noviembre de 2022); sin embargo, al no haberse constatado en el Acta de Infracción el sustento del personal inspectivo, en relación a la consideración de prevalecer la fecha de inicio de labores del trabajador Terry Olivo (01 de octubre de 2021) sobre la fecha de inicio del 01 de enero de 2022, existe incoherencia entre lo señalado por la impugnante mediante escrito de fecha 08 de noviembre de 2022 y lo señalado en la constancia de modificación y actualización de datos – Formulario 1604-2; por lo que, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta por la infracción por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de diciembre de 2022. xii. Por tanto, en consideración a que el requerimiento tiene un carácter unitario y que la impugnante no puede elegir cumplir sólo alguna o algunas de las órdenes impartidas sino la totalidad de las mismas, y en el caso que alguna de ellas no respete el principio de legalidad, el administrado tiene derecho a resistirse al requerimiento por ser violatorio del artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT. En consecuencia, la impugnante no se encontraba obligada a cumplir con la medida inspectiva de requerimiento porque no respetaba el principio de legalidad, no habiendo incurrido en infracción a la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Opticas Gmo Peru Sociedad Anonima Cerrada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de octubre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 158-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG: La resolución impugnada sanciona a la empresa por hechos distintos a los imputados en el Acta de Infracción y sancionados en primera instancia, vulnerando el derecho de defensa e incurriendo en motivación sustancialmente incongruente, afectando el principio del debido procedimiento. ii. En el presente caso, la autoridad sancionadora decide imponer sanción por no acreditar la firma del contrato del 09 de mayo de 2022 al 08 de noviembre de 2022 de la trabajadora, conforme le considerando 3.8 de la resolución impugnada. Sin embargo, en el punto 4.13 de los hechos constatados del Acta de Infracción se cuestiona que la empresa no había exhibido los contratos, mas no se había previsto algún cuestionamiento a la firma del contrato de la trabajadora. Asimismo, la autoridad sancionadora de primera instancia consideró que todos los contratos exhibidos de la trabajadora tenían firma escaneada, y que por ello no eran válidos, conforme el considerando 24 de la resolución de primera instancia.

iii. Precisa que, en su recurso de apelación advirtieron la falta de motivación externa de la resolución de primera instancia debido a que se evidenció que los contratos exhibidos tenían la firma manuscrita de la trabajadora. Frente a ello, la resolución impugnada ha reconocido el error de la autoridad sancionadora de primera instancia, que sostenía que todos los contratos tenían firma escaneada; sin embargo, en lugar de declarar la nulidad de la resolución, por incurrir en vicio de motivación, decidió mantener la sanción, cambiando la imputación de los hechos. Pese a que inicialmente se pretendía sancionar a la empresa por no exhibir contratos; después se sancionó por supuestamente exhibir contratos con firma escaneada. Finalmente, la segunda instancia acogió la multa, cuestionando solo uno de los documentos exhibidos, lo cual agravia el derecho de defensa de la empresa al impedir que ejerza adecuadamente su derecho. iv. Inaplicación del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la LPAG: Se considera que la firma de la trabajadora, pero no se sustenta en ningún medio probatorio, especialmente si no tomaron encuentra la forma en que se suscriben los contratos, vulnerando el principio de presunción de veracidad. También, hace referencia a la Resolución N° 104-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. v. En el presente caso, la resolución impugnada decidió sancionar por no acreditar la suscripción de la renovación del contrato de la trabajadora por el periodo del 09 de mayo de 2022 al 08 de noviembre de 2022. Durante el procedimiento sancionador exhibió la renovación de la trabajadora por el periodo cuestionado; sin embargo, inicialmente, la autoridad sancionadora de primera instancia aseveró que todos los contratos no eran válidos porque tenían la firma escaneada de la trabajadora; luego, la segunda instancia verificó que lo señalado por la primera instancia no era cierto, variando la conducta atribuida a la empresa. vi. En ese sentido, la segunda instancia considera que no se puede atribuir a la trabajadora la titularidad de la suscripción de la renovación, pero no precisa cuál es el medio probatorio que sustenta dicha conclusión. Sobre el particular, menciona que el personal de recursos humanos de la empresa labora en el domicilio fiscal en Lima Metropolitana, así como que cuenta con tiendas a nivel nacional; por lo que, envían las renovaciones a cada trabajador quien debe imprimir el documento y enviarlo antes de su renovación, siendo que por lo general, los trabajadores firman los documentos y los envían escaneados o toman fotografías para poder conservar el documento firmado. vii. Sin embargo, en una ocasión como lo advierte la segunda instancia, la trabajadora envió su renovación colocando solo su firma escaneada, lo que no significa que con ello se esté incumplimiento el artículo 72 del Texto Unico Ordenado del D. Leg. Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ya que esta norma solo exige que el contrato sea celebrado por escrito, tal como lo han acreditado. viii. Por consiguiente, dado que el contrato fue celebrado por escrito y que no existe ninguna prueba que desvirtúe su validez, solicita que se declare infundado el recurso de revisión, anulando la resolución impugnada o, en su defecto, revocando la sanción impuesta en segunda instancia.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la vulneración al principio del debido procedimiento

presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú,

párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. (…)

