Rumi Ingenieros Integrales S.A.C — Res. 583-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Submateria: Pago de la remuneración (sueldos y salarios)). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar íntegramente las remuneraciones de marzo 2020, a favor de 102 trabajadores2, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 33,669.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 25 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 60,974.00.

i. Precisa que ha presentado el T-Registro formato TR5, PLAME formato R01 y R02 de marzo 2020; asimismo, durante las actuaciones inspectivas adjuntó la relación de trabajadores de marzo 2020, indicando con columnas separadas de las sumas abonadas por el pago en partes de la remuneración en marzo 2020, así como los abonos bancarios de las remuneraciones, adicionalmente, presentó un cuadro informativo, la relación de pagos remunerativas y los pagos de otros conceptos. Sin embargo, el Acta de Infracción concluyó en forma errada que la empresa no adoptó ninguna medida prevista o alternativa que se encuentre regulada en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, derivada en una suspensión perfecta de labores y que la misma justifique los pagos supuestos incompletos; no obstante, se debe tener en cuenta que mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se decreta el estado de emergencia con aislamiento social obligatorio, solo permitiéndose las labores restringidas al abastecimiento de alimentos, salud y combustibles, no se señalaron medidas que orienten al auxilio económico de las empresas privadas, en tanto las medidas decretadas mediante Decreto de Urgencia N° 038-2020 fueron posteriores; por lo que, la empresa cursó comunicación vía correo electrónico a los trabajadores, señalando lo ordenado por el gobierno y posteriormente regularizó con la solicitud de suspensión perfecta de labores tramitada ante la autoridad administrativa de trabajo.

2 De acuerdo al considerando 20 y 22 de la Resolución de Sub Intendencia N° 612-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4 de fecha 25 de mayo de 2022 se desestima la recomendación de sanción en materia de relaciones laborales, con respecto a un (01) trabajador.

ii. En la documentación del contrato de trabajo de los 103 trabajadores, se tenía por convenido la modalidad liquidadora, es decir, se establecieron los pagos según los días trabajados, siendo la razón del cuadro de pagos y cumplimiento de beneficios sociales, conforme la documentación sustentada en la documentación alcanzada en su oportunidad. iii. El personal inspectivo abdicó a su función en el ejercicio de llegar a la búsqueda de la verdad, conllevando a la emisión de la resolución apelada a realizar una interpretación pobre y desfavorable para la empresa, inobservando los principios generales de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, imparcialidad, conducta procedimental, eficacia, verdad material y de predictibilidad), lo cual deviene en la nulidad de la resolución apelada. iv. Sobre la acreditación de pago de remuneraciones del mes de mayo de 2020, se advierte lo siguiente: En cuanto a los trabajadores Jorge Luis Altamirano Damiano, Percy Enrique Bernable Fernández, Cosme Holguín arcos, Oscar Felipe Sarayasi Mollo y Luis Edilberto Vásquez Arévalo, no se ha observado el registro PLAME, que corre en autos con la liquidación de beneficios sociales de los mencionados trabajadores y en los que consta la remuneración pendiente liquidada; por lo que, se solicita se revise la documentación que obra en el expediente y se verifique el cumplimiento de los pagos. En cuanto a los trabajadores Jhon Martin Del Castillo y Eder Ricardo Ramos Ccoapaza, el personal inspectivo no establece cuál es la razón o fundamento por la que no produciría certeza los pagos efectuados, dado que los comprobantes de pago alcanzados reflejan el cumplimiento real e irrefutable de las normas legales y del requerimiento efectuado; en ese sentido, no existe conexión lógica entre lo que se concluye, los considerandos y fundamentos presentados por la empresa, más aún si los documentos de acreditación de pago fueron alcanzados y se pretenden desconocer. v. Con relación a la medida inspectiva de requerimiento, manifiesta que, los requerimientos fueron inicialmente por correo electrónico y, en razón de lo peticionado, cumplieron con alcanzar la documentación respectiva; por lo que, alcanzó copia de los correos cursados entre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL y su empresa; en ese sentido, de lo expresado y que obra en autos, todo requerimiento efectuado fue oportunamente alcanzado, no existiendo fundamento legal ni interpretativo que derive en una sanción; por lo que, en la resolución apelada existe una interpretación errónea del personal inspectivo, más aún si ha cumplido en cada orden y requerimiento de la SUNAFIL, así como el cumplimiento de los beneficios, pagos y remuneraciones de los trabajadores, conforme al cumplimiento del contrato de trabajo y acorde a ley.

