Plastienvases S.A.C — Res. 86-2023

Mediante Orden de Inspección N° 851-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 499-2018 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, a raíz del accidente de trabajo ocurrido el 21 de mayo de 2015.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 275-2019-SUNAFIL/ILM/SIAI, de fecha 09 de enero de 2019, notificada a la impugnante el 25 de enero de 2019, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral

del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1311-2019-SUNAFIL/ILM/SIAI, de fecha 30 de abril de 2019 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 797-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 27 de agosto de 2019, notificada el 12 de setiembre de 2019, multó a la impugnante por la suma de S/ 56,958.75, por haber incurrido, en las siguientes infracciones:

Con fecha 02 de octubre de 2019, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 797-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 068-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 20 de enero de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 10 de febrero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 068-2022- SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001138-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 08 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que PLASTIENVASES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 068-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 56,958.75, por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, el 25 de enero de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por PLASTIENVASES S.A.C.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, como elemento

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa10, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a

Del examen efectuado, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación, ni al debido procedimiento; por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimado; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto de las faltas imputadas al administrado.

Debiéndose precisar que la valoración distinta de los hechos constatados y del análisis del RLGIT, que pueda realizar esta Sala, no desvirtúa la legalidad ni la validez de las decisiones de las instancias anteriores, conforme lo dispone el segundo párrafo del numeral 6.3 del artículo 612 del TUO de la LPAG, pues, la apreciación distinta de este Tribunal sobre los hechos o aplicación del derecho del caso en revisión, no implica que se haya producido la afectación al debido procedimiento de la impugnante.

El “Glosario de Términos” del reglamento de la LSST, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, define al accidente de trabajo como un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.13

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que aquellos actos administrativos que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 18 de agosto, en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, (….) En el examen de la inspección del trabajo — que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes.

Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que, el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Así, se sanciona a la impugnante bajo una (01) infracción muy grave, tipificada el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, las siguientes conductas: a) no haber señalado en el IPER el puesto del señor Rodríguez, ni las medidas de control; b) no contar con el RISST, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en Trabajo y con cargo de entrega al señor Rodríguez; c) No formar e informar sobre los peligros y riesgos sobre el puesto específico de ayudante de inyectora y la labor específica de limpieza de rodillos; y d) No contar con una supervisión efectiva por no identificar fallas y deficiencias en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no se adoptó las medidas preventivas y correctivas para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte del

En tal sentido, corresponde analizar si se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, se advierte del documento denominado “Investigación de incidentes/accidentes” y el Informe de evaluación médica, lo siguiente:

En ese sentido, conforme consta en el Acta de Infracción y de las actuaciones inspectivas, se tiene que el accidente con consecuencia de incapacidad parcial permanente, se produce el 21 de mayo de 2015, aproximadamente a horas 8:13 horas, mientras el Sr. Denis Soria Rodríguez Santiago, en el cargo de ayudante de inyectora, quien realizaba la limpieza de los rodillos de la máquina extrusora, mientras ésta estaba prendida, cuando el mameluco doblado en su brazo se engancha con el rodillo de la máquina, por querer sacar su brazo derecho hace ingresar su brazo izquierdo y lo que conlleva a golpearse alrededor de la cien, quedando desmayado en ese momento.

Sobre el hecho imputado referido a: “IPER”, por “no comprender el puesto del trabajador afectado, ayudante de inyectora, ni las medidas de control conforme lo señalado en el artículo 21 de la LSST”. Es importante recordar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 (en adelante, la LSST) reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social14 (énfasis añadido).

En tal sentido de las actuaciones inspectivas y de lo resuelto por la autoridad sancionadora, se aprecia que, en el IPER exhibido por la impugnante, no se contempló la labor de ayudante de inyectora, ni se identificó los peligros y riesgos, así como el nivel de severidad que le debía otorgar el empleador. Conducta omisiva que no ha sido cuestionada por la impugnante, pues en su recurso de revisión sólo sostiene que se debió analizar que su IPER cumple lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR, argumento que ya ha sido desvirtuado en los numerales 4.4 y 4.5 la Resolución de Intendencia Nº 068-2022-SUNAFIL/ILM; sin embargo, en su recurso de revisión sólo reitera los mismos argumentos ya absueltos por la instancia de mérito, sin centrarse en si el IPER contenía o no, la actividad que se encontraba realizando el trabajador afectado al momento del accidente ocurrido el 21 de mayo de 2015.

