Servicios Generales Saturno S.A.C — Res. 227-2024

Mediante Orden de Inspección N° 14163-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 7199-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por celebrar contratos a plazo fijo, sin consignar la causa objetiva para su celebración; así como, por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de abril de 2021, por medio de la cual se solicitó acreditar la modificación del contrato de trabajo de plazo fijo a plazo indeterminado; en mérito a la solicitud presentada por la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 759-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 5 de noviembre de 2021, notificado el 8 de noviembre de 2021, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2020-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 22 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 124-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de enero de 2022, notificada el 27 de enero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 16 de febrero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 124-2022-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 663-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 29 de abril de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando el monto de la multa, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 23 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 663-2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-002975-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 2 de noviembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 663-2022- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 23,144.00 por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 25.5 del artículo 25 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 4 de mayo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C.

La impugnante alega la interpretación incorrecta del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en adelante, LPCL) y que determinaron la causa objetiva de los contratos celebrados.

Al respecto, debemos señalar que, el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se rigen, entre otros

En esa línea, la Inspección del Trabajo, es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y exigir las responsabilidades administrativas que procedan. En atención a ello, surge la necesidad de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral, considerando que las normas establecidas para tal fin son de carácter obligatorio.

Sobre el particular, a tenor del artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante, TUO de la LPCL), se debe tener presente que para la validez de los contratos sujetos a modalidad, deberá necesariamente constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas, las cuales dependerán de la contratación sujeta a modalidad; además, de contener las demás condiciones de la relación laboral y las formalidades previstas en los artículos 72 y 73 del TUO de la LPCL. Previamente a hacer ese análisis jurídico del caso, es importante referirnos brevemente a los principios laborales de Continuidad y Causalidad.

El principio de Continuidad subyace a la vocación de permanencia en el tiempo de la relación laboral. Como señalara Américo Plá Rodríguez9, “alude a lo que dura, a lo que se prolonga, a lo que se mantiene en el tiempo, a lo que continúa. Y esa es la idea central que se quiere evocar con este principio”; es así que este principio concibe a la relación de trabajo preferentemente como una de duración indeterminada; es decir, le atribuye la más larga duración en el tiempo. Esta vocación de permanencia se impone sobre todo acto fraudulento, simulado, etc., que busque o tenga como consecuencia ocultarla o trocarla; en concordancia con ello, la normativa laboral de nuestro país reconoce esta preferencia en la contratación, en virtud del artículo 4° del TUO de la LPCL, que dispone que, “ante toda prestación de servicios subordinados y remunerados, se presumirá la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado”.

De otro lado, el principio de Causalidad supone que la duración del contrato de trabajo debe estar vinculada a la duración real de la actividad, no pudiendo ello ser determinado arbitrariamente por el empleador; es así, que toda contratación que tenga una duración temporal debe encontrarse justificada por una causa objetiva que sustente tal excepcionalidad. En la normativa nacional se encuentran regulados 9 modalidades de contratación temporal (Título II del TUO de la LPCL) siendo que, en cada supuesto, el legislador estableció una causa objetiva que justifica dicha contratación temporal, siendo un requisito de validez consignar el tiempo de duración del mismo y la causa objetiva determinante de la contratación (artículo 72° del TUO de la LPCL).

En similar sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia, al indicar que el régimen laboral peruano se rige, entre otros, por el principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizada mientras subsista la fuente que le dio origen. Así pues, el Tribunal Constitucional, respecto a los contratos sujetos a modalidad, ha señalado, en la sentencia recaída en el Expediente N° 1874-2002-AA/TC,

La inobservancia de los requisitos de validez de la contratación temporal tiene como consecuencia la desnaturalización del contrato, que implica la consideración de la relación laboral como una a plazo indeterminado, de conformidad con el Principio de Continuidad, el cual se impone ante el fraude y la simulación.

La desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, se produce en los siguientes supuestos, en observancia a lo prescrito en el artículo 77 del TUO de la LPCL:

Ahora bien, de los actuados se advierte que la impugnante celebró contratos de trabajo sujeto a la modalidad de naturaleza temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LPCL. Al respecto, el referido artículo regula el catalogado contrato innominado el mismo que brinda una autorización genérica para la suscripción de contratos a plazo determinado respecto a actividades de naturaleza temporal, cuyo tenor es el siguiente:

Para Wilfredo Sanguineti11, “la nómina de contratos temporales admitidos por nuestro ordenamiento no se agota en las hipótesis tipificadas legalmente, ya sea por la propia

El mismo autor señala que, “la “cláusula de apertura” introducida a través de este artículo cumple una función de la mayor importancia para el adecuado funcionamiento del sistema de contratación temporal previsto por la ley: la de garantizar la aplicación flexible del principio de causalidad consagrado por el artículo 53, evitando que la tipicidad de las modalidades introducidas termine por operar como un factor de rigidez capaz de dificultar una satisfacción eficiente de las necesidades temporales de personal de las empresas.”

En consideración a lo señalado la invocación del artículo materia de comento, como base legal para la celebración de los contratos modales, exige que el empleador acredite la necesidad temporal, enfocado en la determinación de las condiciones de temporalidad y la duración de la contratación, a fin de justificar su celebración.