i. De conformidad con la Resolución Directoral General N° 785-2020-MTPE/2/14 de fecha 03 de agosto de 2020, resolvió desaprobar la solicitud se suspensión perfecta de labores ingresada con registro N° 042718-2020 por la empresa, que comprende noventa y uno (91) trabajadores por el periodo comprendido del 10 de junio de 2020 hasta el 09 de julio de 2020, así como disponer que se efectúe el pago de las remuneraciones de los trabajadores afectados por el tiempo transcurrido. Sin embargo, en ejercicio de su derecho de contradicción, la impugnante ejerció su derecho de contradicción, interpuso un recurso de reconsideración contra dicha resolución; sin embargo, dicho ejercicio no liberó de cumplir con el pago de las remuneraciones, por no configurarse lo dispuesto en el numeral 226.1 y 226.2 del artículo 226 del artículo 226 del TUO de la LPAG. Por tal razón, la propuesta de sanción contenida en el Acta de Infracción se encuentra fundada en derecho, al encontrarse acreditado que el entonces sujeto inspeccionado se encontraba en la obligación legal de cumplir con el pago de las remuneraciones a favor de los trabajadores involucrados en la investigación. ii. De acuerdo al punto 4.23 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el sujeto inspeccionado no acreditó haber adoptado la media alternativa alguna que garantice la percepción de las remuneraciones de los trabajadores, conforme el Decreto de Urgencia N° 038-2020 o haber sido aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE la medida excepcional de suspensión perfecta de labores. iii. Por otro lado, de la revisión de autos se observan documentos como boleta de pago, liquidación de beneficios sociales, los que no cuentan con la firma de los trabajadores; por lo que, no genera certeza de los pagos detallados y, si bien adjunta transferencias bancarias; sin embargo, la operación se encuentra en estado de “Procesado”, en cuyo caso de no ser conforme se procedería a retornar el dinero a la cuenta del entonces sujeto inspeccionado, no existiendo certeza que se haya cumplido con el pago íntegro de la remuneración y remuneración completa. En esa línea, sobre la base de los hechos constatados del acta de Infracción, así como el análisis y conclusiones del informe final y los descargos presentados, la autoridad de primera instancia determinó que no se acreditó el pago íntegro de las remuneraciones de marzo 2020 y remuneración completa. Agrega que, para acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones de pago, el empleador tiene la carga de la prueba conforme al último párrafo del artículo 19 del Decreto Supremo N° 001-98-TR. iv. En cuanto a la medida inspectiva de requerimiento, se tiene que, de las actuaciones inspectivas realizadas se evidencia que el personal inspectivo emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 25 de noviembre de 2020, con la finalidad de que cumpla con el pago íntegro de las remuneraciones del mes de marzo 2020, habiendo otorgado el plazo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento; en consecuencia, la medida se emitió al amparo de los previsto en el artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT; por tanto, existía la obligación de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento.