Estableciendo la relación de causalidad desde el Acta de Infracción, en los hechos constatados, así como en la Resolución de Sub Intendencia Nº 797-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE5, del modo siguiente: Figura Nº 03 Acta de Infracción

En ese sentido, se aprecia que en el acta de infracción y la Resolución de Sub Intendencia de Resolución que impone sanción a la impugnante, decisión que ha sido confirmada por la instancia de mérito, han determinado, suficientemente, la relación de causalidad entre que el IPER exhibido no comprenda el puesto del trabajador afectado, ayudante de inyectora, ni

Respecto a “No contar con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y su entrega al señor Rodríguez”; sobre el particular el Acta de Infracción ha establecido, lo siguiente:

Como se aprecia de lo constatado por la autoridad inspectiva, no se advierte que, se haya demostrado una relación de causalidad entre el incumplimiento detectado por la autoridad inspectiva y sancionadora, con la ocurrencia del accidente de trabajo el 21 de mayo de 2015. Por lo que, teniendo en consideración lo dispuesto en el precedente administrativo obligatorio, emitido en la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, tratándose la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, resulta de vital importancia el análisis de causalidad en cada caso; sin embargo, en el presente se aprecia que este último no se ha efectuado; por lo que, corresponde dejar sin efecto este extremo de la imputación.

Sobre el “No formar e informar sobre los peligros y riesgos del puesto específico de ayudante de inyectora y la labor específica de limpieza de rodillos de la máquina extrusora”. Sobre el particular, la obligación de garantizar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de todo aquel que se encuentre dentro del centro de labores, el empleador debe de adoptar una serie de medidas de prevención15 de acuerdo con el orden de prioridad preestablecido por Ley16 (énfasis añadido).

Así, en materia de formación e información, es importante señalar que la LSST reconoce también como un principio a la información y capacitación, entendida como la obligación que tiene el empleador de brindar a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales “…una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia” 17 (énfasis añadido).

Así, mediante el reglamento de la LSST (Decreto Supremo N° 005-2012-TR) se desarrollan y complementan los alcances de la Ley, por lo que junto con las características que la capacitación debe de tener –a la luz del Principio de información y capacitación referido previamente– los artículos 27, 27-A y 29 del reglamento de la LSST18 establece el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar,

Por ello, la normativa exige formar y capacitar al trabajador de manera anticipada de los riesgos a los que se encontrará expuesto, no siendo suficiente una capacitación genérica, sino que ésta debe de ser específica para cada labor a ser ejecutada. Precisamente esta ausencia en la formación e información de los peligros y riesgos del puesto específico, es la que ha puesto en estado de indefensión al trabajador afectado, conforme lo constatado y determinado por la autoridad inspectiva y resuelta por la instancia de mérito en su numeral 4.15 de la Resolución de Intendencia Nº 068-2022-SUNAFIL/ILM, siendo que no resulta suficiente efectuar capacitaciones generales para cumplir con el deber de prevención y formación e información a sus trabajadores, sino que se requiere, además, de capacitaciones – formación e información- específica, respecto a los peligros y riesgos que incumben determinado puesto de trabajo; lo cual no ha satisfecho la impugnante.

Por lo que, corresponde desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar en este extremo, pues, se evidencia la relación de causalidad entre el incumplimiento imputado y la ocurrencia del accidente de trabajo que se produjo el 21 de mayo de 2015.

Sobre el “No contar con una supervisión efectiva a no identificar fallas y deficiencias en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ni se adoptó las medidas preventivas y correctivas para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo”. Sobre el particular el Acta de Infracción ha recogido como sustento de esta imputación, lo siguiente.

En este escenario, resulta importante, invocar lo previsto en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de noviembre de 2022.

Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii) la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador.”

En ese sentido, la conducta reprochada no se subsume en esta, sino que solo se sustenta en subsunción de los incumplimientos a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, advertidos por la autoridad inspectiva; lo cual, no se condice con el deber de supervisión al que hace referencia la LSST y su reglamento. Por lo que, debe dejarse sin efecto esta conducta reprochada al no evidenciarse ni una relación de causalidad respecto al sistema de supervisión que contenga la inspeccionada con el accidente de trabajo ocurrido.

De lo expuesto, debe precisarse que, si bien esta Sala está dejando sin efecto dos de las cuatro conductas reprochadas a la impugnante, conforme los fundamentos expuestos en los numerales 6.9 al 6.22, esto no implica una variación del monto de la multa impuesta; toda vez que, se le ha sancionado sólo por la comisión de una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, quedando subsistente la misma.

