Consorcio Mantenimiento Electromecanico — Res. 688-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla; y, Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones; Pagos de bonificaciones; y, Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional); Seguro social (Sub materia: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); y, Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). 2 Véase folio 84 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

mecánico automotriz), para que verifique el cumplimiento del pago de remuneraciones, gratificación, entre otros.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de las remuneraciones, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Refieren que mediante declaración jurada suscrita por el ex trabajador Biel Heyner Melgarejo Isminio, declara bajo juramento que la empresa se comunicó con él mismo, a fin de solucionar el conflicto de su denuncia, conciliar y formalizar los descuentos en las boletas de pago, toda vez que, sí hubo autorización verbal de descuentos al momento de solicitar los adelantos de remuneraciones; sin embargo, esperó la decisión de SUNAFIL, y de ser el caso, se exija el cumplimiento respectivo e imponga la sanción correspondiente, motivo por el cual no pudieron cumplir con el requerimiento en la diligencia de comparecencia de fecha 02 de octubre de 2018. ii. En ese sentido, señalan que tuvieron la voluntad de colaborar con la autoridad inspectiva, por lo que, en observancia al principio del debido procedimiento y presunción de licitud debe valorarse las pruebas presentadas; además, debe tenerse en cuenta que uno de los derechos fundamentales es el derecho a la presunción de inocencia, en tanto no se puede sancionar sin que se haya sido debidamente acreditada y no puede trasladarse la carga de la prueba a quien precisamente soporte la imputación. iii. Sobre el deber de colaboración, alegan que cumplieron con presentar la documentación solicitada en la medida inspectiva de requerimiento, dentro del plazo otorgado por los inspectores, como son las boletas de pago de remuneraciones de

enero 2017 a agosto 2018, acreditando con ello que en todo momento colaboró con la autoridad inspectiva.

i. Sobre la infracción en materia de relaciones laborales, se precisa que, señalar el cumplimiento de alguna de sus obligaciones requiere que sea demostrado, situación que no ha sido evidenciada con las pruebas correspondientes que demuestren de manera fehaciente el pago íntegro de las remuneraciones materia de análisis, a favor del ex trabajador afectado, ni durante las actuaciones inspectivas ni con la presentación del recurso de apelación. Si bien a fojas 34 y 35 del expediente sancionador obra la Declaración Jurada de fecha 23 de mayo de 2022, suscrito por el ex trabajador Biel Heyner Melgarejo Isminio; sin embargo, no constituye un documento idóneo para acreditar el cumplimiento del pago íntegro de la remuneración, por cuanto este tipo de pruebas contiene la manifestación de una persona donde se pretende asegurar la veracidad de una declaración jurada antes la autoridad administrativa, pero que tienen una presunción iuris tantum; es decir, puede demostrarse su carencia de certeza mediante otros medios probatorios. ii. Por otro lado, se advierte que el inspeccionado ha presentado los documentos denominados “Autorización de descuento” y “Recibo de caja” del ex trabajador involucrado en la presente investigación, pretendiendo justificar los descuentos a las remuneraciones materia de análisis; no obstante, si bien son documentos consensuados con el ex trabajador afectado; sin embargo, a todas luces, dicho acuerdo o autorización contraviene la Constitución y el Decreto Supremo N° 003-97- TR, al existir el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, el cual se encuentra consagrado en el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú. iii. En ese sentido, para acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones de pago, el empleador tiene la carga de la prueba conforme al último párrafo del artículo 19 del Decreto Supremo N° 001-98-TR, por lo que, al no haber cumplido con su carga de probar los hechos que afirma, no se ha vulnerado ningún principio alegado por el inspeccionado. iv. Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva, se advierte del noveno hecho verificado del Acta de Infracción, que el inspeccionado no cumplió, en el plazo otorgado, con acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, situación que es reconocida por el inspeccionado en su recurso de apelación; sin

3 Notificada a la impugnante el 16 de junio de 2022. Véase folio 79 del expediente sancionador.

perjuicio de ello, cabe precisar que, el simple hecho de acudir a una diligencia de comparecencia no exime de responsabilidad al inspeccionado ni da por cumplido lo requerido en la medida inspectiva, pues ésta contiene una acción concreta: acreditar el pago íntegro de las remuneraciones del ex trabajador afectado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio Mantenimiento Electromecanico

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 993-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha inaplicado el principio constitucional del debido proceso, y el derecho de defensa, al interpretar en forma incorrecta o errónea en su resolución materia de impugnación, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales del trabajador con lo actuado o prueba ofrecida mediante declaración jurada suscrita por el ex trabajador, que declara bajo juramento que la empresa se comunicó con él mismo, a fin de solucionar el conflicto de su denuncia, conciliar y formalizar los descuentos en las boletas de pago, toda vez que, si hubo autorización verbal de descuentos al momento de solicitar los adelantos de remuneraciones; sin embargo, se esperó la decisión de SUNAFIL, y de ser el caso, se exija el cumplimiento respectivo e imponga la sanción correspondiente, motivo por el cual no pudieron cumplir con el requerimiento en la diligencia de comparecencia de fecha 02 de octubre de 2018. v. En ese sentido, alegan que tuvieron la voluntad de colaborar con la autoridad inspectiva, por lo que, en observancia al principio del debido procedimiento y presunción de licitud, señalan que deben valorarse las pruebas presentadas; razón por

