Consulting Advisers Sociedad Anónima Cerrada - Consulting Advisers… — Res. 205-2024

Mediante Orden de Inspección N° 13331-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3536-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por la inasistencia a una diligencia de comparecencia programada para el día 03 de octubre de 2019.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 102-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 20 de enero de 2020, notificada el 01 de septiembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 824-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 15 de octubre de 2020 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 625-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 30 de noviembre de 2020, notificada el 02 de diciembre de 20202, multó a la impugnante por la suma de S/ 66,150.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 09 de diciembre de 2020, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 625-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE5. Así, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 167-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 25 de febrero de 2021, notificada el 01 de marzo de 2021, se declaró improcedente el recurso de reconsideración.

Con fecha 15 de marzo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 167-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 711-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 03 de mayo de 20223, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 23 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 711- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-002959-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 02 de noviembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CONSULTING ADVISERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSULTING ADVISERS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 711-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 66,150.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 06 de mayo de 2022, el día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CONSULTING ADVISERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSULTING ADVISERS S.A.C.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”10. De allí que, el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad11.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1112 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, con fecha 27 de setiembre de 2019, se procedió a notificar con un requerimiento de comparecencia programada para la fecha 03 de octubre de 2019 a horas 10:00 a.m., solicitándose a la impugnante en dicha diligencia, la exhibición y/o presentación de los siguientes documentos: “Declaración Jurada presentada a la SUNAT de sus Estados Financieros completos de los ejercicios correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 con sus anexos respectivos e Informe de Auditoría de los ejercicios contables de 2017 y 2018 con sus recomendaciones y conclusiones pertinentes, entre otros”, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad sociolaboral. Además, es importante recalcar que el requerimiento de comparecencia señala expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la LGIT, conforme se aprecia a continuación:

En el día y hora indicados, se procedió a llamar en reiteradas ocasiones al representante legal o apoderado del sujeto inspeccionado, sin embargo, pese a estar debidamente notificada, la impugnante no se presentó, siendo que a las 10:30 horas se dio por culminada la diligencia, habiendo con su inasistencia incurrido en infracción a la labor inspectiva.

Al respecto, la impugnante refiere que su apoderado Sr. Jaime Daniel Moro Rettis se apersonó a las oficinas de la SUNAFIL a las 10:08 a.m. para llevar a cabo la diligencia, y que al realizar el registro respectivo el encargado de seguridad le señalo que el inspector responsable no podía atenderlo toda vez de que tenía programada una gestión.

Conforme se desprende del numeral 4.3.6 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a la diligencia de comparecencia debidamente notificada para el día 03 de octubre de 2019 a las 10.00 horas, pese a encontrarse debidamente notificado y de realizarse correctamente el llamado respectivo. Incurriendo en acto de obstrucción a la labor inspectiva por dicha inasistencia.

Ahora bien, respecto al argumento de la impugnante cabe indicar que no ha acreditado con documento pertinente la ocurrencia del hecho alegado, en este caso, que el personal de seguridad le haya manifestado que el inspector no podía atenderlo puesto que tenía programada una gestión, limitándose solamente a sostener dicha afirmación sin acreditarlo.

Asimismo, corresponde señalar que un hecho importante que desvirtúa el referido argumento es que efectuó su registro en el módulo de Comparecencia de Sunafil a las 10:50 horas, conforme se verifica del folio 831 del expediente inspectivo, corroborándose su inasistencia a la comparecencia programada para el 03 de octubre de 2019 a las 10:00 horas.

En ese sentido, para el día y hora fijados, la impugnante no se hizo presente a la diligencia programada, pese a que se le esperó por 30 minutos, superando así el tiempo de tolerancia previsto para este tipo de diligencia (10 minutos), conforme al sub numeral 7.6.1. del numeral 7.6 de la Directiva General N° 001-2016-SUNAFIL/INII, vigente a la fecha de configuración de la infracción, incurriendo en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Asimismo, debemos mencionar que las infracciones a la labor inspectiva tienen una naturaleza insubsanable. Así también, es menester indicar que, al no asistir a la diligencia de comparecencia notificada por el inspector actuante, la impugnante perjudicó la labor de verificación de cumplimiento de normas sociolaborales, afectando el deber de colaboración ante las actuaciones inspectivas del Estado. Por lo que, no cabe acoger este extremo del recurso.

Por consiguiente, corresponde a la impugnante asumir la sanción económica impuesta, y declararse infundado el presente recurso de revisión.

Por otro lado, con relación a que queda acreditado que se aportó toda la documentación en el día, y que su conducta dentro del procedimiento administrativo

Sobre ello, corresponde señalar que la conducta infractora imputada a la impugnante se encuentra tipificada en el numeral 46.10 del RLGIT, es decir, por su inasistencia al requerimiento de comparecencia de fecha 03 de octubre de 2019 a horas 10:00 a.m. Por tanto, conforme se ha evidenciado, se ha acreditado que la impugnante no concurrió a la diligencia programada oportunamente. En ese sentido, no corresponde amparar este extremo del recurso.

De esta manera, se observa la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta por el incumplimiento en asistir a la diligencia de comparecencia, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 13331- 2019-SUNAFIL/ILM, así como, se evidencia que la Resolución de Intendencia responde todos los argumentos que fundamentan el recurso de apelación de la impugnante, no observándose ningún vicio que pudiese acarrear la nulidad de la resolución de intendencia; por lo tanto, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT y desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo, a razón de que, se encontraba la inspeccionada en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva.

En consecuencia, corroborada la inasistencia a la diligencia de comparecencia antes señalada y atendiendo a que las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables13, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta, se verifica la configuración de la infracción imputada.

Así también, con relación a su solicitud de reducción de la multa, cabe indicar que si bien la Resolución N° 134-2019-SUNAFIL establece en su "Tema N° 2": la aplicación del beneficio de reducción del 90% establecido en el numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT, en caso de no advertirse infracciones y/o se hubieran subsanados las mismas. Sin embargo, como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de la referida diligencia, no habiendo acreditado que exista justificación valida que lo exima de responsabilidad; por el contrario, argumenta que, al haber presentado la documentación por Mesa de partes en la fecha de la comparecencia programada, aunado a su participación a las otras diligencias pactadas, debe corresponderle la reducción de la multa.

Sobre el particular, corresponde señalar que, de la revisión de los presupuestos de aplicación del numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT, se ha verificado que la parte impugnante no cumple con ellos, debido a que el sentido que otorga el legislador va dirigido en relación a los casos en que se hayan advertido, además de las infracciones a la labor inspectiva previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, otras infracciones antes de la expedición del Acta de Infracción, que en el presente caso no ha ocurrido, pues al no presentarse la impugnante a la citada comparecencia con la información requerida, el inspector no pudo verificar si efectivamente se infringieron otras normas sociolaborales. Es así que, la norma es clara en señalar que se tendrá una reducción del 90% siempre que el sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las infracciones advertidas antes de la expedición del Acta de Infracción. En consecuencia, no resulta coherente que la parte impugnante alegue que, por el hecho de haber aparentemente presentado por Mesa de partes la información y acudido a las diligencias previas, esta Administración deba aplicarle este beneficio de reducción.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 625-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE5, Resolución de Sub Intendencia N° 167-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, así como la Resolución de Intendencia N° 711-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del procedimiento inspectivo, no verificándose la vulneración de los numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y el inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil, invocados por la impugnante.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna al deber de motivación. En tal sentido, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.