Inversiones Seis Hectareas S.A.C — Res. 108-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento respecto a la siguiente materia: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo materia: Vacaciones).

soft 23:05:46-0500

53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentos necesarios para el desarrollo de sus funciones, tal como no responder el requerimiento de información de fecha 5 de marzo de 2021. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentos necesarios para el desarrollo de sus funciones, tal como no responder el requerimiento de información de fecha 12 de marzo de 2021. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. A través del recurso de reconsideración planteado se ha indicado que la empresa no habría tomado conocimiento de los requerimientos de información de fechas 05 y 12 de marzo de 2021, lo que originó que no se cumpliera con dichos requerimientos, sin embargo, también ha precisado que SUNAFIL no cumplió con generar la respectiva alerta de notificación que dispone el punto 7.3.1 y 7.3.2 de la Directiva N° 002-2020- SUNAFIL/GG. ii. El Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que no es requisito de validez de la notificación en casilla electrónica la emisión de alertas, sin embargo, SUNAFIL no puede negar que la misma ley que establece el uso obligatorio de la casilla electrónica dispone la comunicación de alertas cada vez que se le notifique un documento al administrado. iii. Es evidente que los actos de notificación de fechas 05 y 12 de marzo de 2021 resultan ser irregulares y vulneratorios del debido procedimiento en su vertiente de derecho a la defensa correspondiendo hechos que no han sido analizados ni desvirtuados por SUNAFIL, a través de la resolución que se cuestiona.

iv. Se ha enfatizado que, en el acervo documentario de SUNAFIL, obra la Orden de Inspección N° 1960-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, mediante la cual se les ordenó el llenado de la declaración jurada denominado “Autorización de notificación vía correo electrónico”, la cual cumplieron con enviar con fecha 29 de diciembre de 2020 a los correos electrónicos, cabe precisar que dicha fecha es anterior al primer requerimiento de información solicitada en el presente procedimiento administrativo de fecha 19 de febrero de 2021. v. Los fundamentos de la resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral en el cual determinan que la infracción cometida es grave y no muy grave, aplican al presente caso, pues, aseguran que, no se cumplió con los primeros requerimientos de información debido a que no se tenía conocimiento de ello, la empresa ha cumplido con presentar el recurso de reconsideración contra la Resolución que imponía una multa, por lo que el despacho podría tener a bien emplear el criterio adoptado por el Tribunal.

i. El inspector comisionado se encuentra en la facultad de requerir información y documentación a los sujetos inspeccionados, siendo estos últimos los que, en el marco de su deber de colaboración, se encuentran obligados a cumplir con la misma, bajo apercibimiento de incurrir en infracción a la labor inspectiva. ii. Se advierte que los requerimientos de información notificados el 05 y 12 de marzo de 2021, fueron correctamente notificados por medio de la casilla electrónica conforme se observa en las constancias de notificación obrantes a folios 06 y 11 del expediente de actuaciones inspectivas. iii. Los requerimientos de información obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas de investigación, se encuentran bajo apercibimiento, señalando expresamente que, de no cumplir con la presentación de la documentación solicitada, estaría incurriendo en infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. iv. La inspeccionada alega que no tomó conocimiento de los requerimientos de información notificados en su casilla electrónica a razón de que no le llegaron las alertas; sin embargo, el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG dispone que la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

2 Notificada a la impugnante el 23 de marzo de 2022, véase folio 267 del expediente sancionador.

v. Mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, publicado el 14 de enero de 2020, se dispuso el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y las actuaciones de la SUNAFIL. vi. Conforme al artículo 8 del D. S. N° 003-2020-TR, son obligaciones del usuario de la casilla electrónica revisar periódicamente la casilla asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen, manteniendo las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne; y, el numeral 11.1 del artículo 11, determina que la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. vii. Con Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, se aprobó el “Cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, señalando que la fecha de implementación para los requerimientos de información, sería el 31 de diciembre de 2020. viii. Se evidencia la conducta negligente de la Inspeccionada de ingresar sus datos correspondientes, de revisar su casilla electrónica de manera periódica y por tanto cumplir con los requerimientos de información llevados a cabo dentro del procedimiento inspectivo, omisión que configura la negativa de otorgar la información y documentación necesaria para la fiscalización realizada por la autoridad de trabajo, frustrando así la inspección. ix. La resolución emitida por el TFL a la que hace referencia la impugnante, no constituye un precedente vinculante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INVERSIONES SEIS HECTAREAS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 024-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

