Opticas GMO Perú Sociedad Anónima Cerrada — Res. 635-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1556-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 763-2022-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 367-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, notificada el 26 de mayo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 483-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN (en adelante, el Informe Final) que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cusco, la que mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 854-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, notificada el 04 de diciembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 28 de diciembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 854-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 032-2024-SUNAFIL/IRE CUS, notificada el 05 de febrero de 2024, la Intendencia Regional del Cusco, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 22 de febrero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 032-2024- SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional del Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000162-2024- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional 8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que OPTICAS GMO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 032-2024-SUNAFIL/IRE CUS, que confirmó la sanción por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la normativa en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 06 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por OPTICAS GMO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

La impugnante alega que el contrato de inicio o incremento de actividad se fundamenta en la decisión empresarial y no necesariamente en un aumento sustancial de la producción o las ventas, como sería el caso del contrato por necesidades del mercado; y que, por ende, se pretende exigir una justificación del aumento de actividades que recae exclusivamente en la voluntad y decisión de la Empresa, y no necesariamente en los resultados obtenidos, por lo que no se ha demostrado el comportamiento ilegal.

Al respecto, el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se rigen, entre otros principios ordenadores, por el de legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes.

En esa línea, la Inspección del Trabajo, es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y exigir las responsabilidades administrativas que procedan. En atención a ello, surge la necesidad de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral, considerando que las normas establecidas para tal fin son de carácter obligatorio.

Para efectos de interpretar adecuadamente el artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante, TUO de la LPCL), se debe tener presente que para la validez de los contratos sujetos a modalidad, entre otros, del contrato por inicio o incremento de actividad o necesidades del mercado, deberá necesariamente constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas, las cuales dependerán de la contratación sujeta a modalidad; además, de contener las demás condiciones de la relación laboral y las formalidades previstas en los artículos 72 y 73 del TUO de la LPCL. Previamente a hacer ese análisis jurídico del caso, es importante referirnos brevemente a los principios laborales de Continuidad y Causalidad.

El principio de Continuidad subyace a la vocación de permanencia en el tiempo de la relación laboral. Como señala Américo Plá Rodríguez9, “alude a lo que dura, a lo que se prolonga, a lo que se mantiene en el tiempo, a lo que continúa. Y esa es la idea central que se quiere evocar con este principio”; es así que este principio concibe a la relación de trabajo preferentemente como una de duración indeterminada; es decir, le atribuye la más larga duración en el tiempo. Esta vocación de permanencia se impone sobre todo acto fraudulento, simulado, etc., que busque o tenga como consecuencia ocultarla o trocarla; en concordancia con ello, la normativa laboral de nuestro país reconoce esta preferencia en la contratación, en virtud del artículo 4° del TUO de la LPCL, que dispone que, “ante toda prestación de servicios

De otro lado, el principio de Causalidad supone que la duración del contrato de trabajo debe estar vinculada a la duración real de la actividad, no pudiendo ello ser determinado arbitrariamente por el empleador; es así, que toda contratación que tenga una duración temporal debe encontrarse justificada por una causa objetiva que sustente tal excepcionalidad. En la normativa nacional se encuentran regulados 9 modalidades de contratación temporal (Título II del TUO de la LPCL) siendo que, en cada supuesto, el legislador estableció una causa objetiva que justifica dicha contratación temporal, siendo un requisito de validez consignar el tiempo de duración del mismo y la causa objetiva determinante de la contratación (artículo 72° del TUO de la LPCL) (énfasis añadido).

En similar sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia, al indicar que el régimen laboral peruano se rige, entre otros, por el principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizada mientras subsista la fuente que le dio origen. Así pues, el Tribunal Constitucional, respecto a los contratos sujetos a modalidad, ha señalado, en la sentencia recaída en el Expediente N° 1874-2002-AA/TC, que éstos “tienen carácter excepcional y que su utilización procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar (…)” (énfasis añadido).