Cabe señalar que, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de una infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el registro de accidente con la información mínima establecida, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Con relación a este punto, de acuerdo a lo señalado por la instancia de mérito la Resolución de Intendencia Nº 068-2022-SUNAFIL/ILM, y el Acta de Infracción, esta no tendría incidencia en el accidente materia de análisis. Por lo tanto, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, no corresponde emitir pronunciamiento sobre los alegatos efectuados por la impugnante vinculados a tales infracciones graves dada la ausencia de competencia del Tribunal para pronunciarse respecto de tales materias.

Asimismo, cabe señalar que, no cabe acoger la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

En este punto corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo-

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En tal sentido, corresponde precisar que a través de la medida inspectiva de requerimiento21, de fecha 06 de febrero de 2018, el inspector de trabajo requirió a la impugnante que, en un plazo máximo de 13 días hábiles, esto es, hasta el 26 de febrero de 2018, para que cumpla con acreditar el: Actualizar el Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes, correspondiente al accidente de trabajo acaecido al trabajador Dennis Soria Rodríguez Santiago, el 21 de mayo de 2015. Requerimiento que es atendido por la impugnante mediante escrito, presentando lo requerido, pero sin cumplir con lo total de lo requerido, conforme se dejó constancia en el numeral quinto del Acta de Infracción.

Siendo que si bien la inspeccionada señala que sólo le faltó la declaración del trabajador afectado para cumplir lo ordenado; sin embargo, la autoridad inspectiva constató que ello no fue lo único que no cumplió la impugnante, pues precisa: “El sujeto inspeccionado no cumplió con mantener actualizado dicho registro, debido a que: no se adjunta la manifestación del trabajador accidentado; en el análisis de causas del accidente no se consigna las deficiencias en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, no se consigna la falta de adecuada y oportuna formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre los riesgos en el puesto de trabajo, así como las medidas de control. Aunado a lo anterior el sujeto inspeccionado no realizó la investigación del accidente de trabajo acaecido al trabajador Dennis Soria Rodríguez Santiago, en forma conjunta con los representantes de los trabajadores, conforme lo establece la normatividad vigente”.

Cabe señalar que, respecto al argumento que el trabajador afectado se encontraba con descanso médico, no ha sido acreditado por la impugnante, pues, desde la emisión de la medida inspectiva de requerimiento hasta la fecha de su cumplimiento, esto es, desde el 06 de febrero de 2018 hasta el 26 de febrero de 2018- último día para cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante no acreditó que el trabajador haya estado con descanso médico. Asimismo, tampoco, acreditó haber realizado algún esfuerzo para contactarse con él y con ello poder cumplir lo ordenado por la autoridad inspectiva, tal como, también, lo ha valorado la instancia de mérito en su numeral 4.30 de la Resolución de Intendencia Nº 068-2022-SUNAFIL/ILM, para determinar la configuración de la infracción muy grave a la labor inspectiva.

En efecto, conforme ha dejado constancia el comisionado en el numeral quinto de los hechos constatados del Acta de Infracción, la impugnante no cumplió en totalidad con lo requerido por el inspector de trabajo en el plazo y en los términos señalados por este, pese a encontrarse acreditado que debía cumplir con su obligación legal. Por tanto, incurre en la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones

En ese sentido, el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad, así como de proporcionalidad. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de imponer la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerda a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto. Por ende, no se ha realizado una afectación de los principios de razonabilidad ni proporcionalidad, en los términos señalados por la impugnante.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “...guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”22.

En palabras del maestro Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

En tal sentido, esta Sala considera que, frente a los alegatos referidos a la aplicación de Ley Nº 30222, la misma que ha sido, debidamente, absuelta por la Resolución de Intendencia Nº 068-2022-SUNAFIL/ILM, en los numerales 4.31 al 4.35 en la que se aprecia concluye que, en efecto, no corresponde la aplicación de dicho dispositivo legal, pues, la orden de inspección que origina este procedimiento es la Orden de Inspección Nº 851-2018-SUNAFIL/ILM y todas las actuaciones inspectivas en este proceso, se han llevado a cabo desde el 18 de enero de 2018 al 26 de febrero de 2018, es decir, con posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 30222. Además, se verifica que lo dispuesto en dicha ley no de aplicación, entre otros, cuando se trate de “c. Infracciones que afecten las normas de seguridad y salud en el trabajo, siempre que hayan ocasionado muerte o invalidez permanente al trabajador”. A pesar de ello, se vuelve a reiterar los mismos argumentos expuestos en los escritos anteriores, sin acompañar nuevos elementos de juicio, con lo cual se considera que se ha transgredido el principio de buena fe procedimental. Por lo que, se le exhorta a adecuar su conducta al mencionado principio.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.