Consultorias

Mediante Orden de Inspección N° 2992-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral 1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1213-2021-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción). “En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 705-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 17 de mayo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 836-2022/SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF, de fecha 26 de agosto de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 057-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 16 de enero de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 09 de febrero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 057-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante la Resolución de Intendencia N° 352-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 31 de octubre de 2023, la Intendencia Regional de La Libertad declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 22 de noviembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 352- 2023-SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante el Memorándum N° 1475-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 28 de noviembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo-, así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Consultorias, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.C. - CONSTRUDET S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 352-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Consultorias, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A.C. - CONSTRUDET S.A.C.

Al respecto, es de precisar que el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que la interposición de un recurso de revisión se faculta por ley o decreto legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad. En esa línea, el artículo 49 de la LGIT, normativa especial aplicable, regula de forma expresa dicho recurso en los siguientes términos:

En concordancia, el artículo 55 del RLGIT reitera que el recurso de revisión es de naturaleza excepcional, interponiéndose ante la autoridad de segunda instancia, mientras que sus condiciones de procedencia y admisibilidad son desarrolladas en el Reglamento del Tribunal.

Ahora bien, respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por objeto:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Aunado a ello, corresponde traer a colación lo establecido en la Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de agosto de 2022, a través del cual este Tribunal estableció como precedente de observancia obligatoria, los siguientes fundamentos:

En ese marco, esta Sala procederá a examinar únicamente aquellos argumentos del recurso que estén vinculados a la presunta comisión de infracciones calificadas como muy graves conforme al RLGIT, y cuya impugnación se sustente en alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es, la inaplicación, aplicación o interpretación errónea de normas laborales, o el apartamiento inmotivado de precedentes de observancia obligatoria. Por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento sobre las alegaciones orientadas a cuestionar infracciones leves o graves u otras materias que exceden el ámbito material de competencia de este Tribunal.

En atención a ello, el análisis se limitará a verificar si los argumentos formulados por la parte impugnante se circunscriben a los presupuestos establecidos por la normativa vigente y el precedente antes citado. En caso contrario, los fundamentos que no reúnan dichas condiciones – como el alegato iii) destinado a cuestionar las infracciones graves en materia de relaciones laborales imputadas en el caso concreto – no serán objeto de evaluación, al no encontrarse dentro de los alcances del recurso de revisión, ni de la competencia de esta instancia revisora.

En principio, corresponde precisar que, atendiendo a las circunstancias fácticas verificadas en la actuación inspectiva, resulta necesario determinar si la vinculación entre la denunciante y el sujeto inspeccionado respondió a un contrato civil de locación de servicios o encubrió un vínculo laboral. Para tal efecto, corresponde examinar los elementos que caracterizan a cada figura y contrastarlos con los hechos constatados. En ese sentido, el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en adelante, el TUO de la LPCL) establece que “en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”.

Así, de la definición expuesta, se aprecia que los elementos constitutivos de toda relación laboral son:

Por su parte, el contrato de locación de servicios, regulado en el artículo 1764 del Código Civil, se define como aquel acuerdo por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución.

En ese contexto, la subordinación constituye el elemento central que permite distinguir una relación laboral de un contrato civil de locación. En el ámbito civil, el locador conserva autonomía funcional, técnica y organizativa, sin sujeción al poder de dirección del comitente. Por el contrario, en una relación laboral el trabajador ejecuta su labor bajo directivas, supervisión y control del empleador, quien ejerce el poder de dirección y, de corresponder, el poder disciplinario.

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante el fundamento 7 de la Sentencia N° 01846-2005-PA/TC, señaló que: “(…) se aprecia que el elemento determinante, característico y diferenciador del contrato de trabajo en relación con el contrato de locación de servicios es el de la subordinación del trabajador con respecto al empleador; lo cual le otorga a este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo por el que se les contrató (poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)”.

