Criecoin S.R.L

Mediante Orden de Inspección N° 36964-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 4607-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 791-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 22 de noviembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción, y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 99-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 19 de enero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 937-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 12 de agosto de 2022, multó a la impugnante, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 07 de septiembre de 2022, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 937-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2.

Mediante Resolución de Intendencia N° 598-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 24 de mayo de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con escrito de fecha 16 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 598-2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión, y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003932-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 18 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo4 y modificatorias (en adelante,

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo Reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Criecoin S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 598-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta, por la comisión, entre otra, de cuatro (03) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT; dentro del plazo legal

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Criecoin S.R.L.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración al deber de motivación, derecho a la prueba y debido procedimiento8, así como al derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee, en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General- en adelante LPAG- precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa9, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Debe señalarse que, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento

Del examen efectuado, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación, ni al debido procedimiento; por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados, sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto del reproche administrativo calificado como infracciones muy graves, que constituye la falta imputada al administrado.

Debe precisarse que la valoración distinta de los hechos constatados, y del análisis del RLGIT, que pueda realizar esta Sala, no desvirtúa la legalidad ni la validez de las decisiones de las instancias anteriores, conforme lo dispone el segundo párrafo del numeral 6.3 del artículo 613 del TUO de la LPAG, pues, la apreciación distinta de este Tribunal sobre los hechos o aplicación del derecho del caso en revisión, no implica que se haya producido la afectación al debido procedimiento de la impugnante; en consecuencia, se debe desestimar la solicitud de nulidad invocada por la recurrente, pues no se verifica alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “(…) interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

Así, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 18 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes

Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, las siguientes conductas: incumplimiento relativo a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo; c) incumplimiento relativo a implementación de la Identificación de Peligros y Riesgos y d) Incumplimiento al sistema de Gestión: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.” (énfasis añadido).

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos11: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, la jurisprudencia peruana también se ha pronunciando, por ejemplo, a través de la Casación Laboral Nº 4258-2016-Lima, se ha establecido:

En este orden de ideas, corresponde entonces analizar si se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por la trabajadora accidentada, y, si es consecuencia a su vez, de los incumplimientos por parte de la impugnante de la normativa en materia de SST de forma específica.

En el presente caso, se advierte, del contenido del Acta de Infracción, y las actuaciones inspectivas correspondientes, que el accidente de trabajo que trajo como consecuencia Fractura de la epífisis inferior del radio del antebrazo derecho, fractura oculta de la rodilla derecha, contusiones y cortes en el brazo izquierdo y rostros a la altura del ojo izquierdo, conforme ha sido descrito en el apartado 4.15. del contenido del Acta, se produjo el día 05 de diciembre de 2020 a las 07:30 horas de la mañana aproximadamente, mientras la Sra. Alejandra Remuzgo, quien ostentaba el cargo de avicultora, se encontraba realizando sus labores, siendo que al intentar bajar las cortinas del galpón, advierte que las sogas con las que se bajaban se atascaron, por lo que agarró una escalera que se encontraba allí para desenredarlas; siendo que, al encontrarse ubicada en la parte superior de la escalera, ésta se resbala y ella cae al piso, conforme se desprende del Acta de Infracción, en el precitado numeral, de los hechos constatados.

Al respecto, los artículos 27°, 27-A° y 29° del RLSST14, establecen el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar,

En ese sentido, la LSST reconoce como un principio a la información y capacitación, entendida como la obligación que tiene el empleador de brindar a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales “una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia”15.

Asimismo, cabe señalar, sobre el incumplimiento de no brindar formación e información anticipada, suficiente, adecuada y efectiva, con relación a los peligros y riesgos del puesto de trabajo. Sobre el particular, el literal f) del artículo 50° de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52° del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. (Énfasis añadido).

De lo descrito precedentemente, se aprecia que el sustento de la imputación para el reproche administrativo referido al incumplimiento en formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo establecida por el inspector en el Acta de Infracción, ha sido lo siguiente:

De acuerdo con la normativa aplicable y los precedentes vinculantes, para sustentar la imputación por incumplimiento en formación e información en seguridad y salud en el trabajo es indispensable establecer un nexo causal claro entre esta omisión y la ocurrencia del accidente laboral. En el presente caso, la falta de formación e información- capacitación- adecuada a la trabajadora respecto al desarrollo de sus actividades, consistente en medidas de prevención y protección aplicables a los riesgos a los que se encontraba expuesta, produjeron el accidente laboral, evidenciándose la ausencia de registros de capacitaciones previas al accidente, siendo que la administrada refiere que si se realizaron pero no llega a probarlo, por lo que no solo configuran un incumplimiento formal de las obligaciones del empleador conforme a la LSST y su reglamento, sino que constituye un factor determinante que contribuyó directa, y significativamente, a la materialización del accidente.

