Empresa de Transportes Anticona S.R.L

Mediante Orden de Inspección N° 1160-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1 que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 589-2022-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1118-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC de fecha 31 de agosto de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 127-2023/SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN/IF, de fecha 27 de enero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 571-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 12 de mayo de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 02 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 571-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 392-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 30 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación.

Con fecha 21 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 392-2023-SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 49-2024- SUNAFIL/IRE-LIB recibido el 16 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Con fecha 03 de setiembre de 2024, la impugnante presenta un escrito solicitando que se suspenda el procedimiento, debido a que se está tramitando un proceso judicial con la participación de las mismas partes y sobre el accidente de trabajo que se objetó de este procedimiento sancionador.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Empresa de Transportes Anticona S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 392-2023-SUNAFIL/IRE-LIB emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de SST, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 05 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Empresa de Transportes Anticona S.R.L.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante insta una presunta vulneración al debido procedimiento, relacionado a la supuesta vulneración de su derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que

El debido procedimiento administrativo se manifiesta en la necesidad de garantizar a las partes todos los derechos y garantías asociadas al procedimiento sancionador, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo del TUO de la LPAG, el principio del debido procedimiento implica que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 571-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 12 de mayo de 2023, como la Resolución de Intendencia N° 392-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 30 de noviembre de 2023, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración del derecho de defensa de la impugnante. Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo.

El artículo 94 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, el RLSST), establece que:

En este punto, es preciso traer a colación al principio de tipicidad, el cual es un principio que rige la potestad sancionadora de las autoridades administrativas, prevista en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que señala lo siguiente:

Así, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 18 de agosto de 2022 en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria, entre otros, los fundamentos 6.20 y 6.21, bajo los siguientes alcances:

Bajo las consideraciones expuestas líneas arriba, debe precisarse que, para la configuración del tipo sancionador previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y ii) que -como consecuencia de lo anterior - se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. Es decir, el incumplimiento, así como el accidente de trabajo deben ser determinados a propósito del nexo de causalidad establecido por el personal inspectivo. (énfasis añadido)

En el presente caso corresponde analizar si la infracción imputada presenta nexo de causalidad respecto al accidente de trabajo investigado. Al respecto, se ha imputado a la impugnante una (01) infracción muy grave en materia de SST, referido a la falta de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de todas las tareas del puesto de trabajo del trabajador afectado.

Sobre el particular, en el Acta de Infracción se describió que el accidente de trabajo se produjo en fecha 09 de febrero de 2022 aproximadamente a horas 07:00 am, en la locación situada en un lavadero externo, al momento en que personal de dicho lavadero iba a lavar la unidad que conducía el trabajador afectado (semi tráiler con plataforma) el trabajador accidentado subió a la plataforma para bajar la carta porque no la querían lavar, en ese momento cuando tiró la carpa al suelo y se encontraba bajando se resbala debido a que el piso estaba mojado y se golpeó la rodilla.

Así, revisando el expediente, se observa que, sobre la materia relacionada a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), en el Acta de Infracción, el personal inspectivo consignó lo siguiente:

Sobre lo señalado, cabe mencionar que la causalidad entre el incumplimiento y el accidente de trabajo ocurrido en este caso, no se encuentra bien definido. Toda vez que, si bien se le está imputando no haber incluido dentro de la Matriz IPERC, la actividad de “desplazamiento del vehículo al lavadero externo y todas las tareas relacionadas con la mencionada actividad”. Debe tomarse en cuenta que el accidente no se produce durante el referido “desplazamiento” sino cuando el tráiler que conducía dicho trabajador ya estaba estacionado dentro del lavadero externo y estaba iniciando el proceso de lavado,

En tal sentido, la identificación de peligros y evaluación de riesgos efectuada por la impugnante no podía razonablemente prever un evento derivado de una actuación que excedía las funciones asignadas al trabajador afectado, pues conforme a lo alegado por la impugnante en sus descargos a la imputación efectuada, la manipulación de la unidad durante el proceso de lavado correspondía al personal del establecimiento externo de lavado, no al trabajador afectado (chofer). El hecho de subir y bajar de la plataforma del tráiler en condiciones evidentes de humedad y piso mojado constituye una conducta imprudente del propio trabajador que interrumpe el nexo causal entre la supuesta omisión en la Matriz IPERC y el resultado dañoso. En consecuencia, no puede atribuirse a la impugnante responsabilidad por un accidente generado por una actuación imprudente del propio trabajador.

Al respecto, debe tomarse en cuenta los criterios vinculantes fijados mediante Resolución de Sala Plena N° 008-2025-SUNAFIL/TFL, publicados en el Diario Oficial El Peruano en fecha 03 de agosto de 2025, sobre la ruptura del nexo causal en la determinación de responsabilidad administrativa por accidentes de trabajo: participación del trabajador y factores exógenos:

Como se mencionó previamente en el presente caso la determinación del nexo causal como elemento de responsabilidad de la impugnante no se encuentra plenamente acreditada, pues no se evidencian elementos fehacientes que permitan determinar que el accidente del trabajo se dio como consecuencia del incumplimiento o deficiencia en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, más bien, por la mecánica del accidente se revela que este se originó por una conducta individual imprudente ajena al control del empleador. En tal sentido, se hace evidente que el Inspector comisionado efectuó una presunción sin efectuar un análisis correcto del nexo causal entre el incumplimiento referido y el accidente de trabajo. Por lo tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso, correspondiendo dejar sin efecto la infracción objeto de análisis.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión y tampoco el pedido de suspensión del procedimiento presentado por la impugnante, pues este expediente ha concluido con la presente resolución y corresponde enviarlo al archivo.