Consorcio Caruacushma — Res. 597-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones: Pago de la remuneración (sueldos y salarios). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no entregar la información solicitada al personal inspectivo conforme a lo dispuesto en el requerimiento de información de fecha 19 de diciembre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 12,098.00.

i. La inspeccionada sostiene que, durante el período del 27 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023, no fue posible establecer comunicación con el funcionario responsable debido a que se encontraba de vacaciones, hecho que no habría sido considerado en la resolución apelada. ii. Alega además que, si bien se remitió información al inspector de trabajo, esta no fue valorada ni tomada en cuenta, y que no existió una negativa expresa a proporcionar la información solicitada. iii. Asimismo, afirma que la persona involucrada prestó servicios en calidad de locador y no bajo una relación de subordinación laboral, por lo que no correspondía presentar boletas de pago ni acreditar permanencia o subordinación. Añade que el Consorcio correspondiente está integrado por personas naturales registradas en e REMYPE, aspecto que tampoco habría sido considerado al resolver. iv. Por otra parte, indica que ofreció diversos medios probatorios que no habrían sido valorados, tales como el recibo por honorarios del locador, la ficha RUC del Consorcio, comunicaciones electrónicas, carta remitida el 05 de diciembre de 2022 y asientos del cuaderno de obra que dan cuenta de paralizaciones. Estos elementos, según refiere, demostrarían la disposición a colaborar con la labor inspectiva, así como la improcedencia de los gastos observados, los cuales no corresponderían al período de prestación de servicios. En virtud de lo expuesto, considera que la sanción impuesta resulta desproporcionada e improcedente.

i. El incumplimiento del requerimiento de información notificado el 19 de diciembre de 2022 constituye una infracción a la labor inspectiva, al haberse vulnerado el deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, concordante con el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT, que obliga a los empleadores a facilitar la información necesaria para el desarrollo de la función inspectiva. La negativa o demora injustificada en la entrega de dicha información no solo entorpece, sino que puede

frustrar la fiscalización, configurándose así la infracción tipificada en el numeral 46.3 artículo 46° del RLGIT, conforme al precedente administrativo de observancia obligatoria establecido en el fundamento 15 de la Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. En este caso, al no haberse cumplido con el requerimiento dentro del plazo de tres días hábiles otorgado por el inspector comisionado, y al haber quedado acreditado que dicha omisión impidió el adecuado desarrollo de la inspección, se concluye que la conducta infractora ha sido correctamente tipificada y sancionada, conforme a los principios de legalidad y tipicidad, por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta en todos sus extremos. ii. Mencionan que la infracción imputada está directamente relacionada con la obstrucción a la labor inspectiva, en la medida en que la falta de colaboración de la inspeccionada frustró la verificación de las materias contenidas en la Orden de Inspección N° 818-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, hecho constatado por el inspector comisionado en el Acta de Infracción. En dicho documento se dejó constancia de que, debido a la conducta obstructiva del sujeto inspeccionado, no fue posible determinar el tiempo efectivamente laborado ni el pago de la remuneración correspondiente al recurrente, quedando a salvo su derecho de acudir a la vía legal correspondiente. Cabe precisar que el requerimiento de información fue notificado, otorgándose un plazo para su cumplimiento a través de la casilla electrónica. No obstante, la inspeccionada incumplió con dicha obligación, omitiendo remitir información esencial para el desarrollo de las diligencias inspectivas, lo que frustró la verificación de los hechos denunciados. Asimismo, se verificó que la notificación fue debidamente recibida, conforme al registro del sistema que evidencia el envío de la alerta al correo electrónico vinculado a su casilla electrónica en la misma fecha de notificación, conforme a la siguiente imagen:

