EMP de VIG Prot SEG Limp y Mant Andina — Res. 626-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguro de Vida Ley (Contratos). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación requerida con fecha 24 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, sancionada con una multa ascendente a S/ 3,388.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación requerida con fecha 04 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT., en perjuicio de 1 trabajador. Imponiéndole la multa ascendente a S/ 6,776.00, sancionada con una multa ascendente a S/ 3,388.00.

- La inspeccionada señala que no se valoró su derecho de defensa y no se respetó el debido procedimiento.

- Respecto a la validez del emplazamiento señala que hubo un pronunciamiento lacónico sobre sus argumentos de defensa, afirma que la obligación de asignar la casilla electrónica le corresponde a SUNAFIL que es un órgano administrativo regido por la Ley de Procedimientos Administrativas General, y el acto de asignar como acto administrativo debió ser emitido por escrito conforme al artículo 1.1 de la ley y notificada conforme al artículo 16 del mismo cuerpo legal.

- Argumenta también, que no se realizó la notificación de la alerta, considerando que no fue válidamente requerido para la presentación de la documentación solicitada, que no es otra cosa que el sistema de alerta de la notificación en la casilla electrónica que nunca fue remitida al correo electrónico de su empresa, pese a ser un mandato imperativo que busca garantizar que la notificación sea eficaz, que cumpla con su objetivo y que el administrado conozca el documento, independientemente de la obligación de revisar periódicamente su buzón, podría no tomar conocimiento oportuno de la notificación.

- Indica que, la primera alerta que recibió en su correo electrónico fue el de la notificación de la Imputación de Cargos según la captura de pantalla del mail corporativo de su empresa de los días en que supuestamente le notificaron en la casilla electrónica. Conforme figura en la casilla electrónica no se abrió ningún documento hasta el 14 de abril de 2021, única fecha en la que se recibió el mail de alerta, razón por la que no cumplió con presentar lo requerido. Y dado que la notificación tiene dos

fases, la primera de comunicación de alerta y la segunda de depósito del documento en la casilla, no ha sido objeto de análisis, de evaluación de actuación de medio probatorio alguno, menos aún un pronunciamiento, por tanto, no sólo se acreditó la nulidad del procedimiento, al existir pronunciamiento sobre este extremo vital de sus argumentos de defensa.

- Alega que, junto a su descargo, ha presentado también la documentación solicitada por el requerimiento materia del presente y con ella la petición de eximente derivada del literal f) del numeral 1 del artículo 257 de la LPAG, sin embargo, no fue materia de evaluación, análisis o pronunciamiento, limitándose a señalar que al haberse configurado la infracción no resultó necesario pronunciarse sobre el eximente de responsabilidad, vulnerando el Principio de Legalidad y Debido procedimiento.

- Respecto a la infracción impuesta por la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, señala que no se configuró, porque no fue debidamente notificado el requerimiento de información hasta el 14 de abril de 2021, y al no ser materializado no pudo existir una negativa. Por el contrario, presentó la documentación requerida con su descargo el 19 de abril de 2021, lo que no fue valorado por el inspector negligentemente.

- Manifiesta que, al tratarse de un solo procedimiento en el que se requirió cierta documentación y al no haberse cumplido, se solicita por segunda vez la misma documentación, no siendo actos independientes, por lo que no se pueden considerar dos infracciones, siendo ilegítimo y desproporcionado por tratarse de doble sanción que vulnera la non bis in ídem. De igual forma, considera que se trata de dos hechos que tienen como reacción una sola conducta omisiva, por lo que no podría hablarse de una conducta renuente en dos oportunidades, sino una sola que habría quebrado dos veces una misma norma, estamos frente a un concurso ideal homogéneo de infracciones, debiendo aplicarse la sanción mayor.

