Comunicaciones Sur Peruana E.I.R.L — Res. 267-2024

Mediante Orden de Inspección N° 748-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 450-2021-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otra, dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, por no entregar contratos de trabajo y no contar con registro de control de asistencia, así como, por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir la medida inspectiva de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 010-2022-SUNAFIL/IRE-TAC/SIAI-IC, de fecha 13 de enero de 2022, notificada el 17 de enero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 061-2022-SUNAFIL/IRE-TAC/SIAI-IFI, de fecha 18 de febrero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Tacna, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0174-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, de fecha 31 de marzo de 2022, notificada el 04 de abril de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 15,664.00, por haber incurrido, en las siguientes infracciones:

Con fecha 25 de abril de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0174-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE.

Mediante Resolución de Intendencia N° 059-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ.3, de fecha 31 de mayo de 2022, la Intendencia Regional de Moquegua4 declaró infundado el recurso de apelación interpuesto.

Con fecha 25 de junio de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Moquegua, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 059-2022- SUNAFIL/IRE.MOQ.

Mediante Resolución N° 687-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 21 de julio de 20235, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral resolvió declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Intendencia N° 059-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ., en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.19 y 25.21 del RLGIT y, a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Mediante Resolución N° 822-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 28 de agosto de 2023, notificada el 11 de setiembre de 2023, se dispuso el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la Resolución N° 687-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, por encontrarse indicios de incurrir en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

De conformidad con el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG, se otorgó cinco (05) días hábiles a la impugnante para la presentación de sus descargos, sin que haya presentado descargo alguno al término de dicho plazo.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo8 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR9, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR10 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Al ser una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad de oficio de los actos administrativos emitidos por ésta pueden ser declarados por el propio Tribunal, de conformidad con el numeral 213.5 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), pudiendo resolver sobre el fondo del asunto, de contarse con los suficientes elementos para ello.

El TUO de la LPAG, define al acto administrativo como “(…) las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta”11, siendo válido el acto administrativo emitido conforme al

Para tal fin, a través del artículo 3 del TUO de la LPAG, se definen los requisitos de validez a los cuales se encuentra sujetos los actos administrativos, comprendiéndose dentro de éstos a la i) competencia, ii) el objeto u contenido, iii) la finalidad pública, iv) la motivación y; finalmente, la emisión del mismo dentro de un v) procedimiento regular.

A su vez, los numerales 213.1 y 213.3 del artículo 213 del TUO de la LPAG, establecen que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 1014, puede declararse la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que éstos hayan quedado consentidos.

En caso de declararse la nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad le corre traslado a éste, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días hábiles para ejercer su derecho de defensa. Transcurrido este plazo, la autoridad resuelve con los actuados presentes en dicho momento.

Habiéndose notificado el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la Resolución N° 687-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, a través de la Resolución N° 822-2023-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, de fecha 28 de agosto de 2023, sin haberse recibido descargo alguno, corresponde analizar y resolver respecto de la nulidad antes mencionada.

La Resolución N° 687-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 21 de julio de 2023 fue aprobada mediante sesión del 19 de julio de 2023, por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral.

De la revisión de su contenido, se identifica que ésta cumple con los requisitos de validez señalados en el artículo 3 del TUO de la LPAG, al haber sido emitido en conocimiento del procedimiento regular (recurso de revisión) por un órgano competente (el Tribunal de Fiscalización Laboral), con un objeto o contenido determinado (declara infundado el recurso), y con una finalidad pública (la correcta aplicación de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo); sin embargo, se evidencia que la motivación de la misma presentaría defectos según se desglosará a continuación.

Así, se observa de la citada resolución que la posición de los señores vocales es la de declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por COMUNICACIONES SUR PERUANA E.I.R.L., confirmando la Resolución de Intendencia N° 059-2022- SUNAFIL/IRE.MOQ., en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.19 y 25.21 del RLGIT y, a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del mismo cuerpo normativo.

Sin embargo, del análisis de la Resolución N° 687-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 21 de julio de 2023, se observa que, sobre el extremo referido a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, respecto al incumplimiento de la entrega de contratos de trabajo, se tiene que la obligatoriedad en la entrega de la copia del contrato de trabajo, dispuesta por el artículo 83 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, está relacionada a los contratos sujetos a modalidad que se suscriben por escrito, más no a los contratos indeterminados, como son los relacionados al presente caso.

Que, el propio Tribunal Constitucional a través de los considerandos 10 a 16 de la sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC del 05 de julio de 2004, describe los conceptos de interés público y arbitrariedad, sosteniendo que “el requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad (…)”, añadiendo que “(…) las determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su concordancia con el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, incluso cuando la ley las configure como “discrecionales”, no pueden ser “arbitrarias”, por cuanto son sucesivamente “jurídicas” y, por lo tanto, sometidas a las denominadas reglas de la “crítica racional” (fundamento 12).