iii. Asimismo, la empresa inspeccionada alega haber remitido información al inspector comisionado el 05 de diciembre de 2022, dicha documentación corresponde al requerimiento de información efectuado el 30 de noviembre del mismo año, y no al requerimiento de información específico del 19 de diciembre de 2022. En consecuencia, ha quedado acreditado que la empresa no cumplió con atender oportunamente el requerimiento vigente, ni colaboró de manera efectiva con la labor inspectiva, incumpliendo con su deber legal de facilitar la información solicitada. iv. Por otro lado, la empresa inspeccionada argumenta que los integrantes del consorcio son personas naturales adscritas a Régimen de Micro y Pequeñas Empresas (REMYPE). Sin embargo, conforme a lo establecido en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, un consorcio tiene la condición de persona jurídica a efectos tributarios, independientemente de que sus integrantes sean personas naturales. Asimismo, de la consulta realizada al registro REMYPE, se ha verificado que el consorcio no se encuentra inscrito. En consecuencia, los argumentos presentados por la inspeccionada carecen de sustento legal y resultan improcedentes, por lo que corresponde confirmar la sanción también en este extremo. v. Respecto a los alegatos relacionados con la situación laboral del trabajador afectado (presunto locador), debe precisarse que dichos argumentos carecen de relevancia en el presente procedimiento, ya que la controversia se centra exclusivamente en la obstrucción a la labor inspectiva. El hecho generador de la infracción fue la falta de remisión de la documentación e información solicitada por el inspector comisionado, lo cual impidió el adecuado desarrollo de la fiscalización, siendo este el único aspecto materia de evaluación en esta instancia. vi. En tal sentido, esta Intendencia Regional considera que la resolución emitida por la Autoridad de primera instancia se encuentra debidamente motivada, toda vez que expone de manera clara y fundamentada las razones que justifican la imposición de la sanción a la empresa inspeccionada. La decisión se basa en un análisis detallado de los hechos y en la evaluación de los argumentos presentados en el escrito de descargo, los cuales no lograron desvirtuar la comisión de la infracción imputada. Asimismo, se ha observado el cumplimiento del razonamiento lógico-jurídico exigido por el numeral 48.1 del artículo 48° de la LGIT y el numeral 6.1 del artículo 6° del TUO de la LPAG. En consecuencia, corresponde confirmar la sanción impuesta en todos sus extremos. vii. Respecto a la supuesta vulneración de derechos o principios invocados por la inspeccionada, debe señalarse que esta se ha limitado a enumerarlos y definirlos de manera genérica, sin precisar de qué forma concreta los hechos constatados por la autoridad administrativa habrían afectado tales derechos o principios. En ese sentido, conforme a lo expuesto en los numerales precedentes, ha quedado acreditada la validez y el desarrollo regular tanto de las actuaciones inspectivas como del procedimiento sancionador. Asimismo, se verifica que la resolución apelada no ha transgredido derecho o principio alguno, toda vez que el acta de infracción cumple con los requisitos establecidos en el artículo 46° de la LGIT y el artículo 54° del RLGIT, al consignar los hechos verificados, la tipificación de la infracción con indicación de la norma vulnerada, la graduación correspondiente, así como la propuesta y cuantificación de la sanción. Finalmente, se advierte que la autoridad de primera instancia emitió su pronunciamiento valorando los hechos constatados durante la etapa inspectiva, así como los medios probatorios y argumentos ofrecidos por la inspeccionada, por lo que lo alegado en este extremo carece de sustento. viii. En consecuencia, al no haberse acreditado con la apelación argumentos suficientes que desvirtúen las infracciones imputadas, las cuales han sido debidamente

determinadas y fundamentadas por la autoridad de primera instancia, corresponde confirmar la resolución impugnada en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal.

La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Consorcio Caruacushma

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de junio de 2023, CONSORCIO CARUACUSHMA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 054-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

i. Con fecha 05 de abril de 2023, la empresa fue notificada a través de la casilla electrónica con la resolución de primera instancia, situación que era desconocida por la entidad al momento de su emisión. ii. Con fecha 05 de diciembre de 2022, indica que respondió a un requerimiento de información; sin embargo, dicha situación no fue valorada ni considerada en la resolución emitida. iii. La empresa señala que, entre el 27 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023, no fue posible establecer comunicación ni coordinación el inspector comisionado debido a que se encontraba de vacaciones, circunstancia que no fue tomada en cuenta al momento de resolver. iv. No existió una negativa expresa por parte de la inspeccionada para remitir la información solicitada, ya que, en su debida oportunidad, se envió un correo electrónico precisando que el vínculo con el trabajador cuestionado era de naturaleza civil, en calidad de locador. v. Se alega que el Consorcio realizó una consultoría y no una ejecución de obra, razón por la cual no se requería la permanencia ni existía subordinación del locador respecto del contratante. vi. Finalmente, se indica que el Consorcio está conformado por personas naturales y no por empresas, aspecto que no ha sido debidamente valorado por la autoridad al momento de resolver

Análisis Del Recurso De Revisión

“Artículo 14.- Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el

razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación”. (Énfasis añadido).

“E) Precisiones respecto a la interposición de los recursos de revisión que no se sustentan en la inaplicación, aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral. (…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes”. (Énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No entregar la información solicitada al personal inspectivo conforme a lo detallado en el requerimiento de información de fecha 19 de diciembre de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de

la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO CARUACUSHMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 054-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 05 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 061-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a CONSORCIO CARUACUSHMA, y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250604MABJ – HR: 113849-2022