Industrias Flomar Sociedad Anónima Cerrada — Res. 1177-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios)); compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 18 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar al personal inspectivo comisionado la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 26 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La SUNAFIL en ningún momento le comunicó de manera formal, ya sea por carta remitida a su domicilio principal o a sus correos electrónicos, sobre la existencia de la Nueva Plataforma del Sistema Informático y Notificación Electrónica; mencionando que para las inspecciones siempre le han notificado o en su domicilio principal o por correo electrónico y, que fue a consecuencia de la comunicación vía WhatsApp realizada por un inspector de Lima que el 11 de febrero de 2021, tomó conocimiento de la existencia de la casilla electrónica de la SUNAFIL y se registró para poder tener acceso a la plataforma de la misma el 11 de febrero de 2021, fecha en la que también recién tomaron conocimiento de la existencia de los requerimientos de información emitidos en el presente procedimiento inspectivo. ii. La falta de comunicación de la SUNAFIL hacia su representada contraviene el principio de acceso permanente, por el cual la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte de un procedimiento administrativo; más aún, cuando habiéndose notificado los requerimientos de información vía casilla electrónica, esa plataforma no le permitió subir la información solicitada porque el icono respectivo no abría y en su lugar salía un mensaje: “No aplica por casilla electrónica”; lo que asegura que colocó a su representada en indefensión y le recortó su legítimo derecho a la defensa, lo mismo le sucedió al momento de presentar sus descargos a la Imputación de Cargos, también notificada vía casilla electrónica.

iii. No ha sido su intención el no colaborar con el desarrollo de las investigaciones inspectivas ni desobedecer un mandato de los inspectores, por ello, en su escrito de descargos a la imputación de cargos, cumplió con adjuntar la información que se le había solicitado en los requerimientos de información, la cual no ha sido valorada y por tanto se le ha causado agravio, pues con ello subsana la infracción advertida. iv. En la resolución apelada se le ha señalado que las infracciones a la labor inspectiva son de naturaleza insubsanable, por lo que en base a ello no se ha tenido en cuenta ninguno de sus argumentos de defensa; pese a que por el principio del debido procedimiento le asiste el derecho a refutar los cargos imputados, exponer argumentos y ofrecer pruebas; dejándose de lado, también, la presunción de inocencia, pues como ya ha explicado, desconocía de la existencia de la casilla electrónica. v. Al pretendérsele sancionar por el supuesto incumplimiento de dos infracciones, se vulnera el principio NON BIS IN IDEM, de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho.

i. La recurrente no ha precisado cuáles son los requisitos de validez, contemplados en el artículo 3 del TUO de la LPAG que habrían sido vulnerados, o cuál sería el vicio del acto administrativo que desencadenaría la nulidad de pleno derecho, es decir no ha sustentado válidamente su pedido de nulidad. ii. No se ha incurrido en ninguna causal de nulidad por omisión de los requisitos de validez del procedimiento administrativo, tampoco se ha vulnerado el debido procedimiento al no haber solicitado al sujeto responsable su autorización previa para que la SUNAFIL le comenzara a notificar a través de su casilla electrónica; el recurrente no habilitó o autorizó el uso de su casilla electrónica el 11 de febrero de 2021, sino que dicha casilla electrónica ya había sido asignada por la SUNAFIL desde que entró en vigencia el D. S. No 003-2020-TR, publicado el 14 de enero de 2020. iii. El artículo 109 de la Constitución Política del Perú dispone que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley. iv. Se ha verificado que la recurrente consignó la dirección de correo electrónico y número de celular como datos de contacto para la recepción de alertas de notificación, el 11 de febrero de 2021; por ello, la SUNAFIL no pudo enviarle las alertas de notificación de los requerimientos de información de fechas 18 y 26 de enero de 2021.

2 Notificada a la impugnante el 10 de marzo de 2022, véase folio 183 del expediente sancionador.

v. La implementación del uso obligatorio de la casilla electrónica fue de manera progresiva, mediante Cronograma de Implementación nacional del Sistema de Notificación vía casilla electrónica, modificado y aprobado el 01 de agosto de 2020 mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL. vi. Se han configurado las dos (2) infracciones a la labor inspectiva, pues el sistema de casilla electrónica de la SUNAFIL se encuentra implementado desde el año 2020 y es obligación del inspeccionado revisarla periódicamente; cualquier descuido en la falta de respuesta oportuna a los requerimientos de información, resulta atribuible al inspeccionado. vii. El sistema no permitió adjuntar la documentación requerida, pues el inspeccionado no dio respuesta oportuna a los requerimientos de información de fechas 18 y 26 de enero de 2021, sino recién el 11 de febrero de 2021, de manera extemporánea, lo cual constituye infracción a la labor inspectiva, de naturaleza insubsanable. viii. No existe contravención al principio “Non Bis in Ídem”, pues ambos requerimientos de información son independientes, dichas conductas se han dado en momentos y circunstancias distintos, sin que exista identidad del sujeto, hecho y fundamento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Industrias Flomar Sociedad Anonima Cerrada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 26-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