Sobre el particular, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en la sentencia emitida en el expediente No. 34861-2013-0-1801-JR-CI-02, en su considerando noveno señala:

Cabe señalar que, la regla general para la contratación es a plazo indeterminado, y solo por causas objetivas y contempladas en la ley se procede a celebrar contratos a plazo determinado, caso contrario, se incurre en una infracción muy grave prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, que establece lo siguiente: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el principio de no discriminación”.

Ahora bien, en el caso en particular, de los “contratos de trabajo sujetos a la modalidad de naturaleza temporal”, celebrados por la impugnante, se advierte que determinó como causa objetiva de su contratación la siguiente:

Asimismo, en la cláusula primera, la misma que se cita en la cláusula antes referida, estableció lo siguiente:

Por su parte, conforme se advierte del Acta de Infracción, los inspectores comisionados determinaron que:

Si bien la impugnante, señala que su contrato es de naturaleza temporal, mientras dure el contrato celebrado con la empresa CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C., debido al incremento de sus actividades, se advierte que con la referida empresa viene celebrando contrato de locación de servicios desde el año 2010, no evidenciándose que se haya acreditado el incremento alegado, ni mucho menos se ha determinado la temporalidad del referido servicio, esto es, se advierte una prestación de servicios continua, con la empresa usuaria, desde el año 2010.

Por lo tanto, se observa que tanto los comisionados como las instancias previas han establecido, argumentado y valorado los elementos suficientes para determinar la desnaturalización de los contratos modales suscritos, corroborándose, ante el

Asimismo, conforme ha sido señalado por los comisionados, en el punto sexto del Acta de Infracción, la impugnante cumplió parcialmente, en mérito a la medida de requerimiento, con acreditar la modificación del T-Registro del tipo de contrato de trabajo de plazo fijo a indeterminado de los trabajadores Espinoza Chagua Rolin, Chacaliaza Torres José y Laupa Juárez Edén, los mismos que no fueron considerados para la cuantificación de la sanción.

Si bien se advierte que el administrado alegó que respecto de los señores Fuero Callupe, Erwin Alan y Chávez Aguilar, Misael Edson, suscribió acuerdos mutuos para su desvinculación y que el señor Meza Saravia, Narciso Antonio se encontraba en procedimiento de despido por abandono desde el 19 de abril de 2021, lo indicado no fue acreditado con documentación pertinente, siendo que, recién en la fase sancionadora, presentó la carta de renuncia del señor Meza Saravia de fecha 13 de mayo de 2021 y los convenios de mutuo disenso de fecha 4 de mayo de 2021, suscritos con los señores Chávez Aguilar y Fuero Callupe. Al respecto, cabe indicar que tales documentos no permiten verificar la certeza de la imposibilidad alegada, pues no se adjuntan las constancias de baja de los referidos trabajadores, lo cual sí constituyen documentos que acreditan la fecha cierta de los mencionados ceses. Respecto de los señores Andia Ortega Earling, Wilson y Ascencio Ascuña, William Alberto, la impugnante, a la fecha mantiene la tesis de la validez de sus contratos, sin haber dado cumplimiento con lo requerido por los comisionados. Por lo que, se advierte que la impugnante no dio cumplimiento integral a la medida de requerimiento, correspondiendo confirmar la sanción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Cabe señalar que, la impugnante no acreditó la imposibilidad de cumplir con la medida de requerimiento, no advirtiéndose la vulneración a los principios de predictibilidad o de confianza legítima alegados, por lo que no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Respecto a que la competencia de determinar la desnaturalización de los contratos de trabajo solo corresponde al Poder Judicial, debemos indicar que, como se ha señalado en los numerales 6.2 y 6.3 de la presente resolución, el Sistema de Inspección del Trabajo es responsable de la verificación del cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo competencia para poder verificar, como ha ocurrido en el presente caso, si los empleadores, cumplen o no con las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, pudiendo, de ser el caso, solicitar la subsanación de dichas conductas infractoras.

El mismo Convenio 81 de la OIT, ratificado por el estado peruano, en su artículo 2 , precisa que el Sistema de Inspección está encargado de: “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones”.

Ello, ciertamente, también se refleja en la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley Nº 28806 (LGIT), cuyo artículo 1 define a la Inspección del Trabajo como: “el servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan (…) teniendo en cuenta el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo."

El recuento normativo realizado, permite colegir con claridad que el estado peruano ha conferido a la Inspección del Trabajo la función de velar por el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, no se advierte la vulneración al principio de legalidad y tipicidad alegado por la impugnante sobre dicho extremo, no correspondiendo amparar dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto a la inaplicación de los principios de verdad material y de presunción de licitud, por no acreditar la desnaturalización, debemos señalar que, conforme se ha establecido previamente y por las instancias anteriores, se ha acreditado fehacientemente el incumplimiento incurrido por la impugnante al celebrar los contratos modales, lo cual determinó su desnaturalización, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

La impugnante alega que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento al no fundamentar debidamente sus resoluciones, así como el principio de legalidad. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente: “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA: “2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia como la Resolución impugnada han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En el caso en particular, del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos, antes referidos, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada se verifica que en sus fundamentos se ha absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el Acta de Infracción.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.