La inobservancia de los requisitos de validez de la contratación temporal tiene como consecuencia la desnaturalización del contrato, que implica la consideración de la relación laboral como una a plazo indeterminado, de conformidad con el Principio de Continuidad, el cual se impone ante el fraude y la simulación.

La desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, se produce en los siguientes supuestos, en observancia a lo prescrito en el artículo 77 del TUO de la LPCL:

Ahora bien, respecto al contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio o incremento de actividad, según el artículo 57° del TUO de la LPCL, dicho contrato temporal es “aquel

Sobre esta modalidad contractual, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido en diversas sentencias, lo siguiente:

Así, la modalidad contractual señalada, implica “que prácticamente todo nuevo puesto de trabajo que se cree, al estar vinculado en línea de principio a un incremento de las actividades de la empresa, pueda ser cubierto por personal temporal”12.

Sobre ello, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, en la sentencia recaída en el recurso de Casación N° 26625- 2017 HUÁNUCO, indica que:

Sanguinetti13 indica que es necesaria la concurrencia de 3 requisitos para este tipo de contratación:

Por lo expuesto, queda acreditado que la regla general para la contratación es a plazo indeterminado, y solo por causas objetivas y contempladas en la ley se procede a celebrar contratos a plazo determinado, caso contrario, se incurre en una infracción muy grave prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, que establece lo siguiente: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el principio de no discriminación”.

Cabe señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 015-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 31 de octubre de 2023, se estableció el precedente de observancia obligatoria, por medio del cual se determinó:

En ese entendido, la determinación de la causa objetiva en los contratos de trabajo modales exige no solo su consignación y explicación suficiente y adecuada, sino también, la acreditación probatoria correspondiente de dicha causa objetiva.

En el caso en particular, se advierte a partir de los contratos de trabajo sujetos a modalidad presentados por la impugnante durante las actuaciones inspectivas, que señala como causa objetiva lo siguiente:

Asimismo, presentó la licencia de funcionamiento de fecha 04.02.2014, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. de la Cultura s/n Int- LC-118, Cusco, la licencia de funcionamiento de fecha 19.11.2015 correspondiente al establecimiento en calle Ayacucho N.° 248-B, Cusco y la licencia de funcionamiento de fecha 07.01.2014, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. de la Cultura s/n Int- LC-235, Cusco. Las cuales se pueden observar a continuación:

De las imágenes precedentes, resulta evidente que la justificación argüida para que se haya realizado la contratación de los trabajadores bajo la modalidad de incremento de actividad consiste en la apertura de nuevos locales debido al aumento de comercialización de sus productos de mercado ópticos durante el período 2021 y 2022; sin embargo no se advierte que se hayan presentado licencia de funcionamiento de los nuevos locales aperturados por los citados períodos15, sino más bien se aprecia que dichas licencias datan de fechas anteriores a la contratación, esto es, años 2014 y 2015; situación que sumada a los contratos de trabajo16 en mención, sin la respectiva suscripción de los trabajadores afectados, impide verificar si en efecto se produjo un incremento señalado.

Ahora bien, del contenido del contrato modal por incremento de actividad suscrito por Miriam Daza Condorhuacho (asesora de ventas), se advierte que también se sustenta su contratación en el informe económico para el cuarto trimestre 2021; sin embargo, dicho informe pese a haber sido alegado por la inspeccionada, no obra en autos; el mismo que pudo haber sido alcanzado a la autoridad inspectiva a fin de que sea valorado oportunamente, como parte de la documentación idónea solicitada mediante los diversos requerimientos de información a fin de que permita corroborar si en efecto existía un incremento de actividades.

