Consorcio Santa María — Res. 574-2025

Mediante Orden de Inspección N° 01975-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 714-2022-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no facilitar la información solicitada por el inspector actuante mediante requerimientos de información de fechas 09 de noviembre de 2022 y 17 de noviembre de 2022.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 38-2023/SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, de fecha 26 de enero del 2023, notificada el 30 de enero de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 079-2023/SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, de fecha 10 de marzo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 142-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA de fecha 25 de abril del 2023, notificada el 04 de mayo de 2023, realiza un análisis de las infracciones advertidas y recomendadas para continuar con el procedimiento administrativo sancionador; en ese sentido, multó a la impugnante por la suma de S/ 24,196.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 149-2023- SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-000759-2023-SUNAFIL/IRE- LAM, recibido el 12 de junio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el CONSORCIO SANTA MARÍA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 149-2023- SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, que confirmó la sanción impuesta de S/ 24,196.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 30 de mayo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el CONSORCIO SANTA MARÍA.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.11.3 del ítem 7.11 “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA” de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031- 2020-SUNAFIL, del 3 de febrero de 2020 (vigente en ese momento), se dispone que: “Si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

Asimismo, se aprecia que de acuerdo a lo señalado a los numerales 4.7 y 4.9 de la sección Hechos Constatados del Acta de Infracción, los requerimientos de información no fueron enviados, configurándose dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, de acuerdo al 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Del análisis del presente caso, se concluye que no sólo se ha merituado la conducta reprochable, constitutiva de infracción, que vulnera el precepto legal que regula la

Como parte de sus alegatos la impugnante sostiene que existe una interpretación incorrecta del artículo 46.3 del RLGIT, la falta de remisión de información no obedeció a una intención deliberada de incumplir, sino a un error o negligencia de la persona encargada de revisar la casilla electrónica. Cabe precisar que el alegato expuesto por la impugnante no desvirtúa las infracciones imputadas por la autoridad inspectiva y sancionadora, toda vez que la falta de intención deliberada no excluye su responsabilidad administrativa.

Corresponde invocar, en este punto, el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, el cual establece precisiones relevantes, entre otras, respecto al deber de colaboración que deben observar los sujetos obligados durante la fiscalización laboral:

En efecto, es deber de toda entidad empleadora organizar adecuadamente su estructura interna y establecer mecanismos eficaces que aseguren la atención oportuna de los requerimientos de información cursados por las autoridades fiscalizadoras, como SUNAFIL. Esto incluye la designación de personal debidamente capacitado para la gestión de las notificaciones electrónicas y el cumplimiento de los deberes formales derivados del procedimiento inspectivo. Por tanto, la alegada negligencia del personal encargado de revisar la casilla electrónica constituye una omisión atribuible directamente a la impugnante, en tanto forma parte de su ámbito de organización y control, razón por la cual corresponde desestimar el argumento expuesto.

De otro lado, otro argumento de la impugnante consiste en señalar que no consta en autos queja o denuncia de parte de los trabajadores respecto al incumplimiento de normas laborales o de seguridad y salud en el trabajo, lo que, según sostiene evidenciaría una conformidad tácita del personal con las condiciones en las que desarrollaban sus labores. Sin embargo, dicha alegación no resulta atendible ni desvirtúa los hechos verificados durante la inspección, toda vez que la ausencia de denuncias por parte de los trabajadores no constituye, por sí sola, un indicio ni una presunción de cumplimiento normativo. Por el contrario, el cumplimiento de las disposiciones en materia de trabajo y seguridad y salud en el trabajo debe ser acreditado objetivamente por el empleador, conforme a sus deberes legales.

En efecto, conforme al artículo 12 de la Ley Nº 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, las actuaciones inspectivas pueden originarse no solo por denuncia, sino también por orden de las autoridades competentes, decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo o incluso por iniciativa de los propios inspectores. En el presente caso, la inspección se originó a mérito de la Orden de Inspección Nº 1975-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, emitida en el marco de un operativo de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que el inicio de las actuaciones no dependía de la existencia de quejas por parte de los trabajadores. Finalmente, cabe resaltar que el procedimiento concluyó

Asimismo, otro argumento planteado por la parte impugnante consiste en señalar que no existió oposición al accionar del inspector auxiliar actuante, toda vez que se le brindaron todas las facilidades para el desarrollo de la visita inspectiva en la obra. Sin embargo, dicho argumento no desvirtúa las infracciones imputadas, ya que, si bien durante la primera visita inspectiva presencial el inspector fue atendido por personal de la inspeccionada, el empleador no contaba con el total de la documentación requerida, motivo por el cual el inspector informó que remitiría los respectivos requerimientos de información a través de la casilla electrónica, conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, conforme consta en el numeral 4.5 hechos constatados del Acta de Infracción. No obstante, a pesar de haber sido válidamente notificado por esta vía, el inspeccionado no presentó la información solicitada en ninguna de las dos oportunidades en que fue requerida.

Por tanto, el hecho de haber facilitado inicialmente el ingreso del inspector no exime a la impugnante del cumplimiento de sus obligaciones durante todo el procedimiento inspectivo, particularmente respecto de la remisión de información. En consecuencia, la conducta omisiva configuró dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, corresponde precisar que la supuesta falta de intencionalidad o voluntad obstructiva alegada por la impugnante no enerva la configuración de la infracción imputada, toda vez que el incumplimiento de los requerimientos de información por parte de la autoridad inspectiva constituye en sí mismo una conducta infractora muy grave, con independencia de su motivación subjetiva. Además, considerando que las infracciones a la labor inspectiva son de naturaleza insubsanable —al generar una afectación irreparable

En tal sentido, corresponde desestimar la solicitud de recalificación, exclusión o reducción de la sanción, manteniéndose firme la medida adoptada conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.