En consecuencia, la determinación de la naturaleza jurídica de una relación laboral exige la identificación de sus elementos constitutivos, valorando los hechos y medios probatorios conforme al principio de primacía de la realidad. Este principio impone a la autoridad administrativa, en el marco del procedimiento inspectivo y sancionador, privilegiar lo que sucede en los hechos por sobre lo que figura en los documentos formales.

En relación con ello, el Tribunal Constitucional, mediante el fundamento jurídico 3 de la sentencia recaída en el Expediente 1944-2002-AA/TC, declaró lo siguiente: “(…) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”.

Asimismo, el referido Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2012, recaída en el Expediente N° 03146-2012-PA/TC, señala lo siguiente:

Ahora bien, en el caso concreto, en el considerando 4.12 del Acta de Infracción, el Inspector comisionado dejó constancia que como resultado de las actuaciones inspectivas se detectaron los siguientes elementos de laboralidad:

En atención a lo verificado por la autoridad inspectiva, y de la revisión del expediente inspectivo y sancionador, se advierte que en el presente caso se configuraron los elementos propios de una relación laboral, conforme se detalla:

Adicionalmente, corresponde destacar que la actividad desplegada (ventas vinculadas al servicio principal) se encuentra estrechamente conectada con la actividad ordinaria y permanente del sujeto inspeccionado, constituyéndose en un rasgo evidente de laboralidad. En esa línea, resulta pertinente la aplicación del criterio fijado en la Resolución de Sala Plena N° 014-2024-SUNAFIL/TFL, en tanto permite corroborar que labores ordinarias y permanentes no debieron canalizarse mediante contratación civil, que señala expresamente que:

De esta manera, a partir de las constataciones realizadas por el Inspector comisionado, se advierte que la autoridad inspectiva identificó la concurrencia de los elementos esenciales que configuran una relación laboral, conforme al artículo 4 del TUO de la LPCL. La

En esa línea, la valoración de lo constatado debe efectuarse conforme al principio de primacía de la realidad, el cual establece que, ante discrepancia entre los hechos verificados durante la fiscalización y lo que se desprende de los documentos formales, corresponde privilegiar lo primero. Sobre este aspecto, la Resolución de Sala Plena N° 006- 2022-SUNAFIL/TFL ha precisado:

Así, en aplicación del citado precedente, corresponde otorgar prevalencia a las constataciones efectuadas durante la actuación inspectiva, en tanto evidencian que la prestación de servicios se ejecutó con rasgos de integración y control incompatibles con una locación civil autónoma, activándose la presunción del artículo 4 del TUO de la LPCL. Sin perjuicio de que la administrada no controvierte la existencia del vínculo laboral en este extremo, corresponde desarrollarlo y tenerlo por acreditado, en tanto constituye un presupuesto fáctico-jurídico transversal para el análisis del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales materia de imputación y, por ende, para la determinación de responsabilidad administrativa.

Sobre el particular, el artículo 24 de la Constitución Política del Perú establece que “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”.

Así, si bien la norma constitucional no define expresamente el concepto de remuneración mínima vital, reconoce el derecho fundamental del trabajador a percibir una

De conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

En esa línea, la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone en el numeral 3 de su artículo 23 que toda persona que trabaja tiene derecho a recibir “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”, destacando tanto las cualidades de la remuneración como su finalidad protectora.

A su vez, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a “una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores (…) condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto”.

De la interpretación sistemática de las normas citadas se advierte que la remuneración debe ser equitativa y suficiente, pues su cumplimiento no sólo responde a un parámetro económico, sino también a una finalidad de justicia social orientada a garantizar condiciones de vida dignas.

En consecuencia, el concepto de remuneración mínima vital (en adelante, RMV) representa el umbral legal por debajo del cual ningún trabajador que presta servicios subordinados puede ser retribuido, constituyendo una manifestación concreta del derecho a una remuneración suficiente previsto en el artículo 24 de la Constitución

En concordancia con lo señalado precedentemente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el Informe N° 64-2019-MTPE/2/14.1 de fecha 14 de mayo de 2019, se ha pronunciado señalando que:

Por tal motivo, el derecho a la remuneración se concreta en el deber del empleador de abonar un salario no inferior a la RMV vigente, pues esta constituye la expresión mínima del derecho a una remuneración suficiente y compatible con la dignidad del trabajador y su familia.