En ese sentido, este Tribunal advierte que, en la contratación modal de los Sres. Ricardo Jorge Quispe Chullunquia (optometrista) y Miriam Daza Condorhuacho (asesora de ventas), se ha señalado la causa objetiva de contratación de manera genérica, sin haberse precisado los porcentajes, número de ventas, puntos de venta, que demuestran el aumento de la demanda de productos ópticos y la apertura de nuevos puntos de venta; siendo así al encontrarnos ante el supuesto regulado en el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, los referidos contratos modales resultan desnaturalizados, debiendo considerarse como contratos de trabajo a plazo indeterminado; hecho que además conforme a lo previsto en el

Al respecto, es de precisar que, el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, establece que los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas destinadas al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su debida justificación ante el inspector que haya formulado el requerimiento. En concordancia, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT dispone que dichas medidas deben adoptarse dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del mismo artículo.

Asimismo, el artículo 14 de la LGIT, señala que:

En esa línea, el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT establece que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Por ello, la LGIT señala que la emisión de medidas de requerimiento constituye una potestad de los inspectores de trabajo17, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector18.

Es decir, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad19.

Al respecto, de autos se observa que la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 26 de octubre de 202220, contenía el siguiente mandato: “Acreditar el cumplimiento de efectuar la modificación de datos de los trabajadores Ricardo Jorge Quispe Chullunquia y Miriam Daza Condorhuacho en el T-registro de la Planilla Electrónica, en lo relacionado al “tipo de contrato de trabajo”, con el objeto de que se consigne los contratos modales desnaturalizados como contratos de trabajo a plazo indeterminado a efecto de garantizar la continuidad de los mencionados trabajadores (exhibir las constancias de modificación de datos del T-Registro con la data de contrato a plazo indeterminado debidamente notificados a los trabajadores en mención)”. Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para la adopción de la medida requerida, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. En merito a dicha medida, la impugnante presentó con fecha 03 de noviembre de 2022 un escrito de oposición a la medida inspectiva21, frente a lo cual el inspector actuante, conforme se advierte del numeral 2.4 de los hechos constatados en el Acta de Infracción, indicó que, la medida inspectiva de requerimiento al no ser un acto definitivo, podrá ser cuestionado durante el procedimiento sancionador y no en el procedimiento inspectivo; dejando establecido que la infracción consistente en la desnaturalización de contratos de trabajo sujeto a modalidad y no haber garantizado la continuidad de los trabajadores afectados mediante contrato a plazo indeterminado, subsiste.

Es oportuno señalar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001- 2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten.

Además, debemos tener en cuenta que, las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. Por lo que, su incumplimiento en el plazo otorgado, permite evidenciar su configuración.

De la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que el inspector comisionado ha realizado una correcta aplicación de los artículos 1422 de la LGIT y 17.223 del RLGIT, referente a que para la emisión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, cumpliendo con la aplicación del principio de legalidad, conforme se advierte de los fundamentos de la medida inspectiva de requerimiento. En tal sentido, se advierte que el comisionado efectuó la correcta determinación de la conducta infractora

Por lo tanto, la impugnante se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a dicha medida de requerimiento de manera íntegra, esto es, a cada uno de los requerimientos efectuados por el comisionado, supuesto, que como se ha señalado, no ha cumplido. En tal sentido, en aplicación del principio de razonabilidad, y luego de la valoración, por parte del inspector comisionado y esta Sala, de los hechos y medios probatorios aportados, se evidencia el incumplimiento del deber de colaboración por parte de la impugnante, así como el no cumplimiento de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento, correspondiendo confirmar la sanción por dicha infracción.

Respecto al extremo de la supuesta falta de motivación y valoración probatoria, debemos señalar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. Así, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa24, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento, en virtud del cual todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la sentencia recaída en el expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos como una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Sobre ello, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta, directa y comprobable entre los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción, no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material.