Esta relación causal se refleja en la insuficiencia de conocimientos y habilidades para identificar y manejar adecuadamente los riesgos asociados a su labor, respecto a cuáles son las medidas a adoptar ante incidentes en su actividad de avicultor, siendo posible que se susciten sucesos en los cuales ciertos impedimentos dificulten sus labores (enredo de rieles/ sogas para el correcto funcionamiento de las cortinas del galón en donde desarrollaba sus labores), aumentando la probabilidad de que se produzcan incidentes como el ocurrido. En consecuencia, la responsabilidad administrativa es procedente conforme al numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT, cuya configuración exige la demostración de dicho nexo causal entre la falta de formación y el accidente de trabajo.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el artículo 36 de la LSST, dispone que: “(…) sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (…)” (énfasis añadido).

Por otro lado, el literal g) del artículo 26 del RLSST, prescribe que: “el empleador está obligado a: (...) g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo (…)”. Asimismo, el literal c) del artículo 32 del citado cuerpo normativo señala que: “la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: (…) c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. (…) La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas”.

Al respecto, a la luz de las actuaciones inspectivas, verificamos lo siguiente, de los hechos comprobados en el acta de infracción referido a dicha materia, lo siguiente:

En el caso en particular, se verifica que conforme lo señalado por la instancia de mérito, referido a la importancia del análisis documentario para la determinación de la relación de causalidad entre la conducta imputada y la ocurrencia del accidente. Esto es, que los incumplimientos advertidos en los documentos pueden ser causales, en función de su

Al respecto, y establecido esto, del análisis de causalidad correspondiente, se aprecia del contenido del Acta de Infracción, que el Inspector establece la preexistencia del documento denominado Matriz de IPER (Código: SST-M-01, Versión:01), así como, constata, que dentro de dicho documento se contiene la Identificación del peligro para las actividades desarrolladas por la trabajadora como Avicultor, de “Caída a Distinto Nivel”, determinando los riesgos asociados: “trastornos musculo esqueléticos”, indicándose que, no obstante las medidas de control: capacitación en uso de escaleras y desniveles, han sido señaladas, no se llega a evidenciar que éstas se hayan ejecutado adecuadamente (las capacitaciones) o que en todo caso sean suficientes, sin establecerse adecuadamente cuál sería el nexo causal asociado al IPER presentado por la recurrente en las actuaciones inspectivas, siendo que el inspector indica que las capacitaciones no fueron realizadas, al haberse detectado su incumplimiento, y que serían insuficientes, sin dar mayores alcances sobre dicha conclusión arribada.

De esta manera, se verifica que no se ha efectuado un análisis de causalidad adecuado, pues, se han mezclado las materias dentro de dicho análisis (De supervisión efectiva y formación (capacitación)), y se ha sostenido, además, la insuficiencia como parte de un argumento genérico realizado por el inspector, sin que se establezca una correcta subsunción de la conducta imputada en el tipo legal atribuido, que exige establecer el juicio de causalidad de forma motivada, y adecuada.

Al respecto, se advierte que ni el órgano sancionador de primera instancia, a través de su Resolución de Sub Intendencia N° 937-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, ni la Intendencia, a través de la Resolución de Intendencia N° 598-2023-SUNAFIL/ILM, se han detenido a analizar dichos aspectos del contenido del Acta de Infracción, limitándose a reproducir y desarrollar dichos alcances establecidos por el inspector, conforme se advierte, por ejemplo, del contenido de los considerandos 21 y 22 de la Resolución de Sub Intendencia, en el cual dicha instancia si bien reconoce que las capacitaciones en el uso de desniveles forman parte del IPER, no se llegaron a ejecutar/implementar a la fecha del accidente. De ello se concluye que no se evidencia que el inspector comisionado y la autoridad sancionadora hayan determinado plenamente o adecuadamente el nexo causal entre las conductas atribuidas a la impugnante y el accidente de trabajo ocurrido; en consecuencia, no se verifican elementos fehacientes que permitan determinar que el accidente del trabajador se dio como consecuencia de dichos incumplimientos, al advertirse una incongruencia en la motivación de la conducta tipificada.

Por ello, conforme lo precisó esta sala a través del considerando 6.11 de la Resolución Nº066- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 05 de julio de 2021, al realizar una lectura conjunta del artículo 53 de la LSST y del artículo 94 de su Reglamento, se determina que: “...la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

En ese sentido, al no haberse fundamentado debidamente en el Acta de Infracción la relación causal entre el incumplimiento en materia de SST por incumplimiento del IPER, y dado que las referencias al entorno y elementos materiales no se encuentran suficientemente acreditadas ni vinculadas con el daño sufrido, corresponde dejar sin efecto la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT, en tanto no se ha demostrado su incidencia directa en el accidente conforme a los estándares y precedentes aplicables en materia de responsabilidad administrativa laboral. Complementariamente, se debe precisar, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso.

Al respecto, debemos señalar que, el artículo 56 de la LSST, dispone que: “El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores” (énfasis añadido).

Por otro lado, de acuerdo a los artículos 21 y 50 de la LSST, todo empleador debe aplicar medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre los que se encuentra la selección de procedimientos y métodos de trabajo orientados a garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores, por ello, debe revisar periódicamente sus procedimientos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a fin de elaborar un PETS con la finalidad de obtener un adecuado control de los riesgos asociados a la labor de sus trabajadores.

