Csalud S.A — Res. 206-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Remuneraciones (Sub materia: Pago de bonificaciones, Gratificaciones y Pago integro y oportuno de la de la remuneración convencional (Sueldos y salarios)). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración a favor de sus trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar las gratificaciones legales a favor de sus trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 21,262.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la bonificación extraordinaria a favor de sus trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de mayo de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 49,612.50.

i. Indican que, en los últimos años, CSALUD S.A. y sus demás empresas vinculadas, han venido atravesando una crisis económica, por razones, indican ellos, ya conocidas por las distintas autoridades estatales, lo cual ha originado que todos los pasivos corrientes se tengan que asumir con el ingreso diario que ingresa a las cajas de CSALUD S.A., los mismos que son insuficientes para poder asumir todo el pasivo que tiene la empresa. De allí que, lamentablemente, señala que existen atrasos en los pagos de las remuneraciones de todos los trabajadores, los mismos que son también de conocimiento de todos los trabajadores, pues se les ha informado en diversas reuniones realizadas por la Gerencia General. Señalan que no se trata de una negativa del empleador a cancelar las remuneraciones oportunamente, sino que estos atrasos son consecuencia de la grave crisis económica que actualmente atraviesa CSALUD S.A. y sus empresas vinculadas, crisis que se acrecentó cuando SUNAT embarga sus cuentas.

ii. Indican que, con lo expuesto, se pueda entender la situación que atraviesa CSalud S.A y en el caso concreto, si bien la SUNAFIL busca proteger los intereses y derechos de los trabajadores, también es cierto que es importante analizar el contexto por el

2 Véase folio 1620 del expediente sancionador.

que se genera el incumplimiento, la intencionalidad del empleador para generarlo y la razonabilidad para imponer alguna sanción, ya que con ello lejos de ayudar a los trabajadores, los perjudicará porque se creará una deuda (sanción pecuniaria) que afectará directamente el flujo diario y generará que el incumplimiento en el pago de remuneraciones sea mayor.

iii. Al respecto, indican acreditar el pago de las remuneraciones de setiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017, de los siguientes trabajadores los comprobantes que se señalan: 1. Pago de remuneraciones adeudadas a AGUILAR CAMACHO ROXANA JUSTA (ANEXO 1-C). 2. Pago de remuneraciones adeudadas a AGUIRRE ESPINOZA SILVIA MARLENE (ANEXO 1-D). 3. Pago de remuneraciones adeudadas a AGUIRRE MAMANI GERMAN BASILIS (ANEXO 1-E) 4. Pago de remuneraciones adeudadas a AGUIRRE VILLALBA LUIS AUGUSTO (ANEXO 1-F). 5. Pago de remuneraciones adeudadas a ALARCON PALMA DE CASTRO BIBIANA PIA (ANEXO 1-G). 6. Pago de remuneraciones adeudadas a ALARCON PENDOLA RAFAEL PAOLO (ANEXO 1-H). 7. Pago de remuneraciones adeudadas a ALEJO FERNANDEZ ALBERTO ANDRES (ANEXO l-I). 8. Pago de remuneraciones adeudadas a ALLPACCA PAUCAR LICEO (ANEXO- 1-J). 9. Pago de remuneraciones adeudadas a ALVAREZ LEONARDO VICTOR HUGO (ANEXO 1-K). 10. Pago de remuneraciones adeudadas a APARCANA ATAURIMA ISABEL MERCEDES (ANEXO 1-L). 11. Pago de remuneraciones adeudadas a APAZA ALARCON JHOSILEYNI LISBETH (ANEXO 1-M). 12. Pago de remuneraciones adeudadas a ARIAS RAMOS GIOVANA JUDITH (ANEXO 1-N). 13. Pago de remuneraciones adeudadas a ARIS PARRA DE ZULUETA MARIA LEONOR (ANEXO 1-N). 14. Pago de remuneraciones adeudadas a ARRIOLA ESPINO JUAN CARLOS (ANEXO 1-0). 15. Pago de remuneraciones adeudadas a ASENJO GRANADOS BETTY JUANA (ANEXO 1-P) 16. Pago de remuneraciones adeudadas a AVILA CUCHAMA CAROLINA ELIZABETH (ANEXO 1-Q). 17. Pago de remuneraciones adeudadas a AVALA CAMACHO OMAR (ANEXO 1-R).