- Respecto a los puntos i), ii), iii) y iv) del resumen del recurso de apelación, donde sustenta que no recibió alerta de notificación en la casilla electrónica la validez de la notificación se circunscribe al depósito de la misma en la casilla electrónica, no estando sujeta a la condición del envió de la alerta, que es una actuación adicional y automática, que se envía al contacto que se muestra en el registro; razón por la que en el artículo

2 Notificada a la impugnante el 31 de agosto de 2021.

- Respecto de la documentación presentada al descargo de 22 de abril de 2021 registrada con Hoja de Ruta N° 57352-2021, si bien el objeto de la orden de inspección fue realizar la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de la normativa relacionada a la contratación del Seguro de Vida Ley, como se indicó líneas arriba ésta no se concretó, aplicando la infracción relacionada a la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 66-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando los siguientes alegatos:

De la infracción en materia de labor inspectiva

- Manifiesta que, se ha violentado el debido procedimiento y se ha incurrido en causal de nulidad de las notificaciones y del mismo procedimiento, pues no se ha efectuado la comunicación de la notificación al correo de la empresa comunicación prevista en el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR, que obliga a la SUNAFIL a poner en conocimiento del administrado el depósito de un documento en la casilla electrónica, garantizando que el administrado haya sido debidamente emplazado.

- Señala que, ha quedado acreditado que el buzón electrónico recién se activó con su registro el 18 de marzo del 2021, como se verifica en el considerando 12 de la

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR y siguientes.

resolución apelada, en el que obra la captura de pantalla de la constancia de registro de mi representada. Del mismo modo, queda acreditado la lectura de la Orden de Inspección N° 624-2021-SUNAFIL/IRE-JUN recién con fecha 15 de abril del 2021, como se verifica del 19 considerando de la recurrida, en la que consta que, si bien el requerimiento fue depositado con fecha 24 de febrero del 2021, ésta recién fue leída el 15 de Abril del mismo año, la empresa no tuvo forma de saber que ya se había asignado una casilla electrónica y, menos aún, que se había depositado una Orden de Inspección en la misma.

- Agrega que, que desea acogerse al beneficio de una causa eximente objetiva derivada del literal f) del numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Procedimiento Administrativo, pues considera que no había sido emplazado y que la información requerida había sido presentada con anterioridad a la SUNAFIL como al Ministerio de Trabajo, pedido que no fue materia de evaluación.

- Manifiesta que, el hecho de que la empresa no haya presentado la misma documentación requerida en dos oportunidades dentro de un mismo proceso, no pueden ser concebidos como actos independientes, pues en el supuesto negado que haya sido válidamente requerido para presentar la documentación solicitada, las manifestaciones ejecutivas de voluntad (la de no presentar la información requerida el 24 de Febrero y el 5 de Marzo), son partes de una sola voluntad resolutiva (no acatar lo ordenado por la SUNAFIL), manifestaciones conexas en tiempo y espacio (por que se dan en el mismo procedimiento inspectivo) con lo que queda demostrado que la unidad de acción es evidente en el presente caso, pues el resultado es sólo uno: No cumplir con presentar la información solicitada. En tal sentido existe un concurso ideal homogéneo de infracciones, toda vez que la infracción imputada es exactamente la misma.

- Señala que, se ha dejado a la empresa, en un estado de indefensión que la administración no quiere reconocer, pues enfrascarse en que la notificación del requerimiento es correcta, sin haber actuado un medio probatorio vital como es la verificación de si se notificó o no la alerta al correo de mi representada y cuando se tuvo el primer acceso al mismo, es actuar alejado de la legalidad, del derecho, de sus fuentes y de la justicia administrativa que le compete administrar a la SUNAFIL.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

Sobre la notificación por casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independiente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y,

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

12 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 13 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (El énfasis es añadido).

14 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435 15 LPAG, artículo 1.8. El énfasis es añadido. 16 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9.

17 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 18 Ibid. fundamento jurídico 4. 19 Loc. Cit. 20 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 21 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19.

respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”22.

