Empresa Maquinaria U – Guil S.A — Res. 193-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS y Hoja de liquidación y sus formalidades); y Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

20222; en mérito a la solicitud de actuación inspectiva presentada por el señor Jack Frank Álvarez Ruiz (Ingeniero de Construcción), por el supuesto incumplimiento al pago de beneficios sociales.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicio truncas, a favor del ex trabajador Álvarez Ruiz Jack Frank, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT, con una multa ascendente a S/. 7,222.00.

- Una (1) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago del interés legal a favor del extrabajador Álvarez Ruiz Jack Frank, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 12,098.00.

- Una (1) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago integro de vacaciones truncas a favor del extrabajador Álvarez Ruiz Jack Frank, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 12,098.00.

- Una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con multa ascendente a S/. 12,098.00.

i. Solicitan se declare la nulidad total de la Resolución de Sub Intendencia N° 077-2022- SUNAFIL/IRE-SISA/PAS, por las causales previstas en la LPAG, por contravenir a la constitución y las leyes.

2 Véase folio 66 del expediente inspectivo.

ii. Cuestionan la falta de motivación del acto administrativo, por cuanto la administración únicamente ha tomado en cuenta los documentos y alegatos que consideró más relevantes, no tomando en cuenta como relevante los convenios de licencia con goce de haber celebrados entre el inspeccionado y el trabajador Álvarez Ruiz Jack; siendo que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad. Además, cuestiona la falta de análisis fáctico y jurídico sobre las actuaciones de la autoridad instructora y sancionadora contenida en el Informe Final de Instrucción y la resolución de primera instancia, que vulneran el debido proceso. iii. Con relación al cumplimiento del pago de la CTS, vacaciones truncas y el pago de los intereses legales, refiere que estos conceptos fueron pagados mediante liquidación de pago de intereses legales y devengados de beneficios sociales y que al extrabajador se le otorgó licencia con goce de haber compensable a raíz del convenio suscrito que evidencia la autorización del extrabajador de realizar descuento de sus beneficios sociales por los días de licencia con goce de haber que no pueda compensar, hechos que acarrean causal de nulidad.

i. De acuerdo a lo resuelto por el inferior en grado, quien, a mérito del Acta de Infracción, y teniendo en cuenta la documentación exhibida durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, ha señalado que la inspeccionada no cumplió oportunamente con el pago de los beneficios sociales consistentes a la CTS y vacaciones truncas más los intereses legales. Por lo expuesto, se advierte entonces la obligación que tiene todo empleador de realizar el pago de los beneficios sociales oportunamente dentro de las 48 horas de extinguido el vínculo laboral, asimismo los beneficios sociales son intangibles, en tanto que, no se encuentran sujetos a descuentos de ninguna naturaleza derivada de la relación laboral. ii. En el presente procedimiento, la autoridad instructora de primera instancia ha tenido en cuenta la aplicación de los principios de la potestad sancionadora, ya que en el transcurso de la investigación y procedimiento sancionador se ha respetado el principio del debido procedimiento, la debida motivación, razonabilidad, imparcialidad, conducta procedimental y tipificación de las conductas, traduciéndose todo ello en el respeto al debido proceso, como una garantía formal para el administrado, cumpliéndose todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige.

3 Notificada a la impugnante el 03 de octubre de 2022.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional10.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EMPRESA MAQUINARIAS U – GUIL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 031-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, señalando los siguientes alegatos:

i. Cuestionan la falta de motivación que se puede evidenciar desde el Informe Final de Instrucción, en tanto que no analiza los medios probatorios que fueron presentados durante la actuación inspectiva, tales como los convenios colectivos de licencia con goce de haber con posterior compensación suscritos con el extrabajador Álvarez Ruiz Jack. ii. Refieren que en los convenios de licencia con goce de haber con posterior compensación suscritos por el señor Jack Álvarez Ruiz, brinda su consentimiento para