Bajo este marco normativo, el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT, tipifica como infracción muy grave en materia de relaciones laborales el hecho de “No pagar la remuneración mínima correspondiente”, sancionando el incumplimiento de dicho mandato legal.

En el caso concreto, conforme consta en el numeral 4.1 del Acta de Infracción y conforme se desarrolló en el apartado precedente, el Inspector comisionado dejó constancia de que la ex trabajadora denunciante mantuvo una relación laboral con la impugnante desde el 21 de junio hasta el 07 de setiembre de 2021. En consecuencia, acreditada la existencia de una relación laboral, durante dicho periodo correspondía que la impugnante abone la RMV vigente ascendente a S/. 930.00, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 004- 98-TR.

No obstante, del análisis efectuado por la autoridad inspectiva, y conforme se desprende expresamente del ítem 4.15 del Acta de Infracción, se concluyó que no se cumplió con el pago íntegro de la Remuneración Mínima Vital por los meses laborados, luego de la revisión de la documentación presentada por la propia administrada ante la notificación de la medida inspectiva de requerimiento.

En atención a lo señalado, y de conformidad con el marco normativo desarrollado en los considerandos precedentes, se advierte que la inspeccionada incumplió con abonar a la trabajadora afectada la remuneración mínima vital que legalmente le correspondía durante el periodo verificado, configurándose la conducta tipificada como infracción muy grave en materia de relaciones laborales, prevista en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT.

Ante ello, mediante su argumento i) la administrada sostiene que, de acuerdo con los medios probatorios presentados, sí cumplió con el pago íntegro de la Remuneración Mínima Vital correspondiente a los meses de junio y agosto de 2021, afirmando incluso que dicho cumplimiento habría sido reconocido en el Acta de Infracción.

Al respecto, corresponde precisar que el argumento formulado por la administrada no resulta atendible, toda vez que parte de una premisa fáctica incorrecta. En efecto, tal como se ha señalado, el Acta de Infracción no reconoce cumplimiento alguno, sino que concluye expresamente que no se efectuó el pago íntegro de la RMV por los meses laborados, conforme a lo consignado en su ítem 4.15.

A fin de evidenciar con mayor claridad el incumplimiento advertido por la autoridad inspectiva, esta Sala realizó la revisión de los actuados obrantes en el expediente inspectivo y sancionador a fin de contrastar los montos que debieron ser abonados por concepto de Remuneración Mínima Vital y las sumas efectivamente pagadas por la administrada durante la relación laboral, conforme al siguiente detalle:

De dicho contraste se desprende que, en el mes de junio de 2021, correspondiente a un periodo proporcional de diez (10) días, no se acreditó pago alguno pese a que correspondía abonar S/. 310.00; mientras que en el mes de agosto de 2021 se verificó un pago ascendente a S/. 248.00, monto claramente inferior a la RMV vigente de S/. 930.00. En consecuencia, no resulta correcto afirmar que se haya cumplido con el pago íntegro de la remuneración mínima vital en dichos meses.

Cabe precisar que el derecho a la remuneración mínima vital no se satisface con la realización de pagos parciales, sino con el abono íntegro del piso remunerativo fijado por el Estado para cada periodo laboral. En tal sentido, la sola existencia de pagos no resulta suficiente para tener por cumplido el mandato constitucional y legal, si dichos montos no alcanzan la RMV correspondiente.

Asimismo, si bien la administrada efectuó un pago posterior a la notificación de la medida inspectiva de requerimiento, dicho abono no logró cubrir la totalidad del monto adeudado, conforme se aprecia del cuadro precedente. En consecuencia, aun cuando la medida inspectiva tuvo por finalidad permitir la subsanación del incumplimiento detectado, en el caso concreto esta no se produjo de manera íntegra, manteniéndose un saldo pendiente por concepto de remuneración mínima vital.