22 LPAG, artículo 1.8.

Figura Nº 01:

Figura Nº 02:

cuenta que el Tribunal Constitucional ha recordado que, además de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, por la ley de la materia, esto es la LPAG, se deben tener en cuenta otros, entre los que se encuentra el principio de culpabilidad, según el cual “la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa”23.

Al término del plazo otorgado, el inspector deja constancia que la inspeccionada no cumplió con remitir la información requerida, tal como consta en el numeral 4.3 del Acta de Infracción.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto

23 STC 01873-2009-PA/TC, fundamento jurídico 12 c. El énfasis es añadido. 24 Ver folios 08 del expediente inspectivo.

Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar por mayoría FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EMP DE VIG PROT SEG LIMP Y MANT ANDINA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 66-2021- SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 27 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Junín, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 139- 2021-SUNAFIL/IRE-JUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 66-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 27 de agosto de 2021, en todos sus extremos, dejando sin efecto la multa impuesta.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a EMP DE VIG PROT SEG LIMP Y MANT ANDINA, y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Junín.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Firmado Digitalmente por: DESIREE BIANCA ORSINI WISOTZKI LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria, con la que se cambia un importante criterio previamente adoptado por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral en torno a la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica, para sujetarla a una condicionalidad no prevista en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. El Tribunal de Fiscalización Laboral ha venido conociendo recursos de revisión en los que se han alegado diversos argumentos para cuestionar la validez de la notificación de las comunicaciones depositadas en la casilla electrónica. Esto motivó a que se examine en varios casos a la sistemática del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, norma que establece al menos seis reglas relevantes sobre la materia discutida:

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8.1). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que se mencione a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11.1)

2. Es objeto de discrepancia la naturaleza de la tercera regla enlistada. Para el voto mayoritario, esta es una norma que, generando una expectativa justificada en el administrado de recibir una alerta adicional a la notificación, de manera que resulta tutelable —al amparo de la buena fe procedimental— una serie de efectos contra legem: la inoperatividad de la primera regla (al no ser obligatorio el uso de la casilla electrónica); la insuficiencia de la segunda regla (por tratarse de un domicilio digital que no es apto para albergar las notificaciones, si no fuera que vienen acompañadas de los avisos complementarios); la inexigibilidad de la cuarta regla (al poderse exonerar los usuarios de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica); la inejecución de la casilla electrónica; la modificación de la quinta regla (al generarse un requisito adicional a los cinco contenidos de la notificación vía casilla electrónica); y la condicionalidad de la sexta regla (por relativizarse a la validez prevista por el reglamentador).

3. Apelando a la interpretación sistemática de las normas glosadas, podemos afirmar que la alerta contemplada en el artículo 6 se comporta como una carga de la Administración Pública para mejorar el conocimiento y respuesta del administrado; pero no se observa fundamentos que permitan inferir que se trate de una condición de validez para las notificaciones practicadas vía casilla electrónica.

4. Queda claro que, para el voto en mayoría, la Administración del Trabajo debe notificar las notificaciones y dar aviso a los sujetos inspeccionados con alertas de la notificación; no obstante, lo que no resulta satisfactorio en esta opción interpretativa es la subyacencia de una excepción al principio de publicidad de las normas. Al excluirse a la obligatoriedad de

la casilla electrónica y a la obligación de su revisión periódica por parte de los sujetos investigados, la resolución adoptada en mayoría termina enjuiciando no a una actividad singular de un inspector u órgano del procedimiento sancionador, sino que aparta de su análisis a la ineludible publicidad de la norma emitida por la Administración del Trabajo en su función reglamentaria. No parece satisfactorio el que se alegue que a través de la alerta se sustancie el principio de publicidad de las normas, pues ello supondría que la Administración Pública tendría que notificar también a los sujetos inspeccionados de la emisión del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el día 14 de enero de 2020 y de su contenido.