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida

10 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“4.13.1 (…) En referencia a la materia Contratos de Trabajo, sub materia Formalidades, se ha verificado que (…). Respecto de los trabajadores Sandoval (…) Pamela (…) el sujeto inspeccionado NO ACREDITÓ la suscripción de los contratos de trabajo y entrega de la copia del contrato de trabajo desde su fecha de ingreso, sino únicamente remitió (…) el contrato de trabajo de la trabajadora Sandoval (…) Pamela (…) de fecha 09.11.2022 respecto del periodo del 09.11.2022 al 08.05.2023. (…) 4.14 Respecto a la materia de Contratos de Trabajo, submateria Formalidades, se requirió al sujeto inspeccionado acreditar la suscripción de contrato de trabajo a favor de las trabajadoras (…) VANESSA SANDOVAL desde su fecha de ingreso (…) 09/11/2020 (…); conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 003-97-TR, artículo 72: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral” Debiendo remitir los contratos de trabajo suscritos entre las trabajadoras y el sujeto inspeccionado desde su fecha de ingreso de cada una.” (…)”

“26. Incluso, la validez y eficacia jurídica de la firma escaneada en igual término que la firma manuscrita ha sido descartada por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que refiere lo siguiente: “(…) la digitalización de una firma (escaneo) es una representación gráfica (al mismo estilo de una foto) que no cumple con los estándares de seguridad establecido en la Ley N° 27269 y su Reglamento.”, en este sentido los documentos portado por el

periodo 09 de mayo de 2022 hasta el 08 de noviembre de 2022, no generan certeza de su cumplimiento. 27. Que en cuanto al punto ii) esta administración concluye que el administrado incurrió en responsabilidad administrativa, al no cumplir con las formalidades correspondientes en cuanto a los contratos de trabajo celebrados entre entre ambas partes, pues ha quedado evidenciado la existencia de la relación laboral, que si bien no fueron firmados por el trabajador, conforme a las exigencias establecidas por ley, ello no quiere decir, ello no quiere decir que se tenga que negar su existencia, así como su celebración, conforme a los fundamentos y hechos antes expuestos.”. (énfasis añadido)

“3.9. No obstante, el contrato de trabajo del periodo 09/05/2022 al 08/11/2022, contiene firma escaneada, este contrato no puede ser considerado como válido por cuanto no cumple con los parámetros establecidos por Ley, por lo que este Despacho valida lo ya argumentado por los inferiores en grado al señalar que el uso de la firma escaneada en la emisión de documentos laborales no tiene el mismo efecto legal que el uso de la firma manuscrita, conforme al criterio adoptado por la Dirección Normativa de Trabajo4 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que indica lo siguiente: “9. Por tanto, la exigencia de los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley N° 27269, y detallados en el párrafo 5 del presente informe, excluye el uso de la firma escaneada o digitalizada en la emisión de documentos laborales por parte del empleador, por cuanto no tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita”; en esa misma línea, tenemos lo señalado por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que refiere lo siguiente: “(…) la digitalización de una firma (escaneo) es una representación gráfica (al mismo estilo de una foto) que no cumple con los estándares de seguridad establecido en la Ley N° 27269 y su Reglamento”; además es pertinente reiterar que si bien el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 13106 solo se refiere de modo expreso a la sustitución de la firma ológrafa del empleador por su firma digital u otra modalidad de firma electrónica, dicha posibilidad es extensiva al trabajador en virtud del artículo 141-A del Código Civil, de esta manera, el artículo 1 de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, establece que la firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita u otra análoga, que conlleve manifestación de voluntad; es decir, en un esquema donde el trabajador actúa como la contraparte laboral; la firma digital será válida en tanto su uso sea conforme al principio de razonabilidad, lo cual implica que el empleador haya puesto previamente a disposición del trabajador los medios y/o herramientas necesarias para su correcto uso (…)”.

presenta una firma escaneada de la trabajadora, ello no implica la inexistencia del contrato ni la omisión de su forma escrita, sino en todo caso, una cuestión relativa a la modalidad empleada para reflejar la voluntad de la trabajadora; además, el contrato en cuestión fue presentado por la empresa recién en sus descargos contra la imputación de cargos, y no en la etapa de fiscalización; motivo por el cual, el personal inspectivo no pudo realizar verificación alguna sobre dicho contrato, conforme el punto 6.16 de la presente resolución.

u obtener elementos que permitan determinar la verdad material de los hechos que motivaron el procedimiento sancionador y/o los alegatos de los administrados.”

12 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

13 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por OPTICAS GMO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y, en consecuencia, NULA la Resolución de Subintendencia N° 274-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 07 de julio de 2023 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el

expediente sancionador N° 056-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 274-2023- SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 07 de julio de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.34 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a OPTICAS GMO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015SPDC - HR: 149706-2022