Respecto a la falta de motivación, en palabras de Guzmán Napurí25, se ha expresado lo siguiente:

Del marco expuesto, se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

En ese sentido, la impugnante alega falta de motivación por no pronunciamiento sobre los argumentos presentados contra el Informe final de Instrucción y los de su recurso de apelación, señalando la repetición de fundamentos ya mencionados en la instancia anterior. Sobre el particular, verificados los actuados, se corrobora que tanto el escrito de fecha 19 de septiembre de 2023, este es, los descargos contra el Informe Final de Instrucción y el escrito de fecha 29 de diciembre de 2023, el recurso de apelación presentado contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 854-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, han sido recogidos y contrastados tanto en la resolución emitida por la Subintendencia y, del mismo modo, en la resolución impugnada. Por tanto, no corresponde acoger lo alegado por la impugnante en dicho extremo.

Respecto a la alegada supuesta vulneración del derecho de defensa al no valorar los argumentos y pruebas referidas a las licencias de funcionamiento y los contratos de trabajo presentados durante las actuaciones inspectivas. Como se ha señalado en el fundamento precedente, tanto los descargos como los medios de pruebas presentados en su oportunidad fueron valorados por la autoridad instructiva, así como por la autoridad de primera instancia, motivo por el cual no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Al respecto el Protocolo Nº 003-2016 SUNAFIL/INII “Protocolo para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad” en su numeral 7.1, sobre tramite de las

Asimismo en su numeral 8.3.1, respecto a la DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, precisa que: “El inspector comisionado conforme a sus facultades establecidas en el artículo 5º y el deber de colaboración establecido en el artículo 9º de la LGIT, podrá requerir la información idónea y pertinente que permita verificar la causa objetiva que sustente el contrato modal celebrado entre las partes, pudiendo solicitar entre otras, la documentación que se indica en los aspectos formales, aspectos sustanciales y en cada uno de los contratos modales señalados en el presente protocolo”. Del mismo modo, el numeral 8.3.2, precisa que: “El requerimiento de la documentación señalada precedentemente será en función a la actividad económica que realiza el empleador y de acuerdo a cada caso concreto, no siendo necesario solicitar toda la documentación en caso sea suficiente la acreditación de la causa objetiva con alguno o algunos de los documentos señalados en cada uno de los contratos modales del presente Protocolo.” Y finalmente, resulta importante resaltar lo señalado en el numeral 8.3.3. del Protocolo, que: “En caso el empleador no cuente con la documentación señalada y/o en caso lo considere necesario, adicionalmente a los documentos solicitados, el sujeto inspeccionado podrá presentar otros documentos idóneos y pertinentes que acrediten la causa objetiva que determino la contratación modal celebrada entre las partes; (…)”.

Por lo tanto, se ha podido comprobar que el inspector comisionado ha requerido en el primer requerimiento de información de fecha 30/09/2022 lo siguiente:

De igual forma, ante un segundo requerimiento de información de fecha 10/10/2022, se solicitó al inspeccionado cumpla con presentar lo siguiente:

Conforme a ello, se evidencia que para ambos requerimientos información, el inspector comisionado ejerció su labor conforme a las facultades establecidas en la ley y cumpliendo lo señalado en el Protocolo Nº 003-2016-SUNAFIL/INII “Protocolo para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad”, que dicho sea de paso, no configura una lista cerrada, para el cabal cumplimiento de la norma sociolaboral, sino que otorga varias posibilidades y alternativas al inspeccionado, para efectos de cumplir con los fines de la inspección de trabajo, que en el presente caso consistió en efectuar la modificación de datos de los trabajadores Ricardo Jorge Quispe Chullunquia y Miriam Daza Condorhuacho en el T- Registro de la planilla electrónica, en lo referido al tipo de contrato de trabajo, con el objeto que se consigne los contratos modales desnaturalizados como contratos de trabajo a plazo indeterminado (…). Por lo que, el inspector de trabajo, efectuó sus labores conforme a sus facultades, amparado en los principios ordenadores del sistema inspectivo. Argumento, cabe decir, que ha sido sostenido también por las instancias anteriores.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.