18. Pago de remuneraciones adeudadas a AYBAR ACUÑA CIRA MERCED (ANEXO 1- S). 19. Pago de remuneraciones adeudadas a AYBAR ACUÑA JULIA ROSA (ANEXO 1-T). 20. Pago de remuneraciones adeudadas a AZABACHE GNZALES MANUELA FELICITA (ANEXO 1-U)

iv. Finalmente indican que la resolución venida en grado les causa evidente agravio pues al no aplicarse el inciso a) del artículo 39 TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece que cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito la falta de pago no se considera como infracción del empleador, se vulneran nuestros derechos y garantías reconocidos en todo procedimiento administrativo, puesto que de manera arbitraria y contraria a derecho se nos sanciona con el pago de una cuantiosa suma dineraria.

i. Por tanto, estando a la revisión de la documentación antes expuesta, se tiene que la inspeccionada logró subsanar la infracción por no cancelar la remuneración, a favor de los siguientes trabajadores: Aguilar Camacho Roxana Justa, Aguirre Mamani Germán Basilis, Alarcón Palma De Castro Bibiana Pía, Alarcón Péndola Rafael, Alejo Fernández Alberto Andrés, Álvarez Leonardo Víctor Hugo, Apaza Alarcón Jhosileyni Lisbeth, Aris Parra De Zulueta María Leonor; Arrióla Espino Juan Carlos; Asenjo Granados Betty Juana; Ávila Cuchama Carolina Ellzabeth, Ayala Camacho Ornar.

ii. Sin embargo, respecto de la misma infracción, la inspeccionada no logró acreditar su cumplimiento respecto de los trabajadores: Aguirre Villalba Luis Augusto, Aparcana Ataurima Isabel Mercedes, Arias Ramos Giovanna Judith, Aybar Acuña Cira Merced, Aybar Acuña Julia Rosa, Azabache Gonzáles Manuela Felicita, siendo que las consecuencias de estas acciones serán evaluadas posteriormente.

iii. Además, respecto de la trabajadora Allpacca Paucar Liced, se debe señalar que sobre la misma no se determinó infracción al haberse acreditado el cumplimiento de dicha obligación en el pronunciamiento de la Autoridad de primera instancia. Por otro lado, respecto a la trabajadora Aguirre Espinoza Silvia Marlene, se debe indicar que dicha trabajadora no es parte del presente procedimiento sancionador.

iv. Respecto al pago de las gratificaciones legales, a favor de los trabajadores descritos en el Anexo 6 de la resolución apelada, la inspeccionada no ha presentado documentación alguna que acredite su cumplimiento, por lo que debe confirmarse lo resuelto por la primera instancia en dicho extremo.

v. Del mismo modo, en cuanto al pago de la bonificación extraordinaria, a favor de los trabajadores descritos en el Anexo 7 de la resolución apelada, no se ha presentado documentación alguna que acredite dicho cumplimiento, por lo que deberá confirmarse el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia en dicho extremo.

3 Notificada a la impugnante el 09 de mayo de 2022, véase folio 1854 del expediente sancionador.

vi. Por otro lado, respecto a la infracción por el incumplimiento de la medida de requerimiento, al haber subsanado el incumplimiento respecto del pago de la remuneración del trabajador Apaza Alarcón Jhosileyni Lisbeth, y siendo que dicho incumplimiento es el único advertido, para dicho trabajador, en la resolución de primera instancia, se deberá excluir de los trabajadores afectados por el incumplimiento de la medida de requerimiento, manteniéndose dicha infracción respecto de los demás trabajadores infraccionados, considerando que no se acreditó el cumplimiento total de todas sus obligaciones.

vii. En el presente caso, se advierte que el incumplimiento antes referido se subsanó antes de que se le notifique el Acta de Infracción (03 de julio de 2019). Por consiguiente, y en virtud al Principio de Retroactividad Benigna, corresponde aplicar a esta infracción la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, prevista en el literal f) del inciso 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, respecto de los trabajadores descritos en el numeral 3.16 de la presente resolución; por lo que se debe revocar este extremo de lo resuelto, lo cual no incide en la multa impuesta por la resolución apelada en tanto se encuentra dentro del rango de 200 a 300 trabajadores de la tabla No MYPE contemplada en el artículo 48 numeral 48.1 del RLGIT, modificada por el Decreto Supremo N° 012-2013-TR.

viii. Del mismo modo, al haber subsanado el incumplimiento respecto del pago de la remuneración de la trabajadora Apaza Alarcón Jhosileyni Lisbeth, y siendo que dicho incumplimiento es el único advertido, para dicha trabajadora, en la resolución de primera instancia, al haberse subsanado antes de que se le notifique el Acta de Infracción (03 de julio de 2019), también en virtud al Principio de Retroactividad Benigna, corresponde aplicar a la Infracción a la Labor inspectiva la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, prevista en el literal f) del inciso 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, respecto de la trabajadora Apaza Alarcón Jhosileyni Lisbeth. Por lo tanto, se debe revocar este extremo de lo resuelto, lo cual no incide en la multa impuesta por la resolución apelada en tanto se encuentra dentro del rango de 200 a 300 trabajadores de la tabla No MYPE contemplada en el artículo 48 numeral 48.1 del RLGIT, modificada por el Decreto Supremo N° 012-2013-TR.