En atención a lo expuesto, el argumento de la administrada resulta infundado, al pretender equiparar pagos parciales e insuficientes con el cumplimiento del deber legal de abonar la remuneración mínima vital. Por tanto, corresponde desestimar dicho argumento y confirmar la imputación por infracción muy grave en materia de relaciones laborales prevista en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT.

Sobre el particular, la administrada ha formulado los argumentos ii) y iv), mediante los cuales sostiene que habría cumplido con lo requerido por la autoridad inspectiva a través de la medida inspectiva de requerimiento, al haber efectuado —según afirma— el pago íntegro y oportuno de la Remuneración Mínima Vital correspondiente a los periodos observados. En tal sentido, considera que no se habría configurado incumplimiento alguno de dicha medida, resultando arbitraria la imputación formulada.

En principio, corresponde precisar que la administrada no ha cuestionado la validez ni la legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, sino que ha centrado su defensa en alegar su supuesto cumplimiento. En tal sentido, la absolución de los argumentos formulados se circunscribirá exclusivamente a dicho extremo, conforme a los términos en los que ha sido planteada la controversia.

Asimismo, debe señalarse que los cuestionamientos formulados por la administrada vinculados a una presunta negativa a cumplir con el requerimiento de información se encuentran asociados a infracciones de naturaleza grave, respecto de las cuales esta Sala no ostenta competencia material para su absolución. En tal sentido, en el presente apartado únicamente se atenderán los argumentos vinculados a la infracción muy grave imputada por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Precisado lo anterior, los argumentos ii) y iv) planteados por la administrada serán absueltos de manera conjunta, toda vez que ambos se sustentan en una misma premisa fáctica, consistente en afirmar que el pago de la Remuneración Mínima Vital habría sido efectuado de manera íntegra y oportuna, lo que —a su criterio— evidenciaría el cumplimiento de lo requerido por la autoridad inspectiva y descartaría la existencia de incumplimiento alguno.

Al respecto, corresponde señalar que, conforme se desprende de la medida inspectiva de requerimiento, uno de los mandatos expresos formulados por la autoridad inspectiva fue el pago íntegro de la Remuneración Mínima Vital correspondiente al periodo laboral verificado, así como su debida acreditación dentro del plazo otorgado. Dicho mandato debía ser cumplido de manera íntegra, oportuna y conforme a lo requerido, a fin de tener por satisfecha la obligación impuesta.

Sin embargo, tal como se ha desarrollado en los considerandos precedentes referidos a la infracción prevista en el numeral 25.1 del artículo 25 del RLGIT, el pago íntegro de la Remuneración Mínima Vital no se produjo, situación que fue expresamente constatada por la autoridad inspectiva en el ítem 4.15 del Acta de Infracción, luego de la revisión de la documentación presentada por la propia administrada ante la notificación de la medida inspectiva de requerimiento.

En ese contexto, corresponde remitirse al análisis desarrollado en el considerando 6.37 del presente pronunciamiento, en el cual se efectuó el contraste entre los montos que

De lo expuesto se desprende que los pagos efectuados por la administrada no alcanzaron a cubrir la totalidad del monto adeudado, por lo que el mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento no fue cumplido en los términos exigidos, no siendo suficiente la realización de pagos parciales para tener por satisfecha la obligación impuesta por la autoridad inspectiva.

Cabe precisar que la finalidad de la medida inspectiva de requerimiento es lograr la subsanación efectiva del incumplimiento detectado, lo cual exige que la conducta ordenada sea cumplida en su integridad. En el caso concreto, aun cuando la administrada haya efectuado un pago con posterioridad a la notificación de la medida, dicho abono no permitió subsanar íntegramente el incumplimiento advertido, por lo que el mandato inspectivo no fue satisfecho en los términos exigidos.