3 Notificada a la impugnante el 9 de setiembre de 2022, véase a fojas 113 del expediente sancionador.

v. De la revisión de los actuados administrativos como son el Acta de Infracción, el informe final y de la lectura de la resolución de primera instancia, se corrobora que ni el procedimiento sanción, ni la resolución de primera instancia contravienen, en la forma ni en el fondo, a la Constitución Política del Perú, ni a las leyes o normas reglamentarias; además, contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. También, en el procedimiento sancionador, la resolución de primera instancia se encuentra debidamente motivada, conforme su considerando 3.1 hasta el 10.3; toda vez que expone una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, derivado de la comisión de infracción previstas en el RLGIT. En ese sentido, la resolución de primera instancia ha cumplido con los principios del procedimiento administrativo contemplado en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG (principio de legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros); además, los principios que rigen la potestad sancionadora, contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG (legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, causalidad, presunción de licitud, entre otros); por lo que, existe conexión lógica entre la fiscalización realizada, el procedimiento inspectivo, el procedimiento instructivo y la multa impuesta por la infracción materia de autos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 94,643.00, por la comisión de, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 12 de setiembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1491-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. No han evaluado de manera minuciosa cada uno de los documentos requeridos, aportados y explicados desde el requerimiento; por lo que, les sorprende y asusta pensar en la calidad académica de los servidores públicos a cargo de tales delicadas labores, como es la de interpretar las normas del sector de manera tan ligera y en perjuicio de los administrados. ii. Con relación al incumplimiento en materia de relaciones laborales, manifiesta que, no corresponde a la verdad de los hechos, debido a que han demostrado con los cumplimientos de documentación requerida, así como que se han precisado las razones que corresponden a los contratos con término de trabajadores, cuyo pago fue requerid en una supuesta continuidad ya concluida. A mayor abundamiento, con respecto a cinco (05) trabajadores, refiere que, los inferiores en grado reproducen lo expuesto por el personal inspectivo, sin observar que se ha adjuntado el Registro PLAME, las liquidaciones de beneficios sociales, donde consta la remuneración pendiente liquidada; por lo que, solicitan que con mejor criterio se revise la documentación que obra en el expediente y se verifique el cumplimiento de lo infringido. El razonamiento errado del personal inspectivo, ratificado por los inferiores en grado gira en torno al cálculo de una fecha determinada, concluyendo el adeudo de un (01) de trabajo a estos trabajadores, hecho que es falso y ha sido acreditado a lo largo del procedimiento. También, dice que, el personal inspectivo no ha establecido cuál es la razón o fundamento que no le produce certeza los pagos efectuados, más aún si alcanzaron la documentación de acreditación de pago. iii. El Sistema de Inspección del Trabajo es un sistema único, polivalente e integrado constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y recursos orientados a garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa laboral, que se encuentra adecuada a los principios y normas de superior jerarquía. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en su calidad de autoridad central del sistema de inspección del trabajo, es la principal receptora de tal mandato; por lo que, la función principal de la SUNAFIL como ejecutor de la función inspectiva es la de promover, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas sociolaborales, ejecutando las funciones inspectivas de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de Inspección del Trabajo y el Plan Nacional y Sectorial de la Inspección del Trabajo. Este funcionamiento y la actuación del sistema de inspección de trabajo, así

como los servidores públicos que lo integran, se regirán por los principios de legalidad, primacía de la realidad, imparcialidad y objetividad, equidad, autonomía técnica y funcional, jerarquía, eficacia, unidad de función y de actuación, confidencialidad, lealtad, probidad, sigilo profesional y honestidad y celeridad; por lo que, debe ser de pleno conocimiento de los funcionarios a cargo del presente, pero de la lectura de la resolución impugnada se hace dudoso de que sea así. iv. En atención al numeral 13.2 del artículo 13 del RLGIT, se tiene que, el personal inspectivo no agotó todos los medios que lo condujeran a una adecuada interpretación o análisis de los actuados y documentos. v. Con relación al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, advierte lo siguiente: a) Fueron requeridos por primera vez con fecha 15 de setiembre de 2020 y cumplieron adjuntando lo solicitado dentro del plazo otorgado, conforme el punto 4.12 de los hechos constatados del Acta de Infracción; b) Con fecha 28 de setiembre de 2019, el personal inspectivo efectuó un segundo requerimiento de información, debido a una información incompleta; por lo que, cumplió dentro del plazo otorgado, c) El tercer requerimiento de información de fecha 05 de octubre de 2020 fue cumplido oportunamente, habiendo adjuntado documentación y, d) Finalmente, el personal inspectivo procedió con un cuarto requerimiento de información de fecha 27 de octubre de 2020, el mismo que fue cumplido, donde se adiciona un cuadro informativo, la relación de pagos remunerativos y el pago de otros conceptos. Reitera que, los requerimientos cursados, inicialmente, fueron a través de los correos electrónicos y, en razón de lo peticionado, cumplieron con alcanzar la documentación respectiva, habiendo alcanzado copia de los correos enviados entre la empresa y la entidad; por lo que, todo requerimiento efectuado fue oportunamente alcanzado, no existiendo fundamento legal ni interpretativo que derive de una sanción, pues ha dado sigiloso cumplimiento en cada orden y requerimiento, así como el cumplimiento de los beneficios, pagos y remuneraciones de los trabajadores, conforme lo establecido por ley. vi. Se ha incurrido en una interpretación errónea del numeral 20.3 del artículo 20 y el numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT, toda vez que, la medida de requerimiento concede la oportunidad de subsanar las infracciones detectadas; por lo que, contrariamente a lo sostenido por la instancia inferior, la emisión del requerimiento subsanable no supone necesariamente la imposición de una multa administrativa. vii. Por consiguiente, el Acta de Infracción concluyó, en forma errada, al indicar que no se adoptó medida alguna, que se encuentre regulada en el Decreto de Urgencia N° 038- 2020; sin embargo, se debe tener en cuenta que el estado peruano emite un Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, mediante la cual se decreta el estado de emergencia con aislamiento social obligatorio, permitiéndose solo las