Asimismo, y antes de profundizar en el análisis, es relevante advertir la conducta detectada como infracción; así, el inspector comisionado en el numeral 4.11 del Acta de Infracción, sobre la materia, señala:

Que, como se señala en el contenido del Acta de infracción, apartado de la materia PETS, el inspector ha determinado que en tanto la presentación del PETS tiene como fecha de aprobación una posterior a la ocurrencia del accidente, no se acredita haber contado con el PETS al momento del accidente, concluyendo como nexo causal que: “el no adoptar procedimientos de trabajo seguro no permitió obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados, lo que terminó vulnerando el derecho de la trabajadora al momento de su accidente”. De esta manera, se verifica que, se pretende justificar la presentación posterior del PETS al momento de la ocurrencia de los hechos; no obstante, no haber efectuado un análisis de causalidad adecuado, pues, se indica que los procedimientos de trabajo seguro eran para una mayor “eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados”, sin determinarse las razones por las cuales dicho documento, de haber existido, habría impedido la materialización del accidente o de las consecuencias derivadas éste, por lo que se identifica que no existe una correcta subsunción de la conducta imputada en el tipo legal atribuido, que exige establecer el juicio de causalidad de forma motivada, y adecuada.

Al respecto, se advierte que ni el órgano sancionador de primera instancia, a través de su Resolución de Sub Intendencia N° 937-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, ni la Intendencia, a través de la Resolución de Intendencia N° 598-2023-SUNAFIL/ILM, se han detenido a analizar dichos aspectos del contenido del Acta de Infracción, limitándose a reproducir el argumento del inspector respecto a que la fecha de aprobación del PETS presentado por la administrada es de fecha posterior al accidente, y que en consecuencia el documento presentado no sería válido, conforme se advierte, por ejemplo, del contenido de los considerandos 29 y 30 de la Resolución de Sub Intendencia. De ello se concluye que no se evidencia que el inspector comisionado y la autoridad sancionadora hayan determinado plenamente el nexo causal entre las conductas atribuidas a la impugnante y el accidente de trabajo ocurrido, en consecuencia, no se verifican elementos fehacientes que permitan determinar que el accidente del trabajador se dio como consecuencia de dichos incumplimientos, al advertirse una incongruencia en la motivación de la conducta tipificada.

Por ello, conforme lo precisó esta sala a través del considerando 6.11 de la Resolución Nº066- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 05 de julio de 2021, al realizar una lectura conjunta del artículo 53 de la LSST y del artículo 94 de su reglamento, “...la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

En ese sentido, al no haberse fundamentado debidamente en el Acta de Infracción la relación causal entre el documento Procedimiento Establecido de Trabajo Seguro y la ocurrencia del accidente, permitiendo así determinar un adecuado nexo causal, siendo que las instancias de mérito tampoco han desarrollado dicho análisis, limitándose a ampliar los fundamentos de la presentación extemporánea del PETS. En ese sentido, esta Sala considera que corresponde dejar sin efecto la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT sobre este extremo, en tanto no se ha demostrado su incidencia directa en el accidente conforme a los estándares y precedentes aplicables en materia de responsabilidad administrativa laboral. Complementariamente, se debe precisar, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso.

La impugnante ha señalado que en el presente caso no se expuso mínimamente en el acta de infracción cuál fue el razonamiento para determinar las causas que fueron generadoras del accidente, pues se da por cierto que la ex trabajadora requería el uso de las escaleras para desempeñar las funciones, siendo que se encuentra acreditado que el puesto de avicultor 1 (recogedora de huevos), el cual desarrollaba la extrabajadora, no requería el uso de escaleras para el desempeño de sus funciones, por lo que los supuestos imputados no resultan ser causa del accidente; al respecto, y conforme se advierte de los actuados, en el Acta de Infracción de fecha 26 de enero de 2021, se han establecido las causas básicas e inmediatas que ocasionaron el accidente de trabajo de la ex trabajadora afectada, indicándose incluso la existencia de factores personales de ésta al momento de la ocurrencia del accidente, por lo que es falso que dicho análisis no exista. En cuanto a las alegaciones respecto a la necesidad del uso de escaleras, esto fue parte del análisis de las actuaciones inspectivas, y como han determinado las instancias previas, la preexistencia de las escaleras en la zona de trabajo de la colaboradora afectada, así como el reconocimiento de dicha escalera en el propio registro de accidentes de trabajo presentado por ésta, acreditan el uso de la misma, por lo menos al momento de ocurrido

Por otra parte, respecto al alegato de la impugnante sobre la presunta vulneración del debido procedimiento, corresponde precisar que dichos argumentos fueron debidamente analizados y valorados en segunda instancia, cumpliéndose plenamente con el principio de motivación exigido. Asimismo, no se advierte vulneración al derecho de defensa ni al principio de presunción de licitud, dado que la impugnante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a impugnar mediante la interposición del recurso de revisión, garantizando así el respeto a las garantías procesales correspondientes. En ese sentido, corresponde no acoger el extremo alegado por la impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.