En tal sentido, se evidencia que el contenido de la Resolución N° 687-2023-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, vulnera el interés público, incurriéndose en un defecto en la motivación, encontrándose incursa en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Por ello, en virtud del numeral 213.2 del artículo 213 y el numeral 11.2 del artículo 11 del TUO de la LPAG, corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 687-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 21 de julio de 2023, resolviéndose sobre el fondo del asunto al contarse con los elementos suficientes para ello.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que COMUNICACIONES SUR PERUANA E.I.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 059-2022- SUNAFIL/IRE.MOQ., emitida por la Intendencia Regional de Moquegua, que confirmó la

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por COMUNICACIONES SUR PERUANA E.I.R.L.

Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de una (01) infracción grave en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Asimismo, por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.19 y 25.21 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción

Sobre el particular, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG, establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por el impugnante en relación a la infracción grave, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

De los actuados se verifica que, el inspector comisionado corroboró que la impugnante no acreditó la entrega de contratos de trabajo, a los trabajadores del Cuadro N° 1 del Acta de Infracción, toda vez que no exhibió documento que así lo acredite.

Cabe señalar que, el artículo 83 del Decreto Supremo N° 001-96-TR establece que: “El empleador debe entregar al trabajador copia del contrato de trabajo en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el inicio de la prestación de servicios”.

Que, se debe entender al contrato de trabajo como un acuerdo de voluntades, a través del cual se perfecciona el vínculo de trabajo entre dos personas, donde una de las cuales se compromete a poner a disposición de la otra su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Su duración se ve intrínsecamente ligada al principio de continuidad, debido a que nuestro sistema jurídico ha considerado históricamente que el contrato de trabajo es, por regla general, de duración indeterminada, según el principio protector o tuitivo que inspira al derecho del trabajo.

Por otro lado, el artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97- TR, determina que: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)”.

Así, el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT, tipifica como infracción muy grave en materia de relaciones laborales, no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo, cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente.

En el caso de autos, se advierte que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento con la finalidad de que la impugnante acredite la entrega de los contratos de trabajo a todos sus trabajadores, entre otros, debiendo exhibir el cargo de entrega de los mismos; sin embargo, se verifica del expediente inspectivo, que los contratos de trabajo15 suscritos con los ocho (08) trabajadores afectados, son contratos de trabajo a plazo indeterminado.

Al respecto, la impugnante señala que se ha pretendido imponer una sanción respecto a un supuesto no aplicable a los casos materia de denuncia, ya que los trabajadores fueron contratados a través de contratos a plazo indeterminado, no siendo de aplicación en dichos casos el artículo 83 del Decreto Supremo N° 001-96-TR.

Sobre el particular, cabe señalar que, los contratos a plazo indeterminado suscritos entre la impugnante y los trabajadores afectados no se encuentran sujetos a la obligatoriedad de la entrega de la copia del contrato de trabajo, dispuesta por el artículo 83 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, en razón de que, la norma no exige la forma escrita de los contratos a plazo indeterminado, por consecuencia no debería exigirse la obligatoriedad de que se entregue la copia del contrato de trabajo a los trabajadores afectados; por el contrario, la obligación de entregar la copia del contrato de trabajo, si esta referida a los contratos sujetos a modalidad.

A mayor abundamiento, atendiendo al antecedente normativo sobre el tema en análisis, la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, modifica el artículo 73 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, eliminando la obligación de los empleadores de registrar los contratos de trabajo sujetos a modalidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

En ese contexto, se advierte que la incorporación de la sanción referida a la no entrega de un ejemplar del contrato de trabajo en el plazo dispuesto en la normativa sociolaboral, tiene como fundamento la adecuación del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo a la modificación del artículo 73 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En tal sentido, se advierte que, en el caso de los contratos de trabajo, la modificación al Decreto Legislativo N° 728, elimina el requisito de presentación de una copia del contrato de trabajo modal ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y, a su vez, habilita a la misma la imposición de una multa ante el incumplimiento de las formalidades de: i) la celebración por escrito; y, ii) la entrega de la copia del contrato de trabajo.

Ahora bien, se tiene que, antes de la publicación del Decreto Legislativo N° 1246, la infracción por la no entrega de la copia del contrato de trabajo se constituía en una infracción leve; no obstante, cuando se modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, mediante el Decreto Supremo N° 007-2017-TR, la infracción por la entrega de la copia del contrato de trabajo, pasa de ser una infracción leve a una muy grave. Al respecto, se advierte que esta obligación expresa, respecto de la entrega de la copia del contrato de trabajo siempre estuvo relacionada, incluso después de la modificación, con los contratos sujetos a modalidad, más no con los contratos a plazo indeterminado, como son los analizados en el presente caso. Como se puede advertir, a través de las medidas de simplificación administrativa se modificó el esquema de control ex ante de las formalidades de los contratos de trabajo sujetos a modalidad.