i. La SUNAFIL no les ha comunicado de manera formal, mediante Carta remitida a su domicilio principal o correos electrónicos, respecto a la existencia de la Nueva Plataforma del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SINEL – SUNAFIL. Siempre les han notificado para las inspecciones y requerimientos de información, de manera presencial a su domicilio principal o por correo electrónico. ii. El inspector comisionado, con fecha 11 de febrero de 2021, mediante WhatsApp, les informó que tenían un requerimiento de información y que revisara su casilla electrónica; por lo que, recién allí tomaron conocimiento de la existencia de las notificaciones electrónicas vía plataforma de la SUNAFIL, pues el inspector les comunicó que debían registrarse por la página web de la institución para poder tener acceso a la Plataforma de Notificaciones por Casilla Electrónica, tomando conocimiento de los requerimientos de información de fechas 18 y 26 de enero de 2021. iii. La falta de comunicación de la SUNAFIL respecto a las notificaciones de los requerimientos de información vía casilla electrónica, vulnera el principio de acceso permanente, establecido en el artículo IV del numeral 1.19 del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en el que se señala que la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento puedan conocer su estado de tramitación, acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento; así también, señala que al querer “subir” la información requerida a la Plataforma no se pudo, pues el icono no abrió y apareció el siguiente mensaje: “No aplica por casilla electrónica”, colocándolos en un estado de indefensión. iv. Presentaron sus descargos a la imputación de cargos y al informe final de instrucción, a efectos de cumplir con la información requerida, pero han omitido analizarla y reducir la multa al 90%, pues se subsanaron las infracciones advertidas. v. No pudieron adjuntar la documentación requerida vía casilla electrónica, pues tomaron conocimiento de la existencia de la casilla electrónica recién el 11 de febrero de 2021, cuando ya se había cumplido el plazo para presentarla. vi. Reitera que desconocía la existencia de la casilla electrónica; por lo que, al no conocer de manera oportuna de las notificaciones efectuadas en la misma, no pudo cumplir con los requerimientos de información, no ha existido intención de incumplir con los mismos ni una falta de colaboración, sino un desconocimiento. vii. Se vulnera el principio del Non Bis in Ídem, pues se ha impuesto dos sanciones por la misma conducta además que no cabe la existencia de dos procedimientos sobre el mismo hecho, sujeto y los fundamentos a usar. viii. La resolución impugnada señala que la SUNAFIL no les remitió las alertas de notificación a su correo electrónico, pues recién registraron sus datos de contacto en el Sistema de Notificación Electrónica con fecha posterior a los requerimientos de

información, 18 y 26 de enero de 2021, es decir, el 11 de febrero de 2021; por ello, es que no han sido válidamente notificados, pues no tenían acceso a la casilla, además que las notificaciones no cumplieron su finalidad, dado que no pusieron en su conocimiento el contenido de los requerimientos de información oportunamente, vulnerándose su derecho a ser notificados válidamente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

9 STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras.

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

10 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 11 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica

que la impugnante no recibió las alertas señaladas en su correo electrónico o a través del servicio de mensajería, debido a que no registró ingresos a la casilla electrónica previos a la fecha de notificación de esos requerimientos. Ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación con el artículo 11 de la misma norma.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido). 12 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435

todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener”13. En el caso de la notificación por medio de la casilla electrónica, SUNAFIL ha establecido, que su Sistema Informático enviará una alerta al administrado por medio del correo electrónico o servicio de mensajería. En consecuencia, se trata de un requisito concurrente con el establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR (énfasis añadido).

13 LPAG, artículo 1.15. 14 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9. 15 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 16 Ibid. fundamento jurídico 4. 17 Loc. Cit.

derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”18. Consecuentemente, a criterio de la posición mayoritaria, es deber de esta Sala no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con alguna orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado noticia de su existencia.

18 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 19 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 20 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

Figura 01:

Figura 02:

Figura 03:

21 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

procedimiento, al no haberse motivado, adecuadamente, la validez y eficacia de la notificación efectuada por medio de la casilla electrónica, sin explicar la ponderación o razonabilidad de la medida en perjuicio de éste, esto es, sin tomar en cuenta el análisis efectuado por la posición mayoritaria de esta Sala en los fundamentos 6.6 a 6.21 (énfasis añadido).

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 22 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 23 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

Resolución de Sub Intendencia N° 26-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, que sanciona al administrado con dos infracciones muy graves, tipificadas en el numeral 3 del artículo 46 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de legalidad, informalismo, debido procedimiento y derecho de defensa del administrado.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por INDUSTRIAS FLOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 26-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 21 de enero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 207-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 26-2022- SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a INDUSTRIAS FLOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Piura y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.33 de la presente resolución

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución N° 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022) y en el voto dirimente en la Resolución N° 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener que mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

En adición, sostengo que cuando en una misma fiscalización se emprenden comunicaciones dirigidas al inspeccionado a través de la casilla electrónica sin obtener respuesta de dicho sujeto

obligado, corresponde deducir la responsabilidad administrativa sin generar cargos irrazonables. Este resultado indeseado podría resultar del hecho de que el inspector actuante deposite sucesivas notificaciones por el mismo hecho sin que se registre una respuesta del empleador. En tales supuestos, la segunda sanción (y las siguientes, de ocurrir) debería imponerse un límite al actuar discrecional de la Administración, que debiera encontrar medios alternativos para asegurar el conocimiento y respuesta del inspeccionado.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20221214CVT