labores restringidas al abastecimiento de alimentos, salud y combustibles, no habiéndose señalado medidas que orienten al auxilio económico de las empresas privadas, en tanto las medidas decretadas mediante el Decreto de Urgencia N° 038-2020 fueron posteriores. Así las cosas, manifiesta que, cursó comunicación vía casilla electrónica a sus trabajadores, indicando lo señalado por el gobierno y que posteriormente se regularizó con la solicitud de suspensión perfecta de labores, tramitada ante la autoridad administrativa de trabajo. viii. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, se vulneró los derechos de los 103 trabajadores, debido a que tenían por convenido que los pagos se establecían según los días trabajados; por tal motivo, en el cuadro de pagos y cumplimiento de beneficios sociales se estableció el pago por día efectivo, conforme han sustentado en la documentación alcanzada en su oportunidad. Reitera que ha cumplido con cada una de las obligaciones emanadas del contrato laboral, con el estricto cumplimiento de la cláusula convenida con cada trabajador y, pese a la difícil situación generada por la pandemia, cumplieron con los pagos; por lo que, se debe tener presente que fue en marzo en que se decreta el aislamiento social obligatorio y la paralización de actividades económicas del rubro de la empresa. ix. El personal inspectivo renunció a su función en ejercicio de llegar a la búsqueda de la verdad, más aún si sanciona de forma confusa, ya que por un lado señala que se perjudicó a ciento tres (103) trabajadores y luego refiere que fueron cinco (05), salvo un trabajador. x. La resolución impugnada es emitida, realizando una interpretación pobre y, en consecuencia desfavorable, deviniendo en nulo pues contraviene la ley, la Constitución; además, se afecta el principio de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, imparcialidad, conducta procedimental, de eficacia y de predictibilidad; también, describe supuestos que la norma no contempla, generando un estado de indefensión en el administrado, al interpretar equivocadamente que no se ha cumplido con pagar las remuneraciones de sus trabajadores, ya que en autos obran los documentos pertinentes e idóneos que acreditan este requerimiento. Asimismo, se menciona que la resolución impugnada no ha considerado el cumplimiento de los pagos efectuaos por aspectos formales, como no contar con la firma de los trabajadores ciertos documentos (boletas de pago, liquidación de beneficios sociales) y el estado de las transferencias bancarias se encuentran con estado de procesado, no generando certeza que se haya cumplido con el pago; por lo que, considera que la autoridad inspectiva debió de requerir la aclaración respectiva, omisión que vulnera los principios del debido procedimiento e informalismo. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa en las modalidades de notificación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a

presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado

que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

“(...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia.”

Sobre la modalidad de notificación de la medida inspectiva de requerimiento

de intangibilidad debe entenderse como la obligación de conservar los documentos en su estado original, sin exponerlos a factores que puedan deteriorarlos —como el calor, la luz o la humedad—, ni realizar enmendaduras, tachaduras, entrelineados o agregados. Ello resulta especialmente relevante porque el expediente administrativo constituye un conjunto de documentos que refleja la secuencia de actos, trámites e incidencias del procedimiento, y cuya autenticidad e integridad son esenciales para garantizar su valor probatorio. Por tanto, la preservación de su contenido y forma constituye una exigencia fundamental del debido procedimiento y de la seguridad jurídica.

“20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. (…)” (énfasis agregado) 6.17. De lo señalado en el párrafo precedente, se desprende que para que sea válida la notificación vía correo electrónico, las entidades de la administración pública deberán

cumplir, cuando menos, con las siguientes condiciones: i) que el administrado haya consignado su dirección electrónica en el expediente objeto de notificación, ii) que el administrado haya autorizado expresamente que se use esta modalidad de notificación y, iii) que el sistema de correo electrónico utilizado permita la confirmación de recepción del correo enviado.

integridad del expediente, afecta el derecho a la defensa de la parte administrada y compromete la validez de los actos administrativos emitidos.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

10 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 612-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4 de fecha 25 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana y, la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1169-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 612-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4 de fecha 25 de mayo de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.29 de la presente resolución. CUARTO. – Exhortar a la Intendencia de Lima Metropolitana, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el numeral 164.1 del artículo 164 del TUO de la LPAG, conforme lo señalado en los numerales 6.21 al 6.23 de la presente resolución. QUINTO.- Notificar la presente resolución a RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250528SPDC- HR: 42086-2020