Por tanto, se evidencia que no corresponde a un juicio de adecuación y a la finalidad que se persigue en el desarrollo de la fiscalización; además, se presenta el inconveniente al establecerse el requerimiento, en razón que la Administración no cumple con los parámetros de razonabilidad, terminando por exigir un comportamiento esperable del empleador, en tanto que requiere el cumplimiento de una conducta que la normativa vigente no exige, en razón de que los contratos a plazo indeterminado no deben ser suscritos por escrito, por ende, no debería exigirse a la impugnante la obligatoriedad de que entregue la copia de los contratos de trabajo a plazo indeterminado de los ocho (08) trabajadores afectados.

Por estas consideraciones, se acogen los argumentos expuestos en el recurso de revisión dirigidos a cuestionar este extremo, por transgredir el principio de razonabilidad al momento de su emisión, dejando sin efecto la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT.

Las Disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo16” (énfasis añadido).

En el presente caso, conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, se ha dejado constancia en el numeral 4.2 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción lo siguiente: “el inspector (…) realizó la visita inspectiva al centro de trabajo (…) se identificó y explicó el motivo de su visita a la Administradora Paola Manrique Ávila, asimismo, solicitó el registro de control de asistencia de todos los trabajadores del día, sin embargo, este no fue facilitado, motivo por el cual, se notificó constancia de hechos insubsanables

En tal sentido, se le atribuye a la impugnante el hecho de no contar con dicho registro al momento de la visita inspectiva, infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, la cual establece: “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”.

En relación a la infracción bajo análisis, Jorge Toyama Miyagusuku y Augusto Eguiguren Praeli17, citando la Resolución N° 46-2016 Áncash, reseñan que: “el incumplimiento de contar con el registro de asistencia es insubsanable, por cuanto el citado registro constituye una obligación de cumplimiento diario y permanente. No cabe la regularización posterior para evitar la multa respectiva”.

Sobre el particular, la impugnante alega que, al momento de la visita inspectiva se entrevistaron con la administradora, quien precisó en su momento que el registro de asistencia utilizado en sus oficinas se realizaba a través de una aplicación, supuesto que a criterio del inspector era insuficiente para considerar la existencia de un registro de control de asistencia, sosteniendo que dicho registro era inválido y por tanto inexistente; cuando lo correcto era sostener que el registro no poseía los requisitos mínimos para su validez, debiendo considerarse la infracción como leve, de conformidad al Tema N° 4 de la Resolución N° 154-2019-SUNAFIL. Contrario a lo alegado por la impugnante, se advierte a fojas 8 del expediente inspectivo, la “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”, y a fojas 9 el anexo “Hechos Insubsanables”, ambos de fecha 20 de setiembre de 2021; por medio de los cuales, se evidencia que en la visita de inspección realizada al centro de trabajo: Otros Ref. Ex Banco Scotiabank, a una cuadra del mercado Santa Rosa (1er piso) Nro.-, Asociación de Vivienda Villa San Francisco, Mz. 95, Lot.20, Coronel Gregorio Albarracín Lanch – Tacna – Tacna, el inspector comisionado fue atendido por la Administradora de la impugnante, la señora Paola Manrique Ávila, dejando constancia que: “se solicitó registro de control de asistencia de todos los trabajadores del presente día. No exhibiéndose registro de control de asistencia de todos los trabajadores de la relación de trabajadores Anexa del día 20 de setiembre de 2021” (Relación de personal18), cabe señalar que los citados documentos fueron suscritos por la Administradora. En tal sentido, no se evidencia lo manifestado por la impugnante. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Por tanto, conforme a los considerandos antes expuestos, se tiene que la impugnante ha incurrido en una infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Así, en la búsqueda del cumplimiento de la medida inspectiva, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”19:

En similar sentido -y de manera referencial – la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de noviembre de 2021 y otorga un plazo de tres (03) días hábiles a la impugnante para que cumpla con subsanar los incumplimientos, referidos a las siguientes materias:

Siendo que, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 748-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el Acta de Infracción. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas; no obstante, cabe señalar que de lo expuesto por la impugnante respecto a que la medida de requerimiento es improcedente, en razón que se sustenta en hechos que no podrían subsanarse, en tanto no incurrieron en ninguna infracción sociolaboral, por tanto, contraviene la Resolución N° 018-2021- SUNAFIL/Primera Sala, debido a que se emitió la medida de requerimiento sin considerar las pruebas actuadas que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones y que no se han valorado sus argumentos, y a la vez invocan la Resolución N° 228-2021-SUNAFIL/Primera Sala. En tal sentido, conforme a los considerandos antedichos, se evidencia que la impugnante no acredito el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; asimismo, se advierte que, las instancias de mérito tomaron en consideración los escritos de los recursos interpuestos, la oportunidad en que fueron presentados y los medios de prueba aportados por la impugnante, por lo que, no se ha advertido vicio alguno en el trámite del procedimiento, debiendo desestimarse los agravios alegados en torno a ello.

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo; por lo que se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato; sin embargo, no se aprecia el mismo. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En ese sentido, corresponde confirmar la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; en consecuencia, no acoger los argumentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 0174-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 059-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ., han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.