ix. Finalmente, corresponde confirmar las infracciones por el incumplimiento del pago de las remuneraciones a favor de los demás trabajadores descritos en el Anexo 5 de la resolución apelada; confirmar la infracción por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de mayo de 2019, por los demás trabajadores descritos en el Anexo 8 de la resolución apelada; confirmar la infracción por incumplimiento del pago de las gratificaciones legales a favor de los trabajadores descritos en el Anexo 6 de la resolución apelada y la infracción las gratificaciones legales a favor de los trabajadores descritos en el Anexo 6 de la resolución apelada, y por el incumplimiento al pago de la bonificación

extraordinaria, a favor de los trabajadores descritos en el Anexo 7 de la resolución apelada, considerando que no se ha presentado documentación alguna que lo acredite.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CSALUD S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 737-2022-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Como se puede entender, la autoridad no solo debe motivar la probanza de la falta, sino también de qué manera ha ponderado la conducta y los demás criterios atinentes para imputar la sanción a imponer, e incluso, motivar la sanción elegida, dentro de las varias posibles. No basta la mera motivación de los hechos sancionables, sino que debe estar complementada con la justificación de la medida a aplicar y su cuantía.

ii. Durante las comparecencias celebradas informaron a los inspectores a cargo, que su empresa estaba atravesando problemas financieros, esta información es de conocimiento público y se puede verificar en la página web de La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), asimismo su empresa, mediante escritos de descargos expuso los motivos por los cuales se vio imposibilitada de realizar el pago de los beneficios laborales de los trabajadores, atravesando por una grave crisis económica, la cual efectivamente fue comprobada de acuerdo a lo resuelto en el considerando 6.25 y siguientes, de la Resolución N° 067-2021-SUNAFIL/TFL-

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Primera Sala (ANEXO 1-D), quedando demostrado el estado financiero de nuestra empresa, lo cual motivó diversas actuaciones inspectivas por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

iii. Ahora bien, cabe mencionar que de acuerdo al considerando 6.27 en lo resuelto por la Primera Sala en la Resolución 067-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, y en aplicación del principio de Razonabilidad se considera que no era razonable emitir una medida inspectiva de requerimiento de pago si el inspector ya tenía conocimiento de los incumplimientos generados por la impugnante ante la falta de pago de las obligaciones laborales frente a sus trabajadores a causa de un contexto económico debidamente acreditado.

iv. Asimismo, el Tribunal de Fiscalización Laboral mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL /TFL estableció precedentes vinculantes sobre los principios de razonabilidad y culpabilidad en la imposición de medidas de requerimiento de pago ante la imposibilidad acreditada de cumplir obligaciones económicas a empresas del sector privado.

v. Es preciso acotar que la resolución de Sala Plena es de conocimiento público, y que constituyen precedentes de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo.

vi. Por lo antes expuesto, se evidencia una vulneración al principio de razonabilidad. Puesto que la medida de requerimiento impuesta estando acreditada la crisis económica que su empresa atravesaba desde el 2016 resulta irracional y desproporcionada en la medida que el sujeto inspeccionado se veía imposibilitado de cumplir con todas sus obligaciones laborales. Es por ello, que debe tenerse en consideración lo resuelto en la Resolución N° 067-2021-SUNAFiL/TFL-Primera Sala, y desestimar la multa propuesta por incumplimiento de la medida de requerimiento en estricta aplicación del principio de razonabilidad.

vii. Por tal motivo, habiendo quedado demostrada la buena fe procedimental de su empresa por el deber de colaboración de las partes en el procedimiento, al haber acreditado la grave crisis económica en la cual estaba envuelta, y siendo desproporcional e irracional la multa propuesta, no corresponde acoger la multa propuesta en tal extremo.

viii. En atención a lo antes expuesto, (la Resolución de Intendencia N° 737-2022- SUNAFIL/ILM, cuenta con un vicio de nulidad, contenido en el Artículo 10 inciso 1) de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración a los principios del procedimiento administrativo sancionador

10 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 11 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). – “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). – “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). – “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). –

“Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado, tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). 12 Bustamante Alarcón, R. (1997). El derecho fundamental a probar y su contenido esencial. IUS ET VERITAS, 8(14), 171- 185. Recuperado a partir de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15713/16149

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento 6.15 Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

13 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 14 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…)

15 Cartas evidenciadas y verificadas en la Resolución N° 195-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala recaída en el expediente sancionador 2834-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. 16 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 10. Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones laborales No pagar la remuneración a favor de sus trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE Relaciones laborales No pagar las gratificaciones legales a favor de sus trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE Relaciones laborales No pagar la bonificación extraordinaria a favor de sus trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CSALUD S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 737-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 06 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 611-2017-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 930-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 19 de noviembre de 2019, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 737-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CSALUD S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240228MLA