En consecuencia, los argumentos formulados por la administrada no resultan atendibles, al sustentarse en una apreciación parcial e insuficiente de los hechos verificados, correspondiendo desestimar dichos alegatos. Por tanto, al haberse constatado que la medida inspectiva de requerimiento fue válidamente emitida, que su contenido fue claro y exigible, así como que su incumplimiento ha quedado debidamente acreditado, corresponde confirmar la imputación realizada en dicho extremo.

Por otro lado, la administrada a través de su argumento v), sostiene que la supuesta vulneración del principio de tipicidad conllevaría, de manera conexa, la afectación del debido procedimiento y del deber de motivación. Al respecto, corresponde señalar que dicho planteamiento no resulta atendible, en tanto no incorpora elementos fácticos ni jurídicos nuevos, sino que se sustenta exclusivamente en los mismos cuestionamientos que han sido previamente analizados y desestimados en los considerandos precedentes.

En efecto, habiéndose determinado que la conducta imputada se encuentra debidamente subsumida en el tipo infractor correspondiente, tanto en lo relativo a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales como al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, no se configura vulneración alguna al principio de tipicidad. En consecuencia, al no advertirse defecto en la calificación jurídica ni en la determinación de los hechos imputados, tampoco se acredita afectación al debido procedimiento ni al deber de motivación, los cuales han sido observados de manera suficiente, expresa y

Finalmente, a través de su argumento vi), la impugnante sostiene que el Acta de Infracción no ha sido emitida en observancia de lo dispuesto en el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT, por lo que —a su criterio—, de la revisión del contenido de la resolución impugnada, no se ha logrado desvirtuar el principio de presunción de inocencia que la ampara. En consecuencia, solicita la nulidad del procedimiento administrativo sancionador.

En primer término, debe precisarse que la administrada no identifica de manera concreta ni específica qué requisito exigido por los artículos 46 de la LGIT o 54 del RLGIT habría sido omitido o incumplido en el Acta de Infracción, ni explica de qué modo tal supuesta deficiencia habría generado una situación de indefensión material. Por el contrario, su cuestionamiento se limita a una invocación genérica de dichas disposiciones normativas, sin desarrollar un análisis individualizado de los contenidos mínimos que —a su criterio— no habrían sido observados.

No obstante ello, de la revisión integral del Acta de Infracción se verifica que esta cumple con los requisitos formales y sustanciales previstos en la normativa invocada, en tanto consigna la identificación del sujeto inspeccionado, la autoridad competente, los medios de investigación empleados, la descripción de los hechos constatados, la calificación y tipificación de las infracciones imputadas, la propuesta de sanción con su respectiva graduación, así como la identificación del inspector actuante, la fecha de emisión y los datos correspondientes para su notificación. En consecuencia, no se advierte omisión alguna que afecte su validez.

Asimismo, corresponde precisar que el principio de presunción de inocencia no resulta incompatible con la presunción de veracidad de los hechos constatados por la autoridad inspectiva, siempre que estos hayan sido obtenidos en el marco de actuaciones regulares y debidamente motivadas. En el caso concreto, la presunción de inocencia de la administrada ha sido válidamente desvirtuada a través de las actuaciones inspectivas realizadas, la documentación evaluada y el análisis jurídico desarrollado a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, habiéndose garantizado en todo momento su derecho de defensa.

En esa línea, la sola discrepancia de la administrada con las conclusiones arribadas por la autoridad inspectiva no constituye, por sí misma, un vicio procedimental, ni configura causal de nulidad. Debe recordarse que la nulidad en sede administrativa es de carácter excepcional y exige la acreditación de un defecto grave, concreto y determinante que haya afectado sustancialmente el debido procedimiento, supuesto que no se verifica en el presente caso.

En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de vicios formales o sustanciales en la emisión del Acta de Infracción, ni la vulneración del principio de presunción de inocencia o del debido procedimiento, corresponde desestimar el argumento formulado por la administrada y declarar infundada la solicitud de nulidad del procedimiento administrativo sancionador, confirmándose la validez del Acta de Infracción y de las actuaciones inspectivas que le dieron origen.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.