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

la cual, sobre el deber de colaboración, precisan que cumplieron con presentar la documentación solicitada en la medida inspectiva de requerimiento, dentro del plazo otorgado por los inspectores, como son las boletas de pago de remuneraciones de enero 2017 a agosto 2018, acreditando con ello que en todo momento colaboró con la autoridad inspectiva. vi. Sostienen que la autoridad inspectiva no valora correctamente los documentos denominados “Autorización de descuento” y “Recibo de caja”, presentados en el recurso de apelación, al señalar que, si bien son documentos consensuados con el ex trabajador afectado; sin embargo, dicho acuerdo o autorización contraviene la Constitución y el Decreto Supremo N° 003-97-TR, al existir el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. vii. No obstante, manifiestan no se puede determinar que la “Autorización de descuento”, contraviene la Constitución y el Decreto Supremo N° 003-97-TR, en tanto que, dicho documento es una declaración del trabajador, sobre la verdad de los hechos, el cual ha sido suscrito en forma voluntaria y sin coerción por el propio trabajador, con el cual acreditan que siempre tuvieron la decisión de colaborar con la autoridad inspectiva, pero que estuvieron imposibilitados de cumplir con el requerimiento ordenado, por los hechos expuestos en dicho documento, y con ello, señalan que acreditan que le pagaron correctamente sus remuneraciones, toda vez que el propio trabajador autorizó el descuento correspondiente. viii. Precisan que, la declaración jurada consiste en un documento legal, más aún cuando cuenta con certificación notarial, en tanto que, cuando la persona firma el escrito, certifica, declara saber o asume que es responsable de un suceso en específico, esto le otorga un peso fundamental a la honorabilidad de alguien. Por tanto, se trata de un documento importante que otorga certeza legal de la responsabilidad que cualquier individuo puede tener sobre una situación que deba ser certificada de palabra o por escrito. ix. Por otro lado, señalan que el principio de irrenunciabilidad supone la protección de derechos en materia laboral, por eso son válidos los actos de renuncias de derechos no disponibles. En tal sentido, como se evidencia de la “Autorización de descuento”, se advierte que la misma no es una renuncia de derecho por el trabajador, sino la naturaleza de dicha prueba es acreditar que cumplieron con el pago íntegro de las remuneraciones del trabajador y que estuvieron imposibilitados de presentar los documentos requeridos, a pesar toda la decisión de colaborar con la autoridad inspectiva; igual criterio se debe aplicar a la prueba “Recibo de caja”, que acredita el correcto pago de las remuneraciones del trabajador. x. Asimismo, cuestionan la interpretación errónea de lo resuelto por la Corte Suprema en la Casación Laboral N° 11453-2017-Lima, referida al principio de irrenunciabilidad. Sin embargo, como señala expresamente la declaración jurada sobre “Autorización de descuento”, esta se realizó de una forma voluntaria y sin coerción; razón por la cual, no se puede aplicar una interpretación en el sentido que dicha prueba se originó en forma impositiva, manifestar esto implica la vulneración de su derecho al debido proceso y alegar situaciones no comprobadas, ni siquiera como presunción; por

consiguiente, no se ha vulnerado los derechos del trabajador, y por tanto, dicha prueba es eficaz para la protección de los derechos del Consorcio. xi. Por último, invocan el principio de razonabilidad, regulado en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, en concordancia con el principio de legalidad que rige el Sistema de Inspección del Trabajo regulado en el artículo 2 de la LGIT, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamento y demás normas vigentes. Por tanto, refieren que en el negado caso que se imponga una sanción, no existe razonabilidad y proporcionalidad entre el monto materia de sanción con el hecho supuesto.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como

son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 3952-2018-MTPE/1/20.4, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

31. Sobre el particular, siguiendo una nutrida corriente de resoluciones emitidas por la Primera Sala del Tribunal, tales como las Resoluciones N° 127-2022, 1187- 2022, entre otras, y a la luz de los principios de veracidad y verdad material expresamente reconocidos en el TUO de la LPAG, debe reafirmarse que las declaraciones juradas, informes y comunicaciones en general presentadas por la parte interesada —sea por representantes de la compañía o por personal subordinado del sujeto fiscalizado, incluyendo al propio denunciante— no son instrumentos suficientes para generar convicción a su favor, sea que ello se

exponga en la inspección o durante el procedimiento sancionador. Esto, debido a la naturaleza asimétrica de la relación laboral, que pone al declarante en un vínculo jurídico especial con la parte interesada. De esta manera, los indicados instrumentos no son idóneos para contrarrestar la presunción de certeza a la que refiere el artículo 16º de la LGIT en favor de las actas de infracción; pero sí deben ser valorados por los inspectores en el cumplimiento de sus funciones (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No cumplir con el pago de las remuneraciones. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, en contra la Resolución de Intendencia N° 993-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 7334-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 993-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240717MCR HR 113484-2022