i. La interpretación errónea del artículo 8 del D. S. N° 003-2020-TR, vulnera el derecho a la defensa contenido en la LPAG y la Carta Magna. Refiere que, su derecho a la defensa se ve vulnerado desde el momento que la SUNAFIL interpreta los alcances del referido artículo de manera aislada a lo descrito en el mismo cuerpo normativo en su artículo 6 referido al envío de las alertas a los correos electrónicos, pues ambos deben ser interpretados de forma conjunta. ii. El correcto funcionamiento del SINEL (Sistema Informático de Notificaciones Electrónicas) implica la generación de la alerta de notificación en la dirección electrónica del usuario; por ende, la entidad no puede beneficiarse de las omisiones en las que ha incurrido para determinar infracciones por incumplimiento de sus mandatos. iii. El artículo 6 del referido D. S., no sólo establece la asignación de una casilla electrónica, sino también que la SUNAFIL comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del SINEL, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. iv. No es un requisito de validez de la notificación en casilla electrónica la emisión de alertas, sin embargo, la SUNAFIL no puede negar que la misma ley que establece el uso obligatorio de la casilla electrónica dispone la comunicación de alertas cada vez que se le notifique un documento al administrado. v. Es derecho de todo administrado conocer oportunamente el contenido de los documentos que le sean notificados, para que se respete la legalidad y goce del derecho a un debido procedimiento. vi. La incorrecta interpretación del artículo 8 del referido D. S. ha generado que se les imponga una multa de forma arbitraria, la misma que deberá ser dejada sin efecto. vii. En aplicación del principio de la verdad material, se podrá determinar que la impugnante jamás fue alertada del envío de los requerimientos a través de la casilla electrónica, lo que motivó que no pudiera ejercer su derecho a la defensa. viii. En el presente caso, la administración no podrá alegar que notificó válidamente a la empresa a fin de que presente los descargos correspondientes a los requerimientos de información, pues conforme se ha demostrado durante la tramitación del procedimiento, la empresa no tenía conocimiento de la existencia de tales requerimientos, por lo tanto, se concluye que no ha existido conducta obstruccionista. ix. Lo expresado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución N° 081- 2022-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA 1, ocurrió con la impugnante, pues se registró el correo electrónico con fecha posterior a las notificaciones de requerimiento enviada por SUNAFIL, pero de forma errónea este fue el fundamento del órgano resolutor para aplicar equivocadamente una multa.

x. El Tribunal de Fiscalización Laboral en reiteradas resoluciones ha precisado que la revisión periódica de las casillas electrónicas se encuentra ligado al envío de las alertas, por lo que resuelve dejar sin efecto las multas impuestas, como en las Resoluciones N° 031-2022-SUNAFIL/TFL, 032-2022- SUNAFIL/TFL, 081-2022- SUNAFIL/TFL, 547-2021- SUNAFIL/TFL y 552-2021- SUNAFIL/TFL-PRIMERA.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las notificaciones realizadas mediante casilla electrónica

9 STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras.

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

10 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 11 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica

que la impugnante no recibió las alertas señaladas en su correo electrónico o a través del servicio de mensajería, debido a que no registró ingresos a la casilla electrónica previos a la fecha de notificación de esos requerimientos. Ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación al artículo 11 de la misma norma.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida.” En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido). 12 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435

trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener” 13. En el caso de la notificación por medio de la casilla electrónica, SUNAFIL ha establecido, que su Sistema Informático enviará una alerta al administrado por medio del correo electrónico o servicio de mensajería. En consecuencia, se trata de un requisito concurrente con el establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR (énfasis añadido).

13 LPAG, artículo 1.15. 14 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9. 15 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 16 Ibid. fundamento jurídico 4. 17 Loc. Cit.

terceros o el interés público”18. Consecuentemente, a criterio de la posición mayoritaria, es deber de esta Sala no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con alguna orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado noticia de su existencia.

18 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 19 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 20 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

Figura 01:

Figura 02:

Figura 03:

21 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

notificaciones efectuadas por medio de la casilla electrónica, sin explicar la ponderación o razonabilidad de la medida en perjuicio de éste, esto es, sin tomar en cuenta el análisis efectuado por la posición mayoritaria de esta Sala en los fundamentos 6.6 a 6.22 (énfasis añadido). 6.27 En consecuencia, la contravención de uno de los principios ordenadores del procedimiento administrativo22 en la Resolución de Sub Intendencia N° 268-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de fecha 10 de noviembre de 2021, genera su nulidad, de acuerdo al primer inciso del artículo 10 del TUO de la LPAG23.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

22 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 23 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de legalidad, informalismo, debido procedimiento y derecho de defensa del administrado.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-

SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del Informe Oral.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por INVERSIONES SEIS HECTAREAS S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 268-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de fecha 10 de noviembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ica, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 179-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 268-2021- SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a INVERSIONES SEIS HECTAREAS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ica y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.33 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución N° 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022) y en el voto dirimente en la Resolución N° 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener que mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

En adición, sostengo que cuando en una misma fiscalización se emprenden comunicaciones dirigidas al inspeccionado a través de la casilla electrónica sin obtener respuesta de dicho sujeto obligado, corresponde deducir la responsabilidad administrativa sin generar cargos irrazonables. Este resultado indeseado podría resultar del hecho de que el inspector actuante deposite sucesivas notificaciones por el mismo hecho sin que se registre una respuesta del empleador. En tales supuestos, la segunda sanción (y las siguientes, de ocurrir) debería imponerse un límite al actuar discrecional de la Administración, que debiera encontrar medios alternativos para asegurar el conocimiento y respuesta del inspeccionado.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20230201CVT