10 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

que realicen descuentos en sus beneficios sociales, en los casos que no se pueda realizar la compensación de los días de licencia otorgadas a su favor. iii. Asimismo, señalan que, con fecha 20 de mayo de 2022, el señor Álvarez suscribió la declaración jurada, donde reconoce haber renunciado al puesto de Ingeniero de Construcción con fecha 21 de enero de 2922, siendo este el impedimento para compensar los días con licencia con goce de haber otorgados a su favor, ratificando lo convenido en el literal 3.5 de los convenios con licencia con goce de haber compensables antes descritos, dando por cancelada su liquidación de beneficios sociales. iv. Reiteran que han solicitado la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia, por incurrir en vicios por falta de motivación, en tanto que, en la misma se señala que únicamente se tomará en cuenta los documentos y alegatos que considere relevantes y congruentes para la investigación; sin manifestar las razones por las cuales no consideran relevantes los “Convenios de licencia con goce de haber compensables”, siendo una exigencia la motivación suficiente de sus actos en tanto que constituye una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión de la administración. v. Manifiestan que se ha inobservado la competencia para expedir el acto administrativo, en tanto que, la autoridad competente para dictar la Resolución de Sub intendencia N° 077-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, es el Sub Intendente de Resolución de la Intendencia Regional de Pasco, no obstante, la autoridad que expidió la Resolución de Sub intendencia N° 077-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, fue el Sub Intendente de Pasco. vi. Cuestionan que con fecha 20 de julio de 2022, se emitió la Resolución de Sub Intendencia, de forma extemporánea, sin respetar el procedimiento prescrito en el inciso 53.3 del RLGIT, el cual establece que la administración debe emitir la resolución correspondiente en un plazo no mayor de quince días hábiles contados desde el vencimiento del plazo otorgado al administrado para presentar su descargo, es decir, que la administración debió como plazo máximo emitir la Resolución de Sub Intendencia N° 077-2022-SUNAFIL, hasta el 11 de julio de 2022. vii. Al respecto, señalan que es recién con fecha 22 de julio de 2022 que se les notificó, a través de la casilla de notificaciones la Resolución de Sub Intendencia N° 077-2022- SUNAFIL, con fecha de expedición 20 de julio de 2022, no cumpliéndose con los requisitos de validez del acto administrativo, incurriendo en una causal de nulidad, de acuerdo a lo regulado en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N° 27444. viii. Refieren que a través de la Resolución de intendencia N° 031-2022-SUNAFIL, únicamente se pronuncian sobre su primer cuestionamiento, que es la falta de motivación del acto administrativo, sin embargo, no se ha cumplido con la estructura lógica de toda resolución, que es el pronunciamiento sobre todos los cuestionamientos expuestos en el recurso de apelación. ix. Alegan que, a través del escrito de descargo de fecha 26 de mayo de 2022, se informó que el extrabajador Jack Álvarez Ruiz suscribió 04 convenios de licencia con goce de

haber con posterior compensación. En tal sentido, se advierte que el señor Álvarez solicitó en total 25 días de licencia con goce de haber con posterior compensación, lo que equivale a una remuneración de S/. 6,533.33. x. Señalan que, de acuerdo con lo pactado en los convenios de licencia con goce de haber con posterior compensación, se obligaron a pagar la remuneración del extrabajador y este, tenía el deber de laborar por los días pagados o caso contrario se procedería a realizar el descuento de los haberes o liquidación de beneficios sociales. xi. Sin embargo, alegan que, debido a la denuncia repentina del extrabajador, fue imposible la compensación de los veinticinco (25) días de licencia que fueron otorgados en su oportunidad, motivo por el cual, se convirtieron en acreedores de un crédito frente al extrabajador, puesto que el contrato de trabajo es de naturaleza bilateral, recíproco, conmutativo, ya que la medida de la obligación de una de las partes es igual al cumplimiento que la otra haga de la suya. xii. Precisan lo resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral, conforme a que, al haber expirado el contrato de trabajo durante el Estado de Emergencia Nacional, sin que la trabajadora cumpliera con la compensación correspondiente, se configuró un “adelanto de remuneraciones” que, como tal, debe ser descontado de aquellas que tuviera en su poder el empleador por el carácter sinalagmático del contrato de trabajo y por el carácter “compensable” de la mencionada licencia con goce de haber. En consecuencia, procedía el descuento de sus beneficios sociales e, inclusive, en caso de haberlo, de las utilidades a las que tuviera derecho”. xiii. Por otro lado, alegan que se vulnerado el artículo 44 de la LGIT, que regula el principio de la observancia del debido procedimiento en el sistema inspectivo, la misma que es concordante con lo previsto en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el pago de la remuneración vacacional 6.1. De los actuados se verifica que la impugnante no acreditó el pago integro de vacaciones truncas a favor del extrabajador Álvarez Ruiz Jack Frank.

personal inspectivo le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral en materia de relaciones laborales por no cumplir con el pago de dicho concepto.

De la vulneración al principio del debido procedimiento 6.13. El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse

a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo

11 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador 6.21. Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Sub Intendencia N° 077-2022- SUNAFIL/IRE-SISA-PAS) no ha efectuado una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada para la asignación de responsabilidades hacia la empresa.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye

automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

13 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 14 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 15 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.30. El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA MAQUINARIA U – GUIL S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 077- 2022-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Pasco, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 044-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 077-2022- SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. – Notificar la presente resolución a la EMPRESA MAQUINARIA U – GUIL S.A., y a la Intendencia Regional de Pasco, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. -Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Pasco, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a lo señalado en el considerando 6.34 de la presente resolución. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240221MCR