5. Debe recordarse que el Decreto Supremo N° 003-2020-TR emitió, en su primera disposición complementaria final, un cronograma para la implementación de la obligación de la casilla electrónica. El mismo fue aprobado a través de la Resolución de Superintendencia N° 058- 2020-SUNAFIL, el mismo que incluso fue modificado por la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, en el marco de la presente emergencia sanitaria. Asimismo, se aprecia que la propia SUNAFIL ha procurado la difusión de esta obligación, lo que fluye por ejemplo de materiales instructivos que datan de julio de 2020,25 los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales. Así, el cumplimiento del deber estatal de dar publicidad a las normas se halla suficientemente cumplido, pues conforme ha anotado la doctrina.

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.26

6. Es pertinente añadir, además, que se aprecia que la entrada en vigor de esta obligación no agrede a la razonabilidad, pues precisamente ocurre durante un tiempo de digitalismo que define a las actividades socioeconómicas y, en particular, se ha implementado durante la actual pandemia, contexto que ha llevado a que actividades privadas y públicas se sirvan extensivamente de los medios tecnológicos disponibles para todo tipo de interacciones de contenido socioeconómico, por lo que no parece pertinente asumir que la imposición de la casilla electrónica tiene un carácter alienante sobre la esfera jurídica de los sujetos inspeccionados.

25 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 26 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Themis núm. 6, p. 18.

7. Lamentablemente, con el cambio de criterio acogido por mayoría, se deja de lado que el artículo 51 de la Constitución reconoce al principio de publicidad, declarando su carácter “esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Sobre este principio basal del Sistema Jurídico, el Tribunal Constitucional —en la Sentencia del 28 de mayo de 2020, expediente 0001-2017-PI/TC— ha afirmado que tiene “naturaleza esencial” respecto de “todo Estado constitucional de derecho” (f.j. 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático-constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (f.j. 49).

8. Igualmente, cabe rescatar que el Alto Tribunal ha manifestado en la Sentencia del 1 de julio de 2021, expediente 01023-2021-PA/TC, lo siguiente:

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

9. Así también cabe recordar que, en la Sentencia del 22 de junio de 2011, expediente N° 02098-2010-PA/TC —un caso referido al ejercicio de facultades sancionadoras, aunque de carácter disciplinario—, el Tribunal Constitucional ha resuelto lo siguiente:

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

10. De otro lado, esta obligatoriedad de la casilla electrónica no permite dejar de lado que el proceder de los inspectores de trabajo debe estar sujeto al cumplimiento del principio de razonabilidad. Así, se observan casos en los que se deposita sucesivamente no una, sino dos o hasta más requerimientos de información en una casilla electrónica, sin que se tenga respuesta a la primera y sin procederse a generarse la alerta que el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR ha previsto. En tales casos, y en la opinión del suscrito, no cabría amparar la segunda sanción por configurar un exceso de punición, ya que los inspectores de trabajo pueden acudir a una serie de medios amplios para asegurar el conocimiento del investigado.

11. En otro extremo que considero equivocado, la resolución sostiene que no existe una negativa de proporcionar información, conforme establece el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, y que no se aplica el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, que sanciona a los comportamientos contrarios al deber de colaboración. Esta lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva es equivocada pues supone que el régimen de responsabilidad para este incumplimiento debe suponer dolo, necesariamente. No obstante, la responsabilidad administrativa bajo el principio de culpabilidad admite también a otros factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia.27 Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

27 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

12. Finalmente, dentro de la lógica adoptada en la tesis de la mayoría no puede dejar de observarse que el examen sobre la validez del procedimiento sancionador emprendido contra la impugnante no ha arrojado una irregularidad suficiente que permita desplegar un efecto nulificante. No obstante, la resolución ordena dejar sin efecto a la resolución emitida por la instancia de apelación, sin ofrecer a la propia Administración la posibilidad de enmendar el supuesto error cometido al no emitirse la alerta al correo o por sistema de mensajería, de manera que se ha restringido sin una razón suficiente la posibilidad de que se enmiende la notificación supuestamente defectuosa.

Por las razones expresadas en estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO.

Firmado Digitalmente por: Presidente